En este puerto nariñense sobre el océano Pacífico la existencia de centros de tortura en los que se asesina con alto grado de sevicia y se desmiembran los cuerpos de las víctimas viene de tiempo atrás. La ciudadanía está amordazada por el miedo.
“Yo diría que las ‘casas de pique’ están desde hace rato aquí”, afirma una lideresa de Tumaco, quien ha trabajado por las comunidades desde hace varios años y conoce de cerca las dinámicas del conflicto armado y social que padece este municipio. Por ello, no le pareció novedosa la denuncia que hizo allí el pasado jueves el procurador Fernando Carrillo durante una audiencia pública sobre la situación de riesgo de los líderes y las autoridades étnicas locales.
Un líder barrial celebró que el tema se haya hecho público a través de un alto funcionario de Estado. “Por fin alguien alza la voz en nombre de los tumaqueños”, dice. “Aquí tenemos noticias desde hace por lo menos tres años, lo que pasa es que nadie nos había querido escuchar”.
Uno de los primeros barrios en ser señalados por tener centros de tortura es el 11 de Noviembre, un convulsionado sector de Tumaco que ha padecido fuertes confrontaciones armadas en los últimos años. La lideresa recordó que en una zona de manglares de este lugar fueron encontrados los cuerpos de tres menores de 13, 14 y 16 años de edad a finales de junio de 2016 con tiros de gracia en la cabeza: “Desde esa época ya se rumoraba lo de las ‘casas de pique’, pero nadie quiso atendernos”.
Tras escuchar las denuncias del procurador Carrillo, el alcalde encargado, Hernán Cortés, quien estuvo presente en la audiencia pública, declaró a varios medios de comunicación que no tenía información sobre esos lugares de tortura, así como tampoco los organismos de seguridad, “pero a partir de lo dicho por el señor Procurador estamos analizando la situación para determinar cómo proceder”.
VerdadAbierta.com conoció fotografías de por lo menos un caso ocurrido a mediados del año pasado que omite publicar dada la barbarie que significan. El caso le fue revelado a este portal por una lideresa: “Asesinaron y descuartizaron a un muchacho en uno de los barrios más complicados y enviaron las fotos en cadenas de WhatsApp para generar terror”.
El fenómeno denunciado por Carrillo fue reseñado, aunque de manera somera, por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe sobre disidencias de las Farc. En el documento se consignó la existencia de por lo menos dos zonas donde, presumiblemente, hay ‘casas de pique’, se trata de los barrios Familias en Acción, dominado por hombres del Frente Oliver Siniesterra, y Viento Libre, donde tienen presencia las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico. (Ver página 130 del informe de la FIP)
Análisis de Procuraduría
La información que difundió al respecto el Procurador General de la Nación se basó en un trabajo previo que realizó un equipo de su mayor confianza con líderes, lideresas y autoridades étnicas de Tumaco, quienes bajo un estricto acuerdo de confidencialidad narraron lo que venía ocurriendo en el puerto desde hace varios años y cómo la barbarie se estaba tomando algunos barrios.
Una de las conclusiones presentadas a Carrillo, y que se destaca en el informe expuesto en la audiencia pública, es que la historia reciente de “la violencia en el distrito de Tumaco es el reflejo de la dinámica violenta traída por el narcotráfico del Tumaco rural a la zona urbana de Tumaco”, lo que conlleva la imposición de diversas estrategias de sometimiento de las comunidades, entre ellas el enquistamiento del miedo.
Las cifras oficiales en materia de homicidios son elocuentes: durante 2017 se registraron 254 muertos. Pero el Ministerio Púbico agregó un dato que agrava la situación: “La Procuraduría ha accedido a información procesada autónomamente en ejercicios de conteo y verificación de las organizaciones de base que reporta 163 muertos sólo en el mes de noviembre”. (Leer más en: Continúa preocupación por la violencia en Tumaco y Violencia en Tumaco, sin control)
A través de los relatos de los líderes sociales y de las autoridades étnicas, se estableció una línea de tiempo que permite observar cómo desde la década del noventa llegaron comandos de las guerrillas de las Farc a ejercer autoridad en el puerto, la cual le fue disputada por grupos paramilitares asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), lo que escaló la violencia de manera dramática hasta llegar a su punto más alto entre los años 2005 y 2006, cuando la guerrilla intensifica la violencia “para someter a quienes no hicieron parte del proceso de desmovilización de los paramilitares”.
Luego la situación entra en un periodo de moderación, bajo el dominio de las Farc, pero en 2011 se altera de nuevo cuando llegan al puerto grupos armados ilegales, surgidos tras la desmovilización colectiva de las Auc, destacándose ‘Los Rastrojos’, una organización conformada en el norte de Valle del Cauca por exparamilitares y narcotraficantes. La guerrilla vuelve y se impone, y desde aquellos años instala milicias urbanas en barrios estratégicos de Tumaco.
Con la consolidación de las negociaciones de paz en La Habana entre ese grupo insurgente y el gobierno nacional, las expresiones de violencia urbana comienzan a disminuir, pero a finales de 2016 hay una fractura de la calma cuando un nutrido grupo de milicianos no es acogido por las Farc y otros deciden declararse en disidencia. A partir de ese año se intensifica la confrontación armada y compromete la vida de líderes sociales, comunales y autoridades étnicas que estaban promoviendo las conversaciones con las Farc.
De acuerdo con el Ministerio Público, lo que se ha enquistado en la ciudad portuaria de Tumaco es un control territorial y un sometimiento social impuesto por estructuras del narcotráfico que son rivales entre sí, lo que genera una espiral de expresiones de violencia que van más allá del homicidio simple e implican un alto componente de violencia sexual y de centros de tortura.
La Procuraduría ha identificado 23 barrios en las cinco comunas de la ciudad como los más afectados por esa espiral de la violencia. Se destacan, cuatro barrios de la Comuna 1; tres de la Comuna 2; uno de la Comuna 3; ocho de la Comuna 4; y siete de la Comuna 5.
“Los habitantes de esas zonas perciben que ellas están fuera el control estatal”, afirmó el Ministerio Público. “En esas áreas no entra la Policía, ni el CTI, ni ninguna otra entidad estatal, y que la presencia de los grupos armados impone fronteras invisibles y otras reglas a sangre y fuego. Esto significa que aun cuando la ciudadanía tome el riesgo de avisar a la Policía sobre la inminencia de un enfrentamiento, no pueden entrar”.
Una de las consecuencias de ese control social es que los hechos violentos perpetrados en esos barrios “pueden estar subregistrados, por el riesgo que supone denunciar la barbarie, y porque los ciudadanos perciben que el Estado no tiene capacidad real de retomar el control”.
Un ejemplo de esos subregistros lo evidencia la violencia sexual. De acuerdo con la información recabada por funcionarios de la Procuraduría, quienes durante varios días visitaron el puerto y hablaron con los líderes y autoridades étnicas, las desapariciones de mujeres jóvenes no son atendidas con la debida diligencia por las autoridades: “Se ha denunciado a la Procuraduría que los funcionarios desestiman las denuncias porque entienden que la apariencia provocativa o muy desarrollada de las niñas trae consigo madurez y capacidad de decidir sobre su sexualidad. Las búsquedas rara vez se adelantan y entonces las niñas vuelven a casa destrozadas física y emocionalmente, después de varios días de vejámenes sexuales”.
Esa espiral de violencia de la que habla la Procuraduría encierra otra práctica perversa: las ‘casas de pique’. “La Procuraduría General de la Nación ha accedido a información según la cual existen siete zonas de Tumaco en donde posiblemente haya presencia de esos lugares”, registra el informe expuesto en la audiencia pública.
La situación es más dramática si se tiene en cuenta que, según el Ministerio Público, esta abominable manera de matar involucra a menores de edad: “Se ha reportado a la Procuraduría que los niños más pequeños, de hasta 6 años, deben recuperar trozos menores de los cuerpos descuartizados que pueden haber caído en lugares de difícil acceso para un adulto. Los de hasta 10 años, son obligados a sacar bolsas, seguramente de restos humanos”.
Al valorar lo dicho en la audiencia, un asistente considera que “esa cosa tan fea no es nuestra”, para tratar de explicar que detrás de tanta barbarie podrían estar personas foráneas, pero las pruebas son pocas, pese a que las autoridades han reconocido que en Tumaco hay presencia constante de emisarios de carteles mexicanos del narcotráfico que atienden de manera directa las transacciones de la droga para la exportación.
Estos centros de tortura también fueron una estrategia de terror aplicada en el puerto de Buenaventura entre los años 2013 y 2014, cuando se libró en sus barrios una fuerte confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y una organización conocida como ‘La Empresa’. En aquellos años en la ciudad vallecaucana, como hoy en Tumaco, hay una coincidencia: esos hechos ocurren en medio de una alta militarización de las calles. (Leer más en: La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura)
“La recuperación del control estatal y la reinstalación de la convivencia pacífica no puede tardar”, ha pedido Carillo. “Sin embargo, las organizaciones han solicitado a la Procuraduría vigilancia para que la intervención del Estado pueda recuperar el control de los barrios, pero sin vulnerar los derechos de los ciudadanos y líderes”.
Líderes, bajo doble riesgo
Uno de los objetivos de la audiencia pública realizada el pasado jueves en Tumaco era exponer la situación de riesgo de los líderes, lideresas y autoridades étnicas. “La atomización del territorio, ha fragmentado también los liderazgos, los ha puesto en mayor riesgo y ha disminuido su capacidad de resiliencia y de proteger la identidad colectiva”, se lee en el informe expuesto por la Procuraduría.
El documento también registra que “la presencia de esos grupos ilegales, y su control armado sobre el territorio, ha reconfigurado los barrios. No sólo socialmente porque la vinculación de niños como campaneros, y de jóvenes como parte de las bandas, ha roto la tradición de confianza entre familia; sino porque han establecido las fronteras invisibles que impiden que el trabajo de liderazgo sea continuo en el territorio”.
Pero lo que se pretendía fuera un ejercicio exposición de los riesgos de líderes, lideresas y autoridades étnicas para buscar una mayor articulación de las autoridades locales, regionales y nacionales en su protección, se convirtió en un escenario de riesgo adicional todo por la denuncia sobre las ‘casas de pique’ hecha por el procurador Carrillo.
De acuerdo con testimonios escuchados por VerdadAbierta.com, a varios líderes asistentes a la audiencia los han estado llamando agentes de la Policía Nacional adscritos a la SIJIN para que se ratifiquen en sus denuncias.
“¿Sabe de dónde tomaron los números?, de las planillas que llenaron en la audiencia”, dice la lideresa social consultada, lo que ha incrementado, según ella, el miedo y con justa razón no quieren hablar con nadie.
Lo preocupante es que ese temor fue expuesto a la Procuraduría previamente a la audiencia pública por un grupo de organizaciones sociales. Al hablar de los múltiples miedos que sienten, expusieron los riesgos que corren “cuando convocan a reuniones las instituciones públicas del orden Nacional, Departamental y Municipal, en estos espacios donde están las organizaciones de base, sociales y cívicas, Sentimos en las organizaciones que no hay garantías en la participación en cuanto a la seguridad”.
Otro de los líderes asegura que la denuncia de Carrillo se convirtió en un arma de doble filo: “Ahora nos van a acosar para que digamos cómo supimos lo de las ‘casas de pique’, quién lo dijo, por qué lo dijo. Ahora tendremos una presión adicional, la de las autoridades”.
La inquietud se agrava aún más si se tiene en cuenta que los liderazgos también han sido cuestionados por agentes del Estado, así lo reconoce la Procuraduría: “La falta de reconocimiento de las autoridades estatales a la posición constitucional de las organizaciones de base que históricamente han representado a los pueblos negros urbanos de Tumaco, los debilita aún más en sus labores de liderazgo”.
El temor a agentes del Estado no es infundado. Recientemente la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de 33 personas, varias de ellas con alto liderazgo social en Nariño, a quienes señala de integrar células urbanas del Eln, entre las detenidas figura Sara Quiñones, directiva del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, de Tumaco, y su madre, quienes permanecen recluidas en una cárcel en Jamundí, Valle del Cauca. (Leer más: Fiscal apeló a tratos discriminatorios para acusar a dos lideresas sociales de Tumaco)
Y es que la desconfianza hacia el Estado es un factor común en Tumaco, cuyos habitantes han padecido su ausencia histórica, lo que se refleja hoy en la incapacidad de controlar las áreas urbanas y rurales, y de satisfacer las necesidades básicas, cuya carencia es alarmante.
(*) Identidades omitidas por razones de seguridad
