Elente acusador aseguró que paramilitares y empresarios crearon una “empresa criminal” para despojar de tierras a comunidades del bajo Atrato chocoano.
Así quedaron los cultivos de palma en Llano Rico, Curvaradó. El daño ambiental es complejo.
El proyecto palmicultor que se intentó desarrollar en el bajo Atrato chocoano desde finales de la década del noventa fue una iniciativa exclusiva de las autodefensas que contó con la participación de varios empresarios y se aprovechó del despojo de tierras de las comunidades afrodescendientes para sacarlo adelante.
Así lo conceptuó la Fiscalía Cuarta Especializada, adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados, al presentar sus alegatos de conclusión en el juicio que se le sigue a 21 personas, entre exparamilitares, comisionistas, inversionistas y empresarios, quienes fueron señalados de participar en esa iniciativa agroindustrial que impulsó Vicente Castaño, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Según la hipótesis expuesta por el Ente acusador, “el proyecto palmicultor en la región de Urabá fue una iniciativa exclusiva de las autodefensas con el que se quiso desarrollar el plan estratégico de obtener el máximo provecho económico al ya consolidado dominio territorial”.
De acuerdo con la exposición del fiscal a cargo del caso ante el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, una de las expresiones de ese proyecto fue el asentamiento de varias empresas privadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, bajo Atrato chocoano.
El propósito de ese asentamiento, según el Ente acusador, tuvo como objetivo “implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite contando obviamente con efectivos de las autodefensas protegiendo sus intereses”.
Por tal razón, la Fiscalía Cuarta Especializada le solicitó al juez condenar a las personas involucradas en este proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, situadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, municipio de Carmen del Darién, región del bajo Atrato chocoano.
La petición de condena involucra a Gabriel Jaime Sierra Moreno, Raúl Alberto Penagos González, Javier José Daza Pretel, Claudio Adolfo Fregny Ochoa, Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santo Ortega, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Mario Alberto Vélez Giraldo, José Miguel Ruiz Cossio, Manuel Gregorio Denis Blandón, Sor Enid Ospina Rendón, Katia Patricia Sánchez Mejía, Jesús Ignacio Roldán Pérez, Remberto Manuel Álvarez Bertel, Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández, Sor Teresa Gómez Álvarez, Dagoberto Antonio Montiel Mercado, Robin Manuel Calonge Alcalá, Gabriel Segundo Fernández Navarro y Orlando Moreno Mora. A todos ellos se les dictó resolución de acusación entre abril y julio de2005.
Origen del proyecto
De acuerdo con versiones de exparamilitares como Ever Veloza García, alias ‘HH’, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, Fredy Rendó Herrera, alias ‘El Alemán’, y Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, el proyecto palmicultor surgió por iniciativa de un narcotraficante de la ciudad de Santa Marta, llamado Italo Cianci, quien con la intermediación de Hernán Gómez, un hombre cercano a los altos mandos paramilitares del Urabá antioqueño, se acercó a Vicente Castaño para hablarle del negocio de la palmicultura y puso los primeros 600 millones de pesos para iniciar el proyecto.
Luego de mirar varias regiones en el Urabá antioqueño y chocoano, se determinó que las tierras del bajo Atrato eran las más aptas para sembrar palma de aceite y por asuntos de reducción de costos, también se decidió construir una planta extractora en el municipio de Mutatá, con el fin de procesar la materia prima. En ella se invirtieron 4 mil millones de pesos.
Pero en las zonas escogidas por los paramilitares para adelantar su proyecto agroindustrial no sólo había buena tierra, también predios abandonados, pues sus pobladores habían salido desplazados a finales de febrero de 1997 como consecuencia de la llegada de facciones paramilitares y los constantes bombardeos del Ejército. Dos operaciones desataron la huida de los campesinos: la ‘Génesis’, adelantada por tropas especiales de la Briada XVII del Ejército, y la conocida como ‘Cacarica’, que ejecutaron comandos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Ambas ofensivas coincidieron en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó del municipio de Riosucio, Chocó, y se extendieron al bajo Atrato chocoano, jurisdicción del Carmen del Darién, donde sistemáticamente ejecutaron actos hostiles contra los pobladores de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, quienes tuvieron que dejar la región y desplazarse a otros municipios.
Este movimiento de desplazamientos, aseguró la Fiscalía, “tuvo una finalidad exclusiva: la de adquirir de manera irregular las tierras pertenecientes a los integrantes de las comunidades afrocolombianas”. La situación de violencia contra ellas llegó a tal extremo que, en el año 2003, fueron beneficiadas de medidas provisionales impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el año 2000, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) adjudicó en calidad de tierras de las comunidades negras, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó con un área de 46.084 hectáreas. Lo propio aconteció en la resolución 02801 del 22 de noviembre de 2000 en lo referente con el Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó, título que en este caso cubrió 53.973 hectáreas.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación establecieron que “con efectivos de las autodefensas protegiendo sus intereses en la región”, los empresarios que llegaron a esas cuencas, por invitación de Vicente Castaño Gil, “se dieron a la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras”, acudiendo a varios mecanismos irregulares e ilegales que sirvieron, incluso, para solicitar créditos bancarios.
Llegan las empresas
Fue así como aparecieron en el bajo Atrato representantes de las empresas Urapalma S.A, Palmas de Curvaradó S. A, Palmura S. A, Palmadó Ltada, Inversiones Agropalma & Cia Ltda, Palmas S. A, Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa. Todas ellas se asentaron en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite y, algunas de ellas, a la ganadería.
La Fiscalía determinó que dada la naturaleza jurídica de estos territorios, se destinó a un grupo de paramilitares y comisionistas a comprar de manera ilegal los territorios: “acudieron a amenazas, desplazamientos, falsedad de documentos, accesiones irregulares, entre otros. Realizadas estas tareas, se atrajeron un sinnúmero de empresas palmeras, las que además de promover el cultivo, acudieron a créditos irregulares, para lo cual tuvieron que crear asociaciones de campesinos”.
A través de cuatro supuestas asociaciones de campesinos, que fueron consideradas por la Fiscalía como de “papel”, los empresarios obtuvieron créditos bancarios e incentivos a la capitalización rural. Las investigaciones judiciales constataron que la firma Urapalma S.A. obtuvo créditos del Banco Agrario y la Corporación Financiera Colombiana por 5,421 millones de pesos e incentivos del Estado por 2.891 millones de pesos, entre los años 2001 y 2005. Además, la empresa Palmas de Curvaradó recibió en 2005 un crédito del Banco Agrario por 1.788 millones de pesos y de esa misma entidad, la firma Palmado obtuvo un préstamo en 2005 por 488 millones.
Sin duda alguna, conceptuó la Fiscalía, esos actos “implican una expresión objetiva y real del acuerdo al cual llegaron los procesados y el grupo armado ilegal para apoderarse de terrenos de propiedad colectiva mediante mecanismos cuyo rasgo común es su marginación legal, producto irremisible de una planificada y meticulosa concertación en la que hubo conjunción de acciones de uno y otro lado, cada uno dentro de su ámbito funcional”.
En su alegato de solicitud de condena para los procesados, el Ente acusador aseveró que la “adquisición de tierras para las plantaciones de palmas no interesaba exclusivamente a los empresarios, como muchos de ellos lo sostienen en sus declaraciones e indagatorias, por el contrario, eran éstos quienes debían encargarse de buscar el motor financiero para hacerlos viables bajo la mirada atenta y vigilante de su siniestro socio y promotor”.
Pero hubo más dinero. Un exparamilitar consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió la reserva del nombre, indicó que desde las primeras inversiones en 1997 hasta marzo de 2007, cuando fue asesinado Vicente Castaño Gil se habrían invertido en ese proyecto agroindustrial cerca de 50 mil millones de pesos, la mayoría de los cuales provenían de las ganancias del narcotráfico.
Tanto a paramilitares como empresarios e inversionistas, al decir de la Fiscalía, los motivaba “la expectativa de participar en las ingentes ganancias que presumía el cultivo más rentable para la época, asegurando fuentes de ingreso que permitiesen el sostenimiento operativo y estructural de la organización delincuencial”.
El tema ambiental también hizo parte del argumento del Fiscal Cuarto Especializado, quien, basado en estudios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sobre el daño ambiental de los cultivos de palma y la ganadería en las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó, determinó que tales intervenciones impactaron negativamente “la biodiversidad ambiental, representado en la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, amenaza a la supervivencia de especies vulnerables, y afectación profunda de la micro y macrofauna”.
Además, precisó que tales efectos ocasionaron que la agricultura y la pesca artesanal disminuyeran drásticamente, “al afectar la economía de los habitantes de la región que subsistían precariamente de los cultivos de plátano, maíz y yuca, cuyos escenarios desaparecieron y con ellos los conocimientos ancestrales en esas actividades tradicionales”.
Finalmente, el Fiscal consideró que “no se incurre en exageración al señalar que junto con el secuestro, el narcotráfico y las extorsiones, los delitos perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó constituyen una forma soterrada de industrialización del crimen, en este último caso con el agravante de tratarse de una verdadera explotación económica de los delitos que atentan contra la esencia humana”.
Los alegatos de los abogados defensores de las personas procesadas, así como del representante de las víctimas, y de la Procuraduría General de la Nación, fueron programados para el mes de julio. Se espera que luego de escuchar a todas las partes, el Juez dicte sentencia, la cual podría darse, en primera instancia, a finales de este año.
