En este corregimiento de Norte de Santander, los paramilitares despojaron a 50 familias y utilizaron sus casas como centros de tortura. Los dueños retornaron, pero esperan los títulos.
“Estas propiedades en su mayoría no las habita nadie, están en total abandono”, le respondió el comandante de la Estación de Policía de La Gabarra al Corregidor Especial en una carta mecanografiada el 4 de mayo de 2005. Tras esa respuesta, estaba la tragedia de 58 familias del corregimiento La Gabarra, de Tibú, en Norte de Santander, que entre mayo y junio de 1999 fueron despojadas de sus casas por paramilitares del Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso.
En este corregimiento, a diferencia de otras regiones del país, una gran parte del despojo fue urbano. Los paramilitares se apropiaron de numerosas casas de civiles para utilizarlas como de hospedaje, así como para la elaboración de explosivos y centros de tortura.
Desde 2006, varias de esas familias retornaron al pueblo pese al estigma que cargaban sus viviendas, rotuladas como “las casas del terror”. Sin muchas opciones para sobrevivir en otras regiones del país, por donde deambularon durante siete años tratando de ganarse la vida, “la gente volvió, lavaron las paredes y las pintaron”, dijo un campesino de la región cuya identidad se reserva. Sin embargo, ahora le piden al gobierno que mire hacia esta región y les garantice los títulos de propiedad, pues sin estos es difícil lograr un crédito y desarrollar un proyecto.
Un líder de la zona, cuya identidad también se reserva, dijo que la comunidad se organizó y que en la actualidad por lo menos 10 barrios y 34 veredas de La Gabarra tienen representación por medio de las juntas de acción comunal. “Acá gran parte de las tierras son baldías y 115 familias, la mayoría desplazadas y dentro del grupo que retornaron al casco urbano donde ocurrieron los despojos, están solicitando los títulos de propiedad”, contó el líder. Estas familias buscan desarrollar un proyecto de caucho por lo que le pidieron en 2012 al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que los visitara y les titulara las casas y parcelas que están tratando de volver a levantar.
Aunque el Incoder es el encargado de titular las tierras baldías a campesinos o comunidades pobres y la solicitud ante la institución supone un proceso más ágil, las víctimas de La Gabarra confían en que si sus casos son presentados ante un juez de restitución de tierras un fallo judicial ordenaría de forma más rápida el reconocimiento de sus derechos, entre ellos, que el gobierno le entregue los títulos de sus predios. “Acá no solo ocurrió el despojo que hicieron los paramilitares. Después, muchas familias arrendaron esas casas y el arrendatario terminó vendiendo el predio”, comentó otro habitante de la zona, cuya identidad también se omite por seguridad.
Tibú es el municipio con más reclamantes de tierras de Norte de Santander. Según datos actualizados a mayo de 2013, por lo menos 1.216 familias han solicitado la restitución de 52 mil hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas con violencia. Sin embargo, de momento, la Unidad de Restitución, el organismo creado por la Ley de Víctimas para documentar los casos de despojo y presentarlos ante un juez, no le dará prioridad a La Gabarra.
José René García, director de la Unidad de Restitución en Norte de Santander, explicó que aunque la institución conoce en detalle lo que ocurrió en el corregimiento y tienen identificadas las viviendas a partir del trabajo preliminar que hizo el Proyecto de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, impulsado por el extinto Acción Social, la Fuerza Pública aún no ha dado luz verde para comenzar allí el proceso de restitución. Eso significa que la región es insegura para la permanencia de las familias.
“Estamos documentando casos en un área de ocho kilómetros a la redonda de Tibú, que es la zona en la que la Fuerza Pública ha dado por ahora un concepto favorable de seguridad, lo que no incluye aún al corregimiento de la Gabarra”, explicó García. Según información del antiguo proyecto de tierras, en tiempo seco por carretera el trayecto de 50 kilómetros desde Tibú hasta La Gabarra es de tres horas y media; pero en tiempo de lluvia, puede tardar más de ocho horas.
Por ahora, un Juez Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta ha emitido por lo menos cuatro sentencias en las que ha reconocido a las víctimas de Tibú, entre ellas, familias que fueron despojadas en el casco urbano de este municipio (Lea: Todas las formas de despojo en Norte de Santander). La Unidad tiene otras 30 solicitudes de familias que reclaman casas o lotes en 18 barrios.
Las casas del terror
En las casas que despojaron, los paramilitares construyeron ‘celdas’ donde encerraban a las víctimas, las interrogaban, las torturaban y luego las asesinaban. Foto cortesía.
La Unidad de Justicia y Paz ha documentado que los paramilitares despojaron por lo menos 100 predios rurales en Tibú, además de 50 viviendas, durante cinco años. Estas casas fueron tomadas a la fuerza por Armando Alberto Pérez Betancur, un ex capitán del Ejército que se unió al Bloque Catatumbo conocido con los alias de ‘Camilo’ y ‘Omega’; también por Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’; y por otros identificados con los alias ‘Cordillera’, ‘Zeta’, ‘Chamba’ y ‘Gacha’.
Según los relatos de los habitantes, el Bloque Catatumbo utilizó estas viviendas, en pleno casco urbano de La Gabarra, como base de operaciones, centro para fabricar explosivos y torturar a sus víctimas. Una de las viviendas fue conocida como ‘el calabozo’ porque los paramilitares construyeron celdas en el patio. Quienes eran llevados a este lugar fueron interrogados, torturados, asesinados y sus cuerpos lanzados al río. Varios pobladores cuentan que tras la desmovilización de esa estructura armada, encontraron rastros de esa barbarie. En las paredes de las ‘celdas’ las víctimas dejaron mensajes en los que se despedían y le pedían ayuda a Dios.
El 10 de diciembre de 2004, cuando los paramilitares del Bloque Catatumbo hicieron dejación de sus armas realizaron un ‘censo’ de las casas que les habían arrebatado a las fuerza a los campesinos. Una por una las marcaron con aerosol negro, numerándolas entre un círculo y le entregaron un listado con los nombres de las familias que habían expulsado al Alto Comisionado para la Paz.
En una de las casas despojadas por el Bloque Catatumbo estaba escrito el alias de ‘Omega’, quien era Armando Alberto Pérez, un ex militar que se convirtió en cómplice de Salvatore Mancuso en los crímenes que cometió el grupo paramilitar en el Catatumbo. Foto cortesía.
La policía recibió las casas en custodia y luego se las entregó la Fiscalía. En mayo de 2005, solo 14 familias habían vuelto a reclamar las casas, según el informe del entonces Comandante de la Estación de Policía de La Gabarra. Pero el Proyecto de Tierras del antiguo Acción Social, después de visitar el corregimiento, encontró que la dimensión del despojo era mucho mayor.
Esta agencia estatal identificó en todo el pueblo 2.118 predios, de cuales 240 todavía estaban abandonados a diciembre de 2010. “De estos, 58 predios se relacionaron con 54 víctimas”, precisó el informe, a su vez que llamó la atención sobre las deudas por impuesto predial y servicios públicos que pesaban sobre ellos.
El mismo informe señaló que de las 54 familias que lograron encontrar, por lo menos 42 les dijeron que estaban interesadas en recuperar los predios, pero la mayoría aclaró que no querían retornar a la región. Mario cuenta que la Unidad de Justicia y Paz entregó parte de las casas a sus originarios habitantes, con el acompañamiento de la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Tibú.
“La gente retornó de a gotas, algunos desde 2006, otros de forma más reciente. ¿Dónde más si no tenían dónde vivir? Muchos cambiaron los techos, lavaron y pintaron las casas. Ahora lo que queremos son los títulos de propiedad porque sin ellos es difícil que nos den un crédito para así poder desarrollar un proyecto productivo”, reiteró un líder de la región. “La comunidad se ha estado organizando y este año varias familias nos presentamos para solicitar la restitución”.
Décadas en guerra
El río Catatumbo es una fosa común. Los paramilitares arrojaban allí los cuerpos de sus víctimas. Foto cortesía.
La violencia en Tibú comenzó en los años setenta, cuando a la región llegó la guerilla del Eln con los frentes Efraín Pabón Pabón, Juan Fernando Porras, Carlos Armando Cacua Guerrero y Carlos Velasco Villamizar. Al finalizar la siguiente década lo hizo las Farc con el Frente 33.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia documentó que en la década del noventa la hoja de coca llegó a la región del Catatumbo, comprendida además de Tibú por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y San Calixto. Las Farc entonces incrementaron su presencia y comenzaron a financiarse con el control de la producción y las rutas del narcotráfico.
El cultivo de hoja de coca, la producción de clorhidrato de cocaína y su comercialización se convirtieron en el detonante de la guerra cuando, en 1999, los paramilitares le disputaron el negocio a la guerrilla. Los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes paramilitares de las Auc, le encargaron a Salvatore Mancuso el envío de 200 paramilitares entrenados en fincas de Córdoba al Catatumbo. En complicidad con sectores del Ejército, fueron transportarlos en dos camiones que se movilizaron desde el sur del Cesar. Los paramilitares llegaron al corregimiento de La Gabarra el 29 de mayo de 1999.
Ese sábado aún permanece en la memoria de los habitantes del pueblo. Era comienzo de fin de semana, un día movido para el comercio, y a las siete de la noche los paramilitares instalaron un ‘retén’ en la vía que conecta a Tibú con La Gabarra. En el camino retuvieron 60 carros, de donde bajaron a por lo menos cinco personas que luego fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron arrojados sobre la vía. Los pobladores recuerdan que esa masacre provocó el primer desplazamiento masivo.
Los paramilitares siguieron sembrando terror. Otra noche de sábado, el 31 de julio, llegaron a la vereda Los Cuervos y Puerto Barrancas, y asesinaron a cinco campesinos. La tragedia se repitió de nuevo un sábado, esta vez el 21 de agosto, cuando cortaron la luz y asesinaron a 35 personas. Varios de los cuerpos fueron arrojados al río Catatumbo.
Entre mayo y agosto de 1999 asesinaron a por lo menos 120 personas señalándolos de ser presuntos colabores de la guerrilla y violaron a decenas de mujeres.
Esa constante violencia paramilitar provocó el desplazamiento de casi todos los habitantes de La Gabarra, quienes buscaron refugio en Cúcuta y al otro lado de la frontera. Los datos del antiguo Registró Único de Población Desplazada (Rupd) reflejan ese drama. De 255 personas expulsadas de Tibú en 1998; en 1999, esta cifra se elevó a 5 mil 300 personas.
Mario*, un campesino que fue testigo del horror de la época, prefiere no contar los detalles, pero recuerda “que la situación fue muy dura. Me desplacé ese año cuando comenzaron aasesinar a tantas personas, dejé la parcela botada, y anduve por muchos años en la Costa Caribe, en Venezuela y en municipios de Norte de Santander. Todos mis vecinos pasaron por lo mismo”.
La situación no fue distinta durante los siguientes años. En 2001 fue la guerrilla la que continuó con la ola de masacres. El 6 de septiembre un grupo de insurgentes del Eln llegó a la vereda Vetas, a 15 minutos del corregimiento de La Gabarra, y asesinó a diez recolectores de hoja de coca en una zona controlada por los paramilitares del Bloque Catatumbo. Cuatro días después de esa masacre, el Frente 33 de las Farc llegó a otra finca cocalera y asesinó a 20 ‘raspachines’.
El 15 de junio de 2004 el Frente 33 de las Farc llegó hasta una finca en el cerro Pico de Águila y asesinó a 34 personas. Entre 1999 y 2004, el período en que paramilitares y guerrilleros se enfrentaron por el control de la droga y cometieron estas masacres, de Tibú salieron desplazas 24 mil personas. El 10 de diciembre de 2004 por lo menos 1.400 paramilitares del Bloque Catatumbo se desmovilizaron en el corregimiento Campo Dos, en Tibú.
*Nombre cambiado por razones de seguridad
