Casi tres años después de que se conociera la primera sentencia de tierras que favorecía a una comunidad étnica, son pocas las órdenes de reparación que se han cumplido a cabalidad. Los puntos más críticos son la atención en salud, la construcción de vivienda y la falta de atención en los retornos. Por esas falencias han muerto varios niños menores de cinco años de edad.
Los nativos han sido víctimas de una cruenta guerra por el control de las minas de oro en su territorio, conocido como el Alto Andágueda. Fotograma extraído del documental Promesas Incumplidas – CHISEA.
En septiembre de 2014 la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia les dio la razón a los indígenas del resguardo Tahami del Alto Andágueda, en Chocó. La sentencia fue emblemática, no solo por ser la primera que cobijó a pueblos indígenas, sino porque las 50 mil hectáreas reconocidas representan cerca del 20 por ciento de la tierra que ha sido restituida en Colombia. El fallo ordenó también la suspensión de los títulos mineros que habían sido adjudicados por la Agencia Nacional Minera sin la debida consulta previa y que se traslapaban con el 62 por ciento del territorio. (Ver: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país)
La sentencia no solo dejó en firme los derechos que tienen los indígenas sobre la totalidad de su resguardo, sino que profirió más de 50 órdenes a distintas instituciones estatales naciones y locales para que garantizaran el retorno y el acceso a servicios básicos de las comunidades, que están ubicadas en medio de la espesa selva del oriente chocoano, vecinas a Antioquia y a Risaralda.
El pueblo Embera Katío del Alto Andágueda ha padecido desde hace varias décadas la presencia de grupos guerrilleros, por lo que han sido desplazados reiteradamente. Las guerrillas del Epl, el M-19, el Erg, las Farc y el Eln y otros actores armados se han disputado las minas de oro del resguardo. En 2012 se presentó el mayor desplazamiento cuando más de 2 mil indígenas salieron a raíz de un bombardeo de la Fuerza Pública. (Ver: El oro, la maldición del territorio Embera en Chocó)
Entre otras cosas, el fallo pide que al Alto Andágueda llegue el agua potable, las escuelas, los centros de salud y las viviendas. Para ello se fijaron plazos de no más de seis meses. Las autoridades del resguardo están seguras que el cumplimiento de esta sentencia será definitivo para el resto de decisiones que siguen en fila y marcará el camino de la atención a víctimas de comunidades indígenas.
Sin embargo, casi tres años después son pocas las instituciones que pueden decir que han cumplido a cabalidad lo ordenado. No se han instalado los puestos de salud, las viviendas no cumplen con las expectativas de la comunidad y no se han podido hacer retornos al territorio con todas las garantías que obliga la ley.
“Primero nos reconoce en estrados y luego nos deja a la deriva en medio de los intereses particulares de quienes hacen parte de las instituciones supuestamente encargadas de garantizarnos los derechos”, dijo César Querama, uno los líderes de la comunidad durante la audiencia de seguimiento de sentencia que se realizó en Quibdó a comienzos de abril.
El problema, según expertos consultados por VerdaAbierta.com, es que la mayoría de las instituciones no entrega la reparación de acuerdo a las condiciones del lugar y de la comunidad, como obliga la ley, sino que se limita a entregar medidas de reparación previamente diseñadas. “Hemos tenido grandes discusiones con las instituciones, porque es importante que tengan en cuenta que son comunidades indígenas, que deben aplicar un enfoque diferencial, que todo debe ser acordado previamente, pero lo que vemos es que la mayoría solo quiere acomodar su ‘oferta institucional’ a como dé lugar”, aseveró Lucia Morillo, abogada de Akubadaura, el grupo de abogados indígenas que acompaña el caso.
Otra denuncia es la lentitud. De acuerdo con los líderes indígenas, la mayoría de las instituciones solo avanzan en las reparaciones días antes de cada audiencia de seguimiento. Preocupación que compartían los magistrados que siguen el caso. “Cada vez que veníamos a la audiencia apenas era que se estaba avanzando en los cumplimientos (…) si solamente cuando se hacen audiencias es que se avanza en el cumplimiento, entonces tenemos que hacer la audiencia más próxima”, afirmó uno de los togados durante la audiencia. En efecto, pasaron solo cuatro meses entre la segunda y la tercera audiencia de seguimiento de sentencia.
Vale aclarar que no todas las instituciones han incumplido. La comunidad resalta la tarea del Ministerio de Educación en la construcción de tres escuelas; la entrega del informe sobre los impactos ambientales de la minería por parte del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP); y el compromiso del Ministerio de Cultura en la creación de un plan de recuperación y fortalecimiento del tejido social y cultural.
Este fue el documental realizado por la entidad, como parte de la reparación:
Las entidades locales son las que más han recibido críticas. Hay instituciones que “ni siquiera muestran voluntad para cumplirlos; para la muestra solo basta con mencionar la forma visceral como responden los entes territoriales chocoanos: ‘No hay presupuesto’”, sostuvo Queragama. La abogada Morillo, por su parte, llamó la atención sobre el poco conocimiento que estas autoridades tienen sobre los decretos étnicos que refuerzan la Ley de Víctimas.
Además de estos incumplimientos, preocupa también que, tras largos periodos de tranquilidad, enmayo pasado se presentaron nuevos confinamientos de comunidades enteras por bombardeos de la Fuerza Pública con el objetivo, según se enteraron las comunidades, de capturar un jefe de la guerrilla del Eln.
VerdadAbierta.com presenta algunos de los problemas que se han presentado el proceso de reparación.
Retorno sin garantías
Los tres magistrados del Tribunal de Antioquia, que profirieron la sentencia, consideraron que a las comunidades no se les respetó su territorio pues el gobierno emitió los títulos y estudiaba otros sin consultarles a los indígenas. Foto: VerdadAbierta.com.
Uno de los principales retos del Alto Andágueda es lograr el retorno de las familias desplazadas que están en Bogotá, Medellín y Risaralda. En las medidas cautelares de febrero de 2013, previas a la sentencia, le ordenaron a la Unidad de Víctimas que priorizara el retorno de estas comunidades. El primer retorno ocurrió en diciembre de ese año con una comunidad de Bogotá y, según dicen las mismas autoridades, se han presentado nuevos desplazamientos por falta de garantías en las medidas de reparación.
En noviembre de 2016, más de 300 indígenas desplazados que vivían en Medellín regresaron al Alto Andágueda. Sin embargo, desde el resguardo se critica el papel de la Unidad de Víctimas por la falta de planeación. Según dice el informe que presentaron durante la audiencia, la entidad se limitó a transportarlos hasta la entrada del resguardo en el corregimiento de Santa Cecilia, en un punto conocido como Aguasal. De ahí en adelante los indígenas entraron solos, caminando y cargando sus pertenencias. (Ver informe)
El reguardo está divido en tres zonas: para llegar a la más cercana una persona puede tardar más de cinco horas de camino y a la más lejana pueden ser dos días. Por eso, las comunidades habían solicitado transporte helicoportado para personas de la tercera edad, mujeres en estado de embarazo y niños pequeños. Eso no ocurrió así.
Una madre que llevaba a su hijo en brazos perdió el equilibrio y cayó al río. El niño sufrió un golpe y murió horas después, pues no hubo un acompañamiento que diera atención médica en el trayecto.
Y es que la mortalidad infantil sigue siendo uno de los grandes problemas para los Embera Katío que deciden regresar. De acuerdo con el informe presentado por Akabadaura, seis niños menores de cinco años que hacían parte del grupo de retornados del año pasado han muerto. La situación se extiende al resto del reguardo, pues en total son 22 los niños fallecidos.
“Esa cifra no es diferente a los niños retornados en diciembre de 2013. En el transcurso de ese año murieron 10 niños retornados sumados a los otros 39 en todo el resguardo, que murieron por enfermedades curables como parasitosis o gripa. En el año 2014 se alcanzaron a registrar por las autoridades 80 niños muertos por enfermedades similares”, dice el informe. Muchos de estos menores no aparecen en las cifras oficiales, pues mueren sin ser registrados.
Sobre las largas distancias recorridas, los riesgos ya habían sido advertidos en un informe de seguimiento y control que hicieron en conjunto la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo: “Un aspecto adicional a tener en cuenta, especialmente importante en el marco del retorno que se adelantará en los próximos meses, es que la ayuda humanitaria se entregue en las comunidades y no en la entrada del resguardo, teniendo en cuenta que la misma está dirigida a una población especialmente vulnerable y que las distancias en el resguardo y condiciones de los caminos demandan un gran gasto energético en el transporte de víveres”. Se refería en especial al caso de un hombre que, de acuerdo con los líderes del resguardo, murió de físico agotamiento mientras cargaba en sus hombros la mercancía entregada por la Unidad de Víctimas. A pesar de eso, la historia se repitió. (Ver informe)
A esto se suman recientes denuncias contra la entidad, por no prestar los servicios de ayuda alimentaria, argumentando que no existe un contrato vigente con el operador que provee los alimentos a las personas retornadas. (Ver: En Chocó falla el sistema de atención a desplazados)
Servicios de salud, en ascuas
El resguardo Tahami está ubicado en la espesa selva al oriente de Chocó, vecina a Antioquia y a Risaralda. Foto: archivo Semana.
En el reguardo Tahami solo existe un centro de salud en funcionamiento, con un solo médico que atiende en Aguasal a las 33 comunidades con cerca de 7 mil indígenas. Bajo esas condiciones, es común que los indígenas mueran por enfermedades que son fácilmente curables. De acuerdo con la Secretaría Municipal de Salud, en 2016 la principal causa de morbilidad fue la malaria, con 2.051 casos reportados, seguido por la enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda. Mueren también por enfermedades casi erradicadas en Colombia gracias a la vacunación, como la tuberculosis y la tosferina.
Por eso, la sentencia ordenó la adecuación de este centro de salud y la construcción y puesta en funcionamiento de dos centros más. Para ello, las entidades nacionales y locales encargadas hicieron un acuerdo: la Alcaldía de Bagadó se encargaba de los diseños, el Ministerio de Salud de los recursos de construcción y la Gobernación de Chocó ponía el resto.
Durante las audiencias, las entidades han explicado obstáculos de trámite y de falta de articulación entre las entidades de la Nación y las del territorio, pero lo cierto es que al día de hoy no se ha cumplido con lo que se ordenó. “En ese tema de salud no ha cumplido es pero nada, siempre nos dicen que los planos están, que están evaluando, pero hasta ahora no hay nada de los puestos de salud”, dijo uno se los líderes de Asorewa (La Asociación de Cabildos indígenas Embera, Wounnan, Katio, Chami y Tule) que pidió la reserva de su nombre.
Las entidades argumentan también la difícil accesibilidad al terreno selvático, donde se encuentra el resguardo. “Eso no puede ser una excusa, cuando hemos visto entidades como el Ministerio de Educación con helicópteros llegando cada 20 minutos a dejar los materiales de las escuelas”, recordó Morillo.
De acuerdo con el último informe deAkubadaura, actualmente hay cuatro promotores de salud y cuatro auxiliares de enfermería que atienden temas de prevención y promoción para más de 7 mil indígenas.
La falta de atención médica ha tenido otras consecuencias. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social ha argumentado que las personas retornadas no han sido incluidas en el programa Familias en Acción, porque una de las condiciones es que los niños beneficiarios puedan tener un número determinado de controles de crecimiento y desarrollo. Esto, sin embargo, no exime de su responsabilidad a la entidad.
Agua y vivienda, agrio desencuentro
Foto: archivo Semana.
Durante los primeros años poco avanzó la construcción de las viviendas a cargo del Banco Agrario. Como explica el informe de las tres entidades de control, no se trata de un problema exclusivo de las sentencias étnica, sino que es un problema que es recurrente en todos los procesos de reparación a víctimas.
En el Alto Andágueda ya se construyeron 56 viviendas. Los operadores llegaron a un acuerdo que fue firmado por los indígenas, donde aclaraban que las casas tendrían una superficie de 36 metros cuadrados. “El problema es que a la reunión no llamaron a ninguno de los asesores y hubo confusiones, los indígenas que firmaron pensaron que se trataba de metros lineales y no cuadrados. Parece una confusión menor y hasta curiosa, pero es muy grave”, dijo Lucia Morillo, la abogada indígena que acompaña el caso.
“Las familias indígenas son más grandes, cada una tiene 5 o 6 hijos, entonces no es igual a una casa de las que hay en las ciudades”, aseguró el líder de Asorewa.
El Banco Agrario dijo no tener más recursos disponibles para la construcción de nuevas viviendas para los retornados. Según dicen las autoridades indígenas, con la llegada del nuevo grupo de retornados, en la mayoría de estas estrechas casas se presenta hacinamiento.
Tampoco se ha asegurado el acceso a agua potable para cinco comunidades que estaban incluidas en un proyecto departamental. En este caso, la Empresa Aguas del Chocó no hizo concertación inicial con las comunidades, se esperaba que las familias pagaran una porción del proyecto, pero como estas no cuentan con los recursos necesarios, el proyecto quedó desfinanciado en 2 mil millones de pesos. Tampoco se construyó con maderas adecuadas.
El proyecto siguió en pie a pesar de que Viceministerio de Aguas dio un concepto negativo sobre el mismo en reiteradas oportunidades. Los magistrados que siguen el caso pidieron que se investigue a Empresa Aguas del Chocó.
* Tatiana Navarrete, autora del artículo, viajó a Chocó con el apoyo del International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de la iniciativa Adelante.
