Una comunidad indígena de las sabanas del Vichada busca con una demanda reversar los procesos de desalojo y lanzamiento de su propio territorio. Su acervo probatorio son árboles, tinajas y un cementerio.
Por Jhon Moreno /Periódico del Meta
Niños indígenas juegan en la comunidad de Kalanitojo, a 24 kilómetros de Puerto Carreño.
El kagüi es un árbol de corteza gruesa que es retirada del tronco cada cierto tiempo cuando está lo suficientemente dura. Los indígenas la queman y las cenizas que quedan como residuo se mezclan con tierra para formar arcilla, la materia prima para elaborar tinajas, usadas para cargar agua, preparar alimentos o beber. De hecho, ‘kalanitojo’ significa ‘tierra de tinajas’ y es el nombre de una comunidad que durante más de 400 años ha habitado una extensa sabana en el Vichada.
Kalanitojo queda a 24 kilómetros de Puerto Carreño y es donde desde hace muchos años los habitantes de esta comunidad indígena siembran bosques enteros de kagüi, para mantener una tradición que intentan no dejar morir.
Sin embargo, desde mediados de los años noventa, cada vez les empezó a quedar menos espacio para sembrar el árbol, pues una serie de colonos invadieron sus tierras y arrasaron con los kagüi que habían sembrado bisabuelos, abuelos ypadres desde hacía más de un siglo. Yopos, también plantados desde tiempos inmemoriales y usados como medicina tradicional, fueron igualmente derribados para dar paso a cultivos y casas para los ‘nuevos terratenientes’.
Marco Julio García Achaua, gobernador indígena de Kalanitojo, dice que su comunidad está conformada por 333 personas de amorúas, sikuani y sálivas que integran 32 familias. Él es la cabeza visible que representa los intereses de este grupo indígena, el cual acaba de interponer una demanda restitutiva pues desde esas primeras invasiones, hace 20 años, la han venido confinando en su propio territorio y hoy básicamente se quedaron sin tierra.
“Nuestras principales pruebas de que ese territorio es nuestro son precisamente los árboles sembrados por nuestros abuelos y padres que allí permanecen. Hay un cementerio indígena donde reposan los restos de nuestros ancestros y allí hay tinajas enterradas con ellos, lo cual demuestra que ese terreno es nuestro”, afirma convencido García Achaua.
Con el apoyo de la Unidad de Tierras, los habitantes de kalanitojo pudieron interponer la demanda y hace unos meses fueron protegidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Villavicencio, donde se ordenó suspender cualquier proceso de desalojo de la comunidad de su territorio ancestral.
Si bien los indígenas desde el 2005 habían solicitado formalmente el reconocimiento de sus tierras y detener las invasiones, las alertas se encendieron cuando en el 2012 el Incoder concedió a los colonos títulos de propiedad, con lo cual estos tramitaron órdenes de desalojo y de lanzamiento de las familias tradicionales.
Al gobernador García Achaua le tocó desplazarse de Kalanitojo pues fue amenazado de muerte por liderar los mecanismos legales para la defensa de su territorio.
“Buscamos que sean recuperadas 570 hectáreas que de todas formas sigue siendo poco pues allí la UAF (Unidad Agrícola Familiar) es mucho más grande y se le otorgue más tierraa esta gente, que les han robado su territorio. Ahora debe llegar la institucionalidad y no permitir que allí las diferencias sean tranzadas por el jefe paramilitar o el jefe guerrillero. Si esto no se hace, cualquier acuerdo de paz en la Habana se desvanecerá en el territorio por faltas de Estado”, dice Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras.
El director dela Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, al momento de interponer formalmente la demanda de restitución, con el gobernador de Kalanitojo.
El funcionario agregó que en Mapiripán (Meta), en la zona de Caño Ovejas, también se está llevando un proceso similar para que a una comunidad sikuani le restituyan unas 7.000 hectáreas de las cuales fueron despojados.
Para Luis Carlos González Ortega, juez primero civil de Restitución de Tierras, este tipo de demandas tiene una posibilidad alta de favorecer a los indígenas, pues “efectivamente en esta zona del Orinoco ha existido presencia activa de las comunidades reclamantes desde hace muchos años”.
“La historia es clara en afirmar que allí se ha llevado a cabo un proceso de desalojo y han venido confinando a los indígenas y es injusto porque mientras ellos forman 33 familias y reclaman 570 hectáreas, ha habido casos en que a una sola familia se le han dado 1.800 hectáreas. Con base en los estudios antropológicos, debería restituirse el derecho a estas comunidades”, manifestó el juez González.
En su concepto, cuando los indígenas muestran sus árboles sembrados, tinajas y un cementerio como elementos probatorios para poder comprobar que ese territorio es de ellos, estos sí son válidos y son considerados como prueba legal pues hay un grupo antropológico y de cartógrafos que verificar dicho material.
“Hay que entender que es una comunidad seminómada y que ellos no están utilizando permanentemente todas las hectáreas del territorio, sino que se desplazan de un lado a otro. Eso es algo que el colono o el blanco no entiende y dice que desaprovecha la tierra, pero debemos comprender la cosmovisión indígena”, dice el Juez de Restitución.
Por lo pronto, el gobernador García Achaua busca que las personas mayores de Kalanitojo enseñen a los más jóvenes la práctica de hacer tinajas, mezclando el barro con la corteza de kogüi, esperando que muy pronto puedan volver a sembrar con libertad sus árboles ancestrales.
