En un encuentro con los desmovilizados, exigieron verdad y el retorno de los restos de sus familiares. Comunidades indígenas quieren reconstruir las tradiciones que los paramilitares destruyeron.
Las huellas que dejaron los ‘Carranceros’ en su paso por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y algunas veredas de Vichada aún permanecen intactas. Ocho años después de la desmovilización de estos paramilitares, la mayoría de las víctimas piden que les entreguen los cuerpos de sus familiares y se conozca la verdad sobre su muerte.
Este grupo paramilitar se hizo llamar Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada luego de la desmovilización en 2005, pero lo cierto es que en la región se les conoce como ‘Carranceros’ porque los pobladores le atribuían su creación al esmeraldero Víctor Carranza.
Las víctimas llegaron a Villavicencio, algunos desde veredas lejanas de Vichada y resguardos indígenas en el Meta, para encontrarse de frente con los jefes de los ‘Carranceros’, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’; Rafael Salgado Merchán, alías ‘Águila’; José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa Uno’; y Miguel Ángel Achury, alias ‘Miguelito’.
El encuentro hizo parte de la audiencia de identificación de las afectaciones causadas, un espacio judicial previo a la sentencia en el que las víctimas presentan sus demandas de verdad, justicia y reparación. Como si no hubiera transcurrido el tiempo, muchos de los pobladores aseguraron que sentían miedo de ver frente a frente a sus victimarios y aún se refieren a Baldomero como ‘Don Guillermo’, como se hacía llamar en la zona.
En la mayoría de los casos los ex jefes paramilitares no estaban en el lugar de los hechos, sino que han reconstruido la historia a partir de distintas versiones que han escuchado de sus patrulleros en los últimos diez años . Por eso las víctimas no están conformes con esta verdad contada a medias y piden conocer a los autores materiales de los asesinatos de sus familiares.
Pedro*, una de las víctimas que llegó a la sala de audiencias, contó cómo hace más de diez años, los paramilitares asesinaron a su hijo, su nuera y entregaron a su nieto a otra familia: “Con la muerte de mi hijo me quitaron media vida y con la desaparición de mi nieto la otra, me dijeron que el cuerpo de mi hijo lo arrojaron al río y ya sé que nunca lo voy a poder recuperar”.
Este es el drama de gran parte de las víctimas de los ‘Carranceros’, pues como contó Baldomero Linares en la audiencia, era una orden de los jefes del grupo eliminar los cadáveres de las víctimas y negar su muerte, solo los cuerpos de los paramilitares que morían en combate eran regresados.
Ahora, algunos de los familiares de las víctimas solo saben que los cuerpos fueron arrojados a los afluentes del río Orinoco y otros buscan desesperadamente la ubicación de la fosa común en la que puedan encontrar los restos de sus seres queridos.
Hasta el momento se han recuperado 42 cadáveres de víctimas de los ‘Carranceros’, pero el proceso de exhumaciones ha encontrados dos tropiezos: de un lado, eljefe paramilitar que delinquía en el Vichada y quien tiene la información sobre las víctimas de ese departamento, Dioberto Ramírez Cardozo, alias ‘Guahibo’, no se encuentra postulado a Justicia y Paz y José Cruz alias ‘Brasil’, quien fue el autor material de decenas de asesinatos, pagó una corta condena impuesta por la justicia ordinaria y ahora está libre.
Por otro lado, según dijo Baldomero Linares, algunos desmovilizados que no fueron privados de la libertad porque se suponía que no habían cometido crímenes de lesa humanidad han exhumado los cadáveres para que no se les vincule en procesos judiciales. En una exhumación los funcionarios de la Fiscalía establecieron que los restos habían sido sacados de la fosa y fueron remplazados por el cadáver de un animal.
Reclamo indígena
En la audiencia se presentó la familia de Pablo Emilio González Gaitán, quien fue el cabildo gobernador del Resguardo Muco Guarrojo de la comunidad Sikuani (antes llamados Guahibos) en Cumaribo, Vichada, pidiendo que dijera la verdad sobre su muerte y se reconociera el daño que sufrió esta comunidad indígena.
El 27 de mayo de 2002 un grupo de paramilitares de los ‘Carranceros’ llegó directamente a la casa de González Gaitán en la comunidad indígena La Libertad y sin mediar palabra le dispararon en una pierna, en frente a dos de sus hijas de seis y nueve años. Los ‘paras’ metieron al cabildo gobernador en una camioneta y su cuerpo apareció tiempo después en una fosa con sus piernas mutiladas y signos de tortura.
Los familiares no aceptan las excusas que una y otra vez ha entregado José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa Uno’, quien para ese momento era el jefe paramilitar de la zona, aduciendo que se trató de un error que cometieron sus hombres cuando vieron a alguien correr y pensaron que se trataba de un guerrillero del Frente 16 de las Farc.
Según documentó la Procuraduría en su informe de daño colectivo presentado ante los magistrados, la verdadera razón de su muerte fue haberse enfrentado al ex paramilitar conocido como ‘5-20’. González le pidió que alejara a sus hombres armados de la zona porque se encontraba en un territorio indígena ancestral. Los paramilitares aprovecharon que se trataba de áreas rurales apartadas donde no había presencia del Ejército para ubicar sus cultivos de coca.
A raíz de esos hechos, su esposa, sus 11 hijos y varios miembros de la comunidad tuvieron que desplazarse del lugar. La vida en comunidad empezó a deteriorarse, pues la continua presencia de paramilitares atemorizaba a los indígenas y les impidió ir de pescar, cazar y cultivar, incluso algunas de sus casas tuvieron que ser reubicadas.
Los miembros de la comunidad han denunciado los hechos ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría porque después de 11 años no se ha reparado a la comunidad indígena. “Este hecho no solo afectó al núcleo familiar, sino a la comunidad. Una organización indígena no es una finca, sino que todo es se hace de manera colectiva, y por esos hechos muchas gente se tuvo que desplazar”, dijo uno de los hijos de González.
La Procuraduría se unió a este llamado y en su informe sobre daño colectivo incluyó a los Sikuani como una de las principales víctimas de los ‘Carranceros’. Para ello recordó que cada resguardo está dividido por comunidades, y que el cabildo gobernador no es solo el máximo líder del resguardo, sino que es quien organiza y resuelve los conflictos entre las diferentes comunidades.
Cada vez más, los paramilitares limitaron más la vida en comunidad y las posibilidades de autosubsistencia. Los indígenas que se quedaron en la zona se vieron obligados a trabajar como raspachines en los cultivos de coca.
A los jóvenes indígenas que crecieron en medio del conflicto los reclutaron en las filas paramilitares prometiéndoles una remuneración y un supuesto estatus de poder dentro de la comunidad por usar armas. Fue así que incorporaron por lo menos 18 miembros de la Comunidad Wacoyo.
Al momento de la desmovilización estos indígenas no fueron incluidos en los listados para la postulación a la Ley de Justicia y Paz, sino que fueron regresados a sus comunidades. La presencia de estas personas que en algunos casos habían delinquido durante más de cinco años generó un cambio en las dinámicas de la comunidad que no fue atendida por ninguna autoridad.
Las comunidades indígenas más afectadas por los delitos de los ‘Carranceros’ en el Vichada fueron el resguardo Ribas Muco Guarrojo; el Saracure Río y Cadá, el Unuma, San Luis del Tomo, Punta bandera, la Esmeralda y Valdibia. Los antivos buscan ayuda del Estado para poder mantener las tradiciones ancestrales y dársela a conocer a las nuevas generaciones que a causa del desplazamiento tuvieron que vivir lejos de sus resguardos.
La Procuraduría hizo varias recomendaciones sobre posibles reparaciones ante el daño colectivo que se cometió contra las comunidades de Meta y Vichada donde delinquieron los ‘Carranceros’.
El Ministerio Público sugirió, entre otras cosas, hacer una caracterización de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, enfatizando en la jurisdicción especial indígena; crear un programa de Atención Psicosocial y en salud para las mujeres víctimas de la violencia de género en de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta; ante las denuncias de posibles bienes en manos de testaferros que denunciaron algunas de las víctimas, pide que la Fiscalía General de la Nación realice un informe a profundidad sobre los posibles bienes de los postulados en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta; Cumaribo, Santa Rosalía y la Primavera en el Vichada; que los postulados pidan perdón públicamente y que además sino que se comprometan voluntariamente a no regresar a estos municipios y que el Centro de Memoria Histórica con ayuda de las víctimas realice una investigación y reconstrucción de los hechos violentos en la zona.
