El Ente investigador se trazó la meta de tener listas 16 sentencias contra ex jefes paramilitares y guerrilleros en junio de este año, pero el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le aclaró que para lograrlo no puede pasar por encima de los derechos de las víctimas.
El 2014 es un año definitivo para la Ley de Justicia y Paz porque comienzan a vencerse los tiempos de reclusión en la cárcel de muchos de los postulados y aún no han sido sentenciados.
Por lo menos 400 desmovilizados cumplirían ocho años de detención, que es la condena máxima que pueden recibir los ex paramilitares y guerrilleros que están postulados a los beneficios de esta norma transicional. El problema es que muchos de ellos no han sido condenados, solo existen 16 sentencias que han sido proferidas por la Corte Suprema y la mayoría de ellas son parciales, es decir no recogen la totalidad de los delitos que cometieron los acusados. (Ver: Justicia y Paz, en la recta final para llegar con macro-sentencias de ‘paras’ en junio
Para agilizar el proceso, desde inicios del año pasado la Fiscalía General de la Nación propuso darle prioridad a los casos de 16 ex jefes paramilitares y guerrilleros que deben responder por todos los crímenes que cometieron sus subalternos. La idea es obtener en junio de este año 16 grandes sentencias para que los demás desmovilizados se puedan acoger a ellas, es decir, que sin cumplir todo el proceso judicial acepten los cargos que ya hacen parte de esa decisión. (Ver: Así será la priorización en Justicia y Paz)
Los procesos de tres de esos 16 priorizados (Ramón Isaza, Hernán Giraldo y Elda Neyis Mosquera) entraron en una nueva etapa este año, deben asistir a una audiencia concentrada, una instancia judicial donde se legalizan y se aceptan los cargos que ya fueron imputados. Allí los magistrados verifican que esos delitos de los cuales responsabilizaron a los ex jefes parramilitares y a los hombres bajo su mando se hayan cometido mientras estuvieron en el grupo armado y correspondan a lo que los desmovilizados aceptaron en desarrollo de las normas transicionales de la Ley de Justicia y Paz.
Esta semana que concluye se inició la audiencia contra Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, ex jefe de paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) y los otros jefes de este grupo: Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Mc Guiver’; Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’ y John Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’.
El fiscal Carlos Alberto Gordillo, responsable de la documentación sobre las Acmm, explicó la dinámica queplantea la Fiscalía para acelerar el proceso y dijo que para obtener prontos resultados habría que sacrificar en una parte la verdad, lo que causó gran controversia y llevó a que tanto los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá como los representantes de las víctimas rechazaran esa posición.
En esta audiencia se van a legalizar 164 casos de desaparición forzada de los 318 que hasta el momento ha documentado el ente investigador y cometidos por las Acmm. La idea es presentar una descripción que explique, de modo somero, cómo se este grupo desapareció los cuerpos de sus víctimas. Este proceso ya se ha hecho en otras audiencias de imputación, como por ejemplo en el caso de Salvatore Mancuso, donde se reunió la información de cinco bloques paramilitares. (Ver: Así desaparecieron a sus víctimas los hombres de Mancuso)
La polémica se desató cuando el fiscal explicó que luego de introducir esta descripción solo se iba a presentar ante los magistrados 20 casos de desaparición, los 144 restantes se encuentran en el escrito de acusación. El Fiscal argumentó que esta metodología la idearon de acuerdo al Decreto 3011 de 2013.
Ante esta explicación, la magistrada Uldi Teresa Jiménez dijo que “solo 20 casos de 164, que a su vez son en total 318, implica que estamos reduciendo en exceso. La Fiscalía tiene razón con la preocupación de que no ha salido sentencia, y que eventualmente los postulados pueden salir libres sin tener sentencia, pero eso no quiere decir que ahora vamos a atropellar los derechos de las víctimas”.
La magistrada agregó que esto es impensable en el caso de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que estuvieron bajo el mando de Ramón Isaza, pues luego de su crecimiento en 2000 el grupo se dividió en cinco frentes delegados a cinco jefes paramilitares que actuaban con independencia, de modo que la forma cómo desaparecieron a sus víctimas en sus zonas de operación dependía de las órdenes de cada comandante y según la magistrada no todos los casos se pueden meter en un mismo saco.
“Las victimas tienen el mínimo derecho a saber la verdad y darle una mención de unos minutos a cada una de las 164 víctimas es una forma de dignificarlas. No podemos seguir alimentando la reducción porque ahora senos ocurrió que lo que no hicimos en ocho años lo tenemos que hacer en cuatro meses y a la carrera. Nosotros que llevamos tanto tiempo intentamos analizar si vale la pena sacrificar a las víctimas por complacer a unas personas que quieren ver números en las sentencias”, dijo la magistrada.
Los defensores de víctimas apoyaron la postura de la magistrada agregando que es un atropello contra sus defendidos que luego de ocho años en espera de una sentencia sean convocados a una audiencia de legalización en la que ni siquiera se va a mencionar lo que le sucedió a su familiar. “Hay víctimas que a estas alturas solo esperan saber la verdad y es lo mínimo a lo que tienen derecho”, dijo uno de los abogados.
También se refirieron a que en el caso de este grupo en particular que delinquió en Antioquia, Caldas, Tolima, Boyacá y Cundinamarca, es exagerado reducir a veinte hechos, las 164 desapariciones que se produjeron de formas distintas en cinco departamentos. Pidieron que en la medida de lo posible se construyera un patrón por región.
La Fiscalía solicitó entonces un aplazamiento de la audiencia para hacer unos ajustes al muestreo, es decir a los 20 casos que eligieron. Van a seguir los lineamientos del decreto 3011, pero van a hacer unos cambios y tratar de explicar mejor cómo se eligieron los casos a presentar, según dijo el fiscal.
La audiencia fue aplazada hasta el próximo 3 de marzo. Esta es una nueva frustración para decenas de víctimas que esta semana empezaron a llegar a Bogotá desde distintos departamentos esperando que luego de ocho años la justicia les dé una respuesta.
