La Fiscalía hizo un análisis de más de 900 casos de víctimas desparecidas por cuatro bloques paramilitares al mando de Salvatore Mancuso. No se sabe qué sucedió con los restos de las víctimas en más del 40 por ciento de los casos.
Pablo* iba en su moto en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, el 27 de junio de 1997, cuando un grupo de paramilitares lo detuvo y lo obligaron a entrar a una camioneta. Desde ese momento su familia no volvió a saber de él.
En mayo de este año, su esposa Clara* fue a una de las versiones libres del ex paramilitar Salvatore Mancuso y le preguntó donde podría estar Pablo. Ella ha asistido sin suerte a varias exhumaciones y sus esperanzas han empezado a esfumarse, y más cuando algunos desmovilizados confesaran que arrojaron el cuerpo de su esposo a un río por órdenes de Mancuso.
Para Clara no es suficiente que el ex paramilitar reconozca por línea de mando su asesinato, sino que espera saber lo que sucedió con su esposo. “Han pasado 16 años desde que desapareció, pero para mí es como si hubiera sido ayer, yo solo quiero saber la verdad”.
Como Pablo, son 4.000 las personas desaparecidas por los grupos paramilitares que fueron dirigido por Salvatore Mancuso, ex miembro del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y jefe de varias facciones de esta organización. La Fiscalía analizó 963 casos y encontró que en el 42 por ciento de estos hechos no hay información sobre el paradero de los cuerpos.
Las víctimas fueron desaparecidas por miembros del Bloque Catatumbo que operó en Norte de Santander y por integrantes de tres bloques más -Norte, Montes de María y Córdoba- que hicieron presencia en varias regiones de la Costa Caribe.
En su estudio, la Fiscalía 46 de Justicia y Paz determinó que el delito de desaparición forzada se dio a través de “prácticas sistemáticas, generalizadas y reiteradas, en las zonas de injerencia, control y dominio territorial del postulado Salvatore Mancuso Gómez”.
Según las investigaciones, las órdenes de desaparecer a las víctimas las daba Mancuso directamente. El objetivo era no solo ocultar el crimen, sino evitar el aumento de los índices de criminalidad en ciudades y pueblos, y así impedir que se visibilizaran los homicidios. Esta práctica contaba con la mirada complaciente de miembros de la Fuerza Pública que actuaban en la zona.
La siguiente gráfica muestra que la mayoría de las víctimas son del Bloque Norte, la estructura paramilitar más grande de la Costa Caribe, que en sus comienzos estuvo al mando de Mancuso. En 1999 el ex jefe paramilitar se fue a Norte de Santander para crear el Bloque Catatumbo y delegó en Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, la comandancia del Bloque Norte.
La mayoría de las víctimas se encontraban en Magdalena, un departamento donde delinquieron tres frentes del Bloque Norte: el Frente William Rivas dirigido José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’; una parte del frente José Pablo Díaz, al mando de Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’; y desde el 2003 el frente Resistencia Tayrona, a cargo del narcotraficante Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’.
Uno de los casos documentados en Magdalena es el de Javier Jiménez, un soldador que vivía en el municipio de Remolino. Este hombre estaba trabajando cuando en la mañana del 12 de febrero de 2003, varios paramilitares del frente Resistencia Tayrona llegaron a su casa, le pidieron ayuda con una soldadura y lo llevaron en una camioneta hasta un sitio conocido como La Danta.
Cuando llegaron al lugar donde los paramilitares necesitaban una supuesta ayuda, le dispararon en la cabeza a Jiménez y desmembraron su cuerpo. Los restos fueron incinerados junto a varios neumáticos.
Según la investigación de la Fiscalía, el año en el que se intensifica ese crimen fue el 2002. Para esa época cada una de estas estructuras se había consolidado en la zona.
En más de la mitad de los casos, los paramilitares de Mancuso desaparecieron a sus víctimas porque buscaban aumentar su control sobre el territorio, atemorizar a la población o apropiarse de los recursos de la región.
Según las versiones entregadas por los desmovilizados, 498 de estas desapariciones (es decir el 47 por ciento de los crímenes) se cometieron porque la víctima tenía un supuesto vínculo con miembros de la subversión, en algunos casos por una colaboración directa o indirecta con algún grupo guerrillero. Sin embargo, el mismo estudio demuestra que la mayoría de las víctimas eran agricultores de las regiones y solo un ocho por ciento tenían relación con actividades ilegales.
En la mayoría de los hechos los campesinos fueron tachados como supuestos colaboradores de la guerrilla porque se negaron a ayudarle a los paramilitares. Este fue el caso de Roger de Jesús Bravo, un campesino que se encontraba trabajando en la finca La Máquina, del corregimiento de Matitas en La Guajira. A las 11:30 de la mañana del 1 de abril de 2000 llegaron unos paramilitares y lo invitaron a una reunión del grupo en el centro del pueblo y como la víctima se reusó lo tildaron de ser un auxiliador de la guerrilla y se lo llevaron a la fuerza.
Este hombre fue amarrado, torturado y luego asesinado. Según el relato de los ex paramilitares, su cuerpo fue desmembrado y enterrado en una fosa común en la zona rural del corregimiento. Pero los restos de esta víctima aún siguen desaparecidos.
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Políticas que incidieron en la desaparición |
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Motivación del victimario |
Víctimas |
Porcentaje |
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Lucha antisubversiva |
498 |
47% |
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Control territorial, control social y de recursos |
458 |
52% |
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Sin establecer |
7 |
1% |
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total general |
963 |
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En 403 casos la Fiscalía no cuenta con información sobre el paradero de la víctima ni de cómo los ex paramilitares desaparecieron su cuerpo. Sobre los datos que han obtenido, el informe establece que la mayoría de los restos de los desparecidos fueron enterrados en fosas clandestinas.
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Práctica |
Número de víctimas |
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Cuerpos inhumados en fosas clandestinas |
245 |
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Cuerpos arrojados al río |
150 |
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Cuerpos desmemebrados e inhumados en fosas clandestinas |
95 |
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Cuerpos incinerados |
62 |
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Cuerpos desmembrados y arrojados a un rio |
6 |
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Cuerpo arrojados al mar |
2 |
Los paramilitares usaron otras prácticas de desaparición que han impedido que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos. 105 víctimas fueron arrojadas a los ríos más cercanos y otros 62 cuerpos fueron incinerados.
Este es el drama de los familiares de Hernando García, quien vivía en corregimiento de Palermo, en Magdalena: en la noche del 5 de noviembre de 2004, cuando García se encontraba en su casa, llegó un grupo de paramilitares que le pidio que los transportara en su camioneta.
El ex paramilitar Ricardo Rodríguez Barros, quien no se encuentra postulado a la Ley de Justicia y Paz, aceptó haberle disparado a García en la vía que conduce hacía el municipio de Sitio Nuevo. Rodríguez le abrió el vientre al cuerpo de la víctima y lo arrojó a un rio de la zona.
Mancuso tendrá que responder por estos atroces crímenes una vez acabe de purgar su condena en una cárcel de Estados Unidos, donde está recluido desde mayo de 2008 respondiendo por delitos asociados al tráfico de drogas. Su extradición fue autorizada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
