En 2007 Salvatore Mancuso entregó varias de sus fincas en el municipio para reparar a las víctimas, las mismas que el gobierno les ofreció dos años atrás a los reinsertados para crear sus propios proyectos productivos. Esta es la historia de un improvisado proceso de reinserción que hoy tiene en vilo a cientos de exparamilitares.
El 21 de enero de 2005 se desmovilizaron 925 paramilitares del Bloque Córdoba de las Auc en Tierralta, Córdoba. Foto: archivo Semana.
El 21 de enero de 2005 entregaron sus armas 925 paramilitares del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Tierralta, un municipio a tan solo dos horas de Montería. Allí también retornaron varios tierraltenses que se unieron a otros grupos paramilitares en Norte de Santander y en el vecino pueblo de Valencia. Luego de las principales capitales, este municipio reúne el mayor número de desmovilizados del país. (Ver: Tierralta, las lecciones aprendidas de una reinserción a medias)
En Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta, donde los altos mandos de las Auc negociaron su desmovilización con el gobierno, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso propuso la creación de proyectos productivos donde pudieran trabajar los excombatientes. El entonces alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior de la época, Sabas Pretelt de la Vega, apoyaron la iniciativa y crearon lo que se conoció como Proyectos Productivos para la Paz (PPP).
Diez años después, los reinsertados de este este municipio sienten que el gobierno les falló. Los proyectos productivos que les prometieron se frenaron, las tierras que les ofrecieron están en medio de una disputa legal y el dinero que les entregaron para su reintegración fue invertido, sin consultarles, en fallidos cultivos de acacia.
“Si vienen y nos ofrecen un proyecto de vida, no nos pueden dejar tirados a la mitad del camino y cambiar las reglas de juego. Ahora dicen que nos queremos robar un territorio ajeno, pero nosotros solo queremos trabajar”, afirmó Jerson Asprilla, uno de los líderes de los reinsertados en Tierralta.
Más de una decena de desmovilizados consultados por VerdadAbierta.com aseguran estar defraudados por las promesas incumplidas y la falta de acompañamiento por parte del gobierno. Los errores cometidos en Tierralta pueden servir de aprendizaje para una posible desmovilización masiva de los guerrilleros de las Farc.
El inicio fallido 
Con excepción de las principales ciudades del país, Tierralta fue el municipio que más exparamilitares acogió. Foto: archivo Semana.
Los Proyectos Productivos Para la Paz fueron presentados en octubre de 2005 ante el consejo de ministros por Luis Carlos Restrepo y comenzaron a rodar a finales de ese mismo año. (Ver: El despilfarro de los proyectos productivos de Mancuso)
En Tierralta, de acuerdo con la Fiscalía, el propio Salvatore Mancuso entregó 2 mil millones de pesos. El gobierno invirtió 1.048 millones, a través del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior. Testaferros como Aram Assias y empresarios cordobeses como Pedro Ghisays y a Leopoldo Anaya entregaron cerca de mil millones de pesos y 15 predios para iniciar los proyectos. Años después, la Fiscalía determinó que gran parte de los dineros y las tierras eran de Mancuso, pero estos empresarios le servían como testaferros. (Ver: Los enredos de los bienes de Mancuso)
Según cuentan los desmovilizados, el gobierno y el propio Salvatore Mancuso los convocaron a mediados de 2005 para que se vincularan a los proyectos, muchos firmaron los contratos pensando que era su única salida, incluso excombatientes que para ese entonces eran analfabetas. “A nosotros no nos consultaron para hacer los proyectos, no nos dijeron qué era lo que iban a sembrar, simplemente nos pidieron que firmáramos”, sostuvo Manuel Caballero, uno de los reinsertados asociados al proyecto.
Para ese entonces se hablaba de más de 500 desmovilizados agrupados en varias asociaciones, algunos de los cuales fueron convocados para trabajar como jornaleros en sus propios proyectos. “Yo no tenía trabajo y me fui a jornalear, pero nunca nos capacitaron. Nos pagaban un sueldo, pero nunca nos dijeron que ese era nuestro proyecto”, contó Asprilla. La idea original era crear proyectos de cacao, caucho, ganadería y forestales, solo este último salió adelante con más de 2 mil hectáreas de acacia sembradas.
Como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en el libro ‘Tierras, y territorios en las versiones de los paramilitares’, escrito por la investigadora Yamile Salinas, los proyectos fueron implementados en varios departamentos. “En 2007, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hizo entrega a la Alta Consejería para la Reintegración y Económica de las Personas y los Grupos Alzados en Armas la información relacionada con 35 PPP que estaban en ejecución, distribuidos así: 16 en Antioquia, ocho en Córdoba, tres en Casanare, tres en Santander, dos en Sucre y uno en Norte de Santander, Caldas y Cundinamarca”.
El texto asegura que en su momento entidades como la Procuraduría se opusieron a los PPP porque podrían “conducir a la legalización y legitimación del despojo y hacer más compleja la restitución de tierras y la reparación a las víctimas”, una de las teorías esbozadas por Salinas en su libro.
Cómo se enredó el proyecto 
Cultivo de palma en Tierralta. Foto: VerdadAbierta.com.
El 26 de marzo de 2007, los testaferros que aparecían como dueños de las fincas, firmaron una carta de intención para transferirles a los desmovilizados tres de los predios: La Guaira, Nueva Delhi y Villa Nueva, un englobe de tierra con más de 800 hectáreas sembradas con acacia. Se comprometían a suscribir un contrato de arrendamiento con la Asociación Agroempresarial de Tierralta – Córdoba (Asotaco), a nombre del empresario Humberto Solano. En el evento también asistieron Monseñor Julio Cesar Vidal y Juan B. Pérez Rubiano, en representación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Aunque en principio se planteó como un proyecto de reconciliación entre las víctimas y los victimarios, lo cierto es que entre los asociados solo aparecen 25 desplazados y otros 25 pequeños productores, en comparación con 533 desmovilizados.
Mancuso ha dicho en versiones libres que ese contrato se hizo a sus espaldas con la intención de blindar al comisionado Restrepo por haber entregado dineros del erario público. Los reinsertados aseguran que los predios tampoco les fueron entregados directamente, “eso sí lo entregaron, pero no a nosotros. Se lo dieron a Humberto Solano, una persona que el gobierno puso al mando de una asociación que supuestamente agrupaba a los desmovilizados”, aseveró Clemente Germán, el actual representante legal de la asociación de reinsertados.
Según contó Humberto Solano a VerdadAbierta.com, en una audiencia pública en 2012, el gobierno empezó a incumplir con las cuotas de financiamiento y por eso se fueron acabando los recursos de funcionamiento. Luego los representantes del gobierno, el Alto Comisionado y los Ministerios se desentendieron y los proyectos empezaron a perderse como sucedió con las plantaciones de cacao y caucho.
Lo cierto es que a finales de 2007 la Oficina del Alto Comisionado de Paz suspendió el apoyo a los PPP, pues se había desembolsado dinero para proyectos productivos que no llevaron a cabo, algunos de los cuales eran inviables, y porque no habían claridad sobre quiénes eran los destinatarios, los operadores y los propietarios de las tierras, en su mayoría testaferros de paramilitares.
Entre abril y mayo de 2007, los tres predios fueron transferidos a través de compraventas realizadas en la notaria tercera de Montería a Salvatore Mancuso por precios no mayores a los 20 millones de pesos, lo que dejó al descubierto la estrategia de testaferrato. Ese mismo año el exjefe paramilitar, en versión libre, denunció estos bienes y los ofreció como un insumo para reparar a las víctimas, sin que los reinsertados que ocupaban el predio lo supieran.
Ese mismo año, cuando empezaron a decaer los proyectos, los desmovilizados decidieron al mismo tiempo hacer a un lado a Humberto Solano y apropiarse de la administración de los proyectos. Todos coinciden en que el abanderado fue Carlos Londoño, un expersonero del pueblo que se desmovilizó como parte del grupo paramilitar, y que había estudiado Derecho. “Él nos hizo caer en cuenta que esos proyectos eran de nosotros y que teníamos que hacerle una veeduría a los dineros que estaban entrando”. Decidieron entonces crear la Asociación Maderera Agrícola y Ganadera del Sinú (Asomag), agrupación que actualmente ocupa los predios.
Durante 2008 una serie de asesinatos enrarecieron el ambiente. En enero mataron a Carlos Londoño, quien para ese entonces estaba a la cabeza de la asociación de desmovilizados; el 1 de febrero en la terraza de su casa le dispararon a Aram Assias, el testaferro de Salvatore Mancuso; y en junio asesinaron a Juan Carlos Martínez, quien sucedió a Londoño como líder de los reinsertados.
Se conocen 238 casos de desmovilizados que fueron asesinados en Córdoba, de ellos, más de 60 vivían en Tierralta. La mayoría de estos homicidios ocurrieron en 2008. Los asociados a los proyectos productivos, decidieron que las familias de los reinsertados asesinados, podían seguir participando del proyecto.
Sin la tierra y sin la plata 
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en Tierralta hay más de 716 excombatientes, un 97% de las Auc, de los cuales 584 ingresaron a los programas que ofrece la institución. Foto: VerdadAbierta.com.
La institucionalidad a cargo de los desmovilizados fue cambiando y en 2011 se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr). A partir de ese año cambiaron las condiciones para los reinsertados que hacían parte de los proyectos productivos, pues como explicó Liliana Cogollo, coordinadora de la territorial de la Acr en Córdoba, “el Presidente de la República sancionó el decreto 1391, que regula los beneficios económicos para la población desmovilizada y se decidió que quien ya había sido desembolsado no podía ser objeto de beneficio económico por parte de la Acr”.
En la práctica significó que a partir de esa fecha, ninguno de los 533 asociados volvió a recibir el apoyo económico que le ofrecen a los reinsertados que asisten a los programas de ayuda psicosocial, educación y formación para el trabajo. Estas personas tampoco pueden acceder al capital semilla, un dinero que la Acr entrega a quienes están cerca de finalizar su ruta reintegradora y tienen un plan de negocio estructurado. El argumento es que su dinero fue desembolsado dentro de los más de mil millones de pesos que el gobierno invirtió en los cultivos de acacia.
“Muchos de los desmovilizados no sabíamos que hacíamos parte de ese proyecto, porque a gente del gobierno era la que lo venía manejando, hasta que nos quitaron los beneficios económicos entendimos que nuestra plata la habían invertido en esos cultivos, pero nunca nos preguntaron si queríamos sembrar acacia”, contó uno de los líderes de los reinsertados.
A raíz de esta decisión, los excombatientes decidieron apropiarse aún más de esos proyectos, sembraron cultivos de pancoger y repartieron la tierra. De acuerdo con los líderes de Asomag, poco a poco fueron llegaron más de 100 desmovilizados que hoy tienen cultivos en los tres predios. “Cada uno tiene de tres a cuatro hectáreas para cultivar”, asegura Clemente. Las fuentes oficiales difieren en la cifra, pues aseguran que son cerca de 15 o 20 familias las que están usufructuando los predios.
Sin embargo, junio de 2012, la Corte Suprema deJusticia, en sentencia contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, decidió que esas tres fincas ocupadas por desmovilizadas debían ser destinadas a reparar a las víctimas de Norte de Santander, donde un grupo paramilitar a cargo de Salvatore Mancuso cometió todo tipo de atrocidades.
Los reinsertados no estaban al tanto de lo que decidían las altas cortes en Bogotá, hasta que a finales de 2012, funcionarios del Fondo de Reparación para las Víctimas, una dependencia que forma parte de la Unidad para las Víctimas encargada de administrar los bienes entregados por los exparamilitares, les informaron que no podían seguir explotando esa tierra.
Los funcionarios del Fondo intentaron convencerlos de llegar a un acuerdo. Les propusieron ser arrendatarios del predio, ser contratados para explotarlo e incluso hablaron con las autoridades locales para que compraran las fincas, pero no se logró ningún acuerdo. “Nosotros sabemos que ahí está nuestra plata del capital semilla y nuestros años de trabajo, no vamos a salir así tan fácil”, dijo a VerdadAbierta.com un excombatiente.
Las pérdidas de la larga espera
Del cultivo de acacia que el gobierno sembró en 2005 queda solo el rastro, aseguran los desmovilizados que explotan los predios. En 2009 un gran incendio consumió gran parte de las plantaciones maderables, además del constante robo de madera que se viene presentando desde ese mismo año.
En operativos policiales coordinados por el Fondo de Reparación se han capturado en flagrancia a varias personas, algunas reinsertados, que han cortado parte de la acacia. Según cálculos de la Unidad de Víctimas, antes de que esta pasara a ser la administradora de los predios en 2012, ya se habían presentado perdidas de casi 500 millones de pesos en el cultivo.
Para evitar más perdidas, el Fondo de Reparación instauró denuncias penales por el hurto de la plantación y acción civiles para recuperar la posesión. Actualmente están a la espera de la respuesta de un juzgado en Tierralta.
A esto se suma que dos de las fincas (Villa Nueva y la Guaira) fueron pedidas en restitución por personas que alegan haber sido despojadas de estos bienes por los paramilitares. El 5 de marzo de 2005, meses antes de que se diera inició a los proyectos productivos, Aram Assias, testaferro de Mancuso, realizó las compraventas de estos predios en la Notaría Única de Tierralta por un valor de 26 millones de pesos cada una. Será la justicia la encargada de decidir si se trató de un despojo.
Por su parte, en octubre de 2014, Alexandra Valencia, magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, ordenó investigar al excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo y el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, por el detrimento patrimonial que ocurrió en los proyectos.
En medio de este enredo jurídico, los desmovilizados alegan que el Estado los ha dejado solos. “Hemos tocado las puertas de la Acr, de las autoridades locales, hemos pedido que nos asesoren, pero nadie nos ha acompañado”, aseguró Manuel Caballero. La Acr no fue quien creó esos proyectos y asegura que no tiene competencia jurídica en el asunto, al igual que las autoridades locales.
Por eso, mientras aprendían a leer, muchos desmovilizados decidieron estudiar algunos conceptos básicos de derecho y cargan a diario los documentos que los acreditan como supuestos propietarios de los predios con la esperanza de quedarse con la tierra que les prometieron.
