Fueron varios las formas de despojo a los campesinos del Urabá antioqueño. Esta es la historia de Víctor Correa, quien lucha en los tribunales para lograr la restitución de una finca que perdió desplazado por paramilitares.
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| Labriegos del Urabá antioqueño luchan en los estrados judiciales para que les devuelvan sus propiedades. |
Comisionistas de tierras aprovecharon el desplazamiento forzado provocado por paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el Urabá antioqueño para hacerse a las fincas abandonadas por los campesinos.
Esta situación la reveló durante una audiencia de restitución de tierras realizada en Medellín la Comisión Colombiana de Juristas, organización jurídica que tiene la representación de Víctor Manuel Correa Montalvo, una de las víctimas del desplazamiento y el despojo forzados, quien perdió un predio ubicado en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo.
La pretensión de la Comisión Colombiana de Juristas es la restitución total del predio reclamado por su defendido, situación que tiene que pasar por la cancelación de los registros fraudulentos y la entrega saneada del bien, asunto que debe dirimir el Magistrado de Justicia y Paz, Olimpo Castaño y que por asuntos jurídicos lleva ya más de dos años sin que se tome decisión alguna.
La historia de este labriego es similar a la de cientos de campesinos del Urabá antioqueño que tuvieron que abandonar sus predios y cuando regresaron se encontraron con la noticia de que ya no eran propietarios.
Víctor Manuel Correa Montalvo heredó de su padre una finca de 126 hectáreas en 1980. Un año después, fue dividida en tres predios: Campo Alegre, El Sencillo y Dejá pa’ ver. A Correa Montalvo le tocó El Sencillo, de 68 hectáreas en las que cultivó coco y plátano. Además, logró un acuerdo con ganaderos de la región para administrar 350 cabezas de ganado en los potreros que tenía en su predio.
Con el paso de los años, la situación de inseguridad se fue complicando, dada la confrontación que sostenían diversas estructuras armadas ilegales, tanto de la guerrilla de las Farc, como del Epl y la naciente organización paramilitar, que comenzó a controlar buena parte de esta subregión de Antioquia.
En 1996, Víctor Manuel no solo tuvo que enfrentarse al miedo que generaban los paramilitares, sino al asesinato de su hijo perpetrado por varios integrantes de esa organización armada. Los hechos ocurrieron en julio de ese año, cuando se agravaron las amenazas contra aquellos campesinos que no querían abandonar sus tierras.
El labriego narró que un día llegaron a su casa alias ‘Camarrenga’ y otro grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las Auc, y se llevaron a su hijo, un joven de 17 años de edad, para que les enseñara el camino hacia Belén de Bajirá. El niño nunca regresó a su hogar. Versiones de vecinos precisaron que luego de ayudarles a los paramilitares, éstos lo habían matado y tirado a un río.
Este suceso llevó al campesino a desplazarse con toda su familia de inmediato. Con sus diez hijos y su esposa buscó refugio en Montería. Con él salieron otras familias que ya estaban cansadas de vivir en medio de amenazas, muertes y desapariciones.
Después de pasar ocho meses en la capital cordobesa sin conseguir un trabajo que le permitiera sostener a su familia, decidió volver a su finca en Turbo. Según la Comisión Colombiana de Juristas, Manuel se encontró con la sorpresa de que su predio había sido vendido supuestamente por Daniel Rojas, un funcionario del ICA que cada tres meses iba a vacunar el ganado que administraba, pero quien al parecer también era, según los abogados esta organización no gubernamental, un comisionista.
Víctor Manuel reconoció que le había firmado muchos papeles a Daniel Rojas, pero nunca le había dado un poder para que vendiera sus predios. Dijo además, que lo que decían en Turbo es que Rojas le quitaba ganado a la gente para entregárselo a los paramilitares, pero que a él no le constaba que fuera así.
Supo también que su madre, que no se había querido desplazar con los otros campesinos, le había vendido su tierra al parecer a Daniel Rojas quien a su vez, había hecho una supuesta promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez, representante legal de la Sociedad Las Guacamayas Ltda., la misma empresa que figuraba como titular de su finca El Sencillo.
Cuando Víctor Manuel llegó a Turbo le dijeron que lo andaban buscando y, ese mismo día, lo abordaron en una camioneta un grupo de hombres que le obligaron a firmar un papel en blanco. Luego sufrió un atentado en el que lo hirieron, causándole una discapacidad permanente en su mano derecha.
De acuerdo con las pruebas entregadas ante el magistrado Olimpo Castaño Quintero, Daniel Rojas tenía un poder firmado el 2 de abril de 1998 por Víctor Manuel Correa Montalvo y su madre en el supuestamente lo autorizaban a vender los predios El Sencillo y Campo Alegre. Según lo declarado por Correa Montalvo ante la justicia, él nunca firmó un poder y mucho menos recibió dinero por la venta de su tierra.
Pero no sólo el testimonio del labriego contradice lo sustentado por Rojas. Los documentos que hacen parte de las pruebas a su favor tienen fechas que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, la promesa de compraventa con Rubén Darío Pérez fue realizada el 21 de marzo de 1997 y la fecha de la venta que aparece en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía es de7 días antes de la elaboración de la promesa de compraventa. Es decir, el poder que le otorgó el derecho a Daniel Rojas para vender la tierra de Víctor Manuel fue firmado un año después de que la venta se hubiera hecho efectiva. Además, la promesa de compraventa fue realizada siete días después de la fecha en que, supuestamente, fue realizada la venta.
Actualmente la tierra está en poder de un ciudadano identificado como Jaime Uribe, pero en las escrituras aparece como dueña la empresa Inversiones Asa, una compañía que absorbió a la Sociedad las Guacamayas Ltda.
En la audiencia de restitución estuvieron presentes los exjefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, y Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Maza’, quienes integraron diversas estructuras de las Auc en el Urabá antioqueño y chocoano. Según ellos, el Bloque Bananero no tuvo nada que ver con el despojo de tierras y los hombres bajo su mando no fueron responsables de esta situación.
Durante la audiencia, el abogado del campesino reclamante de tierras solicitó la cancelación de los títulos de El Sencillo, Dejá pa’ ver y Campo Alegre. Asimismo, pidió que los predios fueran entregados de manera provisional a sus antiguos dueños y que se les brindara protección a las víctimas que representa.
Tras la valoración de la solicitud, el Magistrado Castaño aseveró que no era posible hacer una entrega provisional de los predios, por cuanto primero se debe tener en cuenta el derecho que tienen los actuales propietarios de la finca para luego determinar si actuaron de mala o de buena fe, y así proceder a la resolución definitiva del caso.
Luego, resolvió llamar como testigo al exparamilitar Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, pues según lo declarado por el excomandante Rendón Herrera, él era encargado de la zona donde están ubicados los predios en discusión. Además, pidió vincular a los representantes legales de Inversiones Asa y de Sociedad Las Guacamayas Ltda., en su calidad de terceros poseedores.
La audiencia fue aplazada para el próximo 1 de diciembre. Se espera que para este día se pueda resolver la situación con las nuevas pruebas solicitadas por la magistratura. Por su parte, Víctor Manuel Correa Montalvo lo único que espera es poder recuperar su finca para tratar de llevar la vida que llevaba antes.
