Por decisión de un juez de tierras, 133 familias indígenas volvieron a adquirir los derechos territoriales sobre las 3 mil 157 hectáreas que componen el Resguardo Dóbida Dogibi, en el municipio de Unguía, departamento del Chocó.
El Resguardo Indígena Embera Dóbida Dogibi del territorio ancestral Eyákera está integrado por 24 familias, de las cuales 14 siguen en situación dedesplazamiento. Foto suministrada.Cientos de familias indígenas de la comunidad Embera que, en el pasado, fueron expulsadas de su resguardo por grupos armados ilegales, volverán a poseer su territorio ancestral Eyákera, por decisión de un juez especializado de tierras, que dictó sentencia a favor de los nativos.
La medida les permitirá disfrutar del “aroma de la montaña”, tal como traduce el vocablo Eyákera, una extensa área de 3 mil 157 hectáreas que conforman el Resguardo Dóbida Dogibi, del municipio de Unguía, en el departamento del Chocó.
El trasfondo de esa restitución está lleno de dolor. Quien lea la historia de los indígenas Embera beneficiados con la medida se preguntará cómo lograron sobrevivir a los ataques de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales, así como a la acción del Estado de envenenar sus tierras con glifosato, para erradicar la hoja de coca. Todos esos acontecimientos fueron documentados por la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y las Direcciones Territoriales de Antioquia y Chocó de la Unidad de Restitución de Tierras. (Lea la sentencia aquí)
En la ‘médula’ del conflicto
El Resguardo Dóbida Dogibi tiene su origen en un grupo de familias de la comunidad de Tumburrulá, que tenía asiento en el Resguardo de Tanela, del municipio de Unguía. Por combates entre paramilitares y guerrilla fueron desplazadas en 1993 y se trasladaron al Territorio Ancestral Eyákera, donde pretendieron reconstruir sus vidas. Lo que vino después fue un camino de tropiezos atizado por los actores armados ilegales y por algunas instituciones del Estado.
Interesados en que se les reconociera el título colectivo de un territorio ancestral, calculado en 5 mil hectáreas, el líder indígena Gilberto Chamarra presentó en 1994 una solicitud ante el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Solo dos años después, esta entidad decidió realizar el estudio socioeconómico que sentaría las bases para esta decisión.
Cuando los funcionarios comenzaron el estudio, gran parte de la comunidad había sido desplazada por los enfrentamientos recurrentes entre facciones de las Farc y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Ante la persistencia de la ola de violencia, un grupo de indígenas salió despavoridos hacia El Darién buscando ayuda en las comunidades hermanas en Panamá; otros viajaron al municipio de Tierralta, en Córdoba; y otro tanto hacia Tanela.
Pensando que el conflicto había disminuido, gran parte de las familias indígenas desplazadas retornaron a sus tierras, pero fueron nuevamente expulsadas luego de cruentos combates entre el Frente 57 de las Farc, el Bloque Élmer Cárdenas de las Accu y el Ejército Nacional.
En una ocasión, tres integrantes Embera iban a una reunión consacerdotes de la Diócesis de Apartadó y no lograron cumplir la cita porque quedaron en medio del fuego cruzado. Según testimonios de la comunidad, algunos miembros de la Fuerza Pública tildaron a los tres indígenas de “colaboradoras de la guerrilla”. Desesperadas por acosos como estos, algunas familias decidieron regresar a Tanela y sólo diez, por intermediación de la Diócesis, lograron resistir en el territorio ancestral.
Los indígenas Embera solicitaron el reconocimiento de su resguardo desde 1993. El Incoder les reconoció un título colectivo por solo 500 hectáreas en el año 2004 hasta que la Corte Constitucional le reordenó comenzar el proceso de cero, reconociéndole más de 3 mil hectáreas. Foto suministrada.Mientras esto sucedía, el Incora decidió retomar el estudio socioeconómico, sin muchos avances. Desde 2002 los grupos armados ilegales intensificaron los cultivos de hoja de coca para producir cocaína como estrategia para fortalecer sus finanzas. Estas rentas ilegales eran el real motivo de disputa entre guerrilleros y paramilitares.
El prometido estudio del Incora fue retomado por tercera vez en 2004 cuando el Instituto ya se llamaba Incoder, pero en dicha diligencia los indígenas advirtieron irregularidades pues no hubo una visita de campo y el gobierno nacional propuso que se les reconocieran solo 500 hectáreas, distribuidas en cinco predios cada uno de 100 hectáreas y no colindantes; y no las 5 mil hectáreas del territorio ancestral.
En 2006 los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas se desmovilizaron bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, pero esto no significó que el conflicto armado acabara. El Frente 57 de las Farc siguió amenazando y hostigando a la comunidad y aparecieron las llamadas bandas criminales ‘Águilas Negras’ y ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que desde hace un par de años son conocidas como ‘Urabeños’.
La guerra se prolongó y continuó afectando a los Embera, que seguían confinados. El 26 de octubre de 2010, por ejemplo, el Frente 57 de las Farc violentó una vez más el territorio Eyákera, “inspeccionando a la comunidad y buscando refugio ante la persecución del Ejército Nacional”, indica la sentencia.
La decisión del Incoder de ‘reconocerle’ 500 hectáreas como título colectivo a los Embera Dóbida Dogibi fue tutelada por la comunidad, pero el 5 de noviembre de 2010, en medio de su éxodo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá les negó las pretensiones a los indígenas. La lucha de la comunidad étnica ya no sólo era sobrevivir en su territorio sino en los estrados judiciales y dieron luego la ‘batalla jurídica’ en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que un mes después tampoco favoreció a los Embera.
Solo un año después, el 23 de mayo de 2011, la Corte Constitucional tomó una decisión que salvó a los Embera: revocó la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal y ordenó al Incoder reanudar el proceso de titulación del Resguardo Indígena Embera de Eyákera. En 2012, el Incoder realizó de nuevo un estudio socioeconómico y ordenó la titulación colectiva de 3.157 hectáreas, dejando en el interior del resguardo dos predios de propiedad privada de colonos que habían sido adjudicados anteriormente por el Incora.
Ya con el título en las manos los Embera confiaron en que ahora sí les respetarían su territorio ancestral y que cualquier decisión que tomara el gobierno les iba ser consultado, pero no fue así. En la sentencia está documentado que en octubre de 2013 la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó aspersiones aéreas con glifosato en la parte alta del resguardo, en la zona de frontera de Panamá, “afectando los cultivos de pancoger y fuentes hídricas del territorio, lo que repercutió en la salud, seguridad y soberanía alimentaria de la comunidad indígena”.
Como si fuera poco, el 5 de marzo de 2014 el Grupo de Contratación Minera de las Agencia Nacional de Minería concluyó que la solicitud de concesión presentada por la empresa Capricornio S.O.M., para la exploración y explotación de minerales de oro y plata y sus concentrados en un yacimiento entre los municipios de Unguía y Acandí, era viable porque cumplía con todos los requisitos. Los Embera advirtieron que nunca se les consultó de forma previa esta decisión.
La sentencia incorpora datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que señala que 70 mil de los desplazados en Colombia son indígenas; y cita cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que indican que el periodo 1998-2008 fueron asesinados 1.980 indígenas.
Medidas exigidas
Los indígenas del territorio ancestral Eyákera viven cerca de la frontera con Panamá, vecinos a la espesa selva del tapón del Darién. Foto suministrada.La sentencia proferida el pasado 5 de abril por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, Chocó, es la segunda que favorece a comunidades indígenas del Chocó. La primera fue promulgada el 23 de septiembre de 2014 por la Sala Civil Especializada de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia y favoreció a comunidades Embera Katíos del Alto Andágueda.
En esta ocasión, el juez no solo restituyó el predio solicitado, sino que expidió 25 órdenes que ‘ponen en cintura’ a distintas instituciones del Estado para que en plazos que van de 15 días o 3 meses, que comienzan a partir del momento en que sean notificadas, actúen con diligencia para garantizar los derechos vulnerados a esta comunidad. (Leer más en: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país)
Una de las entidades que debe tomar medidas en un plazo máximo de dos semanas es la Agencia Nacional de Minería. Se le ordena suspender “el trámite de las solicitudes de títulos o concesiones minera en curso” que se traslapen sobre el territorio étnico, y así como aquellas ya aprobadas en las que las empresas no hayan adelantado la consulta previa a la que tienen derecho las comunidades indígenas.
A los Ministerios de Ambiente, Defensa, a la Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos les otorgan un máximo 90 días para poner en marcha un Plan de Manejo Ambiental “frente a la estrategia diseñada por el Gobierno Nacional para controlar y eliminar plantaciones de cultivos ilícitos”.
Ese mismo tiempo le concede al Ministerio de Ambiente y la Corporación Regional Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) para que elaboren un Plan de Restauración y Manejo Sostenible del Ecosistema Forestal. Asimismo, le solicitó a la Unidades de Tierras y Consolidación Territorial, y la Agencia Nacional para la Superación de la PobrezaExtrema (Anspe) coordinar la concertación, financiación y acompañamiento de planes con enfoque diferencial orientados a la sustitución de cultivos ilícitos, seguridad alimentaria e iniciativas productivas.
El juez también dicta tres meses de plazo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que atienda de forma integral y con enfoque diferencial a la población infantil del resguardo; al Fondo de Restitución de Tierras en asocio con el Ministerio de Agricultura para que financien e implementen productivos agropecuarios en la comunidad; al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para que les ofrezca cursos técnicos de formación en producción agropecuaria; a la Alcaldía de Unguía, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Instituto de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación, o quien para su momento sea competente) para que clarifiquen los linderos del resguardo y actualicen sus bases de datos.
A la Unidad de Víctimas le solicitan realizar una caracterización de los daños individuales y colectivos de la comunidad, para que así pueda formular un Plan de Reparación. En ese sentido, también le exigen al Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Unguía que practiquen un censo de los integrantes del resguardo, y a la Defensoría del Pueblo que capacite a los líderes de la comunidad en la defensa de los derechos humanos. El Centro Nacional de Memoria Histórica tendrá un año para producir un informe que documente la historia y las afectaciones de esta comunidad.
De otro lado, la Unidad Nacional de Protección deberá analizar la situación de riesgo de la comunidad y sus líderes, y la Unidad de Restitución tendrá quince días para que realice una entrega simbólica del territorio colectivo a la comunidad indígena.
El fallo le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que brinde todo el apoyo a la Unidad de Víctimas, para que con la cooperación del gobierno panameño los indígenas puedan retornar a Colombia. Y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías tendrá seis meses para traducir a la lengua Embera Dobida el contenido de las decisiones proferidas por el Juzgado.
Los llamados del Juez ponen en evidencia el abandono histórico al que ha sido dejado esta y otras comunidades que viven en el municipio chocoano de Unguía, frontera con Panamá y vecino al llamado Tapón del Darién. La sentencia reconoce los derechos territoriales de una de las cuatro comunidades reclamantes de tierras. Según datos de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Tierras, en juzgados ya cursan las demandas de las comunidades Tule-Arquía, Tule-Cuti y el Resguardo Tanela.
Esta decisión judicial es un blindaje para las comunidades étnicas que solicitan y exigen la protección de sus territorios ancestrales, más allá de la tierra, pues conciben el resguardo como un espacio colectivo, donde pueden cuidar de la naturaleza, adorar a sus dioses y proteger a los espíritus. Donde deberían ser libres para cultivar, pescar y adorar el “aroma de la montaña”.
