En audiencia preparatoria, la Corte Suprema ratificó su competencia para juzgar al ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila Armenta por nexos con paramilitares. Entre los testigos a declarar están el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’ y otros desmovilizados del Frente Resistencia Tayrona de las AUC.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para juzgar a funcionarios públicos que renunciaron a su investidura y en este caso, dio vía libre para el inicio del juicio contra el ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, actualmente procesado por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley.
El Alto Tribunal negó los pedidos de nulidad hechos por la Procuraduría y la defensa de Dávila Armenta en cuanto a la inhabilidad jurídica del Tribunal para juzgar al ex gobernador. En este sentido, la Corte aseguró que como ‘instancia superior de la justicia ordinaria’ está facultada para juzgar a este tipo de funcionarios cuyo cargo se presume fue “usado como medio y fin” para alcanzar objetivos políticos en asocio con grupos armados ilegales.
La Corte Suprema aceptó como pruebas los testimonios del ex jefe del Bloque norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, además del de otros desmovilizados del Frente Resistencia Tayrona y de la banda ‘Los Rojas’ que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre ellos están, Adán Rojas Mendoza y Rigoberto Rojas Mendoza.
Dentro de las pruebas exigidas por el Alto Tribunal se encuentra también el traslado de las declaraciones hechas por el ex jefe del Frente Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo ante la Unidad de Justicia y Paz, así como las de Franklin Lozano, ex diputado de Magdalena, firmante del Pacto de Chivolo y actualmente testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión de la Corte en cuanto a la nulidad y la aceptación de pruebas fue apelada por la defensa de Dávila Armenta.
El caso de Dávila Armenta
José Domingo Ávila Armenta, ex gobernador de Magdalena y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
El ex gobernador José Domingo Dávila fue retenido por haber firmado el “Pacto de Chivolo”. Vale destacar que los dos últimos gobernadores del Magdalena han sido detenidos por haber firmado pactos con grupos paramilitares.
José Domingo Dávila fue detenido en Tasajera, Ciénaga, mientras se disponía a viajar de Barranquilla a Santa Marta. El ex gobernador del departamento del Magdalena José, fue elegido en octubre del año 2000 para el periodo 2001 – 2003.
Al ex gobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del Pacto de Chivolo, un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento. Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como ‘Chelo’, habría sido elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el exdiputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber pactado alianzas políticas con el paramilitarismo.
En prisión se encuentran los senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los representantes a la cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se había acogido a sentencia anticipada por cooperación con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo sellado el 28 de septiembre del 2000 el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
