A última hora y a contrarreloj, el Gobierno espera que esta semana el Senado saque adelante el proyecto de ley para volver permanente la Ley de Justicia y Paz. Según el alto comisionado para la Paz Frank Pearl, sin esta modificación más de 25 mil desmovilizados quedarán en el limbo y las víctimas resultarían afectadas.
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| El Congreso decidirá si prorroga o no la vigencia de la ley de Justicia y Paz. Foto Semana |
Por Carlos Cortés de la Silla Vacía
Pero las organizaciones de derechos humanos se oponen a la propuesta: consideran que a la postre podría fomentar los delitos atroces y terminar beneficiando a quienes incumplieron en su momento el compromiso de dejar las armas.
El mensaje de urgencia que el Gobierno envió la semana pasada al Congreso es muy similar al que en su momento mandó a la Corte Constitucional frente a los decretos de emergencia en salud: o el proyecto sale adelante o será muy grave. Según un comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Eduardo Pizarro “advirtió que de no extenderse la Ley de Justicia y Paz, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas se verían afectados”.
La Ley de Justicia y Paz creó una jurisdicción especial para juzgar a los integrantes de grupos armados que dejaran las armas, confesaran la verdad de los delitos cometidos y repararan a las víctimas. A cambio, recibirían penas de prisión mucho menores que las ordinarias (ocho años frente a condenas que pueden ser tres veces mayores) y se reincorporarían a la vida civil. Según la propia ley, los beneficios aplicarían para los hechos que se hubieran cometido antes del 25 de julio de 2005, fecha en que la norma entró en vigencia.
El propósito de ese plazo fijo, según se debatió en ese momento, era crear un incentivo para que los paramilitares dejaran las armas, pues sabían que si lo hacían después se expondrían a penas mucho más fuertes.
Para entonces el Gobierno ya había adelantado decenas de desmovilizaciones de grupos paramilitares, como consecuencia de los acuerdos logrados en Santafe de Ralito. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 2003 y 2005 se desmovilizaron 14.097 integrantes de grupos paramilitares y, en 2006, 17.573. A esto se suman grupos de guerrilleros de las Farc que se acogieron a la norma, que estaba inicialmente concebida para las autodefensas.
Para desmovilizar a los paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron tardíamente bajo la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno hizo una interpretación según la cual esa restricción había sido eliminada por una ley posterior. De esta forma, miles que no tenían antecedentes judiciales quedaron en libertad mientras se resolvía su situación jurídica y otros tantos fueron postulados para los beneficios de la ley. Pero en febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia desechó esa teoría y dijo que los beneficios de la Ley no podían cobijar a quienes se hubieran desmovilizado después de julio de 2005, o a quienes cometieran delitos posteriores a esa fecha.
El Gobierno argumenta que con esa decisión cerca de 25 mil desmovilizados quedarían en el limbo jurídico y, frente a eso, podrían optar por volver a la vida criminal. Por otra parte, plantea que la no prórroga cerraría las posibilidades de que el instrumento se use para futuras negociaciones de paz. Por esto, la propuesta de modificación de la ley es que la única restricción sea que los delitos que se van a juzgar se hayan cometido antes de la desmovilización del grupo, sin importar cuándo se dé esto último.
De manera unánime, las organizaciones de derechos humanos y las ONG se han opuesto a la prórroga de la Ley. “El desarme y cese de hostilidades se plantearon como compromisos a partir del 8 de diciembre de 2002. ¿Por qué razón se debe esperar que la bondad de Justicia y Paz en materia penal se extienda a delitos cometidos después de acordada la paz con estos grupos?”, escribió hace unos días en El Colombiano Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia.
En términos similares se manifestó la Fundación Social: “Con la ley se pretende además convertir una rebaja de penas temporal (…) en una medida permanente para quienes están cometiendo crímenes graves, como lo que sucede con grupos que no han depuesto las armas o que se rearmaron después de las desmovilizaciones”.
Las organizaciones civiles también consideran que la desmovilización de los grupos paramilitares no vino acompañada de una reparación y, sobre todo, de una confesión completa de los hechos cometidos. Algo que en gran parte se empañó con la extradición de los jefes paramilitares, en mayo de 2008.
Por otra parte, recuerdan que el Gobierno hundió en junio del año pasado la Ley de Víctimas, que buscaba establecer una reparación efectiva. Lo hizo bajo el argumento de que no había dinero suficiente para hacerlo. Así, para las organizaciones es por lo menos paradójico que mientras el Gobierno no promueve los beneficios de los víctimas, sí busca el de los victimarios.
Todo esto sucede pocos días después de que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos, revelara un nuevo informe sobre este tema. Según éste, a pesar de los esfuerzos de todo el aparato estatal, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz enfrenta un sinnúmero de problemas.
A diciembre de 2009 se habían postulado 3.710 desmovilizados, se recogieron 726 versiones libres y se encontraron 2.901 restos humanos en fosas comunes cuya ubicación fue revelada por los paramilitares acogidos a Justicia y Paz. Frente a los más de 30 mil restantes o la Fiscalía no encontró antecedentes penales y por eso están en libertad o algunos aún no han sido postulados por el gobierno. Sin embargo, no hay todavía una sola sentencia en firme (la única que se expidió la tumbó la Corte Suprema). También hay casos de amenazas y asesinatos tanto de desmovilizados como líderes de las víctimas, y hay muchos grupos rearmados reclutando jóvenes en diversas zonas del país. La Fiscalía cuenta con 59 fiscales titulares y 100 de apoyo para esta enorme tarea.
En una situación como esta, no es claro el impacto de ampliar los alcances de la ley y aumentar exponencialmente el número de beneficiarios. Pero, para Uribe, además del problema de los desmovilizados de 2006, están las ‘Bacrim’ o bandas criminales, que son presentados por el Gobierno como fenómenos de delincuencia común, pero que son para muchos los mismos grupos paramilitares dedicados de lleno al narcotráfico. El temor es entonces que al ampliar la vigencia de la ley se vuelvan a colar estos grupos para acceder a los beneficios de la ley.
Por otro lado, si la ley no se prorroga, quedarían en el aire los ‘gestores de paz’, una condición que ostentan algunos ex combatientes de las Farc, como ‘Olivo Saldaña’ y ‘Karina’ (ver artículo sobre el tema). Estos ex guerrilleros, al igual que otro grupo preso, se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y se desmovilizaron después del 2005, aunque muchos de ellos habían sido capturados tiempo atrás.
El tiempo juega en contra del proyecto. La iniciativa fue aprobada en primer debate hace casi un año, y fue incluida en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, pero los congresistas no la debatieron. Ahora está en el último lugar del orden del día de mañana y, de ser aprobado en Senado, le faltarían los debates en comisión y plenaria de Cámara. Lo cual, a menos de dos meses de que terminen sesiones y con un Congreso a paso de tortuga, no parece nada fácil.
