En Pedeguita, Urabá chocoano, hay tensión y zozobra porque campesinos han retornado a reclamar derechos sobre un territorio colectivo de comunidades afro. Temen un episodio de violencia.
“A veces nos meten las reses de ganado en las tierras en las que hemos retornado. A veces también tumbas nuestras cerca o tumban los palitos que sembremos”, es la principal denuncia de los campesinos que han retornado. Foto: VerdadAbierta.com.
Cuando Jonás* llegó por primera vez a ese rincón de Riosucio, Chocó, conocido como Bijao, que a su vez hace parte de un territorio colectivo denominado Pedeguita-Mancilla, no pudo evitar enamorarse de la majestuosidad de esa inmensa tierra: “Vine a visitar a mi mamá. Y le dije: ‘yo quiero una tierrita por aquí’. Y ella me vendió una parcelita”.
Corría el año 1985. Su madre, una campesina antioqueña, había llegado años atrás atraída por la idea de asentarse en esas llanuras húmedas, fértiles y vírgenes del Urabá chocoano. Y en cuanto pudo, se hizo a un lote de 50 hectáreas que, según recuerda Jonás, le costaron 300 mil pesos. “Se las compró a otro colono de por aquí”.
Eran los tiempos en que la única garantía de todo negocio, principalmente entre campesinos, era la palabra. Cuando no, bastaba un documento de compra-venta para certificar la titularidad sobre una tierra baldía. Así, con la garantía de tener tierra propia, Jonás echó raíces allí. Durante un tiempo, por allá a finales de la década de los 80, el ya desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), adjudicó decenas de títulos sobre los baldíos colonizados por campesinos provenientes, en su mayoría, de Córdoba y Antioquia.
Jonás ni su madre lograron beneficiarse con la medida, no obstante elevar la solicitud al Incora. En esos años, como él señala, ello poco preocupaba siempre y cuando se tuviese compra-venta sobre mejoras. Por aquellos años los “chilapos”, como se les conoce popularmente, convivían sin mayores contratiempos con las comunidades negras que históricamente han poblado las cuencas de ríos como el Mancilla y el Pedeguita, que conforman el departamento chocoano. Tampoco importaba si poseía título o no que certificara su titularidad sobre la tierra.
Nada de ello fue problema hasta ahora, 30 años después, cuando cientos de campesinos colonos como Jonás, que alegan haber sido desplazados por los paramilitares a finales de la década de los noventa y posteriormente despojados por agroempresarios antioqueños, decidieron regresar por su propia cuenta y riesgo a lo que consideran como propio.
Dichas acciones están generando agrios enfrentamientos con las comunidades negras asentadas allí, al punto, que en los últimos tres meses se han registrado agresiones físicas, ataques y amenazas contra campesinos en hechos confusos protagonizados por hombres desconocidos. La zozobra y el miedo crecen, pues el territorio se ha convertido en una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo va a estallar. Lo que sí tienen claro todos los involucrados es la fecha en que comenzó todo este pleito.
La arremetida paramilitar
Improvisados cambuches como este son los construyen los campesinos que deciden retornar si acompañamiento al territorio colectivo de Pedeguita-Mancilla. Varios han sido tumbados por orden del Consejo Comunitario. Foto: VerdadAbierta.com.
En 1996, el Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las Autodefensas lanzó una feroz arremetida contra frentes de las Farc y el Eln que se movilizaban por todo el Bajo Atrato Chocoano. Las incursiones generaron una ola masiva de éxodos y poco más de 8.000 personas debieron abandonar el territorio por cuenta de los cruentos combates.
Jonás fue uno de los que tuvo que salir desplazado. “Yo me tuve que ir en 1997, porque esto se puso muy horrible. Me tocó dejar la finca abandonada como dos años. Y como cuando me desplacé tenía una deuda de madera (yo trabaja con madera), entonces, me tocó entregarla para saldar esa deuda”, recuerda el labriego que, como pudo, se instaló en Belén de Bajirá.
Un par de años después, la palma africana comenzó a inundar las tierras del Bajo Atrato Chocoano. En las tierras adyacentes a las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Truandó, Caño Manso, entre otros, comenzó a florecer este monocultivo que, según las autoridades nacionales de la época, se perfilaba como el nuevo “oro verde” del país. Para los palmicultores, la región poseía un potencial sin igual que justifica cualquier esfuerzo económico.
No obstante, tiempo después, cuando los paramilitares se desmovilizaron y sus principales comandantes comenzaron a declarar en los tribunales de Justicia y Paz, la transparencia de esta actividad agroindustrial empezó a ser puesta en entredicho. Importantes exjefes ‘paras’ coincidieron en afirmar queel proyecto de la palma surgió luego de que Vicente Castaño sostuviera reuniones con empresarios, invitándolos a invertir en la zona, dado el dominio que ya tenían las Autodefensas de la zona.
De acuerdo con estos testimonios, luego que los paramilitares expulsaran a las comunidades de sus territorios, Vicente Castaño designó a varios hombres de su entera confianza para que adquiriera tierras a bajos precios, sin importar que para ello tuvieran que recurrir a intimidaciones, amenazas o asesinatos selectivos. Las compras masivas de tierra se realizaron entre los años 2000 y 2003. Sentencias proferidas por la justicia ordinaria revelan en detalle de cómo se realizaron estas transacciones y el grado de responsabilidad de los palmicultores. (Ver más en: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: juez).
En Pedeguita-Mancilla, también hubo compra masiva de tierras. Poco más de 1.800 hectáreas fueron adquiridas en el año 2002 por la empresa Cultivos Recife S.A., para iniciar en ellas un proyecto de ganadería extensiva. Según denunciaron campesinos de la región a la Fiscalía, quienes vendieron se vieron forzados a hacerlo dada las presiones y amenazas proferidas conjuntamente por paramilitares y personas vinculadas con la empresa.
“Pues, en mi caso, yo le entregué mi finca a un señor para saldar una deuda de madera que tenía con él. Pero ese señor dice que le tuvo que vender a esa empresa, que si no le vendía pues que corría peligro su vida”, tal como lo expresa Jonás.
Sin embargo, al ser consultado al respecto, el representante legal de Cultivos Recife S.A, Juan Guillermo González, encargado de realizar las compras, señala que estas se hicieron libre de presiones, bajo la más rigurosa legalidad y con buenos precios de por medio.
“Es mentira que los campesinos fueran desplazados, porque todos los que vendieron habitaban el territorio, por citarle un ejemplo simple; además, muchos nos buscaron y otros nos vendieron y se quedaron trabajando con nosotros”, señala el empresario que, con la paciencia que el tema demanda y armado con un arsenal de documentos, se toma su tiempo para explicar por qué esta empresa adquirió tierras donde no se puede comprar ni la más mínima porción de ella por hacer parte de un título colectivo de tierras.
Tierra para las negritudes
Pese a que la Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares para proteger a las comunidades, estas fueron negadas por el juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, el mismo que, paradójicamente, otorgó la misma medida para el territorio colectivo de La Larga-Tumaradó. Foto: VerdadAbierta.com.
En 1993 el Congreso expidió la Ley 70 que tiene por objeto reconocerles el derecho a la propiedad colectiva a las comunidades afrodescendientes, así como establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y sus derechos como grupo étnico. La principal característica de la Ley es que declara la tierra como imprescriptible, inembargable e inalienable; es decir, ni se puede negociar ni se puede permutar.
Dos años después el Decreto 1745 del 12 octubre de 1995 dijo que “una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras”. En el año 2000 se reglamentaron estos consejos y la adjudicación de títulos de los territorios colectivos. Es así como mediante la Resolución 02804 del 22 de Noviembre de 2000, el Incoder le adjudicó al Consejo Comunitario Pedeguita-Mancilla las 48 mil hectáreas que conforman el territorio colectivo que lleva el mismo nombre.
“Nosotros nos vinimos a enterar en el año 2004 que esa tierra era territorio colectivo, que no se podía negociar y que, mejor dicho, no teníamos nada”, explica Juan Guillermo González, representante legal de Cultivos Recife, quien agrega, “¿por qué se decidió comprar allá? Se vio una oportunidad de negocio. Nada más”. Con semejante obstáculo jurídico de por medio, la Empresa decidió, en 2004, entregar la tierra al Consejo Comunitario, “pero se acordó con ellos suscribir unos usufructos para mantener allí unas reses y unas 300 hectáreas de palma africana para que el Consejo la manejara”, declara González.
“Y en el año 2007, comenzaron las invasiones –continúa el empresario-. Y como la cosa se puso muy pesada, la empresa decidió abandonar el territorio. Hoy, (Cultivos) Recife S.A no tiene un metro de tierra en Pedeguita”. Aunque González fue vinculado 2010 por la Fiscalía 90 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por delitos relacionados con desplazamiento y despojo, el Ente Investigador precluyó la investigación un año después al no encontrar méritos para enjuiciarlo.
Tierra a las buenas o a las malas 
La palma sigue teniendo presencia en el territorio, pero esta es administrada directamente por el Consejo Comunitario de Pedeguita-Mancilla. Los recursos, según su presidente, son invertidos en la misma comunidad. Foto: VerdadAbierta.com.
Para finales de 2007, unas 47 familias que alegan haber sido desplazadas y despojadas de sus tierras, ubicadas al interior del territorio colectivo del Consejo Comunitario del Curvaradó, decidieron ingresar por su propia cuenta y sin ningún tipo de acompañamiento, a lo que consideran como propio.
Pronto, su ejemplo fue seguido por otras familias de territorios colectivos contiguos como Jiguamiandó, la Larga-Tumaradó y Pedeguita-Mancilla. En este último, el regreso de campesinos se intensificó en 2013, aunque es difícil establecer con exactitud cuántas familias han retornado.
Jonás, por ejemplo, decidió volveral territorio colectivo en 2013, a recuperar lo que considera propio. “¿Por qué lo hice? Pues comencé a ver que mucha gente que salió desplazada, que también estaba viviendo por acá por Bajirá, retornó, diciendo que teníamos derecho sobre la tierra. También llegó una ong diciendo que, como desplazados, también teníamos derechos sobre la tierra”.
Según José Ángel Palomeque, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba), la situación está generando un verdadero caos al interior de los territorios colectivos. “Hoy está retornado mucha gente con intenciones de reclamar sus tierras, y con eso no hay problema, pero detrás de ellas también está llegando otra gente que nunca ha sido del territorio, que quiere aprovecharse y eso está generando muchas complicaciones”, señala.
Varios de los campesinos que han retornado sin acompañamiento a estos territorios colectivos han llevado sus casos a la Unidad de Restitución de Tierras. El lío radica en que, por tratarse de tierras inalienables, imprescriptibles e inembargables, allí no se pueden realizar restituciones individuales sino que estas deberán ser a nombre del consejo comunitario respectivo que, a su vez, devolverá los predios a los campesinos reclamantes.
Lo que muchos campesinos, e inclusos las mismas comunidades negras no entienden es porqué, al momento de declarar los territorios colectivos en el Bajo Atrato Chocoano, los funcionarios no tuvieron en cuenta las miles de adjudicaciones de baldíos que realizó el Incora en la década de los 80. “Esees un problema que creó el mismo Estado, que no sabe cómo desenredar y nos toca a nosotros resolver”, señala Baldoino Mosquera, actual presidente del Consejo Comunitario Pedeguita-Mancilla.
Según Mosquera, “nosotros como Consejo devolveremos las tierras a los campesinos que vivieron con nosotros, que fueron víctimas del desplazamiento y que han retornado. Pero aquí se están presentando dos fenómenos: está llegando gente que nunca ha sido del territorio y lo otro es que todos quieren las tierras que (Cultivos) Recife mejoró para el cultivo de palma. ¿Por qué la gente no reclama en otro lado, sino que tiene que ser allá? ¿No cree usted que eso es un negocio?”.
Hoy, el Consejo es quien administra los cultivos de palma dejados por Cultivos Recife S.A. situación que es criticada duramente por los campesinos que han retornado al territorio. “Eso es dinero que va para el Consejo, para el desarrollo del territorio. O si no, ¿de qué vivimos?”, agrega Mosquera, a quien también le preocupa los brotes de violencia que se están generando entre mestizos y afros, situación que, según él, no es nueva y que guarda relación con el interés que tienen algunos inescrupulosos por la tierra
Y es que, desde 2009, la Defensoría del Pueblo comenzó a advertir el grave riesgo en que se encontraban las comunidades asentadas en este territorio. En mayo de 2013, a través de su informe titulado Afectaciones territoriales en el Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla, la Entidad llamó nuevamente la atención a las autoridades departamentales y nacionales para que tomaran cartas en el complejo asunto que se estaba generando allí por cuenta de la restitución de tierras y la presencia de grupos armados al margen de la ley.
“Las situaciones de riesgo asociadas a la reclamación son altas, de tal forma que se han identificado amenazas, desalojos forzados por parte de terceros, desalojos ilegales de población desplazada y nuevos desplazamientos forzados”, informó la Defensoría del Pueblo en aquella oportunidad. En abril pasado, la misma entidad reportó que “entre enero y marzo del año 2015 se han presentado una serie de agresiones contra población reclamante de tierras que han involucrado las acciones de hombres armados, presuntamente miembros de grupos armados ilegales, la destrucción de viviendas y bienes, destrucción de cultivos, robo de ganado y amenazas”.
El reporte de la Defensoría del Pueblo hacía alusión a lo ocurrido el pasado 18 de marzo. Ese día “se presentó un ataque contra dos grupos familiares, en predios ubicados en cercanías a la comunidad de Santa María, dentro del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla. Las familias habían retornado a varios predios que reclaman desde el 4 de septiembre del año 2013”. Si bien el ataque no dejó víctimas mortales, sí aumentó los niveles de zozobra y tensión que se respira en Pedeguita-Mancilla.
Todo indica que, si las autoridades no intervienen pronto, este no será el último hecho de violencia que se registrará en este territorio colectivo perteneciente a comunidades negras y cuya historia resume la complejidad de los problemas agrarios del país.
*Nombre real omitido por solicitud de la fuente
