En el juicio que se le sigue a palmicultores, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hizo un recuento de los crímenes cometidos contra la población civil entre 1996 y 2004.
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| Los pobladores de Jiguamiandó y Curvaradó tienen medidas de protección de la CIDH. |
Una masacre perpetrada el 6 de octubre de 1996 por un grupo paramilitar en el caserío Brisas, situado en territorio colectivo de Curvaradó, bajo Atrato chocoano, fue el preludio de una época de terror que afectó a la población civil por varios años, obligándola a desplazarse y a dejar su territorio a merced de diversos intereses, entre ellos los de inversionistas en palma africana y ganadería.
Masacres, homicidios selectivos, descuartizamientos, torturas, desapariciones y desplazamientos formados hacen parte del espectro criminal que rodeó el proyecto de siembra de palma de aceite a finales de la década del noventa en esta región chocoana, que impulsó el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil y se concretó en predios protegidos por leyes colombianas.
Así lo estableció la Comisión Intereclesial deJusticia y Paz, que acompaña a las víctimas de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el proceso que por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, que se le sigue a 21 personas, entre intermediarios, abogados y empresarios.
En los alegatos de conclusión durante el cierre de la etapa de juicio, abogados de esta organización no gubernamental hicieron ante el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín un recuento de las acciones ejecutadas por comandos armados de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en territorios de protección especial por parte del Estado, ubicados en el municipio de Carmen del Darién, y de interés estratégico de esos grupos armados organizados ilegales.
Según la Comisión, desde 1996, “las comunidades afrodescendientes y las familias mestizas que habitan las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, sufrieron daños irreparables en sus vidas e integridad personales debido al accionar de los grupos paramilitares que se asentaron en la región, con la connivencia, tolerancia y aquiescencia y en ocasiones en desarrollo de operaciones coordinadas y conjuntas, con la Brigada XVII del Ejército Nacional”.
Si bien, en un principio, se consideró que las operaciones paramilitares tenían un carácter contrainsurgente y buscaban atacar las posiciones de varios frentes de las Farc en esta región chocoana, lo que se reveló años después, luego de los crímenes contra la población civil y los posteriores desplazamientos masivos de 1997 y 2001, fue un proyecto de ocupación de predios para el desarrollo de negocios agroindustriales y la explotación ganadera.
“Estos hechos forman un patrón común de ataques en contra de la población civil, no vinculada con el conflicto armado, por miembros de grupos paramilitares que operaban y continúan operando con la colaboración, aquiescencia, y participación de agentes estatales de la fuerza pública, en particular la Brigada XVII del Ejército Nacional, y del cual se beneficiaron los partícipes del proyecto del monocultivo de palma africana y la ganadería extensiva en la región”, conceptuó la Comisión Intereclesial.
Crímenes atroces
Las primeras muertes ocurrieron el 6 de octubre de 1996. En esa ocasión, un comando paramilitar de por lo menos 50 hombres incursionó a eso del mediodía en el corregimiento Las Brisas, de Curvaradó, reunió a todos los pobladores, cerca de 400 personas, en la calle principal del caserío.
“A los hombres los hicieron tender en el suelo donde los pisaron y patearon acusándolos de pertenecer a la guerrilla. Los armados se autoidentificaron como ‘los mochacabezas’ y la ‘Autodefensa Campesina’. Durante la operación paramilitar, se presentó el sobrevuelo de un helicóptero militar”, se lee en el escrito de la Comisión, que retoma testimonios de campesinos que se presentaron como testigos en el juicio contra los palmicultores.
Ese día fueron asesinados Alcibiades Palacios Hurtado, José Magno Murillo, Santander Mendoza, Alfonso Díaz Cabezas, Yosmi Pájaro y un hombre conocido como Marcos. A todos ellos se les señaló como “colaboradores de la guerrilla” por parte del comando paramilitar.
“A Marcos lo mataron frente a todo el pueblo, aproximadamente a 10 metros de distancia de las personas reunidas. Un primer paramilitar le disparó en la cabeza con su fusil, seguido por otro paramilitar quien también le disparó al cuerpo, y luego otros varios quienes hicieron lo mismo”, aseguró la Comisión.
Los crímenes selectivos comenzaron a presentarse una vez comenzó el año 1997. El 2 de enero cerca de 200 hombres armados de las Auc incursionaron en la vereda Bella Flor Remacho y desaparecieron forzadamente a Eder Hernández Herrera. Su cuerpo fue hallado ocho días después cerca del poblado con impactos de arma de fuego y degollado. El jueves 27 de febrero, paramilitares de las Auc asesinaron con un hacha a Eladio Medrano Correa, de aproximadamente 40 años de edad. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado al río Curvaradó.
En mayo fueron asesinados Antonio José Banque y José Antonio Robledo; asimismo, Enor Galindo Ibarra y Teodoro Viloria, quienes fueron atacados con cuchillos y machetes. “Los paramilitares degollaron a Enor y a Teodoro, luego les quitaron la cabeza, les abrieron el estómago y arrojaron sus cadáveres al río Sucio, en el puente de entrada de Mutatá”, se lee en el documento.
El 16 de junio de 1997, alrededor de 20 paramilitares retuvieron ilegalmente a un menor de 17 años de edad y lo señalaron de pertenecer a la guerrilla, “luego le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y mientras lo asfixiaban le preguntaron sobre la presencia de la guerrilla. El joven fue asesinado y descuartizado. Sus restos fueron arrojados en el Río León, en la vereda de Patricio”.
Una de las primeras referencias directas a los cultivos de palma de aceite hecha por paramilitares se dio el 2 de junio de 2001, cuando un grupo de por lo menos 150 hombres armados incursionaron en el caserío de Nueva Esperanza, “disparando indiscriminadamente y activando granadas de fragmentación contra los pobladores que allí se encontraban”, se lee en el informe de la Comisión. “En esta acción, los armados manifestaron que debían acostumbrarse al cultivo de la palma africana”.
Crímenes como los descritos fueron perpetrados por facciones de las Auc durante 1997 y continuaron hasta por lo menos el 2004, dejando una estela de sangre en una amplia zona de territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, las cuales se vieron obligadas desplazarse continuamente de manera forzada y a abandonar sus parcelas, las cuales fueron ocupadas al parecer de manera irregular por empresarios que invirtieron en cultivos de palma de aceite y hatos ganaderos.
Las constantes incursiones sangrientas de facciones de las Auc en los caseríos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó derivaron en masivos desplazamientos forzados de las comunidades durante 1997 y entre 2000 y 2001, cuando se presentó una segunda oleada de ataques. Pobladores de Brisas, Caracolí, El Guamo, Gengadó Medio, Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Camelias, Andalucía, El Hobo y Apartadocito, entre otros, huyeron de sus lugares de vivienda y trabajo, de miedo a las acciones armadas de los paramilitares.
Bloqueos alimentarios
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las operaciones militares y paramilitares realizadas en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó estuvieron precedidas por estrictos controles en el río Atrato desde los puertos de Turbo y Riosucio, y desde Belén de Bajirá, Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Caucheras y Pavarandó, por las carreteras que comunican con el departamento de Antioquia, sitios habituales de mercado para los habitantes del bajo Atrato.
“Se impusieron límites estrictos a la cantidad de productos que podían transportar los residentes de estas comunidades”, aseguraron campesinos ante el juez que procesa a las 21 personas relacionadas con los cultivos de palma en territorios colectivos. Los labriegos señalaron a miembros del Ejército y de la Policía como responsables de este tipo de acciones ilegales contra los pobladores.
Según los testimonios, “se impusieron restricciones a la circulación de las personas y de sus bienes de supervivencia, autorizando la compra y la venta de alimentos por un valor no superior a los $40.000 pesos por familia; se produjeron amenazas, señalamientos y el desplazamiento forzado de todos los habitantes de la carretera que comunica a Chigorodó con Dabeiba y Mutatá con el Jiguamiandó, a través de Belén de Bajirá”.
Incursión económica
A la par de incursiones armadas, desplazamientos forzados y bloqueos alimentarios, los inversionistas en palma y ganadería comenzaron a incursionar en los territorios colectivos, adquiriendo tierras a precios ínfimos y a través de mecanismos fraudulentos, en los que participaron abogados, notarios y testaferros.
“Tal situación de vulneración a los derechos humanos fue hábilmente aprovechada por las personas a quienes, después de diez años, hoy se juzga, quienes actuando en contubernio o perteneciendo a la organización paramilitar, se beneficiaron y propiciaron la perpetuación de la violación de derechos”, afirmó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Finalmente, y tal como lo hizo la Fiscalía General de la Nación en junio pasado, la Comisión Intereclesial pidió al juez condenar a las 21 personas involucradas en este proceso y alertó por lo que viene ocurriendo en los territorios colectivos: “no pueden ser dispuestos materialmente por las comunidades ancestrales pues los paramilitares, empresarios y sus beneficiarios, continúan ejerciendo un inmenso poder en el territorio”. Y agregó que “las comunidades continúan en situación de desplazamiento forzado, no han logrado regresar a sus territorios ancestrales y las presiones para instaurar allí proyectos agroindustriales y torpedear los procesos de restitución, es aún inmensa y vigente”.
En las próximas semanas los abogados de las 21 personas procesadas en este caso presenten tambien sus alegatos de conclusión, los cuales, se presume, se sustentarán en la inocencia de sus apoderados; además, cuestionarán algunas de las pruebas presentadas durante la etapa de juicio. Se estima que a finales de año se pueda conocer la decisión del juez, la cual será en primera instancia y podrá ser apelada ante instancias superiores.
