Pasaron más de doce meses para que líderes y líderesas del Bajo Atrato chocoano decidieran participar en una jornada pública de reconocimiento de responsabilidades con exguerrilleros del extinto grupo insurgente. Se trató del último acto público liderado por la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Bajo la pegajosa humedad del Urabá antioqueño, un grupo de excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc, trajeados de civil y comprometidos con la paz firmada hace más de cinco años, acudieron a una cita con representantes de las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato chocoano para escuchar los reclamos por sus acciones de guerra contra sus organizaciones y sus territorios.
No fue un camino fácil para llegar a esa reunión, celebrada en días pasados en un centro recreativo a las afueras del municipio de Apartadó, Antioquia, y a la que asistieron por lo menos cien personas. Por más de un año, unos y otros se reunieron de manera privada a instancias de varias organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de establecer las afectaciones de las que fueron víctima los pueblos étnicos y por las cuales responsabilizaron a los frentes 5, 34 y 57 de las extintas Farc, que operaron en esa región biodiversa de Chocó, irrigada por el río Atrato y sus afluentes.
Tras intensas discusiones, lideresas líderes étnicos se pusieron de acuerdo en reclamarles a los exjefes guerrilleros de esos frentes por las afectaciones que ocasionaron a los territorios, al gobierno propio y autonomía organizativa, y a las prácticas culturales, la economía tradicional y los modos de vida propios.
“Es un proceso muy inspirador”, dijo al respecto Patricia Tobón, comisionada de la CEV, quien estuvo presente en el encuentro. Ella resaltó que se llegó allí por “por voluntad de las víctimas y también por voluntad de los firmantes de Acuerdo después de un proceso largo, privado”, y se mostró esperanzada en que este proceso pueda continuar.
A través de un video el también comisionado Leyner Palacios envió un mensaje en el que recordó que el Bajo Atrato es “una región que ha sufrido de manera desproporcionada los impactos de la guerra” y agregó que “por su ubicación geoestratégica, su condición étnica y por los múltiples recursos naturales que existen ahí, se convierte en una región muy importante para el país, para el desarrollo y para consolidar la apuesta a una salida concertada del conflicto armado”. (Leer más en: El Atrato: dos décadas de guerra)
Esta región chocoana de 12.419 kilómetros cuadrados, está conformada por los municipios de Acandí, Carmen de Darién, Riosucio y Unguía, que fueron colonizados desde comienzos del siglo XX y en el que confluyeron comunidades indígenas y negras provenientes de zonas vecinas, como el sur del departamento y de Antioquia. Con el paso de los años, y afrontando los retos que imponía una geografía biodiversa, se fueron asentando y construyendo sus modos de vida propios.
Dada su privilegiada ubicación, con salida a los océanos Atlántico y Pacífico, así como a la vecina república de Panamá, la guerrilla de las Farc irrumpió en la región en la década de los años setenta y se convirtió en el actor armado hegemónico por varias décadas, imponiendo de manera arbitraria sus ‘normas’ de control social, territorial y económico. Su poder fue disputado desde mediados de los años noventa por las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dejando en el medio a las comunidades indígenas y negras, y profundizando las transformaciones y afectaciones a sus territorios y costumbres.
Las intervenciones de líderes y lideresas de las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato chocoano dejaron en claro que, si bien ese acto público era importante en el proceso de reconocimiento de responsabilidades por parte de los exjefes guerrilleros de las extintas Farc, no se obtendría una verdad completa, aunque rescataron el esfuerzo realizado para lograr ese encuentro y detallar frente a quienes ejercieron un poder armado arbitrario e ilegal las afectaciones que ocasionaron a sus territorios, comunidades y prácticas ancestrales.
Contra el gobierno propio
Uno de los primeros reclamos sobre los daños ocasionados a las comunidades negras provino de Yilio Perea, delegado ante la CEV por los consejos comunitarios de la cuenca del río Truandó, quien calificó las afectaciones de gravísimas por cuanto los entonces guerrilleros de las extintas Farc, sin tener ningún derecho, suplantaron a las autoridades ancestrales.
“Y fueron suplantados porque ya la comunidad no obedecía a las órdenes que los líderes para en su momento daban, sino que obedecían era entonces a las órdenes de los comandantes, militares y políticos, de este grupo armado al margen de la ley”, explicó Perea.
Este líder recordó que para la época en la que las antiguas Farc ejercían su poder armado impusieron el orden en los territorios de comunidades negras y sus comandantes “decían qué se debía o tenía que hacer en los territorios”, en contra de la voluntad de sus pobladores.
“Fueron afectaciones graves para nosotros –agregó Perea– porque creemos que en esas decisiones no tenían por qué participar personas ajenas a esa gran asamblea que es la comunidad en pleno. Por eso, en esta apuesta, nosotros demandamos de ustedes la verdad hasta donde sea posible para generar esa satisfacción en nuestra gente”.
Y concluyó con una petición: “Queremos mirar cómo sanamos esas heridas y que reconozcan que fueron muchas las afectaciones, además de esta de gobierno propio y de formas organizativas, son muchas más las afectaciones que confluyen en todo el trasegar de ustedes en nuestro territorio”.
Otra de las voces en tono de reclamo que se escucharon en el evento fue la del líder indígena Julio César Salazar, del Resguardo Salaquí-Pavarandó. “Este proceso no ha sido fácil, pero hemos estado trabajando y hemos avanzado”, comentó a manera de preámbulo para, a renglón seguido, cuestionar a los exjefes de las antiguas Farc por los daños ocasionados al pueblo Embera Katío del Bajo Atrato chocoano.
“Ellos, las Farc, desconocieron nuestros cabildos, que son la máxima autoridad dentro de un resguardo indígena”, afirmó Salazar. “Ellos saben muy bien que los resguardos son territorios indígenas, pero desconocieron las funciones del cabildo, los reglamentos internos de las comunidades. Querían que nosotros hiciéramos lo que ellos nos dijeran”.
De acuerdo con el relato del líder del pueblo Embera Katío, los frentes guerrilleros presionaban a sus autoridades ancestrales porque los cabildos no aceptaban colaborar con esa organización alzada en armas. “Eso es un reglamento que nosotros tenemos. Pero cuando eso se hablaba, era porque ya nosotros éramos del Estado, porque ya nosotros éramos ‘torcidos’, Y de esa manera fuimos afectados”.
También fueron afectados en su control territorial y movilidad por cuenta de ese rechazo. Salazar recordó que los entonces guerrilleros de las Farc cuestionaban la vigilancia y el control social que ejercían los indígenas, así como las salidas de los nativos al municipio de Riosucio, donde se proveían de alimentos y enseres.
“Todo para ellos era incomodo. Pensaban que nosotros éramos un gran enemigo porque todo lo que ellos decían, nosotros lo rechazábamos. Se incomodaban porque un compañero de nosotros saliera dos o tres veces a Riosucio, decían que para qué tenía que estar saliendo, y si compraba un objeto de valor, preguntaban de dónde había sacado la plata. Todas esas cosas nos afectaron en el proceso organizativo y en la autonomía”, reiteró Salazar.
Rememoró, además, un hecho ocurrido años atrás. “Una vez estuvimos en una reunión en Quiparadó y allí nos secuestraron. ¿Y por qué nos secuestraron? Porque un día antes había llegado una donación de 18 motores del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) y todos los gobernadores se fueron estrenando motores a esa reunión. Y entonces a ellos (las Farc) no les pareció y nos cogieron esos motores. Nos preguntaban: ‘¿De dónde salieron todos esos motores? ¿Quién les estaba donando? ¿Por qué los estaban donando?’”.
La consecuencia de ese hecho no pudo ser peor, según detalló Salazar: “La organización se desmoralizó y no podía presentar proyectos para que las comunidades tuvieran beneficios, porque todo eso era una dificultad”. Y se acabó de complicar con la llegada esos territorios de estructuras paramilitares asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). “Cualquier cosa era que las Auc nos estaban dando”, recordó, afectando la autonomía del pueblo Embera Katío.
Despojados de su ancestralidad
Delia Casama, lideresa del pueblo Embera Dobida, del resguardo de Barranco, municipio de Riosucio, evocó el tiempo en el que la entonces guerrilla de las Farc sembró minas antipersonal en territorios indígenas en su guerra contra el Estado y otras organizaciones armadas ilegales, y los efectos que tuvo esa estrategia en las comunidades, especialmente, entre las mujeres.
“Nos decían que teníamos que estar ahí, quieticos, mientras hacían presencia de los grupos armados. Decían que no nos podíamos mover porque los territorios estaban minados”, relató Casama, configurándose un confinamiento obligado que impedía la práctica de sus labores ancestrales.
“Como mujeres nos asustábamos por nuestros hijos porque ellos, en nuestros resguardos, andaban a sus anchas, con mucha confianza, pero al venir nueva noticia sobre las minas que mochaban pies y manos, nosotros vivíamos asustadas”, recordó esta lideresa.
Faenas agrícolas como cortar plátano y rozar el maíz, así como cazar, pescar y hacer intercambios entre comunidades, fueron restringidas por las antiguas Farc con el argumento de la inseguridad, dada la presencia de otros grupos armados y de las minas antipersonal. De hecho, esos riesgos aún no han sido superados por la conflictividad que padece la región. (Leer más en: La continuidad de la guerra no permite desminado humanitario en Chocó)
“Todo eso era cosa nueva y como mujeres nos colocábamos a pedirle a Coré (una de sus deidades), que les tocara el corazón a esos grupos armados y se retiraran fuera de los resguardos”, contó Casama, pero sus peticiones no fueron escuchadas. La lideresa dijo que fueron aislados y, en ocasiones, desplazados en sus territorios, sin que el Estado se diera cuenta: “Vivíamos quietos, no podíamos ir de cacería y los niños chillando de hambre. Los hombres tampoco podían rozar el maíz para las gallinas. Vivíamos asustados”.
Lo paradójico es que algunos proyectos destinados a comunidades indígenas de Chocó no se aprobaban porque, según la lideresa indígena, les decían que en sus territorios había grupos al margen de la ley, lo que profundizaba las afectaciones económicas.
En una breve intervención, Yaniris Ramírez, vocera del consejo comunitario de comunidades negras de Bocas de Chicao, del municipio de El Carmen del Darién, recordó cómo el asesinato de sus líderes y los desplazamientos forzados que tuvieron que afrontar, sobre todo a finales de la década de los años 90 y comienzos de la del dos mil, ocasionaron la pérdida de sus prácticas culturales, entre ellas sus bailes tradicionales.
A los exjefes guerrilleros de las extintas Farc les reprochó no sólo el asesinato de varios de los miembros más representativos del consejo comunitario, sino la afectación a sus rituales mortuorios, una práctica ancestral entre las comunidades negras asentadas en el Bajo Atrato chocoano.
“Cuando asesinaban a nuestros líderes, nos obligaban a enterrarlos ahí mismo, sabiendo que nosotros, como pueblo negro, tenemos la costumbre de hacerle la novena a nuestros dolientes”, contó Ramírez. “También nos obligaban a que no los pudiéramos llorar y tocaba enterrarlo a la hora que ustedes dijeran. Y si nos decían que no lo podíamos recoger, la familia no lo podía recoger”, detalló esta vocera de las comunidades negras.
Reconocen afectaciones
Uno de los primeros exguerrilleros en responder los cuestionamientos de los pueblos étnicos del Bajo Atrato chocoano fue José Cleofás Mosquera, quien integró el Frente 57, donde era conocido con os alias de ‘Gabriel’ o ‘El Pana’.
“Nosotros hemos tomado la decisión de venir ante ustedes a darlo todo, a no ocultar nada. Las intervenciones de los líderes y lideresas nos ayudan a recordar y a reflexionar porque nosotros lo único que pensamos darles a ustedes es verdad”, introdujo Mosquera, y agregó que “el reconocimiento es un acto de aceptación de todos los errores y horrores que cometimos”.
Este firmante del Acuerdo de Paz reconoció la suplantación de las autoridades propias de las comunidades indígenas y negras: “Muchas veces nosotros llegábamos a las comunidades y planteábamos reuniones sin consultar con la directiva de la comunidad. Nosotros decíamos a tal hora es la reunión y hablábamos con una posición militar que afectaba a las personas”.
Admitió que desconocieron a los cabildos y sus reglamentos, y pese a que en algún momento de la guerra hicieron compromisos con organizaciones indígenas y negras, con el recrudecimiento de la confrontación armada esos pactos no se cumplieron. La situación era tan convulsionada, según Mosquera, que “no nos dimos cuenta en qué momento violamos esos acuerdos que habíamos hecho”.
Aceptó que con la presencia e injerencia de unidades guerrilleras en áreas de resguardos y consejos de comunidades negras desconocieron las autoridades propias. Una de las acciones más recurrentes impuestas por las extintas Farc fue la de restringir la movilidad entre unas comunidades y otras. “Creíamos que lo estábamos haciendo de buena voluntad o que era lo mejor que nosotros podíamos hacer, pero no caíamos en cuenta que estábamos afectando varias comunidades simultáneamente”, reconoció Mosquera, y suplantando a las autoridades propias y su autonomía.
Fancy María Urrego, una antigua combatiente de las extintas Farc conocida como ‘Érica Montero’, se sumó a esa aceptación y reconocimiento de responsabilidades por las afectaciones que le ocasionaron a las comunidades del Bajo Atrato chocoano.
“Se siente dolor, se conmueve uno”, expresó tras escuchar a líderes y lideresas de las comunidades indígenas y negras, y reconoció que en desarrollo del “plan estratégico de carácter político y militar que tenían las Farc, que se soñaba tomarse el poder por las armas, y que no fue posible, afectamos a la población”.
En su aceptación de responsabilidades, Urrego se mostró consciente de los daños y expuso algunos de ellos, como por ejemplo que cuando ocurrían combates en la zona escaseaban los alimentos: “No había comida en los platos de las comunidades porque no podían a levantar el trasmallo ni recuperar el anzuelo ni cortar el plátano. Y había que estar así hasta que cesaran los combates”.
En su intervención, esta exguerrillera recordó que los insurgentes intervinieron en la resolución de conflictos personales, familiares y comunitarios, suplantaron a las autoridades propias, no comprendieron la cultura ancestral, perpetraron homicidios, secuestros y generaron desplazamientos forzados, e interfirieron en sus procesos culturales al afectar los rituales funerarios y de duelo.
“Conscientes de los daños que les generamos al no medir las consecuencias de lo que podía ocurrir en aquel entonces, lamentamos profundamente la forma en la que fueron afectados y pedimos que algún día nos puedan perdonar”, pidió Urrego.
Compromisos a futuro
El líder negro John Freddy Córdoba tomó la palabra y planteó varias conclusiones y recomendaciones. Inicialmente dijo que lo dicho en este evento “no era la verdad total de lo que pasó en los territorios”, como lo dijo al inicio su homólogo Yilio Perea. “Estamos claros que lo que pasó aquí es un paso para que esa verdad total de lo que pasó, mañana se pueda dar”. Y les recomendó a los exjefes guerrilleros que se comprometieran con los pueblos negros e indígenas del Bajo Atrato a “seguir escudriñando esa verdad total”.
También les sugirió a los firmantes de Paz que se comprometieran con los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR) impuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que contienen un conjunto de actividades sociales en áreas afectadas por su confrontación armada. “Queremos pedirles que se comprometan con la implementación de los TOAR al interior de las comunidades negras e indígenas”.
Además, Córdoba le solicitó a los exguerrilleros que contribuyan con la ubicación de las personas desaparecidas por su accionar en el Bajo Atrato. “Nosotros como consejos comunitarios y resguardos indígenas, tenemos cantidades de personas desaparecidas por el accionar de las Farc en nuestros territorios”, enfatizó.
Y, por último, les pidió que no se volvieran a alzar en armas para irse nuevamente en contra de las comunidades negras e indígenas y que mantengan ese compromiso como firmantes del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 en Bogotá.
Finalmente, Narel Tapi, vocero de la organización Orewa, que agrupa a los pueblos indígenas, Embera Dóbida, Katío, Chamí y Tule, recomendó no seguir mirando el presente bajo la óptica de buenos y malos, y recordó que este evento es un primer paso: “Esto no se va a cerrar hoy, es el primer paso para continuar dialogando”.
La comisionada Tobón retomó la palabra para destacar este encuentro por lo que ha significado la guerra para el Bajo Atrato chocoano y comunidades. “Esto es un hecho histórico, estos temas no se podían tocar y creo que este proceso nos está abriendo estas puertas y estas ventanas”, y reiteró que esto es un comienzo ante “la ausencia de verdad y esclarecimiento”. La comisionada se mostró esperanzada en que este proceso pueda develar “muchas situaciones que han constituido la realidad del conflicto territorial, económico, político y armado”.
