Las comunidades Siona y Nasa han sido víctimas del conflicto armado, viven en condiciones vulnerables y comparten territorio en Puerto Asís. La primera acudió a la justicia transicional para lograr la ampliación y restauración de su resguardo, pero el proceso se estancó porque la segunda se encuentra en parte de su terreno y busca titulación. No obstante, tras superar intentos fallidos, lograron un convenio para superar sus diferencias.
El pasado jueves se realizó en el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Mocoa una audiencia de conciliación de controversias interétnicas que permitió desencallar la solicitud de los Siona, pues, aunque los dos pueblos comparten territorio desde hace cerca de 40 años, existe controversia por una zona.
Los orígenes de esta historia se remontan al arribo de nueve familias Nasa a Putumayo, que abandonaron sus tierras huyendo de los embates del conflicto armado en el departamento de Cauca. Los mayores Siona de esa época aceptaron la llegada a su espacio ancestral de los caucanos desplazados, quienes, con el paso del tiempo, se fueron organizando y constituyeron su propio cabildo, inscrito ante el Ministerio del Interior.
Tras ser expedida la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el resguardo Buenavista, del pueblo Siona, solicitó la ampliación y otras medidas. Sin embargo, como en su interior está asentada la comunidad Nasa, se convocó a la audiencia de conciliación.
Esa instancia fue creada a la luz del Decreto Ley 4633 de 2011 que regula la Ley de Restitución de Tierras para los pueblos indígenas, el cual estableció que cuando dos comunidades tienen intereses sobre un mismo sector, deben resolver esa controversia en el marco de su derecho propio y sus costumbres.
Para este caso, la jueza convocó el incidente de conciliación para el pasado 21 de marzo, en vista de que las comunidades no pudieron ponerse de acuerdo durante la fase administrativa del proceso, cuando la Unidad de Restitución de Tierras recaba la información para presentar la demanda, ni el pasado mes de diciembre cuando llamó por primera vez a las partes para tal fin.
Por esa razón, la del jueves fue la última oportunidad que tenían los Siona y los Nasa para lograr un acuerdo, porque la norma sólo permite aplazar dicha audiencia una vez. De no llegar a buen puerto, las diferencias las resolvería la togada, quien dio tres meses a las autoridades tradicionales para que consultaran a sus comunidades y formularan un principio de conciliación.
Y en la tercera ocasión hallaron un punto de encuentro. Acordaron la cesión de un área para que los Nasa formalicen su territorio, luego de que un topógrafo establezca un polígono tras realizar un recorrido con la Guardia Indígena y las autoridades de cada comunidad, excluyendo los lugares que son considerados sagrados para los Siona.
La juez especializada aceptó ese principio de acuerdo y dio plazo hasta el próximo 31 de mayo para que un topógrafo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) acompañe a las comunidades en la delimitación del territorio ancestral Siona que pasaría a ser Nasa.
“El acuerdo al que llegaron las autoridades fue bajarle a la línea que los Nasa estaban pidiendo como resguardo, sacando esos sitios espirituales de los Siona. Se pusieron de acuerdo con hitos geográficos y referencias por ríos”, explica una persona que conoce las dinámicas de la región, quien agrega que “parte del acuerdo territorial es reconocer el arraigo con el territorio que tienen los Nasa; reconocer una defensa conjunta del territorio en contra de la actividad petrolera y extractiva; y la recuperación de ese territorio que ha sido fuertemente golpeado por la coca”.
Ese principio de acuerdo evitó que la magistrada estableciera esos límites, lo cual hubiera podido generar tensiones entre las dos comunidades al afectar el uso del territorio y las tradiciones de cada comunidad. Y, de paso, desencalló un proceso que no avanzaba desde diciembre del año pasado.
Por otro lado, la formalización de ese sector beneficiaría a los Nasa por cuanto destraba las medidas cautelares que fueron emitidas a favor de los Siona en el proceso de restitución de tierras. Además, como explica un investigador que le hace seguimiento a esos casos, si la togada valida el acuerdo de cesión ancestral, la ANT tendría que constituir el resguardo de los indígenas originarios de Cauca sobre el polígono que las comunidades acordaron.
Invitado no deseado
Más allá de ese importante principio de acuerdo, la audiencia del jueves salió a la luz pública por una alerta temprana que emitió el resguardo Buenavista del pueblo Siona, pues la empresa Amerisur Exploración Colombia, que figura como parte opositora del proceso de restitución de tierras, acudió a la audiencia de diálogo entre las dos comunidades.
Esta compañía petrolera, filial de la británica Amerisur Resources plc, adelanta exploraciones petroleras en el llamado Bloque Platanillo de la cuenca del río Putumayo, y es cuestionada por no cumplir cabalmente con el requisito de la consulta previa con comunidades étnicas, que exigen las normas colombianas y el Convenio 179 de la OIT .
En el documento que las autoridades Siona le remitieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Presidente de la República y a diferentes entidades estatales, denuncian que la empresa petrolera Amerisur invadió escenarios propios de resolución de controversias interétnicas consagrados en la ley.
“La presencia unilateral, arbitraria y violenta de la Empresa Petrolera Amerisur en un espacio de confianza que sólo le compete a las autoridades étnicas, ratifica su actuar indebido y de mala fe que irrespeta el Gobierno propio y presiona a los pueblos indígenas a entablar un diálogo para simular procesos de acercamiento, desconociendo los mandatos de las autoridades que han reiterado en diferentes espacios, propios e institucionales, el rechazo de la explotación de hidrocarburos dentro de su territorio ancestral e incumple con las Medidas Cautelares otorgadas al territorio ZioBain del Resguardo Buenavista por el Juzgado de Restitución de Tierras”, criticó esa autoridad ancestral.
Asimismo, señaló que el Juzgado de Restitución de Mocoa convocó a la petrolera a la audiencia de conciliación, desestimando la petición de exclusión de ese opositor que realizó la Unidad de Restitución de Tierras dos días antes de que se celebrara. Finalmente, por petición del Gobernador de Buenavista, de su defensa y de la Procuraduría General de la Nación, los representantes de la empresa se retiraron de la diligencia judicial.
A pesar de que los apoderados de la petrolera abandonaron el Juzgado, el resguardo considera que ese evento produjo un “intercambio de argumentos que generaron tensión y desconfianza en la institucionalidad”; y en su alerta temprana reiteró “que los actos de la Empresa Amerisur Colombia constituyen una agresión sistemática y revictimización del Pueblo indígena Siona del Resguardo Buenavista, hostigando a las autoridades étnicas a entablar diálogos que han sido rechazados en diversos espacios”.
Al respecto, un funcionario que conoce los pormenores del caso, recuerda que la Corte Constitucional expidió la sentencia C-404 de 2016, en la que estableció que son ilegales los ejercicios de conciliación con opositores en el marco de procesos de restitución de tierras, y cuestiona la convocatoria de la empresa a una audiencia de conciliación en la que sólo debían estar los Siona y los Nasa. (Leer más en: Corte le quita el ‘as’ a empresarios en líos por tierras)
Asimismo, aclara que el Decreto Ley 4633 sí permite la conciliación entre comunidades indígenas y que los Nasa no llegan al proceso como un opositor, sino como un pueblo al que el Estado también le tiene que respetar su cosmovisión y mirada diferencial del territorio: “Llegan como víctimas del conflicto y también como autoridades étnicas. Por eso se permite el ejercicio de derecho propio, de acuerdos entre autoridades indígenas. No se entiende cuál era el papel que se le quería dar a Amerisur en una audiencia de conciliación de controversias”.
Por otro lado, el resguardo Buenavista también expresó su preocupación y recordó que “ha denunciado el continuo hostigamiento y presión al que la empresa Amerisur Exploración Colombia nos ha mantenido sometidos en su pretensión de avanzar en la implementación de actividades de exploración y explotación de los proyectos PUT 12 y PUT 9, desconociendo nuestro derecho a la autodeterminación, violentando nuestras disposiciones internas y poniendo en riesgo nuestra integridad física, cultural”.
Además, la empresa ha sido cuestionada en diferentes ocasiones por la manera como realizó la consulta previa que permitió la exploración de recursos petroleros en la región; y los indígenas también han alertado por los daños ambientales de su operación, como lo denunciaron en noviembre de 2016 y el pasado mes de febrero. (Leer más en: Los pueblos indígenas buscan ‘freno’ a la explotación de su territorio)
De ese modo, la nueva alerta temprana termina con un llamado de atención para que se “tomen las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en el trámite de restitución de derechos territoriales, así como la protección de nuestra vida, libertad e integridad étnica y cultural”. Y así, como sus ‘hermanos’ de la comunidad de Tëntëya, ubicada en el vecino municipio de Orito, en Buenavista esperan que se cumplan sus expectativas de restitución. (Leer más en: Indígenas Siona ganan una batalla por su supervivencia)
* Foto de apertura: Unidad de Restitución de Tierras.
