Los combates entre las Fuerzas Armadas y los frentes 5 y 18 de las Farc han desplazado a cientos de indígenas Emberá en los límites de Antioquia y Chocó.
Un pequeño grupo de indígenas decidió trasladarse al casco urbano del municipio de Urrao, donde recibieron ayuda humanitaria de emergencia.
El día 22 de mayo pasado, cuando las Farc anunciaron desde La Habana, Cuba, que suspendían el cese unilateral al fuego, las comunidades indígenas de Antioquia entendieron que vendrían días aciagos y empezaron a prepararse para lo peor.
Sus presagios no eran infundados. La guerra se reactivó con toda su fuerza, especialmente en esa selva espesa y tupida que se extiende desde Urrao, en suroeste, hasta el Chocó. Allí, hace ya poco más de un mes, el Ejército inició una ofensiva contra los frentes 5 y 18 de las Farc, cuya presencia en esa zona ha sido histórica. Las acciones bélicas comenzaron a tener lugar al interior del resguardo indígena Majoré, donde habitan poco más de 350 personas pertenecientes a la etnia Emberá-Eyabida.
Primero fueron los bombardeos del Ejército los que despertaron zozobra al interior del pueblo indígena. Luego, supieron que los guerrilleros habían minado gran parte de su territorio. Lo descubrieron gracias a un episodio trágico y afortunado, un día en el que un grupo de hombres salió de cacería acompañados de sus perros. Uno de los canes pisó el artefacto explosivo y murió al instante. La tensión al interior de toda la comunidad se hizo insostenible.
Desde la primera semana de julio, los hombres, mujeres y niños que habitan el resguardo Majoré decidieron abandonar su territorio y atravesar esa vasta y espesa selva con destino a la comunidad Amburá, ubicada a varios días de camino. La persistencia de los combates y la imposibilidad de salir a realizar sus faenas diarias de caza, pesca y siembra por miedo a las minas, motivó el éxodo.
Hoy, la situación de los indígenas asentadas en Amburá es crítica. “Como son territorios muy alejados del casco urbano, pues solo nos enteramos casi una semana después que se había registrado el desplazamiento”, señala Aida Suárez, presidenta de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien agrega: “ellos tomaron la decisión de salir cada uno con algo para comer; es decir, una gallina, un marranito y así. Pero resulta que Amburá es una comunidad pequeña que no tiene capacidad para albergar tantas personas. Allí hay por lo menos 500 personas a las que ya se les agotó la comida y el agua que llevaron, que están durmiendo a la intemperie”.
De acuerdo con Suárez, la misión con las ayudas humanitarias dispuestas a mitigar las dificultades de los nativos ha tenido problemas para ingresar a la zona dada la compleja situación de seguridad que persiste en la región.
“La administración municipal y la Gobernación ya alertaron a todo el mundo, y comenzaron a organizar lo que cada institución iba a aportar. Pero, ¿qué pasa?, que no hay condiciones ni garantías para ingresar. Hay que llegar caminando y según los líderes indígenas con los que hemos conversado, esos caminos están minados. Y los hostigamientos continúan. Entonces, tenemos una comunidad prácticamente confinada”, declara la presidenta de la OIA.
Tanto la alcaldía de Urrao como funcionarios de derechos humanos de la gobernación han expresado su preocupación con la situación.
La guerra que afecta a los indígenas
Una de las críticas que hace la Organización Indígena de Antioquia (OIA) a las Farc es que, para frenar la arremetida de las fuerzas militares han recurrido al uso indiscriminado de minas antipersona que, paradójicamente, han puesto en grave riesgo a los nativos.
Aunque lo que está sucediendo actualmente en Urrao constituye el ejemplo más dramático de lo que son las afectaciones que genera el conflicto armado al interior de las comunidades indígenas, no es el único que se ha registrado desde que se reactivaron las confrontaciones entre la guerrilla de las Farc y el Ejército Nacional.
Según la presidenta la OIA, hace poco logró contenerse un desplazamiento masivo que iba a tener lugar al interior del resguardo Jaidukamá, un vasto territorio de cerca de 4.000 hectáreas ubicado entre los municipios de Ituango y Tarazá, en el que habitan por lo menos 30 familias. Al igual que en Urrao, los combates entre la guerrilla y el Ejército, sumado a la presencia de minas antipersona, motivó la decisión de los indígenas a abandonar el territorio, pero gracias a las gestiones humanitarias de los líderes indígenas se pudo evitar el éxodo masivo.
Lo que pone de manifiesto situaciones como esta es que, por lo menos en Antioquia, las comunidades indígenas viven al vaivén de lo que suceda en La Habana, Cuba. “Si resulta que hoy se suspende el diálogo porque no lograron ponerse de acuerdo en algún punto, pues ya nosotros tenemos el dolor de cabeza de que algo va a pasar en nuestros territorios. Es permanente la zozobra y la incertidumbre que mantenemos por cuenta de lo que pase en Cuba”, resalta Aida Suárez.
Si bien los recientes anuncios por parte de la guerrilla de las Farc, de reanudar un cese unilateral; y por parte del gobierno nacional, de desescalar el conflicto, generan algo de tranquilidad entre ellos, también es cierto que está lejos el día en que los pueblos indígenas del departamento vivan días de paz. El reclutamiento forzado, la siembra indiscriminada de minas y la presencia de cultivos ilícitos constituyen el pan de cada día para los resguardos.
“En el Bajo Cauca, por ejemplo, este año hemos tenido pueblos totalmente confinados por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Y allá es más delicado, porque tenemos la presencia de las guerrillas de las Farc, el Eln y las bandas criminales. En Urabá tenemos problemas con los cultivos ilícitos; en el Nordeste con la minería ilegal”, agrega Suárez.
Dichas afectaciones han sido documentadas por entidades como la Defensoría del Pueblo. En efecto, en los informes de Inminencia 004-15 y 007-15, fechados el 12 de marzo y 14 de mayo, respectivamente, se advierte sobre el grave riesgo en el que se encuentran las comunidades indígenas asentadas en zonas rurales de los municipios de Cáceres y Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, escenario actual de confrontaciones armadas entre las guerrillas del Eln y la banda criminal autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Aug), también llamados ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.
En ellos se consigna cómo las disputas por control territorial que vienen protagonizando ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ está derivando en situaciones complejas de confinamiento por cuenta de férreas restricciones a la movilidad y la siembra de minas antipersona, en algunos casos; y de desplazamientos masivos debido a los asesinatos selectivos y amenazas dirigidas a líderes campesinos e indígenas.
“La población que se encuentra en situación de riesgo inminente reside en las veredas Alto del Tigre, ElTigre y El Campanario (Cáceres). La población del Alto del Tigre está integrada por aproximadamente 303 familias, de estas 39 son indígenas y están asociadas en una cabildo local con una autoridad indígena que representan gobierno propio (…) mientras que en la vereda El Campanario está habitada por 71 familias, de las cuales 32 son indígenas”, consigna la Defensoría en su Informe 004-15.
Las advertencias para que se proteja a las comunidades indígenas tienen su razón de ser: por su concepción del mundo y sus formas de relacionamiento con la tierra, con los demás pueblos campesinos, los nativos se convierten en los más vulnerables frente a los efectos del conflicto armado y el accionar del crimen organizado al interior de sus territorios. Y pese a que han desarrollado sus propias estrategias de resistencia, como lo son las guardias indígenas, lo que los indígenas en Antioquia esperan es que más temprano que tarde puedan vivir en armonía, en paz y con plena autonomía al interior de sus territorios.
