Las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sumadas al incremento de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y la invasión de colonos, se convirtieron en amenazas reales para el pueblo Embera que habita una amplia zona del Bajo Atrato chocoano.
Las agresiones contra el pueblo Emberá que habita el resguardo Uradá Jiguamiandó se han intensificado en el último año por cuenta del accionar de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, grupo que busca copar antiguos territorios de Farc. Foto suministrada José Luis Quiroga, Dirección de Asuntos Étnicos Unidad de Restitución de Tierras.“La presencia de grupos armados autodenominados Agc en territorio indígena ha incrementado las amenazas y ha ocasionado confinamientos”, se lee en la decisión tomada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que impuso medidas cautelares para brindar protección y seguridad especial al resguardo Indígena Urada Jiguamiandó, situado entre los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, Chocó. (Descargue el documento)
La situación actual de seguridad de los nativos de la etnia Embera en esta región del Bajo Atrato chocoano es compleja. Sus líderes relatan que constantemente las comunidades enfrentan amenazas, lo que ha afectado su vida cotidiana y el desarrollo de sus actividades agrícolas. En aras de salvaguardar a los nativos, la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Apartadó (Antioquia), solicitó las medidas de protección.
La valoración de las pruebas y los testimonios llevó al Juez a concluir que, efectivamente, el creciente accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, así como el desarrollo de actividades económicas ilegales como la minería ilegal, el cultivo y producción de drogas ilícitas, y la tala indiscriminada de madera en áreas del resguardo atentan contra la supervivencia y la cohesión de los indígenas. Se trata de un territorio colectivo de 19.744 hectáreas titulado en 2003 por el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) en el que habitan siete comunidades.
Al otorgar las medidas cautelares, el Juez impartió un conjunto de órdenes, dirigidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem); al Ministerio de Defensa; la Fiscalía General de la Nación; la Agencia Nacional de Tierras (ANT); la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior; la Unidad de Reparación y Atención a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entre otras, para que adopten las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad, la vida y la integridad de las siete comunidades indígenas que conforman este resguardo, en el cual habitan poco más de 1.100 nativos del pueblo Embera.
Al sustentar su petición, los indígenas manifestaron que desde hace ya más de tres décadas han padecido toda clase de violaciones a los derechos humanos por parte de todos los actores del conflicto armado, desde el Frente 57 de las Farc, pasando por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, hasta la Fuerza Pública, que han sostenido una lucha sin cuartel por el control de un territorio estratégico por su ubicación y la riqueza en biodiversidad que posee.
Sin embargo, las agresiones contra las comunidades nativas del resguardo Urada Jiguamiandó se han intensificado en el último año por cuenta del avance ‘gaitanista’ por el Bajo Atrato chocoano en su intención de copar los territorios antiguamente dominados por las Farc, que abandonó las armas y se convirtió en partido político.
De acuerdo con lo expresado por los nativos durante la solicitud de las medidas cautelares, en agosto de 2016 los ‘gaitanistas’ ingresaron al resguardo y retuvieron a dos jóvenes para que sirvieran de guías de los hombres armados, pero posteriormente fueron liberados gracias a la movilización y presión de los indígenas. También relataron cómo en abril de este año, hombres fuertemente armados, que se identificaron como miembros de las Agc, incursionaron nuevamente en el resguardo y citaron una reunión a la que debió asistir toda la comunidad en la que les informaron que debían permitir la siembra de hoja de coca en sus territorios.
Según la más reciente medición cultivos ilícitos en el país, realizada por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), este resguardo pasó de contar con 0.1 hectárea con hoja de coca identificadas en 2014, a 1.9 ha en 2015 y unas 1.5 ha advertidas en 2016.
Una de las situaciones más complejas reseñadas en esta decisión judicial es que los cultivos ilícitos están poniendo en riesgo la convivencia entre las comunidades indígenas, “pues como ellos mismos lo expresan, existen algunos que se han dejado influenciar por los terceros dueños de esos cultivos y están presentándose divisiones al interior de la comunidad colectiva”.
A lo anterior se suma, según denunciaron los nativos, el incremento de las amenazas de muerte contra sus líderes y autoridades más representativas durante el último año por su negativa de permitir el ingreso de retroexcavadoras para minería ilegal, actividad que viene creciendo en el resguardo sin ningún tipo de regulación medioambiental y sin respetar el mecanismo de consulta previa.
También manifestaron en su petición que cada vez es más notoria la presencia de colonos campesinos que alegan ser propietarios de pequeñas parcelas ubicadas en tierras del resguardo, situación que se ha convertido en una nueva fuente de conflictos sin que ninguna entidad competente haya mediado para encontrar una solución al respecto.
Protección individual y colectiva
Las órdenes emitidas por el Juez Primero tienen plazos perentorios para su cumplimiento. Las entidades estatales pueden ser investigadas penal y disciplinariamente si no acatan lo consignado en el Auto Interlocutorio. Foto: Juan Diego Restrepo E.Una de las primeras medidas que decretó el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, mediante Auto Interlocutorio 0114 del 27 de octubre de 2017, fue ordenarle a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que, en coordinación con la UNP y las comunidades nativas y en un plazo máximo de dos meses, adopte un proceso de fortalecimiento de la Guardia Indígena perteneciente al Consejo Mayor Embera del Resguardo Urada JIguamiandó (Cameruj).
El Juez también le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP); al Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem); y al Ministerio de Defensa realizar “estudio inmediato y urgente de las condiciones de seguridad” de por lo menos 10 líderes y autoridades indígenas del resguardo que han recibido fuertes amenazas de muerte en el último año.
Se trata de los líderes Argemiro Bailarín; Blanca Nubia Cuñapa; Yonardo Bailarín; los gobernadores Luis Eduardo Siniqui; Abelardo Carupia; Darío Dogarí; Edwin Bailarín Carupia; Aurencio Rubiano; Armando Sinigüi y Leonardo Bailarín. Para ellos se ordenó la adopción de “medidas de protección que garanticen la seguridad, la vida e integridad de los mismos, para lo cual se otorga un plazo de un mes, so pena de iniciar investigaciones penales y disciplinarias a las que hubiera lugar por el incumplimiento de esta orden”.
El funcionario judicial también le ordenó a la UNP, al Cerrem y al Ministerio de Defensa que adopten medidas de protección colectiva que garanticen la seguridad, la vida e integridad de las siete comunidades indígenas que conforman el resguardo Urada Jiguamiando. También demandó de la Fiscalía General de la Nación realizar “de manera urgente y prioritaria las investigaciones pertinentes para identificar y posteriormente judicializar a los responsables de las amenazas de muerte y demás delitos contra las autoridades étnicas y comunidades indígenas pertenecientes a este resguardo”.
Las medidas cautelares también incluyen órdenes destinadas a frenar la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosque nativo y la creciente presencia de cultivos ilícitos, actividades que no sólo están atentando contra la riqueza en biodiversidad del territorio, sino que se ha convertido en el principal factor de riesgo para las autoridades indígenas.
La decisión incluyó una orden a la Agencia Nacional de Tierras para que adelante el proceso de deslinde, amojonamiento, clarificación de la propiedad rural y saneamiento del Resguardo, “en aras de proteger el territorio ancestral”. También pidió a las fuerzas militares priorizar las labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos en el resguardo; y a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó le ordenó realizar un diagnóstico de los impactos ambientales por cuenta de la deforestación y la minería ilegal.
Una de las medidas más trascendentales solicitadas por el Juez es la dirigida al Ministerio del Interior para que traduzca a la lengua Embera la medida cautelar y se distribuya entre los nativos del resguardo, así como en los centros educativos que los indígenas consideren pertinentes.
Finalmente, como parte de las medidas de seguimiento al cumplimiento de las órdenes contempladas en el Auto Interlocutorio, se le ordenó a la “Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras adscrita a este despacho regional (…) así como a la Defensoría Delegada para Asuntos Indígenas y a la Delegada para la Población Desplazada que apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas. Requerir los responsables por la demora que en el cumplimiento de las mismas se presenten, usando si fuere el caso sus poderes disciplinarios”.
Por su parte, la Asamblea General del resguardo emitió un comunicado en el que se pronunció sobre sus padecimientos por la minería ilegal, los cultivos de coca, la deforestación y la situación de orden público, en el que pide una pronta respuesta del gobierno nacional y protección efectiva para su pueblo. (Ver comunicado)
