Un informe de la Comisión Nacional de Territorio Indígenas (CNTI) detalla cómo la selva amazónica ha ido sucumbiendo con el paso del tiempo. La dejación de armas de las antiguas Farc y los vacíos de poder que dejó son una de las principales causas de tal afectación. La situación ha sido similar en países que dan pasos hacia el posconflicto.
“En 2017 después de la firma del AFP (Acuerdo Final de Paz), Colombia registró la cifra más alta de deforestación en el periodo 2013-2021 con un total de 219.973 ha (hectáreas) deforestadas, de las cuales 144.147 ha, es decir, el 65.33 %, ocurrió en la Amazonía. Durante este año, la región registró un aumento de 74.073 ha con respecto a 2016”.
Esa es una de las principales conclusiones del informe Territorio en Riesgo: Efectos de la Deforestación en Territorios Indígenas, realizado por CNTI. En 2018 y 2019 hubo una disminución en la cantidad de áreas taladas masivamente, sin alcanzar los niveles previos a la firma del Acuerdo de Paz, pero desde 2020 se registra una tendencia ascendente.
La experiencia internacional demuestra que la situación por la que atraviesa Colombia es similar a la que vivieron países como Sri Lanka, Costa de Marfil, Nepal y Perú. En esos países “hubo un aumento del 68.08 % en la pérdida anual de bosques durante los cinco años posteriores al final del conflicto, en comparación con la media mundial”.
Por esa razón, la CNTI tomó como objeto de análisis las cifras de deforestación de 2013 a 2015 y de 2016 a 2021. A luz de la evidencia, la investigación indica que los “arreglos institucionales y de gobernanza” establecidos por el Estado colombiano tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, “no se adecuaron correctamente a las exigencias del proceso de transición en el contexto del país”.
Como causas de ese fracaso, señala que no se creó una estrategia de “cogestión del territorio”, que incluyera a pueblos indígenas, comunidades locales e instituciones regionales, nacionales y globales. Además, que la no implementación del Acuerdo de Paz y disposiciones creadas en materia ambiental, como la Campaña Artemisa (operación militar contra la deforestación que derivó en la judicialización de campesinos), avanzaron en perjuicio de las comunidades.
Bajo ese panorama, la mayor pérdida de bosque natural del país en 2021 ocurrió en el denominado arco de la deforestación, compuesto por los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, además de Norte de Santander y Antioquia.
El informe refiere que esa situación se debe a que, “contrario a lo que se pactó (en el Acuerdo de Paz), la frontera agrícola continúa expandiéndose en aquellas tierras y bosques que antiguamente fueron utilizadas como zonas de retaguardia de las FARC”. Lo anterior es atribuido a “la creciente necesidad de nuevas oportunidades económicas, del incremento de la capacidad de producción y consumo, de apertura comercial y desarrollo y de estabilidad social de estos departamentos y municipios afectados profundamente por la guerra”.
Deforestación en territorios indígenas
En la Amazonía habitan 64 de los 155 pueblos indígenas del país. Y a pesar de ser considerada como el pulmón del planeta, es la zona de Colombia más afectada por la deforestación. ¿La razón? “Sus amplios territorios se han enfrentado a la llegada de personas e intereses ajenos a las culturas ancestrales y que han concebido las tierras y la naturaleza como objetos de mercado”, indica la CNTI.
Al revisar la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para los periodos 2013-2016 y 2017-2020, la investigación encontró que en los cuatrienios que antecedieron y sucedieron a la firma del Acuerdo de Paz, la deforestación se triplicó en los resguardos indígenas más afectados por la tala masiva de bosques y selvas.
Al respecto, el informe indica que los territorios con mayor cantidad de hectáreas deforestadas entre 2013 y 2021 se encuentran en los mismos municipios y departamentos que el IDEAM ha identificado como zonas críticas en las alertas tempranas emitidas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono.
Al comparar ambos periodos, el territorio del pueblo Tinigua, ubicado en el departamento de Meta y que comparte nombre con un Parque Nacional Natural, es el más afectado, con decenas de miles de hectáreas, la cuales duplican los registros del Resguardo Indígena Vaupés.
El informe también advierte que, después de la firma del Acuerdo de Paz, aumentó la deforestación en los territorios indígenas Selva de Matavén, Nukak Maku y Llanos del Yarí-Yaguará II; y en los resguardos Predio Putumayo, La Esperanza, Alto Unuma y Cuenca Media y Alta del Río Inírida.
Debido a lo anterior, la CNTI hace un llamado de atención, porque los pueblos indígenas, particularmente los asentados en la Amazonía, ven a sus territorios colectivos como “un espacio de vida producido de manera tal, que ha preservado a lo largo de siglos la selva y a las comunidades que la habitan”.
Y prosigue: “En ella se expresan múltiples existencias y tensiones, que involucran concepciones que trascienden el valor de uso de la naturaleza hacia un reconocimiento de valores como el espiritual, el afectivo y el simbólico. Es justamente esta relación que han mantenido los pueblos indígenas con el territorio, la que se disputa en las narrativas asociadas al reconocimiento efectivo de los derechos al territorio, a controlarlo, a hacer uso de él, entre otros”.
El informe hace un detallado análisis de las modalidades empleadas por actores legales e ilegales para depredar sus territorios. Entre ellas están el acaparamiento de tierras, el desarrollo de infraestructura vial, la ganadería extensiva, la agroindustria, la siembra de cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agropecuaria y el comercio ilegal de madera.
Recomendaciones
La CNTI considera que en la actualidad existen diferentes presiones sobre los bosques, las reservas naturales protegidas y los pueblos indígenas asociadas al modelo de desarrollo económico global y a los diferentes sistemas de explotación de los recursos naturales, que ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Por ello, considera clave que se resuelva la propiedad de los territorios indígenas que aún se encuentran sin títulos que la reconocen formalmente, para así tener contar con plenas garantías para “ejercer el derecho a la autonomía, el gobierno propio y la soberanía”.
En ese sentido, también propone que el Estado colombiano promulgue e implemente políticas públicas que garanticen “la participación de los pueblos indígenas en las decisiones sobre sus territorios titulados, poseídos u ocupados ancestralmente, que los reconozcan como autoridades y salvaguardas ambientales, con poder de decisión y manejo de sus recursos naturales”.
Y, en ese sentido, le hace un llamado directo a la Agencia Nacional de Tierras para que atienda las solicitudes de formalización de territorios indígenas de manera oportuna y con pertinencia sociocultural. Lo anterior, argumenta el informe, “redunda en mayor conservación de la biodiversidad puesto que a mayor seguridad jurídica de los territorios, mayor seguridad y gobernanza en la tenencia de los bosques y los ecosistemas”.
Otro reclamo va en vía de garantizar la soberanía sobre sus territorios y en él tiene un papel vital el cumplimiento de la consulta interna: “En los casos en los que se pretende desarrollar alguna actividad asociada a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito dentro de territorios indígenas, se debe garantizar la consulta previa con aquellos que pueden verse afectados según lo estipulado en la ley y de acuerdo con las garantías efectivas para una consulta informada, transparente y participativa”.
El tener información procesada de manera rigurosa también es otra solicitud de las comunidades indígenas. Sobre todo, la relacionada con afectaciones ambientales producidas por las actividades empleadas para deforestar sus territorios, puesto que existen vacíos en la materia.
Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le proponen diseñar un plan integral de restauración ecológica participativa basada en acuerdos sociales, productivos, económicos y de conservación de los lugares que comunidades étnicas, con el acompañamiento de un equipo técnico científico, consideren estratégicos.
Como propuesta central, el informe plantea que “la lucha contra la deforestación debe planearse como una estrategia de investigación e intervención con enfoque integral (vinculando a las diferentes entidades y actores clave), que permitan identificar los principales actores o redes de actores que se encuentran detrás del negocio de la deforestación y la especulación de tierras, quienes deben ser el objeto de judicialización (proporcionalidad en la justicia), garantizando que se ataque la raíz del problema”.
Lo anterior permitiría, a juicio de la CNTI, “identificar las necesidades de quienes se ven inmersos o deciden participar en estas redes como últimos eslabones (campesinos e indígenas) y procurar oportunidades distintas para solventar sus necesidades”.
En vista de que la ganadería extensiva es considerada como el principal motor de la deforestación, propone diseñar una política de transición ganadera hacia otros sistemas de producción familiar, agroecológica, sucesional, en zonas aledañas a territorios indígenas afectadas por esta problemática.
Por último, sobre la emisión de bonos de carbono, una medida que está tomando fuerza últimamente en la que se celebran contratos entre agencias extranjeras y comunidades locales para que preserven zonas de bosques, la CNTI pide que se brinde respaldo jurídico y profesional a los pueblos indígenas, que vaya desde su planeación hasta el pago por servicios ambientales.
