Mancuso pide intervención de Corte Suprema en Justicia y Paz

      
El jefe paramilitar Salvatore Mancuso le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que intervenga  ante las autoridades colombianas y norteamericanas para que pueda cumplir con sus compromisos ante la Ley de Justicia y Paz y, según él, superar los problemas que afronta en una cárcel de Estados Unidos.

Salvatore Mancuso actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Virginia.

“Me dirijo a Ustedes honorables magistrados (…) para pedirles su intervención dentro del ámbito de la competencia que les señala la Ley como última instancia en el proceso de Justicia y Paz, e implorarles que velen y aseguren que los procedimientos que se desarrollan dentro, pero principalmente fuera de Colombia, no sigan impidiendo y dificultando mi compromiso de paz y reconciliación con las víctimas, con Colombia y con el mundo”, escribió el ex jefe paramilitar y ex integrante del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), extraditado a ese país el 13 de mayo de 2008.

En un escrito fechado el 25 de agosto y enviado desde la cárcel Northern Neck Regional, de Warsaw, Virginia, el ex comandante del bloque Catatumbo llamó la atención sobre las consecuencias de las confesiones que tanto dentro y fuera del país vienen afrontando no sólo los ex integrantes de los distintos bloques paramilitares, sino sus familias y allegados.

“Al día de hoy han asesinado a mas de 1.300 desmovilizados de la autodefensas – muchos envenenados y estrangulados en las cárceles del país-  al igual que a decenas de familiares de éstos, porque existen personas interesadas en que no se confiesen las verdades”, precisó Mancuso, quien se desmovilizó el 10 de diciembre del 2004 junto a 1.425 hombres bajo su mando.

Este jefe paramilitar le recordó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ya había advertido de la compleja situación que generarían las confesiones suyas y las de todos aquellos que están siendo versionados en el proceso de Justicia y Paz.

“Entre las muchas cosas, les dije que esa verdad que exigieron con la ley que crearon y que para el momento solo estábamos obligados a decir nosotros no les iba a gustar, porque hace referencia a todos los sectores de la sociedad involucrados con el fenómeno, y no solamente la verdad de la confesión de los hechos que nos involucran a los ex comandantes”, indicó Mancuso y agregó que hay sectores de la sociedad que exigen la verdad en público, pero que la temen en público.

Además, recordó que si el Gobierno no asumía con responsabilidad los compromisos asumidos en el proceso de paz, si no cumplía con su compromiso de reinstitucionalizar el Estado en las zonas que les entregue llave en mano y no se erradicaban completamente los cultivos ilícitos de coca, llegarían otros actores o los mismos de antes de apropiarse y a financiarse de ellos.

“Además, les dije que si los desmovilizados no se vinculaban a trabajos psicosociales y proyectos productivos que creé conjuntamente con el Gobierno, pero éste abandonó cuando voluntariamente me recluí en una cárcel que les permitiera hacer el tránsito de la guerra a la paz, estos hombre quedarían expuestos a presiones como mano de obra entrenada para aquellos que quieren perpetuar el conflicto y viven de él”, insistió el ex jefe paramilitar.

Luego hizo un recuento de si vida en el departamento de Córdoba, y tal como lo ha hecho en diversos escenarios, justificó el accionar de los grupos paramilitares y sustentó su posición en el abandono del Estado al que fueron sometidos no sólo los ganaderos de ese departamento sino miles de familias en todo el país, circunstancia que lo llevó a integrar grupos paramilitares para defenderse del ataque de las guerrillas, para luego desmovilizarse tras los acuerdos con el Gobierno nacional alcanzados en el año 2002.

Según Mancuso, él ha cumplido con todo lo que le ha exigido el Gobierno y la justicia colombiana dentro de los compromisos que adquirió en el proceso de negociación y desmovilización que adelantaron las Auc con el Gobierno Nacional, pero admitió que cuando empezó a contar las verdades, “tal como me lo exigen la ley y mi conciencia, y éstas empezaron a tocar varios intereses políticos y económicos de la vida nacional, me volví incómodo y por todos los medios han tratado de deslegitimarme e impedirme que reconstruya la verdad”.

Aseveró el ex miembro del Estado Mayor de las Auc que el Gobierno nacional le impidió adelantar gestiones con sus hombres para reconstruir la verdad sobre cientos de operaciones paramilitares en diversas regiones del país y “enfurecido y con la intención de callarme me extraditó, y argumentó para justificar mi extradición que no había cumplido con las exigencias de la ley de Justicia y Paz y que seguía delinquiendo desde la cárcel”.

Mancuso le comunicó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que bajo las condiciones en que se encuentra en un penal de Estados Unidos no podrá cumplir cabalmente con las exigencias de la ley de Justicia y Paz, según él, “por pura incapacidad logística y física”, lo que derivaría en un posible incumplimiento de los acuerdos establecidos en la Ley de Justicia y Paz, por lo que teme que se le cierren “los pocos espacios de interlocución que me quedan y termine aislado e incomunicado en una prisión de Estados Unidos”.

Cuestionó la falta de acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Colombia que garanticen el conocimiento de la verdad del conflicto armado y puso en duda no sólo la comparecencia ante Justicia y Paz a través de audiencias virtuales desde el penal norteamericano, sino la creación de la figura de un magistrado auxiliar de enlace entre las autoridades de ambos países para que coordine estas audiencias.

“La práctica ha demostrado que la sola comparecencia nuestra a las audiencias virtuales de versiones libres y la creación del cargo de un magistrado auxiliar de enlace para que coordine dichas audiencias, no garantiza que podamos reconstruir las verdades de tantos años de conflicto y que para poder reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de más de 10.000 hechos que se le atribuyen a los miles de hombres que tuve bajo mi mando y que la Ley de Justicia y Paz me exige no solo reconstruirlos y verificarlos, sino también, asumir la responsabilidad de ellos por cadena de mando bajo el concepto jurídico de autor mediato, hoy no están dadas las condiciones y creo nunca lo estará dentro de estos regímenes carcelarios”, sentenció Mancuso.

Según el ex jefe paramilitar, para lograr reconstruir la verdad de manera integral, necesitaría documentar los estos hechos con los responsables directos, con las víctimas y/o sus representantes y estudiar, analizar y verificar miles de procesos judiciales que existen en justicia ordinaria y también en Justicia y Paz. Además, insistió en que debe ver y escuchar miles de horas de audiencias virtuales para verificar si los hechos confesados por los miles de hombres que estuvieron bajo su mando están enmarcados dentro de las directrices generales que recibió de sus mandos superiores y que en tal sentido les impartió a quienes fueron sus subalternos.

No obstante, advirtió que “la lógica perversa consiste precisamente en apoyarse en la aplicación de Justicia en los estrictos regímenes carcelarios de los Estados Unidos para impedirme cumplir cabalmente con mi voluntad de asegurar el esclarecimiento de la verdad a la que estoy comprometido en conciencia y en razón de mis compromisos asumidos tanto con la Justicia colombiana como con la de Estados Unidos”.

De acuerdo con este ex jefe paramilitar, todos esos “obstáculos, dificultades, impedimentos, incumplimientos, traiciones, bloqueos, ataques, exclusión, venganza, retaliaciones, estigmatizaciones, extradición y aislamiento que he recibido del Gobierno colombiano” serían prueba contundente de que “este gobierno necesita dentro de sus planes estratégicos mantener y prolongar el conflicto armado y el narcotráfico para que su política de seguridad democrática se haga siempre necesaria. No quiere la paz y son elocuentes los hechos que así lo confirman”.

Tras la descripción de las dificultades, Mancuso insistió en pedir la intervención de la Corte Suprema de Justicia con el fin de interceder para que le permitan cumplir con los compromisos que adquirió con el Gobierno colombiano durante la etapa de negociación con las Auc.

Le solicitó al alto tribunal ayuda para que pueda disponer de “medios de comunicación permanente, eficientes y fluidos, tiempo amplio y suficiente para trabajar horas extras y a marcha forzada, además de un lugar que me permita reconstruir la historia de tantos años de conflicto donde pueda almacenar, clasificar, analizar, estudiar y trabajar en las circunstancias de tiempo, modo y lugar con toda esta gran cantidad de información en medios físicos y magnéticos, y donde pueda atender al múltiple equipo de abogados colombianos y americanos comprometidos conmigo en esta ardua y difícil labor, sin la restricción de horarios y espacios para trabajar a los que me he encontrado sujeto dentro de las cárceles donde he estado en los Estados Unidos”.

Según Mancuso, el régimen carcelario sólo le permite, como máximo, 4 horas de trabajo por día, y destacó que en varias ocasiones sus abogados no pueden ingresar al penal por falta de personal disponible para su custodia durante la visita.

“Negarme estos espacios es permitir que la impunidad que quieren pocos, pero poderosos e influyentes personajes en Colombia, triunfe. Es darle un golpe de gracia a las víctimas y desconocer sus derechos a la verdad y a la reparación”, reiteró.

Finalmente, insistió en que continúa firme en sus compromisos y concluyó el escrito resaltando la importancia de la intervención eficaz y oportuna de la Corte Suprema de Justicia para superar todos los obstáculos que le impiden comparecer con más elementos de juicio ante los procesos de Justicia y Paz.

Copia de esta carta le fue enviada al Fiscal General de la Nación encargado Guillermo Mendoza Diago; Leonardo Cabana Fonseca, Fiscal 8 de Justicia y Paz;  Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional; Baltazar Garzón, Juez de la Corte Penal Internaciona; Corte Interamericana de Derechos Humanos; Iván Cepeda Vargas, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas; y a las víctimas de los bloques Catatumbo y Cordoba.