Desde 1984, Ramón Isaza y sus hombres utilizaron la desaparición forzada como estrategia para ocultar su responsabilidad criminal en departamentos como Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Familiares de víctimas se quejan de lentitud de la justicia para aclarar los casos.
Después de 13 años, Adriana* no sabe cuál es el paradero de su esposo. La desaparición ocurrió el 10 de abril de 2002. Hace un año asistió a una versión de Justicia y Paz para preguntarle a varios exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) por su pareja y la única respuesta que obtuvo fue que “a ellos les había parecido que lo habían matado”.
Esta semana, cuando la mujer presentó su caso ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, la magistratura llamó la atención para que la Fiscalía agilice la investigación sobre lo ocurrido al esposo de Adriana y dio un plazo de un mes para que se le dé un avance a las indagaciones.
En la sala de audiencias estaban presentes los exparamilitares Ramón Isaza y sus subalternos Walter Ochoa Guisao, alias El Gurre’; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Mc Guiver’; Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’; y John Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, quienes admitieron su responsabilidad en por lo menos 160 desapariciones forzadas de poco más de 1.500 casos que tiene la Fiscalía.
Adriana manifestó que “ellos no tuvieron en cuenta que de esas víctimas había hijos. Que iban a ser rebeldes por la falta de su padre. Son muchachos que entraron a las drogas por falta de su papá. Estaba en embarazo cuando mi esposo desapareció, hoy la niña tiene 11 años y no conoció al papá. No quiero que se compadezcan de mis lágrimas, sino que nos den el compromiso, que tienen, el de la paz. Que los desaparecidos tengan un lugar. Aunque sea que nos den un pedazo de brazo”.
Junto a ella asistieron al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá diez familiares más de víctimas de las Acmm para exponer sus dramas luego de la desaparición forzada de sus parientes. En sus intervenciones denunciaron que aún hay exmiembros de las Acmm en libertad sin pagar sus crímenes; reclamaron mayor celeridad en los procesos para conocer la verdad; se quejaron dela lentitud de la Fiscalía para encontrar fosas comunes e identificar plenamente los restos ya encontrados y exhumados; y expresaron su inquietud por las demoras en establecer quienes estuvieron detrás de las desapariciones de sus padres, esposos, hermanos e hijos.
Algunos familiares también rebatieron los móviles o causas de los crímenes construidos por la Fiscalía a partir de las confesiones de los postulados en sus versiones libres, pues consideran que los vuelven a revictimizar. Una de esas personas fue Catalina*, quien ante la presentación del caso de la desaparición de su hermano, contradijo la versión expuesta por la Fiscalía ante la magistratura.
El muchacho fue retenido y desaparecido en septiembre de 2002 en Honda, Tolima. El fiscal que presentó el caso, reprodujo la versión de los exparamilitares, quienes explicaron que fue asesinado y arrojado al río Magdalena porque, según ellos, estaba extorsionando a nombre del grupo ilegal y agregaron que en el momento de la retención le encontraron una carta extorsiva.
Catalina aseveró que la muerte y desaparición de su hermano se debió a un asunto pasional en el que está involucrado Wilson Garzón Hernández, alias ‘Pantera’, un exmiembro de las Acmm que al parecer está en libertad y posiblemente vive en Honda.
“Supuestamente ‘Pantera’ se ennovió con la novia que tenía mi hermano. Fue por eso que lo desaparecieron. No fue que mi hermano estuviera extorsionando ni mucho menos, porque él era una persona sana. No tenía vicios ni nada de eso”, aclaró la mujer.
La Fiscalía señaló que ‘Pantera’ tiene seis investigaciones en la justicia ordinaria. Una de ellas por el doble homicidio de Wilmer Hernán Clavijo y Luz Marina Muñoz Figueroa, ocurrido el 21 de septiembre de 2003 en Honda, Tolima. Al respecto, magistrada Uldi Teresa Jiménez López, quien preside la audiencia, expresó su inquietud porque las investigaciones contra alias ‘Pantera’ apenas estuvieran en etapa previa.
El fiscal respondió que todos estos casos que pasan del proceso de Justicia y Paz a la justicia ordinaria han tenido la misma suerte de cuando estaban delinquiendo los paramilitares: la mayoría se quedaron estancados en las fiscalías locales de los municipios donde ocurrieron los hechos.
La Unidad de Justicia y Paz priorizó el proceso contra Isaza y sus subalternos con el fin de agilizar los trámites judiciales para proferir, antes de que acabe el año, una sentencia que también se aplique a más de 60 desmovilizados de este grupo armado ilegal. (Ver: Así será la priorización de Justicia y Paz)
Aprendizaje macabro
¿De dónde le vino la idea a las Acmm de desaparecer a sus víctimas? “Fue Henry Pérez el que le dijo a los muchachos que no podían dejar a nadie tirado en las carreteras ni en los pueblos, tenían que botarlos al río y así, si no dejábamos a nadie, no íbamos a tener que pagar nada”, dijo ante las víctimas Ramón Isaza, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), recordando las primeras desapariciones forzadas de la región.
A finales de la década de los setenta, Pérez e Isaza conformaron grupos de autodefensa para responder supuestamente a los abusos de la guerrilla. Isaza se movía en el margen occidental del río Magdalena, en Antioquia; Pérez, junto a su padre, Gonzalo, tenían su centro de operaciones al otro lado del Río, en Puerto Boyacá.
Según explicó Isaza, cuando creó en 1977 un grupo conocido como ‘Los Escopeteros’, sus hombres no ocultaban los cuerpos de sus víctimas, sino que los dejaban en los caminos y en los pueblos. En 1984 este grupo paramilitar se unió a las Autodefensas de Puerto Boyacá, segúnIsaza, porque no tenía recursos para mantener a sus hombres. (Ver: La máquina de guerra de Ramón Isaza)
Pérez, para ese entonces jefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá, se comprometió a pagar una mensualidad de 17 mil pesos a cada integrante después de la fusión de los grupos. Una vez bajo su mando, comenzó a entrenar militarmente a los hombres de Isaza y les enseñó a descuartizar los cuerpos de las víctimas y cómo arrojarlos al río Magdalena.
Isaza explicó que en 1984 los hombres de Pérez asesinaron a decenas de personas tanto en Puerto Boyacá como en Puerto Triunfo por el simple hecho de ser forasteros: “Cuando yo le entregué el mando a Henry Pérez, había dos o tres carros siempre en la autopista y a todo el que encontraban por ahí y no conocían lo mataban y lo desparecían”.
Para la Fiscalía también hubo otras motivaciones y presentó el caso de una masacre perpetrada bajo el mando de Pérez en Samaná, Caldas, que aterrorizó a la población. El 17 de noviembre de 1990 un comando paramilitar llegó a la finca Piedra Candela, del corregimiento San Diego, asesinó a una menor de 16 años que tenía tres meses de embarazo y se llevaron por la fuerza a Manuel Betancur, dueño de la finca, y a sus hijos Juan, José y Manuel y a Carlos García, trabajador del Incora y presidente, en La Dorada, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesino (Anuc).
Dos días después, los paramilitares asesinaron a los cinco hombres y a cuatro de ellos los enterraron en una fosa común y al otro lo arrojaron al río, sin que hasta la fecha se hayan recuperado sus restos. Por Esto hechos, más de diez personas de la familia Betancur salieron desplazados de la zona.
Aunque los ex paramilitares de las Acmm postulados a Justicia y Paz explicaron que asesinaron a esas personas porque tenían información de que estaban ayudando a los guerrilleros, la Fiscalía planteó otra explicación: detrás de ese homicidio colectivo habría una pelea por la tierra. Según información de prensa de la época, esta finca fue adjudicada a los campesinos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y la disputa por los predios comenzó cuando encontraron una mina de oro en la propiedad.
Otra serie de asesinatos reconocidos y que también habría dejado decenas de desaparecidos fue la guerra de las Autodefensas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio contra el cartel de Medellín. A principios de 1990, Pablo Escobar les propuso a Pérez y a Isaza una alianza para enfrentarse el Estado, pero ambos se negaron. Eso los convirtió en enemigos del narcotraficante, con quien sostuvieron una cruenta confrontación en los meses siguientes. (Ver: La otra guerra de Pablo Escobar)
Los postulados reconocieron que durante esa época asesinaron a decenas de personas de quienes sospechaban eran cercanas al jefe del cartel de Medellín. “En la guerra contra Escobar la táctica era no dormir, él nos enviaba cada rato gente de Medellín y les daba plata para que consiguieran información de lo que pasaba en el Magdalena Medio”, aseguró Isaza ante fiscales de la unidad de Justicia y Paz en 2012, testimonio que fue presentado en esta nueva audiencia.
Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘McGuiver’, admitió que en La Dorada, Caldas, asesinaron a varias personas de quienes se decía eran sicarios al servicio de Escobar, sin que tuvieran certeza sobre esos vínculos.
En junio de 1991 hombres de Escobar asesinaron a Pérez y al mando del grupo quedó Luis Eduardo Meneses Báez, alias ‘Ariel Otero’, quien ese mismo año pactó una desmovilización con el gobierno, pero también fue asesinado.
Víctimas de todo tipo
Isaza no se desmovilizó en esa ocasión; por el contrario, decidió independizar su grupo de las Autodefensas de Puerto Boyacá y formó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, grupo que se fortaleció y empezó a extenderse hacia algunos municipios de Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Tolima. En 2000, Isaza creó cinco frentes paramilitares y les asignó un jefe, quien, según han dicho los desmovilizados, tomaba sus propias decisiones.
Pese a esa aparente independencia, para la Fiscalía es claro que la mayoría de las desapariciones forzadas tienen en común las políticas del grupo paramilitar impartidas por su jefe principal, Ramón Isaza. La primera era desaparecer a las personas que supuestamente ayudaban a la guerrilla, pero también a miembros de la Fuerza Pública que los combatían, trabajadores del narcotraficante Pablo Escobar y a todos aquellos que ellos consideraran enemigo.
Entre 2001 y 2002, época en la que más crecieron estos frentes paramilitares, se presentó el mayor número de desapariciones forzadas. Gran parte de las víctimas fueron recicladores, consumidores de drogas y trabajadoras sexuales de aquellos pueblos donde tenían hegemonía armada.
La Fiscalía ha documentado casos de trabajadoras sexuales que fueron asesinadas y desaparecidas porque, según la versión de los desmovilizados de las Acmm, “estaban distrayendo” a los paramilitares o porque sus lugares de trabajo eran frecuentados por guerrilleros. También se conocen casos de personas con algún tipo de discapacidad mental a quienes mataron por deambular en las calles.
Pero no siempre las órdenes provenían de ‘El Viejo’ o de los ex jefes paramilitares de las distintas zonas en las que operaron. Así sucedió con Agustín Correa, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Despensa, en Guaduas, asesinado y desaparecido el 22 de junio de 2002. Según John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘el Pájaro’, quien fue jefe en esa región, la orden se la dio un empleado de una empresa petrolera de la zona, quien les pagaba una mensualidad para que asesinaran a quienes él señalara como supuestos colaboradores de la guerrilla.
Otro caso aún no aclarado es el de Juan Diego Ruiz Valencia, el excontralor y exauditor de Sonsón, Antioquia, quien tenía intensiones de presentar su candidatura para la Alcaldía de ese municipio del Oriente antioqueño para las elecciones de octubre de 1994 por una corriente del Partido Conservador conocida como Partido Renovador Colombiano. No obstante, disputas políticas internas acabaron en una denuncia penal que lo llevó a tener casa por cárcel.
Estando bajo arresto domiciliario denunció ante la Fiscalía los atropellos a los que estaba siendo sometido por el entonces senador Fabio Valencia Cossio, quien lideraba un movimiento conocido como Coraje, una tendencia del Partido Conservador, así como por el fiscal que llevaba su caso, el comandante de Policía del municipio, capitán Héctor Fabio Pérez Cárdenas, y por familiares de William Ospina Naranjo, otro de los candidatos a la Alcaldía.
En medio de esas circunstancias, Ruiz Valencia fue sacado de su residencia la noche del 12 de junio 1994 por varios hombres armados que se presentaron como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y desde esa época se desconoce su paradero.
Exparamilitares de las Acmm que hacían presencia en esa región antioqueña para esa época aceptaron su responsabilidad en este hecho y ante la pregunta de la magistrada de si esa desaparición tenía motivaciones políticas, tanto Isaza como Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’ y Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘McGuiver’, insistieron en que detrás del asesinato no hubo tales móviles y señalaron a un cabo del Ejército, quien les dijo que Ruiz tenía vínculos con la guerrilla.
Por este hecho, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 2012, tras considerar que las autoridades no le prestaron la suficiente protección a Valencia Ruiz, tras las amenazas denunciadas por él ante las autoridades, y la condenó a pagar una indemnización a la familia de la víctima.
Si bien los ex paramilitares de las Acmm reiteraron que muchas de sus víctimas fueron señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla, la magistrada Jiménez López aclaró que en este proceso de justicia transicional se escucha la versión de los postulados, pero no se puede poner en tela de juicio la condición de las víctimas, “más allá de que alguien haya sido o no haya sido, son hechos que nunca debieron ocurrir”, aseguró.
La audiencia a la que comparecen Ramón Isaza y sus hombres terminará el 28 de marzo y se espera que además del delito de desaparición forzada, se presenten los casos de reclutamiento de menores, violencia basada en género, desplazamiento y homicidios.
(*) Nombres cambiados por razones de seguridad
