Este departamento, considerado uno de los más pobres del país, fincó sus esperanzas en los pactos establecidos entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. No obstante, la falta de resultados inquieta a las comunidades, que aún viven en medio de un conflicto armado que parece no tener fin.
“El gobierno no tiene voluntad política en poner marcha el Acuerdo de Paz y la implementación del Capítulo Étnico”, afirmó, de manera categórica, un vocero de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento Del Chocó (Fedeorewa), que integra a los pueblos Embera Dovida, Katío y Chamí.
Su queja se escucha tres años después de suscrito el documento que le puso fin a 53 años de confrontación entre el Estado colombiano y el grupo insurgente más antiguo de América Latina, y se sustenta en una de las conclusiones más graves que contiene el Tercer Informe de Seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó, presentado ayer en Bogotá.
“Para las comunidades indígenas y afro del Chocó, y para el Comité de seguimiento, el confinamiento constituye la más grave violación del derecho internacional consuetudinario y de violaciones a los derechos humanos y colectivos en la medida en que se está poniendo en riesgo la existencia misma de las comunidades, se les está sometiendo a la hambruna y en consecuencia a la muerte”, se lee en el informe.
La propuesta del Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó es impulsada desde agosto de 2017 por organizaciones étnico-territoriales que hacen parte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISH), la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, y los movimientos de víctimas y de mujeres. A través de ella se exige el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la autonomía territorial y las formas de gobierno propio de las comunidades afro e indígenas, y surgió como una iniciativa para presentar en la fallida mesa de conversaciones que, en aquel año, adelantaba el gobierno nacional con la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador.
Y es que las acciones de grupos armados en buena parte del territorio chocoano, uno de los más ricos en biodiversidad, pero de los de más baja calidad de vida de sus habitantes, no han sido contenidas por la Fuerza Pública pese a que en uno de los acuerdos consagrados en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz es el fortalecimiento de las garantías de seguridad en los territorios afectados por la confrontación bélica.
De acuerdo con lo pactado, se deberían atender aquellos pueblos étnicos “en situación de confinamiento o desplazamiento”. Pero esa atención está lejos de ser cumplida en el departamento de Chocó. Por el contrario, tiende a agravarse. El Tercer Informe de Seguimiento describe un drama humanitario de profundo calado entre las comunidades étnicas.
“Encontramos que, en buena parte del territorio, a los civiles no se les permite desplazarse con libertad, se afecta su capacidad de realizar actividades cotidianas como pescar, cazar y trabajar la tierra, vitales para su seguridad alimentaria”, detalla el documento.
El informe denuncia que “la restricción en los viajes y, por consiguiente, en el acceso a los mercados locales para comprar y vender productos, provocan una reducción de recursos para la compra de alimentos, lo que tiene un impacto particularmente adverso en las mujeres y los niños y las niñas”.
El confinamiento también está poniendo en grave peligro “las actividades culturales, religiosas, sociales y organizacionales, lo cual debilita el tejido social y destruye las tradiciones”, así como “el acceso a la educación de las niñas, niños y profesores”.
El ingreso de medicamentos y de misiones medicas a zonas alejadas de los cascos urbanos también enfrentan prohibiciones impuestas por los grupos armados porque consideran que el personal de salubridad “puede colaborar con sus adversarios”, lo que ha ocasionado el cierre de centros de salud, pues “el personal médico son presionados a abandonar las zonas de guerra tras recibir amenazas directas de los actores armados o porque estos espacios han sido ocupados por los actores armados legales e ilegales”.
De acuerdo con cifras de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y septiembre de este año, 13.263 personas han sido afectadas por el confinamiento en diversas regiones de Chocó, lo que significa, según esta agencia, un incremento del 44% de las víctimas con respecto a 2018.
Los municipios más afectados por este flagelo son Juradó, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá, Río Quito, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan. Y tras esas afectaciones están la guerrilla del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), las disidencias de las Farc y las Fuerzas Militares.
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Uno de los casos reportados por OCHA comenzó a ocurrir desde el pasado 17 de agosto en el municipio Medio San Juan donde chocaron unidades de la Fuerza Pública y guerrilleros del Eln, ocasionando el confinamiento de por lo menos 2.539 personas (616) familias de cuatro comunidades afrocolombianas y tres indígenas.
A esa confrontación armada, se le sumaron, según OCHA, “detonaciones de explosivos, utilización de armas no convencionales, amenazas e intimidaciones a través de panfletos por parte del Eln. Los diferentes eventos de violencia armada tienen a cerca de 1.222 niños, niñas y adolescentes sin acceso a jornadas educativas y se han identificado restricciones en los sectores de seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida”.
Ante esa dramática realidad, el vocero de Fedeorewa consultado, quien solicitó no ser identificado, reiteró que “el Capítulo Étnico se quedó en letra muerta, porque los responsables en el avance del cumplimiento e implementación del mismo no han hecho nada”.
Un líder indígena del pueblo Emberá consultado en Riosucio, uno de los municipios del norte de Chocó más acosado por enfrentamiento de grupos armados, aseveró, bajo reserva, que lo consignado en el Capítulo Étnico “no se ha cumplido como nosotros queremos”. Y pone como ejemplo el desplazamiento del que son víctimas: “Dijimos que a nosotros no nos pueden desplazar más, pero nos están desplazando gota a gota a las ciudades, y esos compañeros nunca van a regresar, así nos están acabando”.
Por su parte Elizabeth Moreno, representante del Consejo de Comunidades Negras en Chocó (Acadesan), reiteró que “la paz no llegó a la región del Pacífico colombiano, especialmente al departamento del Chocó”. Y ante el drama que viven los chocoanos, dijo que la “respuesta del Estado no ha sido efectiva para nosotros”, pese a que, según ella, está documentada desde hace varios años por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y OCHA.
Para esta líder del pueblo afro, la crisis humanitaria también se refleja en la inseguridad alimentara, las altas tasas de desempleo, la baja calidad educativa, el déficit de vivienda digna, la precariedad del sistema de salud, el escaso desarrollo de la infraestructura vial, la violencia urbana, el incremento de áreas sembradas con minas antipersonal y la consolidación de las rutas del narcotráfico.
Moreno le sumó a ese panorama el asesinato de líderes sociales en el Chocó. De acuerdo con cifras de la organización Somos Defensores, entre el 24 de noviembre de 2016, día en el que se firmó el Acuerdo de Paz, y el 30 de junio de este año, fueron asesinados trece defensores de derechos humanos que representaban diferentes comunidades de ese departamento.
Estado no responde
La crítica situación fue expuesta ayer en Bogotá, bajo el auspicio de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En sus oficinas se reunió un grupo de líderes y lideresas provenientes del departamento de Chocó, acompañados de prelados de la Iglesia Católica, con el fin de lanzar una voz de alerta sobre lo que viene sucediendo en este departamento.
Recogiendo las voces de las comunidades de los 30 municipios chocoanos, representantes de algunas de las organizaciones de la sociedad civil que lideran la iniciativa Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, expusieron varios de los dramas que agudizan la crisis que se viven allí.
Abid Manuel Romaña, vocero del FISH, aseveró que esa región vive una situación bastante complicada por la falta de respuesta del Estado. “Tenemos una agudización del desplazamiento, confinamiento y reclutamiento que afecta a los pueblos afro e indígena”, denunció, a la vez que planteó que “la implementación del Acuerdo de Paz puede ser un fenómeno muy importante para la superación de la crisis”.
La petición de Romaña también tiene sustento en el Tercer Informe de Seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó que advierte varias situaciones negativas relacionadas con el Acuerdo de Paz: no han significado una disminución de la violencia para las comunidades de Chocó; no se ha implementado ningún punto del Capítulo Étnico; y el conflicto armado se ha reconfigurado, con la expansión y mayor control, territorial y social, de los grupos armados al margen de la ley.
“La respuesta fundamental del Estado ha sido la militarización del territorio, sin que esto redunde en la debida protección de las comunidades, sus organizaciones y autoridades étnicas y territoriales, por el contrario, ha aportado más ingredientes a la aguda crisis humanitaria que las organizaciones vienen denunciando de manera sistemática en los últimos tres años”, detalla el informe.
En consonancia con el informe, Romaña precisó que “nosotros como pueblo seguimos resistiendo en los territorios, hasta que haya un Estado que entienda y que comprenda lo que estamos viviendo”.
Arquímedes Carpio, vocero de la Mesa de Concertación Indígena y uno de los líderes más representativos del pueblo Wounaan, sostuvo que el Tercer Informe de Seguimiento es el resultado de “un trabajo de campo que hemos venido desarrollando en las cinco subregiones del departamento, son las voces de nuestras comunidades que han sentido y vivido en medio de la guerra, de la crisis humanitaria”.
Este vocero indígena también expresó su preocupación por las consecuencias que genera la exigencia del respeto a los derechos humanos. A su juicio, “se ha convertido en factor de riesgo para los líderes indígenas y sus comunidades. En ese sentido, encontramos la resistencia de los pueblos y el fortalecimiento de los gobiernos propios”.
Carpio planteó otras dos caras dramáticas que están afectando a las comunidades ancestrales choconas: el desplazamiento y el reclutamiento forzados de menores de edad.
Con respecto al desplazamiento forzado detalló que sólo en la ciudad de Quibdó se registran por lo menos 1.400 indígenas que provienen de comunidades de las cinco subregiones del departamento. “Esa situación es de gran preocupación para nuestras autoridades, pues hay un cambio drástico del hábitat de nuestros pueblos”, dijo el líder de los Wounnan.
Asimismo, lanzó una de las alertas más inquietantes: “Nuestras comunidades en los 124 resguardos situados a lo largo y ancho del departamento del Chocó, nos hemos preocupado por las acciones en contra de nuestras comunidades de los pueblos Embera, Wounnan, Katío, Chamí y Tule. Después de los tres años del Acuerdo de Paz, en nuestro territorio se ha agudizado el reclutamiento de menores de edad, por ello exigimos el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.
Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, reiteró lo denunciado por Carpio. Según el prelado de la Iglesia Católica, “el reclutamiento es muy grave en las comunidades indígenas, pero también en las comunidades afro. Hay casos de niños y niñas de 12, 14 años, llevados violentamente de sus familias y otros engañados con argumentos falsos”.
Si bien aclaró que no se tienen cifras consolidadas, expuso que en los últimos tres años habrían sido reclutados 100 menores de edad. Al referirse a los responsables de este delito, monseñor Barreto aseguró que “el Eln hace un reclutamiento sistémico, pero también de parte de los paramilitares”.
La grave situación fue ampliada por el sacerdote Leonidas Moreno, director de Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, que abarca zonas del Urabá antioqueño y chocoano: “En el municipio de Unguia, en el norte del Chocó, la mayoría de los que están vinculados con las Agc son jóvenes, y los llevan de otro lugar, son muchos. Hace poco se hizo una reunión con más de 400 jóvenes de esos grupos”.
El drama de Bojayá
Una de las situaciones que más inquieta a líderes sociales locales es lo que se está viviendo en este municipio, fustigado por la guerra desde finales de la década del noventa y que hace poco vivió uno de los momentos más significativos para sus comunidades: la sepultura, bajo sus rituales ancestrales, de 101 víctimas de la masacre ocasionada el 2 de mayo de 2002 tras enfrentamientos entre la guerrilla de las antiguas Farc y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Una de las primeras alertas la lanzó OCHA en abril pasado. “En seguimiento a la crisis humanitaria por confinamiento que desde el mes de marzo afrontan las comunidades indígenas y afro del municipio de Bojayá -pertenecientes a las cuencas de los ríos Bojayá, Opogadó y Napipí-, se ha evidenciado un aumento del número de comunidades confinadas a un total de nueve, afectando aproximadamente a 2.778 personas pertenecientes a las comunidades Villa Hermosa, Egoróquera, Playita, Unión Baquiaza, Mesopotamia, Napipí, Bocas de Opogadó, Carrillo y Pogue”.
La crítica situación fue expuesta durante la eucaristía bajo los preceptos de la Iglesia Católica en homenaje a las víctimas caídas hace 17 años, realizada el pasado 17 de noviembre en este poblado, en la que se leyó una misiva que días atrás le enviaron al presidente Iván Duque para llamar su atención sobre la crisis que padecen en Bojayá. La carta la firman monseñor Juan Carlos Barreto y Abid Manuel Romaña; así como Rosendo Blandón, del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato; Pedro Luis Queremaga, de Federeowa; y Helfer Andrade, de la Mesa de Concertación Indígena.
“Hoy, cuando las comunidades afros e indígenas en el municipio de Bojayá nos disponemos a recibir los restos mortales de nuestros seres queridos que fueron vilmente masacrados el fatídico Dos de Mayo de 2002 para darles cristiana sepultura, según nuestros ritos, usos y costumbres, se ciernen nuevamente sobre nuestros pueblos y territorios hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones que creíamos que podían ser superadas con la firma de un Acuerdo de Paz y la voluntad política”, se lee en el documento.
Tras detallar que meses atrás la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y distintas organizaciones sociales locales y regionales han advertido sobre la grave crisis humanitaria que viven los pobladores de Bojayá, reiteró que “el gobierno colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados”.
En la carta también se detalla que los “señalamientos a líderes, lideresas y autoridades étnicas están a la orden del día. La instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos. Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial y económico, desconociendo los reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades”.
Además, reiteraron un cuestionamiento que se viene haciendo de años anteriores: “Especialmente los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos con centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato”. (Leer documento)
Finalmente, desde Chocó le hacen una petición clara al presidente Duque: “Le solicitamos con todo respeto que, como máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y Presidente de la República, honre el Acuerdo de Paz, implementándolo, de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el Capítulo Étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá”.
Romaña, del FISH, llamó la atención sobre hechos recientes que afectan a los pobladores de Bojayá: “Hace cuatro días hubo un enfrentamiento entre el Eln y las Agc en el río Bojayá, donde están más de 3 mil personas confinadas, a punto de desplazarse, afros e indígenas, y no ha habido respuesta. No hay un control de la Fuerza Pública y por eso denunciamos que hay una connivencia porque el que tiene que hacer el control militar es la Fuerza Pública”.
Este líder afro reiteró el mensaje enviado al mandatario nacional y sumó una petición más: “El problema estructural que hay en Bojayá hay que resolverlo con una presencia de Estado, más no con una presencia militar”. Y se sumó a los cuestionamientos que hicieron varios sectores y políticos ante la ausencia en el sepelio de las víctimas de la masacre de funcionarios del alto gobierno.
Exigencias
Tres peticiones claras hicieron las organizaciones sociales chocoanas que suscriben el Tercer Informe de Seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, a través de las cuales se pretende que las afectaciones a sus comunidades sean atendidas de manera clara y eficiente.
A los organismos estales le reiteraron la petición contenida en la Directiva 012 emitida el pasado 22 de agosto por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que exigió un informe a las entidades responsables de atender la crisis humanitaria. “Le solicitamos a todas las instituciones del Estado, responsables de atender la crisis humanitaria que presenten a la brevedad, el informe detallado de las respuestas que han dado y que este informe sea discutido con el Comité de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya”.
De otro lado, le exigieron a los “actores armados presentes en el territorio (legales e ilegales) que respeten las normas del derecho internacional humanitario relacionadas con el no involucramiento de la población civil en la confrontación. De manera específica, terminar con la práctica de desplazamientos forzosos y confinamiento de las comunidades”.
Y finalmente le pidieron a la Fiscalía General de la Nación que inicie cuanto antes “las investigaciones por los casos de desplazamientos forzados y confinamiento de comunidades, en cuanto constituyen delitos en el marco del orden jurídico interno y a la vez se trata de crímenes de guerra, en el marco del derecho internacional consuetudinario ya que están sometiendo a las comunidades étnicas a su exterminio”.
La vocera de Acadesan ilustró con precisión los requerimientos esenciales de los chocanos: “El Chocó vive una coyuntura de penumbra, pero sus habitantes afros e indígenas y mestizos confiamos en la llegada del pronto amanecer de un Estado social de derecho que venga a cumplir con las necesidades del pueblo chocoano”.
Investigación realizada con el apoyo de:
