En lo corrido del año, el extraditado jefe paramilitar ha asumido responsabilidad por línea de mando en decenas de desapariciones y desplazamientos forzados que cometieron sus tropas en Cauca y Valle del Cauca.
Desde Estados Unidos, Éver Veloza García, alias ‘HH’, el jefe del desmovilizado Bloque Calima, siguió aceptando los crímenes que su grupo paramilitar cometió en el suroccidente del país y que la Fiscalía ha priorizado, en medio de su nueva metodología para agilizar el proceso de Justicia y Paz. (Lea: Condena de ‘HH’, prioridad en Justicia y Paz)
De este modo, en versión libre entre el 15 y el 16 de mayo, reconoció 12 desapariciones y 2 casos de desplazamiento forzado. El punto en común entre estos crímenes es que no ocurrieron en combates con grupos guerrilleros, sino que fueron ataques selectivos contra civiles, quienes fueron tachados como supuestos insurgentes o personas afines a sus contrincantes.
Uno de esos casos fue el de una joven que raptaron el 1 diciembre de 2002 en la vía Panamericana en Santander de Quilichao, quien fue llevada hasta la vereda Lomitas, en donde varios paramilitares la interrogaron, torturaron, asesinaron y posteriormente arrojaron al río Cauca para desaparecerla.
Alias ‘Chino Chan’, uno de los desmovilizados que también estuvo presente en los días de versión libre, confesó que él señaló a la mujer, a quien identificó como ‘Sandra Gatillo’, porque supuestamente la había visto con varios guerrilleros y era una informante. En este caso la víctima sufrió la sevicia de sus verdugos, quienes la interrogaron a punta de garrotazos, la asesinaron con un disparo de guacharaca y una vez muerta le rajaron el estómago para rellenárselo con arena, con el objetivo de que su cuerpo se sumergiera para siempre en el río.
Entre los desparecidos también cayeron miembros de las filas paramilitares que perdieron la confianza de sus superiores o incumplieron las normas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Uno de ellos fue alias ‘El Pulpo’, quien en medio de la desconfianza de alias ‘Gonzalo’, fue asesinado y enterrado en una fosa común porque incumplió la orden de patrullar enfrente de él y no por su espalda. En septiembre de 2011 el cuerpo de este excombatiente fue encontrado por funcionarios de Justicia y Paz, a raíz de información que aportaron los desmovilizados.
Uno de los casos de desplazamiento forzado por los que ‘HH’ asumió responsabilidad fue el de un agricultor que se vio obligado a abandonar su sitio de residencia en Silvia, luego de que un comando paramilitar que iba a incursionar a Ortega en marzo de 2001, asesinara en el camino a uno de sus hermanos que fue miembro del M-19 y se reinsertó a la sociedad civil. Su pariente y uno de sus trabajadores fueron asesinados por la militancia en ese grupo guerrillero que depuso las armas en 1990.
Además de asumir responsabilidad en los crímenes priorizados que le pusieron de presente en esos dos días las fiscalías 53 y 40 de Justicia y Paz, el extraditado jefe paramilitar también reconoció en anteriores dilgencias 28 crímenes que la Fiscalía 18 ya les imputó a varios desmovilizados del Bloque Calima. La mayoría de esos casos fueron asesinatos selectivos en Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Jamundí.
Con esos casos, la cifra de crímenes que ha reconocido ‘HH’ en este año llega a 62, los cuales asumió por línea de mando, ya que fueron cometidos a raíz de las órdenes que él y sus lugartenientes le impartieron a la tropa que comandaron. En la mayoría de los crímenes el exjefe paramilitar no ha aportado nueva información porque no los conoció cuandofueron cometidos y desde su sitio de reclusión en Nueva York no tiene contacto con los desmovilizados ni alcance a los procesos con las confesiones.
Estas versiones se realizaron por medio de videoconferencia entre las ciudades de Nueva York, Cali, Medellín y Popayán. En la capital antioqueña estuvieron presentes los restantes jefes del Bloque Calima que están postulados al proceso de Justicia y Paz, y la Fiscalía 17, que es la encargada de coordinar el proceso de priorización de ‘HH’.
Con la reforma que el Congreso de la República le hizo a la Ley 975 de 2005, la Fiscalía está enfocada en obtener la confesión de los jefes máximos de los grupos armados en los crímenes de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia sexual y crímenes de gran impacto (masacres, tomas en pueblos, entre otros), para establecer cómo fueron las prácticas y reconstruir el contexto de los crímenes más graves. Una vez que se tenga una sentencia macro a los jefes, los subalternos se adherirán a ella, en una especie de audiencia de sentencia anticipada, que agilizará el proceso judicial y aumentará el número de condenas.
