Los juicios tendrán menos audiencias y los desmovilizados que cumplan ocho años en la cárcel serían liberados si se comprueba que han contado la verdad y han reparado a sus víctimas.
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En el último debate ante la plenaria del Senado se aprobó la reforma a la Ley de Justicia y Paz que ajusta los criterios con los que se juzgan a los ex miembros de grupos armados ilegales que cometieron crímenes graves o de lesa humanidad. Así las cosas, los paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron tendrán que cumplir con requisitos más fuertes para obtener los beneficios jurídicos que ofrece la norma a cambio de su colaboración con la justicia.
En siete años de la entrada en vigencia de la ley de Justicia y Paz solo hay 14 sentencias condenatorias, cifra que pone en evidencia la falta de agilidad del proceso puesto que a la norma se acogieron más de cuatro mil desmovilizados que aún esperan su fallo.
A este balance se suma la preocupación sobre una posible excarcelación masiva de los desmovilizados que ya cumplieron ocho años privados de la libertad (pena máxima en Justicia y Paz), pero que aún no han recibido ninguna condena.
Sin una regulación clara, centenares de procesados podían solicitar su libertad por pena cumplida así no tuvieran un fallo. Aunque la Corte Suprema había emitido un concepto que regulaba esta situación, en realidad no era claro cómo se iban a controlar las solicitudes de excarcelación. (Ver artículo Los enredos sobre la libertad de los ex paramilitares)
De hecho, debido a la congestión de procesos en Justicia y Paz, se preveía que muchos desmovilizados demandarán al Estado por haber incumplido con los plazos en sus juicios.
La reforma pretende afrontar estas amenazas que habían puesto en tela de juicio la credibilidad del proceso de Justicia y Paz, sobre todo ante las víctimas que veían con preocupación como los ex paramilitares y los ex guerrilleros recibían rebajas de penas sin haber colaborado con la justicia ni haber reparado a las víctimas.
A mediados de noviembre del año pasado se realizó el primer debate en Comisión Primera de Cámara, en donde el texto fue aprobado por unanimidad sin cambios de fondo. En la segunda semana de diciembre de ese año, el proyecto pasó el debate en plenaria de Cámara y para junio de este año, el proyecto había surtido su último debate en Comisión Primera de Senado con aprobación de 11 votos contra 0.
Según el senador Juan Fernando Cristo, esta reforma, que contó con el apoyo y asesoría de la Fiscalía, los magistrados de Justicia y Paz, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia y la Mapp-OEA, está pensada independientemente del desarrollo del actual proceso de paz con las Farc y del eventual debate sobre elconocido ‘Marco Jurídico para la Paz’.
Los puntos de la reforma
La reforma aprobada establece nuevos parámetros para darle mayor claridad y rapidez al proceso de Justicia y Paz a través de cinco cambios fundamentales.
En primer lugar, la reforma reduce el número de audiencias dentro del proceso. Antes de la reforma cada desmovilizado debía pasar por cuatro audiencias de imputacón, formulación, legalización y juicio. Ahora, en una sola audiencia se imputarán todos los hechos y pruebas del caso. Luego de esta audiencia, se otorgará un periodo corto para que la Fiscalía compruebe los hechos y paso seguido, dispone la realización de una audiencia fusionada (que no existía antes) en la que al postulado se le formulan los cargos, los acepta y el tribunal tiene la posibilidad de anunciar el sentido que la sentencia va a tener, es decir el proceso se reducirá a la mitad.
La reforma también precisa las causas por las cuales un desmovilizado sería excluido del proceso de Justicia y Paz que no eran contempladas en la norma original. Por ejemplo en casos en los que el desmovilizado se niegue a participar en las versiones libres, cuando se compruebe que ha dado confesiones incompletas o cuando haya reincidido en cualquier tipo de delito.
Con los cambios se amplía la vigencia de la ley para que incluya a quienes se desmovilizaron después de julio de 2005, cobijando tanto a paramilitares como a guerrilleros que se desmovilizaron individualmente. Mientras los paramilitares tendrían un año después de la sanción de esta reforma para ser postulados, en el caso de los guerrilleros, estos podrían ser postulados incluso hasta un año después de la fecha de su desmovilización.
Para los paramilitares la ley aplicaría sólo para hechos cometidos antes de su desmovilización, mientras que para los desmovilizados individuales la ley cobijaría hechos cometidos hasta diciembre de 2012, fecha en la que se esperaría la promulgación de la nueva ley.
En cuarto lugar, la reforma permite a los fiscales de Justicia y Paz priorizar casos y hechos de violencia según su gravedad e impacto. Tal y como lo planteó la Revista Semana en su última edición, bajo este esquema, la Fiscalía podrá “elaborar un plan para priorizar los casos más emblemáticos, de acuerdo a los máximos autores y los crímenes más atroces, e investigar los llamados “patrones de macro-criminalidad”. Se podrán adelantar investigaciones por bloque paramilitar y hacer audiencias colectivas, acelerando los procesos”.
Los criterios a tener en cuenta para la priorización (tratamiento especial en el menor tiempo posible) irían entonces de acuerdo con la representatividad del crimen cometido, el estado de vulnerabilidad de sus víctimas o el grado de jefatura y de responsabilidad de sus perpetradores.
Finalmente, y contrario a las últimas versiones de la reforma que habían cursado por las otras instancias del Congreso, la reforma ratifica que la audiencia de reparación a las víctimas se hará antes de la promulgación de la sentencia y no con posterioridad como se había planteado en algún momento del trámite legislativo.
La libertad de los desmovilizados
Hasta antes de la reforma y tras cumplirse siete años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz que ofreció rebajas de penas a los paramilitares que se desmovilizaran, no existía claridad acerca de las condiciones bajo las que los ex miembros de las autodefensas y guerrilla recuperarían su libertad.
Este vacío legal había permitido que varios ex ‘paras’ que ya habían sido condenados y los que estaban a punto de recibir una sentencia por parte de los magistrados de Justicia y Paz pidieran su excarcelación, o incluso que algunos postulados plantearan la posibilidad de demandar al Estado por haber incumplido con los plazos en sus juicios.
Al respecto, la reforma recién aprobada establece que aquellos desmovilizados que cumplan ocho años en la cárcel podrán acceder a libertad condicional siempre y cuando hayan cumplido y sigan cumpliendo con el esclarecimiento de sus delitos y con la entrega de bienes y reparación a las víctimas. Como referencia Semana, “esto resuelve, al menos parcialmente, el problema de que todos fueran quedando libres sin más o se vieran obligados a pagar las penas suspendidas en la justicia ordinaria”.
El balance hoy
A octubre de 2012, las cifras de la Unidad de Justicia y Paz reportan un total de 14 sentencias proferidas, 11 postulados que se encuentran en la fase de incidente de reparación, 128 a quienes se les ha hecho legalización de cargos, 292 a quienes les concluyó la audiencia de formulación de cargos y otros 628 que solicitaron el inicio de esta audiencia, además de 1.126 postulados que solicitaron audiencia de imputación.
En total se han confesado 38.473 hechos delictivos a través de este proceso, entre los que se incluyen más de mil masacres, alrededor de 25 mil homicidios, 11 mil casos de desplazamiento forzado, 3.400 casos de desaparición forzada, frente a los cuales se ha logrado reconocer y relacionar un universo de más de 50 mil víctimas.
Al mismo tiempo que alrededor de 80 mil víctimas han participado en las versiones libres y que se han realizado 784 jornadas de atención para casi 150 mil víctimas, el proceso mismo ha aportado información valiosa para casos que se encuentran en la justicia ordinaria: se han compulsado copias para que se investiguen las actuaciones de 1.124 políticos, 1.023 miembros de fuerza pública, 393 servidores públicos y 10.329 personas comunes y desmovilizados.
Tal y como está planteada, la reforma pretende dar respuesta inmediata a varios de los interrogantes que permanecían sobre el futuro inmediato del proceso de Justicia y Paz y frente a su contribución real a la verdad, a la justicia y a la reparación. En esta, sin duda, se juegan las últimas cartas para darle un cierre definitivo a este mecanismo de justicia transicional tras siete años de funcionamiento.
