El más completo informe realizado por la Mapp-OEA, dirigido por Baltasar Garzón, hace 110 recomendaciones para mejorar el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares.
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| En el país existen tres cuatro Tribunales de Justicia y Paz, que pueden emitir sentencias, ubicados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Foto archivo Semana |
Aunque la Ley de Justicia y Paz ha desempolvado varios crímenes que estaban en la impunidad y ha aportado a los juicios que adelanta la Corte contra los ‘parapolíticos’, el proceso ha sido lento y no ha sido suficiente para proteger y reparar a las víctimas.
Esa es la principal conclusión del más reciente estudio que publicó la Mapp-OEA, con la coordinación de Baltasar Garzón, después de analizar la aplicación de cada uno de los componentes de la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, que hace seis años permitió la desmovilización de 30 mil paramilitares y comenzó un proceso que prometió verdad, justicia y reparación para los cuatro millones de víctimas del país (Lea el estudio aquí).
“Existen obstáculos procesales, que han dilatado las etapas del proceso judicial de justicia y paz, lo que se traduce en escasas sentencias, debilidad en las garantías judiciales, y dificultades para hacer efectivos los derechos de las víctimas”, señaló el estudio.
El documento se convierte en una pieza clave a propósito de la reciente reforma a la Ley que presentó hace unas semanas la Fiscal General Viviane Morales al Congreso, precisamente, para resolver esos “puntos críticos”.
También por la pronta puesta en marcha de la Ley 1448 o Ley de Víctimas que, entre sus principales artículos, promete restituirles las tierras a los campesinos que fueron despojados por los grupos armados ilegales. (Lea: Los “puntos críticos’ de Justicia y Paz).
VerdadAbierta.com presenta una síntesis de algunos puntos del diagnóstico realizado por la OEA:
La desmovilización
El estudio encontró que hubo fallas en la desmovilización individual pues varios ex paramilitares dijeron que se postularon solo por órdenes de sus ex jefes o “por si acaso”. Esto hizo que al comienzo de las versiones libres, es decir en la etapa donde comienzan a confesar sus crímenes, varios de ellos no volvieran a asistir argumentado que no habían cometido delitos atroces.
Otra de las críticas recayó en las bonificaciones económicas que contempla el Decreto 2767 de 2007 y que reglamenta la Ley 418 de 1997. Esto motivó a que varios desmovilizados buscaran su postulación a Justicia y Paz a cambio de recibir dinero, cuando la Ley en sí ya contempla beneficios para los ex paramilitares, entre ellas, la pena alternativa.
La MAPP-OEA recomendó eliminar esas bonificaciones económicas y que la postulación se base en la real voluntad que tiene la persona en colaborar con la justicia, pero sobre todo que su participación en el proceso garantice el desmantelamiento del grupo armado ilegal.
Las versiones libres
El informe resaltó el impacto de las versiones libres en la justicia. “No sólo se han podido aclarar delitos de los cuales la Fiscalía no había obtenido suficiente información, sino también se ha dado el caso de desmovilizados que han confesado hechos por los cuales habían sido absueltos en procesos anteriores a la versión libre”, señaló el informe.
La versión libre es una etapa preliminar donde los ex paramilitares confiesan sus delitos y la Fiscalía comienza a verificarlos. Es en este punto donde también se compulsan copias a la justicia ordinaria, en caso de que hayan sido mencionados empresarios, militares o políticos. Según el informe, esto ha sido clave en los procesos que adelanta la Corte contra varios políticos.
Sin embargo, el informe encontró que el desarrollo de las versiones libres no se ha hecho con una metodología estándar y que además ha habido dilataciones causadas por los cambios de fiscales y la falta de comunicación entre la Fiscalía y el Inpec en relación con los traslados de los presos a la hora de las audiencias. Otro punto crítico, señaló el informe, es que las víctimas deban repetir una y otra vez la tragedia para que el crimen les sea reconocido.
Entre sus puntos, la MAPP-OEA recomendó que exista un sistema integrado de información de Justicia y Paz que sea de acceso para las víctimas y para la reconstrucción de la memoria histórica, así como un protocolo de investigación que priorice los motivos, el contexto y los patrones de violencia para así documentar las estructuras armadas y financieras de cada uno de los bloques paramilitares.
La extradición
Según datos del informe, 29 postulados a Justicia y Paz han sido extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y la mayoría de ellos son ex jefes paramilitares. Para la MAPP-OEA este hecho truncó el desarrollo del proceso. “Este fue el mayor golpe que, en términos de verdad, se le ha dado al proceso de Justicia y Paz”, indicó.
La MAPP-OEA advirtió que solo seis de los ex jefes ‘paras’ están participando de Justicia y Paz, pero de forma irregular y afrontando obstáculos como fallas técnicas en la transmisión de las audiencias, temor por las amenazas contra su familia y cambio de abogados. (Lea: ¿La verdad extraditada?)
El informe recomendó que se prioricen los derechos de las víctimas y que se adopte la doctrina de la Corte Suprema en relación con las extradiciones para limitarlas en el futuro. Asimismo sugirió reformar los acuerdos bilaterales de asistencia legal y cooperación judicial, para que los ex jefes paramilitares sigan confesando los delitos que cometieron en Colombia.
El juicio
El proceso de juicio contra un ex paramilitar se compone de varias etapas, entre ellas, la imputación, formulación y legalización de cargos. Pero entre esos pasos, la Fiscalía puede solicitar audiencias parciales y antes de que un magistrado emita sentencia el proceso tarda años.
Para la MAPP-OEA dentro del proceso se duplican trámites y esto demora la emisión de las sentencias, que no solo condenan a los ex paramilitares sino reparan a las víctimas.
Según datos del informe, la Fiscalía ha presentado escrito de solicitud de audiencia de imputación de cargos contra 405 postulados, ha formulado audiencia de formulación de cargos contra 174 postulados y ha presentado cargos en 91 casos, hallándose los postulados a la espera de la realización de la audiencia de control de legalidad.
Por tanto, recomendó que se regule la figura de las imputaciones parciales como un mecanismo excepcional de investigación y que se otorguen herramientas a las instituciones para evitar que se continúen incumpliendo los pasos estipulados.
La sentencia
Por lo complejo del proceso, que comienza en versiones libres y continúa en un juicio que se compone de varias etapas, en seis años Justicia y Paz solo ha emitido cuatro sentencias: la de Wilson Salazar Carrascal alias ‘el Loro’ del 31 de julio de 2009; Édwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Úber Enrique Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ del 27 de abril de 2011; Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’ del 2 de diciembre de 2010; y Aramis Machado alias ‘Cabo Machado’ del 29 de junio de 2011.
Para la MAPP-OEA, Justicia y Paz debe cambiar su estrategia deinvestigación utilizando criterios de selección y priorización de los crímenes teniendo en cuenta, por ejemplo, los fenómenos criminales masivos.
Enfoque de género
Los delitos contra las mujeres son altos en el país. Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, 1.657 mujeres fueron asesinadas en el país entre 2002 y 2008. De ellas, 1.508 fueron víctimas de homicidio, 208 fueron desaparecidas forzadamente y 373 mujeres fueron asesinadas en 69 masacres. Solo en 2010 el Instituto de Medicina Legal registró 16.916 casos de violencia sexual contra las mujeres.
Pese a la situación en Justicia y Paz han sido pocos los crímenes de género que han confesado los ex paramilitares.
Según datos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, a 31 de julio de 2011 sólo se habían confesado 55 delitos de violencia sexual, de un total de 26.026 delitos confesados por los ex paramilitares en sus versiones libres. (Lea: Fallo simbólico contra la violencia sexual en el conflicto armado)
En sus recomendaciones, la MAPP-OEA señaló que la justicia debe dar prioridad a todos estos casos que afecten a poblaciones o comunidades para combatir la impunidad y a su vez evitar la réplica de delitos como el reclutamiento ilegal, la esclavitud o la violencia sexual.
La ‘parapolítica’
El informe resaltó el papel que ha jugado Justicia y Paz en los juicios que adelanta la Corte Suprema contra políticos vinculados con las Auc, a quienes se les conoce popularmente como los ‘parapolíticos’.
Según datos de Justicia y Paz, para el 31 de enero de 2010 la Fiscalía había compulsado 8.080 copias a la justicia ordinaria, de las cuales 155 fueron contra servidores públicos, 429 contra políticos (239 alcaldes, 59 concejales, 48 representantes, 43 senadores, 27 gobernadores y 13 diputados) y 395 contra miembros de las fuerzas armadas.
“Conviene resaltar la gran influencia que han tenido las versiones libres en el campo de la parapolítica. Así, a modo de casos ilustrativos, se pueden citar los de Julio Bernal Acosta en Arauca; Vicente Blel Saad y Javier Cáceres en Bolívar; Álvaro ‘el gordo’ García en Sucre, y Mario Uribe en Córdoba”, señaló el informe.
Ley de víctimas
La Ley 1448 o Ley de Víctimas está en reglamentación y entrará en vigencia en 2012. El gobierno prometió que a partir del próximo año comenzará restituir las tierras a todas las víctimas de la violencia que fueron despojadas por los grupos armados ilegales.
El informe señaló la importancia de una articulación entre Justicia y Paz y esta nueva ley, y propuso que se desarrolle un protocolo para el retorno, que se determine la cantidad para compensar a los propietarios de buena fe y fijar los costos de inversión en el acompañamiento para la producción y acceso a servicios públicos de las víctimas.
Priorizar y seleccionar
El informe advirtió sobre la importancia de que Justicia y Paz, que es una justicia transicional, adopte criterios de priorización y selección para investigar y juzgar los crímenes. Solo así, indicó la MAPP-OEA, el proceso sería más ágil y las víctimas no perderían la confianza en el Estado.
También ayudaría a reconstruir cómo delinquieron los grupos armados ilegales, quiénes eran sus principales jefes, cómo se financiaron y qué tipo de crímenes cometieron en las regiones del país, si estos delitos fueron masivos, si había un patrón y cuáles eran los perfiles de los criminales.
El análisis también propuso una Comisión de la Verdad como un instrumento complementario al proceso y la creación de órganos colegiados que apoyen a los magistrados que estudian cada uno de los delitos antes de emitir las sentencias.
