En total 5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos y de éstas, 1,2 millones estaban cultivadas antes de ser despojadas. Es una de las revelaciones que surgió en el Foro Semana de este martes sobre restitución de tierras en Colombia.
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| Miles de hectáreas de tierra de víctimas de la violencia no están en manos de sus reales propietarios. Foto Semana |
Varios expertos coincidieron en que hay que salvar el capítulo de tierras de la Ley de Víctimas que se tramita en el Congreso, durante el Foro Semana ‘Restitución de tierras para las víctimas’, realizado este martes en Bogotá.
El investigador social Luis Jorge Garay introdujo el problema de la tierra en Colombia y explicó la dimensión des desafío de la restitución en el país. “5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos. 1,2 millones estaban cultivadas”, dijo Garay vía telefónica desde España.
Por su parte, María Zabala, víctima desplazada de Córdoba, dio un testimonio que mostró la situación que viven miles y miles de campesinos que han sido despojados y otros que no han podido tener acceso a la tierra: “Teníamos 80 hectáreas de propiedad familiar, que no queríamos vender. El gobierno, hace años, nos pagó el 70 por ciento de 8 hectáreas y media. No es lo mismo 8 que 80”.
La familia de María no había conocido la miseria. Tenía animales, casa, cosechas y enseres. ¿El Estado buscará restituirle sólo las tierras o el patrimonio que perdió?
Para Alejandro Reyes, investigador con amplia trayectoria en el campo, “hay que contentarse con buena restitución de tierras”. Lo demás sería utópico. Recordó el refrán popular “Tierra compra casa. Casa no compra tierra” para señalar que lo fundamental es recuperar las tierras.
Luis Jorge Garay, en cambio, promueve la reparación integral. Calcula en 8,4 billones de pesos las pérdidas de bienes y en 49,7 billones de pesos el lucro cesante de las víctimas en el país.
“El Gobierno quiere limitar la restitución a la tierra, aduciendo razones fiscales. Sin embargo, se acordó una implementación gradual para que no se desborde fiscalmente la restitución patrimonial”, anotó el representante Guillermo Rivera, coordinador de ponentes en la Cámara.
Con una posición intermedia intervino Rodrigo Uprimny, ex magistrado de la Corte Constitucional y director de DeJusticia: “Apoyo el principio normativo de la reparación integral, bajo un cierto realismo fiscal y político, pero exigiendo mayor compromiso del Estado y que la sociedad debata la cuestión”.
“La Corte Constitucional, en su Auto 08, está hablando de restitución patrimonial”, añadió Rivera.
¿Quién paga la restitución de tierras? “En principio, es gratis, pues se trata de quitárselas a los usurpadores. Aunque tiene costos políticos e institucionales”, dijo Uprimny.
En este sentido, hubo acuerdo en que el capítulo de tierras del proyecto de ley de víctimas tiene herramientas novedosas. “Crea zonas especiales donde se presentaron los despojos, y allí se invierte la carga de la prueba para demostrar que los títulos son legítimos, y no fueron consecuencia de la acción de los violentos”, explicó Rivera.
“Crea jueces especializados, en salas civiles de justicia y paz, con procedimientos expeditos para la restitución, y una comisión de la verdad en materia de tierras”, agregó. Sin embargo, generó discusión que sean los jueces los encargados de la restitución. Para Alejandro Reyes, debe ser el gobierno, “con todos los instrumentos que tiene. Los jueces son personas desvalidas”.
Uprimny señaló que la experiencia internacional al respecto es precaria. Que sean los jueces “con el gobierno detrás”, algo de lo que desconfía por los “ataques observados a la independencia judicial”.
Guillermo Rivera contó que en su ponencia incluyó una unidad administrativa especial adscrita a la Presidencia, con funciones jurisdiccionales, para liderar la restitución, pero el Gobierno le hizo saber que no estaba interesado.
Ante la pregunta de la moderadora de este Foro Semana, Marta Ruiz, editora de Seguridad de revista, sobre si el proyecto de ley se debe hundir o aprobar, las respuestas coincidieron en que es preferible hundirlo, si la Plenaria de la Cámara no corrige lo aprobado en la Comisión Primera.
Patricia Buriticá, miembro de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, insistió en la necesidad de conseguir un consenso nacional en torno a esta ley.
Por su lado, Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, argumentó que la Corte Constitucional ha ido más lejos con sus sentencias y autos en la defensa de las víctimas, por lo que sería preferible hundir el proyecto de ley tal como está.
Sería Uprimny el que finalizando el foro, soltaría una idea que pareció conseguir un nuevo consenso frente al proyecto de ley, si no se corrige en los asuntos problemáticos: “volverlo una ley de restitución de tierras, y continuar el debate de lo demás”.
Reyes apoyó “El corazón es la tierra. La riqueza no se puede fundar en el robo”.
