A casi un mes de cumplirse tres años de la entrega del Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, VerdadAbierta.com habló con el presidente del comité encargado de hacerle seguimiento a la implementación de ellas. Entrevista.
La Comisión de la Verdad (CEV) le encargó al Comité de Seguimiento y Monitoreo crear un sistema de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que realizó, hacer incidencia sobre ellas y realizar informes periódicos sobre su implementación.
El Comité, conformado por siete miembros de la sociedad civil, actualmente está presidido por Wilson Castañeda, reconocido activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, quien también dirige la organización Caribe Afirmativo. Los otros integrantes son Armando Custodio Wuoriyu, Dorys Ardila Muños, Esther María Galleo, Julia Eva Cogollo, Marco Alberto Romero y Olga Amparo Sánchez.
Este medio habló con Castañeda sobre varios temas relacionados con el Informe Final y sus recomendaciones, luego de que participara en un espacio de incidencia con diversos sectores de la sociedad civil, la semana pasada en la Universidad ICESI de Cali.
VerdadAbierta.com (VA): Van a cumplirse tres años de la entrega del Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La mayoría de ellas (54) fueron planteadas para realizarse en un corto plazo y 43 en el mediano plazo. ¿Cuál es el balance actual?
Wilson Castañeda (WC): Hay que decir cuatro cosas. La primera, es que nosotros como Comité vemos con preocupación que en el país hay ciertos actores que se han olvidado del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando el presidente Petro lo recibe, cuando había sido recientemente electo, acuñó la famosa frase “a rajatabla”, que iba a cumplirlo a rajatabla.
Hubo un fervor muy significativo alrededor de la Comisión de la Verdad aquel 28 de junio de 2022, cuando se conoció el Informe Final. Con el correr del tiempo hemos visto, por un lado, que con esa frase del presidente, hay algunos sectores del Estado nacional y de algunos gobiernos territoriales que se han desentendido de la implementación de las recomendaciones. Y cuando se les pregunta dicen que Petro asumió que lo iba a cumplir, cuando no sólo es competencia del presidente.
En segundo lugar debemos decir que hemos visto cómo muchos sectores, sobre todo de la sociedad civil, aglutinados en una estrategia que se llama la Red Aliada, en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Nariño, y en agendas como las LGBTIQ+ y de mujeres, ha seguido vigilante durante estos tres años con las recomendaciones, insistiendo y poniéndolas en muchos lugares clave, a pesar de que ahora no hay recursos financieros ni motivación política para avanzar al respecto.
En tercer lugar, el Informe Final tuvo una dificultad metodológica y comunicacional: la Comisión de la Verdad presentó el Informe Final y se fue. No existió un proceso de apropiación del Informe, con la desventaja de que tuvo una impresión limitada de mil ejemplares, que se ubicaron en bibliotecas públicas; tiene un sitio web maravilloso, pero en un país donde no hay universalidad de conexión a internet.
El Comité heredó en muchos lugares de la sociedad un desconocimiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Si bien nuestra competencia es hacer pedagogía sobre las recomendaciones y no sobre el Informe, esa ausencia de apropiación nos ha hecho ir hacia atrás.
VA: ¿Por qué la mayoría de la sociedad colombiana o del ciudadano común no conoce o no se apropió del Informe Final?
WC: La Comisión de la Verdad tuvo un objetivo que no logró materializar: hacer de la verdad un bien público. Este informe no es el primero que tenemos en Colombia, pero tenemos un problema muy grave, y es que es un país que ha sido tan estudiado en materia de conflicto armado. Aquí hay un montón de personas que se apropian de la verdad. Y la verdad se volvió un asunto de “propiedad de”.
La Comisión de la Verdad desde el día uno quiso hacer eco de una frase, que era “la verdad como bien público”. De hecho, su trabajo territorial y poblacional era un ejercicio para que la sociedad se empoderara en materia de verdad. Creo que a la Comisión no le alcanzó el tiempo.
Con la desaparición de la Comisión de la Verdad, y ante la ausencia de recursos en Colombia que siga apoyando a la sociedad civil en sus esfuerzos por la verdad, esta sigue siendo tarea de un pequeño grupo de organizaciones sociales, casi todas basadas en Bogotá. Entonces volvimos al escenario de que la verdad es un asunto de unos pocos.
Y ante ese escenario, cuando se entregó el Informe Final, para mí el hallazgo más significativo es que una de las causas de una violencia tan larga, es que este país es muy indiferente ante ella. Y esa indiferencia fue caldo de cultivo para la complicidad social.
Si bien este informe fue altamente participativo, tuvo un fervor que empezó a reducirse. Y ese legado de la Comisión de la Verdad, hoy es un legado que tiene una apropiación muy limitada en sectores pequeños y eso está haciendo un proceso de involución. Parece que la verdad le pertenece a ciertos sectores sociales y el resto de colombianos y colombianas es muy indiferente a conocer lo que dice el informe, a apropiarse de él y hacerlo una hoja de ruta para que la violencia no se repita.
VA: ¿Comparte la posición de quienes señalan que el Informe Final se quedó en el círculo de abogados, académicos del conflicto armado y defensores de derechos humanos?
WC: La comparto y le agrego dos cosas: se quedó en el centro del país; y se lo apropió un sector político para hacer politiquería, y no es una directriz en el país. ¿Por qué lo digo? Creo que hay ciertos sectores de la sociedad colombiana que hablan del olvido del Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Hay un problema que tenemos que resolver, y es que la verdad en Colombia está capturada. Y está capturada por cuartos sectores: un sector muy centralista y un sector político que las ha usado (recomendaciones de la CEV) para un bienestar partidista. Entonces, esta captura de de las recomendaciones ha hecho mucho daño, porque de un lado ha limitado esa vocación de ser un bien público que tiene las recomendaciones, pero de otro lado, ha hecho que mucha gente se desentienda porque siente que eso le compete a otros.
VA: ¿Cuál es ese sector que está haciendo politiquería con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?
WC: Creo que no hay un partido político per se, pero pongo un ejemplo con el Congreso de la República. La bancada del gobierno en el primer año legislativo presentó 76 proyectos de ley relacionados con las recomendaciones. El segundo año presentó cinco y el tercero presentó tres.
Entonces, yo diría que muchos sectores cercanos a la agenda de los derechos humanos, que están representados en la bancada del gobierno, que no son solamente Pacto Histórico, sino que son simpatizantes, asumieron las recomendaciones en el primer año legislativo y avanzaron en proyectos de ley como el Ministerio de la Igualdad, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el Estatuto del Campesinado, que eso está muy bien, pero no lo convirtieron en una hoja de ruta política, sino en una oportunidad política de posicionamiento de bancada.
El mayor ejemplo lo tenemos con que no logramos que el Congreso de la República discuta una ley de sometimiento para las bandas criminales que están negociando (bajo la política de) Paz Total. Eso tiene que ver con una recomendación de la Comisión de la Verdad, y hoy no hay dolientes para eso porque no es taquillero para su proyecto político.
Entonces, por eso digo que un sector político, que si bien no es el partido de gobierno, al principio acogió las recomendaciones, pero les sirvió más como una plataforma para posicionar ciertos temas pero no un compromiso con la verdad.
VA: A nivel general, ¿cuáles son las recomendaciones en las que más se ha avanzado en materia de cumplimiento?
WC: Para nosotros hay dos avances muy significativos. El primero tiene que ver con procesos educativos, hemos encontrado en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Educación, una apuesta muy significativa con las recomendaciones. Estrategias como La Escuela Abraza la Verdad y proyectos descentralizados del Ministerio de Cultura para construir memoria para la paz, son dos ejemplos muy significativos que están presentes en los territorios con presupuesto y que están generando transformación.
Hay unas terceras prácticas que avanzan, pero que todavía son muy nominales. Por ejemplo, el cambio de doctrina del Ministerio de Defensa, durante la administración de Iván Velásquez, pero no logra materializarse en las acciones de los militares y la Policía. El Ministerio de Justicia con Néstor Osuna avanzó mucho en acercar la justicia ordinaria con la justicia transicional y la justicia indígena, pero todavía falta aterrizar más eso en la aplicación de justicia.
Hay una alerta para nosotros muy clave, que es el Ministerio de la Igualdad. En nuestro primer informe ese ministerio fue un gran avance porque era una recomendación explícita de la Comisión de la Verdad: que tuviéramos una institucionalidad para los grupos históricamente discriminados y excluidos. Pero el no avance de acciones del Ministerio de la Igualdad y su cierre inminente por orden de la Corte Constitucional, nos preocupa porque es de una recomendación que avanzaba y ahora está en retroceso.
VA: ¿Cuáles son las más rezagadas y por qué?
WC: En tres escenarios. El primero es la política de drogas, que si bien hay una voluntad manifiesta del gobierno, que desde el día uno se la ha jugado en escenarios nacionales e internacionales con voces tan autorizadas como Laura Gil, no encontramos sinergias porque es un tema que se le escapa al Estado colombiano.
Segundo, no estamos viendo avances con los colombianos y colombianas en el exterior. Hay una urgencia de reconocer el exilio como una violación a los derechos humanos. En eso no ha avanzado el Congreso de la República y la Comisión de la Verdad tiene una recomendación explícita y es que el gobierno nacional reconozca en el exterior su responsabilidad frente a las graves violaciones de derechos humanos. Hemos tenido dos casos de reconocimiento: uno en Bruselas (Bélgica) y otro en Rumichaca, en la frontera con Ecuador.
Y tercero, en lo territorial, aunque hay algo de compromiso. Por ejemplo, encontramos algunos Planes de Desarrollo Territorial que se hicieron el año pasado comprometidos con las recomendaciones, pero otros no, en territorios altamente afectados por el conflicto armado, como Sucre, Córdoba y Antioquia. Además, hemos encontrado que las acciones del gobierno nacional, en oficinas como la del Alto Comisionado para la Paz, no están conectando con acciones de gobiernos departamentales y locales, y eso finalmente está generando detrimento en el avance de paz territorial.
VA: Nuevamente, en 2024, Colombia ocupó el primer lugar como el país con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, según publicó hace un par de semanas Front Line Defenders. Esto es un claro indicador de que varias recomendaciones siguen sin cumplirse. ¿Qué se debe hacer para ponerle freno a esa violencia?
WC: Hay una frase que construyó la ciudadanía: “La paz nos está costando la vida”. Y tiene que ver con que el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, nos ha generado un ambiente de que a mayor compromiso con la paz, mayor riesgo.
Eso está haciendo que algunos sectores más radicales estén llamando a ponerle fin a la implementación del Acuerdo y estén llamando a rearmar al Estado. Pero del otro lado también estamos sintiendo mucho cansancio de las víctimas.
La Jurisdicción para la Paz está muy lenta, la gente está perdiendo confianza. Uno entiende que los sistemas judiciales son largos, pero estamos hablando de un proceso transicional. Y las víctimas no están viendo verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición.
Hay un escenario de incumplimientos que está generando un ambiente de desestimulación y cuando a ese escenario llega la violencia, generada por los mismos actores del conflicto armado o por nuevos actores que se han fortalecido por la ausencia del Estado, es lo que genera tres preguntas en el Comité.
Primero: ¿Cómo logramos que el Estado aplique decisiones estructurales? Aquí necesitamos cambios que si no se hacen rápidamente, como lo estamos viendo ahora: lo logrado con grupos que firman la paz, es copado por nuevos grupos.
En segundo lugar, ¿cómo el Estado está desplegando garantías de protección a la vida? Este es un gobierno que asumió su Plan de Desarrollo, asumiéndolo como una potencia para la vida, pero no se está siendo consecuente porque la vida de quien está comprometido por la paz está en riesgo. Entonces tenemos que volver a poner la vida en el centro.
Finalmente, creemos que este asunto del aumento de violencia da cuenta del mayor indicador que dice que un proceso no avanza bien: la crisis humanitaria. En Colombia hemos tenido siempre una crisis humanitaria, pero hemos tenido un incremento en los últimos años que coincide con la firma del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo en el Sur de Bolívar, en Chocó o en el Catatumbo es una violencia que se desata y que al desatarse descubre una crisis humanitaria estructural, que finalmente es la que está poniendo en jaque el bienestar de estas personas.
Toca volver a un asunto de exigencia vital, que es la vida en el centro de esta discusión. Pero mientras logramos caminar hacia eso en un país que ha estado marcado por la violencia, el Estado tiene que asegurar muchas estrategias de protección de vida para que la paz no nos cueste lo que nos está costando.
VA: El Comité está preparando su cuarto informe para presentarlo el próximo mes. ¿Nos puede dar un adelanto de sus hallazgos principales? ¿En qué se centra?
WC: El cuarto informe básicamente vuelve al segundo informe. El primer informe se centró en cómo quedaron las recomendaciones en el Plan de Desarrollo en el Congreso. El segundo informe evalúa las nueve áreas en las que están agrupadas las recomendaciones y analiza su crecimiento. El tercer informe hace un análisis de la Paz Total en perspectiva de la paz grande.
El cuarto informe vuelve al segundo y lo que dice es: “eso que encontramos hace dos años, que estaba empezando a hacerse en cada una de las nueve áreas de las recomendaciones, qué siguió avanzando, qué se estancó, que echó para atrás y qué definitivamente no arrancó”. Es una especie de semáforo.
Podría decir que el informe básicamente trae cuatro grandes titulares. El primero es que el país entró en rezago en la atención integral de las víctimas del conflicto armado; que la renovación de la Ley 1448 que se hizo el año pasado en el Congreso no está a la altura de la reparación integral, aunque se avanzó en varios temas.
Un segundo titular tiene que ver con los grupos de especial protección. El informe de la Comisión de la Verdad tiene enfoque étnico, como es el mandato del Acuerdo de Paz, igual con enfoque de género. Sin embargo, el cuarto informe dará cuenta que las mujeres, las personas LGBTIQ+, los afrocolombianos y los pueblos indígenas siguen estando en condiciones de vulnerabilidad, de precarización y siguen siendo las mayores víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa mucho el aumento de feminicidios, el aumento de violencias contra personas LGBTIQ+ y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Un último titular tiene que ver con la democracia. Hay unas recomendaciones que tienen que ver con profundizar la democracia, pero el Comité ve con preocupación cómo hay una captura de la democracia; hay un debilitamiento de los partidos políticos; el Congreso de la República ha tenido déficit en materia de legislar en temas estructurales para conseguir la paz; seguimos teniendo prácticas de corrupción que minan la política y muchas dificultades para participación.
