Hace 16 años los paramilitares asesinaron al reportero más aguerrido de Valledupar e impusieron con su muerte la ley del silencio. ¿Quién más está detrás de ese crimen?
El domingo 12 de septiembre de 1999, Yuri Quintero citó a su hermano Guzmán para tomarse un café bajo la sombra de un palo de mangos en la plaza Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Eran las 4:30 de la tarde y Yuri, visiblemente nervioso, le dijo: “Hey Manzo, vienen por ti, qué esperas, mira cómo se han dado las cosas, hagamos algo”. Guzmán, quien por esos días era al jefe de redacción de El Pilón, el periódico de mayor circulación en la capital del Cesar, le dio dos palmadas en la espalda y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien.
El día anterior, una camioneta con vidrios polarizados se había estacionado frente a la casa de Guzmán en el barrio Guatapurí sin que nadie se bajara de ella. Él y su familia se preparaban para salir a cenar al Vivero, el único centro comercial que había en Valledupar en ese momento. Decidieron no hacerlo. “Era la primera vez que la veía y le dije que por qué no esperábamos un rato más. Todos los vecinos que estaban en sus mecedoras, se entraron para sus casas. Me dio miedo”, recuerda Alcira, su esposa.
En la sala de redacción de El Pilón, le hacían chistes a Quintero. “Oye, Guzmán, deja hacerte una carita… va y te matan y no tenemos ni una foto tuya”, bromeaban sus colegas. O “no seas tacaño Guzmán, y coge un seguro de vida. Mira que te matan y esa plata le queda a tu mujer para que se consiga un mejor marido”.
Los chistes, el miedo y las advertencias no eran gratuitas. Guzmán sabía que su vida corría peligro. Durante los últimos meses había publicado varios artículos sobre violaciones de derechos humanos que implicaban directamente al Ejército y a los paramilitares que, para la época, comenzaban un largo listado de masacres y desaparecidos en el Cesar.
El jueves 16 de septiembre, en una noche lluviosa (10:26pm), dos sicarios asesinaron con tres disparos a Guzmán Quintero en el bar del hotel Los Cardones donde celebraba anticipadamente el cumpleaños de un colega. Tenía 36 años de edad. Una herida en su mano izquierda prueba que antes de morir vio acercarse al asesino y trató, inútilmente, de detener las balas.
Los antecedentes
Cuatro años antes del atentado que le costó la vida, siendo corresponsal en Valledupar del periódico El Heraldo de Barranquilla, había sido amenazado por la publicación de varios artículos en los que denunciaba la conformación del primer grupo paramilitar del Perijá llamado “Los hijos de la Sierra”. Tuvo que irse de la ciudad varios meses pero regresó y se vinculó como profesor de comunicación social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
En julio de 1998 le propusieron ser jefe de redacción de El Pilón y el primer tema que le tocó investigar fue el asesinato de su amiga, la periodista Amparo Jiménez. Un caso que aún sigue impune. Pero las notas periodísticas que marcarían la ruta de la muerte de Guzmán iniciaron en 1999. “Con la nota sobre el Conejo, en La Guajira, empezó todo”, dice Dikson Quiroz, quien en ese momento era el director de El Pilón.
El titular que abrió el periódico el 10 de mayo era directo, sin adjetivos: “Ejército asesinó a dos mujeres”, y denunciaba cómo varios uniformados dispararon contra un vehículo en el que viajaban 12 personas (8 eran menores de edad) por el corregimiento El Conejo, jurisdicción de Fonseca, Guajira. La nota iba acompañada con la foto de un niño herido de 18 meses de edad. Un sobreviviente entrevistado por Guzmán dijo que uno de los soldados, después de haber disparado, “trató de colocarle objetos militares a uno de los heridos con el fin de hacerlo pasar como guerrillero”.
“Yo le dije: ‘pilas que estás escribiendo muy fuerte y tenemos dos niños –recuerda Alcira- no queremos que te pase nada’”. Guzmán la tranquilizó pero le dijo que su compromiso también era con el periodismo. Según Yuri Quintero, el titular causó tanto disgusto en las Fuerzas Militares, que un miembro del Ejército fue a reclamar hasta las instalaciones de El Pilón. A pesar de la visita, los cuestionamientos y el comunicado de prensa por parte del Ejército en el que lamentaba la muerte de las dos mujeres, Guzmán continuó informando sobre lo que estaba ocurriendo en Valledupar y sus alrededores.
A finales de junio de 1999, casi tres meses antes del asesinato, Saide Maestre, una mujer campesina de Patillal (a veinte minutos de Valledupar), llegó hasta las instalaciones de El Pilón para contar cómo la Fuerza Aérea había confundido su finca con un campo de batalla destruyendo casi en su totalidad la casa donde vivía su papá. Quintero la atendió personalmente y después de escucharla le recomendó ir hasta la Defensoría del Pueblo para denunciar los hechos.
Alcira ahora recuerda cuán indignado quedó su esposo después de haber hablado con Saide. El titular del 30 de junio fue: “La Fuerza Aérea disparó ‘fuera del Polígono’”. Siete días después, la campesina fue desaparecida y luego encontrada muerta en una carretera del corregimiento Las Raíces, a dos kilómetros de su casa. El cuerpo mostraba signos de tortura.
La noticia, también registrada por El Pilón, descompuso a Guzmán Quintero. Por primera vez su miedo era evidente. Le pidió a su esposa que se fuera un tiempo con los niños para Sincelejo (de donde es ella). “Yo noto que la situación está muy tensa, le hago caso y me los llevo –dice Alcira- pero yo regreso al poco tiempo porque no podía dejar solo a Guzmán”.
Por esos días los titulares se repetían: “A cinco se eleva el número de víctimas por incursión armada en Patillal”, “nosotros no merecemos que nos maten”, “41 muertos en Cesar y Guajira en cuatro meses”. Guzmán quizá era el único periodista de la zona que se atrevía a escribir sobre lo que estaba ocurriendo.
En esa época, según la UNESCO, Colombia era el país más violento de América Latina. El departamento del Cesar se estaba convirtiendo, desde la entrada en 1996 de los primeros paramilitares enviados por Salvatore Mancuso, en un hervidero de sangre y plomo.
¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?
La noche del asesinato, antes de salir con sus amigos hacia el bar, Guzmán redactó lo que sería su último artículo titulado: “Quiero la paz”. Dos horas después sus compañeros del periódico, desde el teléfono público frente a la entrada del Seguro Social, ordenarían detener las rotativas para cambiar –a fuerza de lágrimas- la noticia de la primera página.
¿Quién lo mató?
“El caso de mi hijo sigue engavetado” dice Guzmán Quintero, padre del periodista. En septiembre se cumplieron 16 años y hasta ahora nadie sabe quiénes fueron los autores intelectuales, y lo que es peor, nadie pregunta.
Los periodistas de la ciudad evocan con admiración y cariño a Guzmán: su personalidad (emotivo, comprometido, alegre), su compromiso con el oficio (no le hacía favores a nadie), su legado (siempre le dio voz a las víctimas); pero nadie toca el tema de los asesinos. Está vetado casi como una instrucción autoimpuesta. Ningún colega se ha atrevido a investigar su caso, “¿sabes por qué? –pregunta Ana María Ferrer, la actual directora del Pilón– porque con Guzmán también mataron al periodismo investigativo en el Cesar”.
Una semana después del asesinato, capturaron a Rodolfo Nelson Rosado, alias ‘El Pichi’ y a Jorge Eliécer Espinal, alias ‘El Parce’, quienes según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía trabajaban para los paramilitares del Cesar y fueron los que dispararon contra Guzmán. Nunca aceptaron la responsabilidad y este año, uno de ellos, salió de prisión pero murió de un infarto 20 días después. Según fuentes judiciales, el segundo está a pocos meses de quedar en libertad. “16 años de cárcel no fueron suficientes para que confesaran quién estaba detrás del montaje”, dice Yuri Quintero.
El proceso judicial ha pasado por las manos de cinco fiscales. Hace un año, en el aniversario número quince de la muerte, Martín Mendoza, un joven periodista de Valledupar, preguntó por el caso pero el Fiscal del momento no sabía de qué le estaba hablando, “se paró de la silla y comenzó a buscar entre carpetas hasta que encontró la de Guzmán y medijo dos o tres cosas que yo ya sabía solo para despacharme” dice Martín. Lo mismo ocurrió hace dos meses cuando Alcira visitó al Fiscal 25 de Derechos Humanos en Bogotá, quien asumió el caso desde enero de este año: “es muy querido, lo vi dispuesto pero no sabía nada sobre mi esposo. Salí indignada… imagínese: faltan cuatro años para que el caso prescriba”.
Hace poco, sin embargo, se abrió una ventana de esperanza en el proceso. Un ex paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas, Luciano Rojas, alias “Alex”, preso en Bucaramanga, dentro de una audiencia de rutina ante fiscales habló sobre la muerte de varios profesores en el Cesar y dijo también que tenía más cosas por confesar, entre ellas, la muerte de un periodista, “un tal Guzmán Quintero”, pero que antes de hablar necesitaba protección para él y su familia. Esto ocurrió hace cinco meses.
Por esta razón, el Fiscal pedirá ampliación de la indagatoria, pues considera que ‘Alex’ puede ser la pieza clave para investigar si hubo participación de miembros de las fuerzas militares en la muerte del periodista. “No es difícil saber quién lo mató pero nadie se atreve a pronunciarlo” dice un periodista en Valledupar que prefiere mantener la reserva de su nombre.
Al indagar por los militares que en esa época estaban coordinando las operaciones en la zona, aparecen dos oficiales con muchos cuestionamientos. Por un lado, el general (r) Luis Roberto Pico Hernández, quien era el Comandante del Comando Operativo N. 7 y en 2008 –siendo comandante de la Séptima División del Ejército- fue retirado de su cargo y de la institución cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos”. Cinco años más tarde, Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ (exjefe paramilitar y narcotraficante), en una diligencia judicial desde los Estados Unidos, aseguró que Pico Hernández sostuvo relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por este motivo, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en su contra.
Y por otro lado está el nombre de Ciro Hernando Chitiva, comandante de la Policía de Valledupar en aquel entonces y quien es mencionado por Diomedes Díaz, en la canción, “Cabeza de hacha” (“Mi coronel Ciro Hernando Chitiva ¡insignia nacional!”). Según una crónica de Alberto Salcedo Ramos sobre Diomedes, mientras las autoridades buscaban por todos los rincones del Caribe al cantante por el asesinato de una joven, Díaz y El Policía estaban de parranda. Además, alias ‘Daniel’, excomandante del bloque Tolima de las Auc, habló sobre Chitiva en versión libre, acusándolo de pasar información de inteligencia para ubicar a sus víctimas y ayudar con la entrada de los ‘paras’ en poblaciones de control guerrillero. En 2002, Ciro Hernando Chitiva fue relevado de su cargo y dos años después, sufrió un atentado en Bogotá del que salió vivo. La misma semana del asesinato de Guzmán, Chitiva insinuó en una emisora que aquel había sido un crimen pasional. Esto produjo la indignación no solo de la familia sino del gremio en Valledupar y le exigieron retractarse.
El presidente Andrés Pastrana Arango, se comprometió de manera telefónica con la esposa y el padre de Guzmán: “nuestro compromiso es que estos crímenes no queden impunes, por eso he dado instrucciones directas para que se trabaje rápidamente con el fin de esclarecer los hechos. Este es el compromiso del Gobierno”. Han pasado 16 años desde aquella llamada.
La mordaza
Fue una época oscura para las salas de redacción, “El Ejército hizo lo que quiso. Decía algo y nosotros lo publicábamos tal cual. No cuestionábamos. Los ‘Falsos Positivos’ que ocurrieron acá, pasaron desapercibidos para la prensa”, recuerda un colega. Los años duros de la guerra en el Cesar no fueron cubiertos por los periodistas. Trabajaban con la imagen viva de su colega ensangrentado.
En “La palabra y el silencio”, informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre periodistas asesinados se menciona que entre 1993 y 2000 se produjeron en Colombia 43 asesinatos de periodistas, una de las cifras más altas del mundo. Para el año de la muerte de Guzmán, el país era solo superado por Sierra Leona y la antigua Yugoslavia.
El informe habla además de un total de 152 periodistas asesinados desde 1977 y solo en cuatro casos se ha podido sentenciar a toda la cadena criminal, desde su determinador hasta quienes llevaron a cabo de manera material los crímenes. No es el caso de Guzmán. Asesinar a periodistas ha sido tarea fácil en Colombia. La impunidad es el común denominador en la mayoría de los casos y las consecuencias para la democracia han sido demoledoras. La sociedad se ha quedado sin información, sin investigación, sin conocer la verdad.
“Hacen falta más guzmanes” dice Dikzon Quiroz, y aunque suene a frase de cajón revela una necesidad en un departamento que hoy vive en relativa calma pero con un pasado que aún no cicatriza. El solo hecho de que los periodistas más aguerridos de la región teman seguirle el rastro a la familia de Saide Maestre de Patillal, por ejemplo, es un indicio de lo que produjo el asesinato de Guzmán. La prensa del Cesar aún no se atreve a convertir a Quintero en lo que debería ser: el símbolo de la libertad de expresión de esa región.