Enclavado en el pie de monte de la Sierra Nevada de Santa Marta, este poblado ejemplifica la historia de muchos pueblos colombianos que vivieron en medio de la guerra. La comunidad insiste en volver a su vida agrícola.
La estratégica ubicación del corregimiento de Las Minas de Iracal, situado a 50 minutos de Valledupar, hizo que fuera blanco fácil de grupos guerrilleros y paramilitares. Son 256 familias las que sufrieron en todas sus formas el conflicto armado, las mismas que hoy buscan una reparación colectiva y un digno regreso a las tierras donde tres décadas atrás vivieron épocas productivas y felices.
La ventaja de esta zona es que posee todos los pisos térmicos, que permite sembrar desde algodón hasta café y aguacate, cultivos que eran su medio de subsistencia. Pero paralelo a estas bondades de la tierra, también existía otra oportunidad que les interesó a los frentes 59 de las Farc y 6 de Diciembre del Eln: era el corredor por el que podían movilizarse con los secuestrados que traían desde la vía Valledupar-Bosconia, para llegar a su campamento ubicado en el cerro Góngora, muy cerca de Las Minas de Iracal.
José Luis Peralta, representante legal de la Asociación de Víctimas Alianza por la Vida, creada en el año 2010 para reclamar atención por parte del Estado, contó a VerdadAbierta.com que muchas veces pasaban por el pueblo o por las veredas de Las Minas con los plagiados o cuando regresaban de hacer sus incursiones armadas.
“Este hecho hizo que nos estigmatizaran como colaboradores de la guerrilla. De una época de bonanza cafetera, de vivir en paz, pasamos abruptamente en 1983 a la violencia. Desde esa época apareció la guerrilla que obligaba a los campesinos a hacerle compras en Valledupar”, aseguró Peralta.
El primer golpe para esta comunidad fue el asesinato de su fundador y líder, Elías Orozco Arzuaga, primer corregidor y responsable de la construcción de la primera escuela y del puente. La insurgencia lo acusó de ser colaborador del Ejército Nacional. Alías ‘Chamo’, del frente 59 de las Farc, lo mató el 28 de marzo de 1990 junto con su hijo.
Este hecho hizo que la comunidad se trasladara hasta Valledupar para poner en conocimiento de las autoridades de la situación. “Fuimos a denunciar la presencia de la guerrilla, pero la respuesta fue que nos declararon zona roja y nos dejaron solos”, recordó Peralta. Antes de estas dos muertes, en 1987 la guerrilla había cometido su primeramasacre al asesinar a tres miembros de una misma familia.
“Después del 87 viene una época de incertidumbre, nosotros estamos en las estribaciones de la Sierra Nevada, colindamos con los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola y Valencia (municipio de Valledupar) y con el municipio de Pueblo Bello, y todo lo que la guerrilla hacía en la carretera, lo venía a esconder a nuestra zona”, precisó el líder de las víctimas.
Aparecen los ‘paras’
Una década después aparecieron grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que llegaron con la intención de limpiar la zona de guerrilla. En 1998 cometieron la primera masacre, enfilada al liderazgo del pueblo: mataron al corregidor Donaldo Moscote Yaruro; al presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Minas de Iracal, Carlos Moscote Yaruro; y al profesor de la Escuela Nuevas Minas de Iracal, Daniel Enrique Torres Murgas.
Los paramilitares se ubicaron en el cerro Guacamayo, justo enfrente del cerro Góngora, donde estaban las Farc. La disputa por el territorio fue dura y pareja, y la peor parte la llevaron los habitantes de Las Minas.
Desestabilizados por las muertes de sus líderes, empezaron a sobreponerse cuando nuevamente ocurrió otro asesinato. Esta vez la víctima fue la promotora de salud, Amira Orozco Peñaloza, a la que antes de matar, torturaron y abusaron sexualmente. Apareció desnuda en la orilla de una quebrada.
A partir de ese hecho, las mujeres de Las Minas de Iracal no podían ir solas al río a lavar la ropa o a bañarse, porque corrían el riesgo de ser violadas. En esa época hubo 12 violaciones, de las cuales sólo tres se han atrevido a denunciar, las otras aún temen contar sus historias.
José Luis Peralta recuerda que las Auc comenzaron matando gente en el pueblo y fueron subiendo a las siete veredas (Las Neblinas, La Góngora, El Hondo, Los Antiguos 1 y 2, Seukurin, las Bóvedas y Siparare) y a las fincas. No era un secreto que los paramilitares trabajaron en unión con el Ejército, muchos campesinos los vieron juntos en los campamentos en la Sierra y de hecho están registradas cuatro ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como ‘falsos positivos’.
Una mujer de esta región recuerda las noches en las que debían dormir subidos en los árboles por miedo a que llegaran los paramilitares: “No teníamos tranquilidad, veíamos pasar a nuestros vecinos y amigos amarrados, y al día siguiente aparecían muertos. Nadie sabía quién sería el próximo”.
La gota que rebosó la copa
En el año 2000 la mayoría de las familias de Las Minas de Iracal salieron desplazadas de sus tierras. Llegaron a Valledupar y no a Pueblo Bello, pues este municipio está más arriba de su corregimiento y no se sentían seguros allí. Las autoridades organizaron un retorno masivo en el 2001 y aún con miedo aceptaron regresar. En ese momento, se registró el hecho que tocó fondo en esta comunidad.
El tres de julio de 2002, alias ‘Fercho’ de las Auc llegó al pueblo y reunió a más de 200 personas en la cancha principal, allí llamó a Javier Navarro Becerra y le reclamó que hacía dos días le había llevado un mercado a la guerrilla. El hombre, asustado y temblando de miedo, salió de entre la multitud, le dijo que lo había hecho obligado y le rogó que no lo matara. Se arrodilló y pidió clemencia.
Alias ‘Fercho’ no escuchó sus ruegos, sólo le dio un minuto para que dijera sus últimas palabras. Javier se persignó y tres tiros impactaron su cabeza. Todos quedaron paralizados del terror y más con la advertencia del comandante paramilitar: “Eso es para que vean lo que les pasa a los que ayudan a la guerrilla”.
“Éramos víctimas de dos bandos en conflicto”, sostuvo el líder de las víctimas de Las Minas de Iracal. “Por esa muerte nos unimos aún más y sacando fuerzas entre tanto dolor, formamos una comisión de once personas, entre esas nuestro concejal José Antonio Benjumea Jiménez, para ir hasta la base paramilitar donde estaba alias ’39’ (David Hernández Rojas) que quedaba en el corregimiento La Mesa de Valledupar, con el fin de pedirle que parara todas esas muertes. Toda esa zona se comunica por la Sierra, sin necesidad de ir a la ciudad y así llegamos hasta ese lugar”.
El recibimiento de la comisión no fue el mejor por parte de alias ’39’: “Fue arrogante. No nos dio la cara y mandó a un segundo, creo que era alias ‘611’, quien habló con nosotros. Nos dijo que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla y textualmente advirtió: ‘para allá va un comando que dirige alias ‘Maicol 38’, él tiene como misión recuperar esa zona porque ahí lo que hay es guerrilla'”.
Unos meses después mataron al concejal José Antonio Benjumea, quien vivía en una finca en la vereda El Hondo, y a otros que habían ido en esa comisión. Nuevamente el pueblo se desplazó y regresaron en el 2003. El 17 de febrero de 2004 los paramilitares mataron a otros tres miembros de esa comunidad y se quedaron instalados en el pueblo. Construyeron una base y de ahí salían a recorrer las veredas.
Después de la muerte del concejal, las cosas empeoraron. Los paramilitares implementaron un método para saber quién salía y quién entraba a la zona, por eso cada vez que algún poblador debía salir de la región le daban un ficho, el mismo que debía presentar cuando regresara. Además, cada campesino o dueño de finca debía pagarle a las Auc diez mil pesos por hectárea de tierra, con o sin cultivo, en la época de cosecha de café –octubre, noviembre y diciembre-, y el resto del año dos mil pesos por quintal del producto que sacaran. Cuando venía la producción de aguacate también pagaban por cada aguacate transportado.
José Luis Peralta recuerda que como símbolo de guerra los paramilitares ordenaban pintar los pueblos con los colores de la bandera de Colombia. “Eso era una muestra de que estaban bajo el dominio paramilitar. En Las Minas las Auc se llevaron todos los mulos, nos quedamos sin cómo movilizarnos entre las veredas, y pusieron una norma: después de las 5 de la tarde, nadie podía salir de sus casas, nos obligaban a los hombres a trabajar en la construcción de sus bases y si encontraban a una mujer sola en la quebrada, la violaban. Un día ’38’ nos dijo: ‘más se demoran ustedes en denunciar, que nosotros en enterarnos'”.
Hubo otras muertes que también dejaron huellas de dolor y temor entre la población, como la de Enrique Martínez Barragán, a quien torturaron y le cortaron los genitales, o la de la Carmen Inés Rincones de Duarte, representante de las familias cafeteras ante el Comité de Cafeteros del Cesar. (Ver listado construido por la comunidad de los 81 asesinatos).
Cansadas de tanta violencia, en el 2005 todas las familias de Las Minas firmaron una carta que fue enviada a Presidencia de la República en la que contaban todo lo que les había ocurrido y la amenaza latente para los que aún sobrevivían, pero nunca recibieron respuesta. “Tal vez no respondieron porque estaban en pleno proceso de paz con las Autodefensas”, dijo el líder de víctimas, como queriendo buscar una respuesta a tanto abandono.
Confesiones mínimas
Poco han contado en Justicia y Paz los paramilitares desmovilizados del Bloque Norte que hicieron presencia en la zona. Tanto David Hernández Rojas, alías ’39’, como Rodolfo Lizcano Rueda, alías ‘Maicol 38’, murieron; el primero en enfrentamientos con el Ejército, y el segundo se suicidó el 12 de mayo de 2005, aunque existen versiones que aseguran que fue su compañera sentimental la que lo mató debido al maltrato que le daba.
Sin embargo, Jhon Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Centella’, confesó ante los fiscales detalles de cómo sacaron a cuatro hombres de Las Minas de Iracal para matarlos y entregarlos al Ejército para que los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Se trataba de José Jorge Daza Loperena, de quien nunca encontraron su cuerpo; Luis Rafael Pallares Téllez, a quien le dieron dos tiros en la cabeza y se salvó; Antonio Marcelino Daza, más conocido como ‘Chelo’, y Héctor Luis Montero Malo, un indígena wiwa.
En su versión, ‘Centella’ no supo dar respuestas. Sólo dijo que él había matado a dos de ellos y dejó sus cuerpos tirados en el sitio La Ye de Nuevo Mundo, conocido como ‘el kilómetro de la muerte’ o ‘el cementerio’.
“Como comunidad le pedimos que precisara dónde dejaron los otros dos cuerpos, nos dijo que el oyó que esos dos eran para falsos positivos, a pesar de que uno quedó vivo, y aclaró que su participación fue sólo para sacar a los cuatro campesinos de sus fincas”, relató el líder.
Alias ‘Centella’ explicó que ese operativo lo hizo junto con ’38’, su esposa, conocida como alías ‘La Guicha’, y ‘El Fercho’. Incluso dijo que el vehículo en que se transportaban, una Toyota de color rojo con blanco, era de un concejal de Pueblo Bello, quien era amigo de ellos.
Los habitantes de Las Minas de Iracal aún esperan que los desmovilizados de las Auc den detalles de las fosas comunes que están en el cerro La Neblina; están seguros de que allí hay más de ocho cuerpos enterrados, pero hasta ahora no han podido confirmar su sospecha.
Las Minas de Iracal hoy
Los pobladores de Las Minas de Iracal tienen una característica especial y es que siempre han actuado unidos. Ellos mismos han reconstruido su historia y junto con el Grupo de Memoria Histórica en el Cesar reconstruyeron lo que les pasó, plasmándolo en un video, con testimonios y fotos de sus víctimas (Ver video).
Esa claridad de los hechos los llevó a identificar las etapas que han vivido. De 1935 a 1983 la llamaron la etapa de la bonanza y la paz; de 1984 a 1998, la incertidumbre; de 1999 a 2003, la zozobra; de 2004 a 2006, la esclavitud, y el limbo es lo que ellos consideran que viven en la actualidad.
De las 256 familias que conforman este poblado campesino, 118 han retornado a sus tierras. Las cuentas para ellos están muy claras: toda la comunidad fue víctima, aunque unas familias sufrieron más que otras, como los Moscote y Benjumea, que perdieron a varios de sus miembros.
Peralta hizo un balance crítico de la situación: “nosotros éramos como 900 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Mataron a 81 personas, violaron a 12 mujeres, desaparecieron a 12, presentaron a cuatro campesinos como ‘falsos positivos’ del Ejército y a cuatro más les causaron lesiones físicas que las dejaron con incapacidad permanente”.
Muchas de las familias que no han regresado a Minas del Iracal viven en las invasiones de Valledupar en condiciones infrahumanas, pasando hambre y sin poder enviar a estudiar a sus hijos. Las que retornaron, también atraviesan momentos difíciles: las ayudas prometidas por las entidades del Estado llegan a cuenta gotas; las carreteras son intransitables, y la escuela y el puesto de salud están en ruinas.
“Yo sentía mi finca como un paraíso y hoy no es sombra de lo que fue”, afirmó Peralta, quien estaba esperanzado en las ayudas ofrecidas por el gobierno nacional, que anunció a comienzos del 2012 aportes por 200 mil pesos bimensuales, de los cuales solo ha recibido tres cuotas; 1,2 millones en materiales para restauración de las viviendas; 408 mil para seguridad alimentaria; y 2,6 millones para restauración de cultivos.
“En total, eran cinco millones de pesos por familia, pero eso no se ha dado y hoy estamos trabajando con las uñas, no nos han cumplido. No deseamos la caridad el Estado, queremos como comunidad la reparación colectiva”, expresó este líder, quien siente que las instituciones estatales le han fallado a las víctimas de Las Minas de lracal.
Aun así, esta comunidad no se ha dado por vencida. Ellos mismos han ido arreglando la carretera poco a poco y asisten a los talleres sicosociales para poder acceder a la reparación como víctimas. “Pero necesitamos hechos tangibles”, reiteró Peralta, “como restaurar nuestra producción agrícola, recuperar las fincas abandonadas, tener nuevamente las escuelas y el puesto de salud funcionando, y que se aclare la situación de nuestras tierras porque, según la Unidad de Restitución de Tierras, estamos en una zona forestal”.
Voces de las víctimas de Iracal
