Desde septiembre de 2015, ese grupo armado ilegal comenzó a copar diversas áreas pese a las alertas lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales y líderes de las comunidades. Hoy tienen control sobre diversas regiones del departamento y sus enfrentamientos con la guerrilla del Eln han generado una grave crisis humanitaria que se profundiza día a día.
La alerta más contundente la dio recientemente monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, a través de diversos medios de comunicación: “en algunas regiones se ha denunciado la falta de un mayor compromiso por parte de la Fuerza Pública”. Sus palabras reflejan la inquietud de miles de chocoanos que se preguntan por qué las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocidas como ‘los Urabeños’ y llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo) avanzan desde hace poco menos de dos años sin mayor freno estatal hacia zonas estratégicas del departamento, vitales para fortalecer negocios ligados al tráfico de drogas, a la explotación aurífera y al tráfico de armas y de municiones.
La Defensoría del Pueblo ha sido más precisa en focalizar los temores de las comunidades. En un informe de enero de 2017, conocido por VerdadAbierta.com, estableció que “gran parte de la población del Bajo Atrato tiene la percepción de que la Fuerza Pública presente en la zona (Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo cual ha derivado en una profundización de la crisis de legitimidad del Estado en la subregión, especialmente por el paso de botes con remesa y hombres armados por puntos de control de la Armada Nacional en sectores como Tumaradó, La Honda y Travesía (Puente América)”.
Lo paradójico es que la guerrilla del Eln también se suma a esos señalamientos. En reciente entrevista con este portal, Carlos Reyes, uno de los delegados del grupo subversivo en la mesa de conversaciones instalada en Quitó, Ecuador, para buscar una solución negociada al conflicto armado con el gobierno nacional, aseveró que “este grupo paramilitar tiene todo el apoyo, inteligencia y coordinación con las Fuerzas Militares del Estado que operan en el área de Chocó. No se puede explicar cómo se mueven en grupos numerosos en esta área como Pedro por su casa”.
Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó
Los ‘gaitanistas’ han avanzado hacia zonas como El Baudó, El San Juan y el Bajo, Medio y Alto Atrato desde septiembre de 2015, cuando inició su expansión hacia el centro y sur de Chocó. Su objetivo, según diversas fuentes consultadas, es copar a sangre y fuego los territorios que estuvieron bajo el dominio de las Farc, hoy en concentración y en vía a dejar las armas, reincorporarse a la vida legal y construir un movimiento político.
Ese avance ha sido obstaculizado por la guerrilla del Eln, que también se ha movido de sus áreas históricas de las cuencas del Baudó y el San Juan, para posicionarse en el Atrato Medio. Los enfrentamientos con las Agc han ocasionado muertes, desplazamientos y confinamientos de las comunidades.
Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó
La situación en Chocó es de tales proporciones que el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, convocó para la tarde de hoy una reunión de alto nivel en la que se espera evaluar la crisis humanitaria generada por los homicidios, masacres, secuestros, desplazamientos, confinamientos y amenazas en Chocó. En este espacio también se abordará lo que sucede en el puerto de Buenaventura.
A la reunión fueron citados el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, y los ministros de las carteras de Defensa, Interior, Salud, Agricultura, Ambiente, Educación y Cultura. Asimismo, fueron invitados el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto; así como los directores de la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Gerente del Plan Todos Somos Pazcifico. También representantes en Colombia de la Oficinadel Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de ACNUR.
En ese encuentro extraordinario, la Defensoría del Pueblo solicitó una “intervención prioritaria y urgente para adoptar medidas humanitarias y de seguridad que protejan los derechos de la población en las subregiones del Bajo San Juan y Bajo Calima, el Medio San Juan, Baudó, la costa Pacífica chocoana, el Bajo y Alto Atrato y el Darién chocoano”. (Ver comunicado)
Contradicciones con la comunidad
Comunidades cuestionan que los ilegales transiten por los territorios a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la región. Foto: archivo Semana.Las preocupaciones de las comunidades en aquellas regiones chocoanas se centran en el papel que viene cumpliendo la Fuerza Pública desde hace poco menos de dos años. A varios de sus líderes les llama la atención que algunas de las incursiones se hayan perpetrado a plena luz del día y los hombres de las Agc hayan pasado por áreas donde hay instalados controles del Ejército, la Policía y la Armada. Una de las quejas más recurrentes es que, ante las exigencias, la respuesta de las autoridades militares y de policía se ha caracterizado por subvalorar el riesgo y minimizarlo, reduciendo así la efectividad de las acciones contra las Agc.
El avance de los ‘gaitanistas’ genera diversas reacciones entre las distintas unidades del Ejército. Por ejemplo, el Batallón Selva 54 Bajo Atrato reconoció en documentos conocidos por VerdadAbierta.com que “desde principios del mes de septiembre de 2015, se registró sobre las cuencas de los ríos Truandó y Salaquí una incursión de un número indeterminado de sujetos pertenecientes a Grupos Armados Organizados (Clan del Golfo frente Riosucio-Carmen del Darién) sobre la cuenta del río Truandó, específicamente en sectores de La Nueva, Las Pavas, Clavellinos y Peñas Blancas del municipio de Riosucio-Chocó, dicho grupo armado ilegal tendría como interés disputar y recuperar áreas de acumulación estratégica y corredores de movilidad del narcotráfico con presencia del Frente 57 ‘Mario Vélez’ de las Farc”.
Una visión más imprecisa ofrece la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Con Relación al mismo hecho, reportó, en un documento fechado el 26 de octubre de 2015 y basado en testimonios de líderes locales, que los días 4 y 5 de septiembre de 2015, “ingresaron no más de diez hombres armados, sin que se pudiera identificar su pertenencia a algún grupo armado en específico al sector de las comunidades La Nueva, Clavellino y El Ramón sobre el río Truandó”, desvirtuando de esta manera informes de organizaciones no gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo que alertaron sobre la presencia de un grupo de por lo menos 150 hombres armados.
Las contradicciones entre la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y las comunidades se evidenció en febrero de 2016 durante una reunión interinstitucional realizada en Bogotá para revisar la situación de seguridad de las comunidades que habitan en los alrededores de las cuentas del ríos Truandó, Salaquí, Cacarica y Domingodó. Este portal conoció el documento de relatoría y en él se consignaron dos visiones opuestas de lo que ocurre en esta región.
Un oficial del Ejército expuso algunos aspectos sobre las operaciones y los resultados que para ese año venía cumpliendo la Fuerza Pública en las cuencas, concluyendo que se tenía el control de los ríos Salaquí y Truandó, razón por la cual las comunidades percibían que todo “estaba bien”.
Voceros de las comunidades presentes en la reunión cuestionaron las condiciones de seguridad, movilidad y tranquilidad que expuso el oficial del Ejército. Argumentaron que los controles militares no se hacen ni en el área urbana ni en las bocas del río Domingodó; denunciaron que son objeto de amenazas por parte de grupos armados; y se quejaron por las constantes retenciones de campesinos por parte de la Fuerza Pública.
En esa reunión, los representantes de la Defensoría del Pueblo resaltaron la presencia de los ‘gaitanistas’ y las guerrillas de las Farc y el Eln en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica y Domingodó, lo que, sin duda alguna, representa un riesgo latente para las comunidades. También expresaron sus inquietudes sobre la insuficiente y débil respuesta del Estado a las advertencias emitidas por esta agencia del Ministerio Público; y reiteraron lo que les han dicho en los poblados, que al parecer la Fuerza Pública permite la movilidad de grupos armados ilegales y la provisión de suministros para sus hombres.
Aumenta el riesgo
Desde 2015, en diferentes caseríos del Atrato Medio han denunciado la presencia de grupos neoparamilitares. Foto: Juan Diego Restrepo E.La compleja situación de buena parte del departamento de Chocó se vio reflejada en una carta enviada por la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior el pasado 21 de febrero. En ella se hace un recuento de los riesgos de violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario de la población civil de por lo menos 11 municipios, incluida su capital, Quibdó.
“Este escenario se configura a partir del desarrollo de una estrategia simultánea de expansión desde las zonas periféricas de los territorios que eran controlados por las FARC-EP, lo que paulatinamente permitirá ir copando zonas estratégicas para el accionar de los grupos armados ilegales, principalmente hacia la región del Atrato Medio, previéndose incluso su expansión hacia el Alto Atrato y la subregión del San Juan”, se lee en el documento.
La situación tiende a agravarse ante la salida de la guerrilla de las Farc hacia los sitios de concentración, en medio del proceso de paz firmado con el gobierno nacional, donde harán dejación de sus armas y se prepararán para la vida legal. Ese vacío está siendo disputado por los ‘gaitanistas’ y el Eln.
“[…] la disputa armada entre las AGC y el ELN, en el interés de controlar zonas estratégicas para la movilidad, el abastecimiento y la explotación de actividades económicas ilegales (circuito del narcotráfico y minería ilegal), de los territorios que paulatinamente iba dejando las FARC-EP, en los municipios del Alto y Bajo Baudó, el Litoral del San Juan, Bahía Solano y Nuquí […] trajo graves consecuencias humanitarias para la población étnica”, resalta la carta de la Defensoría.
Los riesgos también recaen sobre Quibdó, la capital chocoana. Según esta agencia del Ministerio Público “las AGC no solo tienen el interés de controlar la cabecera municipal de Quibdó, sino también, avanzar hacia el control de la subregión del Atrato Medio; el dominio de esta cabecera municipal facilita ese objetivo, lo que les permitirá tener injerencia en las actividades económicas que se desarrollan en la subregión como: la explotación minera y maderera; el control de importantes rutas para el tráfico de armas y narcóticos, además de la participación de los proyectos económicos que se planean en la región”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio del Interior que “coordine la acción de las autoridades regionales y locales, al Comando del Ejército Nacional, a la Dirección de la Policía Nacional y demás autoridades civiles con jurisdicción en la zona, con el fin de que ante el alto riesgo de ocurrencia de violaciones masivas de derechos humanos e infracciones al DIH, se activen los dispositivos de seguridad para controlar o conjurar el riesgo que se cierne contra la población referida en el presente documento”.
Se espera que la reunión de alto nivel convocada por el Defensor Nacional del Pueblo concluya con compromisos reales que abonen el camino para hacer más efectivos los mecanismos de protección de las comunidades chocoanas, agobiadas por la guerra.
