Tras conocerse el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda de negociación queda claro las partes están preparando el terreno de cómo sería el escenario político una vez cese el conflicto armado.
Garantías electorales, de seguridad y para el ejercicio de la oposición. Estos son los tres puntos sobre los que gravita el acuerdo logrado este miércoles entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos después de cuatro meses de negociaciones en La Habana.
El comunicado conjunto de las Farc y el gobierno muestra que la ruta para la reinserción de los insurgentes compromete al Estado colombiano en ofrecerle garantías de seguridad a los miembros que decidan lanzarse a la política buscando evitar lo ocurrido con la Unión Patriótica, movimiento político al que le asesinaron más de 3 mil de sus dirigentes y militantes.
Esta parte del acuerdo cobra especial relevancia porque uno de los principales temores de la guerrilla de las Farc es que no se repita este exterminio, ocurrido tras los acuerdos que firmó la guerrilla en La Uribe, Meta, en 1984 con el entonces presidente Belisario Betancur.
El cierre de este punto le da un especial énfasis a la seguridad de los desmovilizados y de los militantes, y revela que, definitivamente, la guerrilla tendrá un movimiento que podrá hacer política y sus integrantes tendrán la posibilidad de ser elegidos a cargos públicos.
Las partes acordaron además que, una vez se desmovilice los integrantes de las Farc, tendrán circunscripciones electorales especiales de manera transitoria en zonas que han padecido el conflicto armado y que, además, hayan tenido ausencia de Estado.
El jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, calificó este avance como un hecho que “en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación política y la transparencia en los procesos electorales”, dijo minutos después de que los garantes de Cuba y Noruega leyeran el comunicado conjunto que selló el segundo punto de una agenda de seis puntos acordados el año pasado.
Con este acuerdo lo que se asegura es que sectores marginados de la población, incluida la guerrilla, tendrán asientos en la Cámara de Representantes y desde allí podrán defender los acuerdos que se logren en La Habana.
También queda claro, por primera vez desde que se desarrolla la negociación que ya completa un año, que las Farc aceptan que, cuando se firme el fin del conflicto armado, harán política sin armas y que para ello el Gobierno les dará garantías políticas para hacer oposición. Asimismo, que el movimiento político que nazca después de la dejación de las armas no será perseguido y tendrá acceso a los medios de comunicación.
Las partes resaltaron que este acuerdo recoge una serie de garantías para canalizar las demandas ciudadanas que incluyen “la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada”, según se lee en un aparte de la declaración conjunta.
El escenario de postconflicto que ven guerrilla y gobierno incluye promover una cultura de la reconciliación y la no estigmatización. Para lograrlo, se crearían consejos regionales que, en conjunto con las autoridades locales, harán seguimiento a lo que los acuerdos finales. Esto es que alcaldías y gobernaciones, así como concejos y asambleas, tendrán un papel preponderante en la implementación del proceso de paz.
Aunque la forma en la que se ejecutará este punto del acuerdo quedó pendiente para ser desarrollada en el futuro, sin duda alguna es un gran avance en la negociación ya que pone sobre el papel que la guerrilla dejará el proselitismo armado y se convertirá en un movimiento político con plenas garantías por parte del Estado.
Otro punto importante de este acuerdo es que los negociadores convinieron que se creará un estatuto de la oposición que será alimentado por los diferentes partidos, movimientos sociales y académicos, tras la realización de un foro al que serán convocados todos los sectores políticos y sociales del país. Además, se estableció que habrá un fortalecimiento de los mecanismos que garanticen la transparencia en las elecciones en aquellas regiones susceptibles de fraude electoral.
Para el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, el acuerdo alcanzado en el tema de la participación política de los insurgentes una vez se desmovilicen “confirma una vez más la tesis que tenemos muchos colombianos de que es posible una solución negociada al conflicto armado colombiano. El hecho de que se haya avanzado en forma sensible y con acuerdos concretos es este punto de la agenda, muestra una voluntad real de las Farc para una solución negociada”.
Sobre los obstáculos o impedimentos para que los integrantes de ese grupo subversivo puedan participar en política, el jefe del ente acusador sostuvo que “la única limitación que trae la Constitución colombiana es que si son condenados por delitos de lesa humanidad, no pueden intervenir en política, de resto, quienes no tengan condenas por delitos del Derecho Penal Internacional y de acuerdo con la constitución, podrían participar, ir al Congreso o estar en las entidades territoriales”.
Aunque este es un acuerdo parcial sobre la agenda de negociaciones y las partes recordaron que hasta que los seis puntos no sean negociados en su totalidad “nada está acordado”, es visto por diversos sectores sociales, políticos y académicos como un gran avance después de casi cuatro meses sin progresos en el proceso de paz.
La participación política ha sido sin duda uno de los puntos más difíciles en la negociación, pero quedan otros no menos complicados como el problema de los cultivos ilícitos en los que sin duda la guerrilla juega un papel fundamental; el reconocimiento y la forma en que serán reparadas las víctimas; y el desarme y la desmovilización de los hombres de las Farc.
