En el corregimiento La Caucana de Tarazá, un centenar de familias se preguntan por qué las tierras baldías que habitan y trabajan desde hace más de 20 resultaron en manos de la empresa minera Cerro Matoso S.A., y no adjudicadas a ellos.
La Asociación de Cacaoteros de La Caucana trabaja con decenas de familias campesinas.Adriana Balbín, campesina antioqueña nacida, criada y forjada en las bravías tierras del corregimiento La Caucana de Taraza, Bajo Cauca antioqueño, no se explica cómo el pedazo de tierra baldía que su padre colonizó, que luego le heredó y donde ha vivido los últimos 30 años de su vida sin más soporte legal que los testimonios de familiares y vecinos, resultó siendo propiedad de la empresa minera Cerro Matoso S.A.
Y no es la única en esta situación, que hoy tiene con “los pelos de punta” a más de 150 familias de este corregimiento taraceño, que en un pasado reciente fuera fortín militar del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, recluido en una cárcel de los Estados Unidos desde mayo del 2008, donde purga una condena por delitos asociados al tráfico de drogas.
Adriana conoció la noticia el 14 junio de 2012. Ese día recibió la Resolución 499 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en la que le notificaban que su finca se encontraba en un radio no superior a cinco kilómetros del título de concesión minera No. 8600693786 de la empresa Cerro Matoso S.A., cuya vigencia se extiende hasta el año 2036. Y que dado que el Artículo 9 del Decreto 2664 de 1994 prohíbe adjudicar baldíos de la Nación situados “dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables”, se le negaba la solicitud de adjudicación que había radicado ante la entidad.
La solicitud de adjudicación la había realizado la mujer en el año 2010. Un año antes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y la Gobernación de Antioquia pusieron en marcha el convenio 2008-CF-1800-01, mediante el cual ambas entidades buscaban ofrecerles a las familias campesinas dedicadas en ese momento al cultivo de hoja de coca, la alternativa de que sembraron otros productos agrícolas, que además fueran rentables y pudieran vivir dignamente de ellos, como lo eran el cacao y el caucho. La iniciativa sería ejecutada en los municipios de Tarazá, Anorí, Briceño, Valdivia, El Bagre, Cáceres, Amalfi, Nechí, Zaragoza, Segovia, San Luis, San Carlos y San Francisco, localidades donde se concentraban más del 95 por ciento de los sembradíos de hoja de coca para la fecha.
El proyecto
Adriana y otras 15 familias conocidas suyas de las veredas La Cidra, Primavera y Colorado, del corregimiento La Caucana, que durante los años de la ocupación paramilitar se convirtió en el centro cocalero más grande de Antioquia, decidieron aceptar la propuesta de la Gobernación de Antioquia y la Undoc para cambiar la “mata que mata” por cacao. Así, los campesinos ponían su tierra a disposición, las entidades regalaban las semillas iniciales, brindaban asistencia técnica y asesoría para la venta del producto.
Sin embargo, uno de los principales problemas que empezaron a encontrar los responsables del proyecto fue la relación tan informal que los campesinos de este municipio del Bajo Cauca antioqueño tenían con la tierra. “Por aquí nadie ha tenido título de la tierra, porque todo esto es baldío. Simplemente uno le compraba a alguien con un documento de compra-venta y listo. Y estamos hablando de posesiones de 20, 25 y 30 años, sin título”, relata Adriana.
La Gobernación y la Undoc destinaron entonces importantes recursos económicos para adelantar un agresivo plan de formalización de predios en los municipios del Bajo Cauca donde intervendría el proyecto. Mientras un equipo jurídico avanzaba en este frente de trabajo, en las veredas de La Caucana aumentaba el interés de los labriegos por dejar atrás su historia con la hoja de coca y comenzar a escribir la nueva historia de la región con la tinta y el olor dulzón del cacao.
“En 2011 ingresaron más veredas al proyecto, se unieron más familias y entonces nos dimos a la tarea de organizar una cooperativa de cacaoteros. Aquí ya existía una, pero no tenía como mucho peso. Entonces, decidimos organizarla, reformarla y así fue como nació Acata, que significa Asociación de Cacaoteros de Tarazá”, cuenta Adriana, actual presidente de la Asociación.
El convenio se extendió hasta diciembre de 2011. Al año siguiente Sergio Fajardo Valderrama asumiría como nuevo gobernador de Antioquia, quien le daría un vuelco al proyecto y enfocarse más en los municipios del Nordeste y Oriente antioqueño, y trabajar de la mano de otra agencia de cooperación internacional como socio estratégico.
No obstante, la Asociación logró cautivar familias escépticas y otras más reacias y “alzó vuelo propio”. Hoy, por lo menos 200 familias de ocho veredas de La Caucana están dedicadas a la siembra de cacao, producto que venden a importantes empresas del departamento. De ellas, unas 62 familias son socias de Acata.
Frustración
Pese a este buen panorama, los habitantes de la Caucana no olvidan que hoy no cuentan con título que los avale como propietarios de sus tierras y que, cuatro años atrás, hubo dos importantes entidades que intentaron ayudar a sanear esta situación.
Según cifras reveladas a por VerdadAbierta.com por antiguos integrantes de este proyecto, hasta la culminación de este proyecto se realizaron 125 solicitudes de adjudicación de predios baldíos ante del Incoder. El número corresponde a familias que hasta 2011 ingresaron al programa cacaotero para sustitución de cultivos ilícitos en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, aunque la gran mayoría estaban concentrados en el corregimiento La Caucana de Tarazá.
A la fecha, el Incoder solo ha respondido las solicitudes de 18 campesinos de la vereda Colorado de este corregimiento. Todas ellas fueron negadas en el año 2012 por la Entidad con el mismo argumento: encontrarse en una radio de cinco kilómetros de una zona de explotación de recursos naturales no renovables según Artículo 9 del Decreto 2664 de 1994. Y en todas ellas, el título de concesión minera lo tiene la empresa Cerro Matoso S.A.
Lo curioso es que nadie en La Caucana sabe por qué una empresa que explota una mina que se encuentra en el municipio de Montelíbano, Córdoba, es decir, a poco más de 150 kilómetros de distancia, resultó como propietaria de las presuntas riquezas minerales que esconde esas tierras.
“Siempre se ha dicho que Cerro Matoso tiene muchas tierras, pero imaginamos que es por allá por los lados de Montelíbano. Por eso se nos vuelve muy raro que eso pegue por acá por donde nosotros estamos”, resalta Adriana.
Entre la comunidad la preocupación es doble. Por un lado, temen que allí donde hoy crece el cacao y el caucho casi que de manera silvestre, el día de mañana lleguen las retroexcavadoras a abrir huecos en la tierra en busca de oro, níquel o platino, sin que nadie pueda oponerse a ello.
De otro lado, personas como Adriana, que junto a un puñado de familias de este corregimiento le ha “metido el hombro” a la Asociación de Cacaoteros de Tarazá, temen que la negativa de adjudicación de predios desestimule el cultivo de productos lícitos y eche al traste con la exitosa erradicación de la hoja de coca que ha venido teniendo lugar en La Caucana desde hace cinco años.
“Por el momento, el banco agrario nos continúa facilitando préstamos. Seguimos trabajando y no hemos tenido problemas hasta ahora por no tener títulos”, señala la mujer, quien de todas maneras advierte: “estamos preocupados, porque nosotros le hemos puesto mucho interés a este proyecto y queremos el título de nuestra tierra. Entre otras cosas, para seguir trabajando legal, porque como ya he escuchado a algunos decir: ‘para que manejarnos bien si el gobierno nos responde mal negándonos el derecho que tenemos sobre nuestras tierras’. Y eso preocupa”.
