Las cicatrices de la incursión armada a este corregimiento de Ituango, perpetrada por paramilitares entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, aún son visibles. Sus pobladores hacen ingentes esfuerzos para permanecer en el caserío, pero las condiciones son cada vez más adversas. Y el Estado no llega con soluciones concretas.
De las 92 familias que habitaban en El Aro, solo hay 36. Y el temor es que las difíciles condiciones económicas generen otro desplazamiento. Foto: Juan David Restrepo O.
“Uno sale aquí a las doce del día a la puerta y no se encuentra un alma nacida”, dice Rosalba Echavarría, una de las mujeres que habita el caserío del corregimiento El Aro, de Ituango, escenario de una de las más cruentas incursiones que hayan perpetrado facciones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Antioquia y que cobró 15 vidas, la quema de 42 casas y la destrucción y hurto de medios de producción campesina.
Ya han pasado 17 años y 6 meses de aquel ataque armado, y en el corregimiento, aislado en las altas montañas del norte de Antioquia, aún quedan grandes cicatrices: decenas de casas deshabitadas y derruidas, una economía sustentada en las hojas de coca para uso ilícito, un Estado que no llega con una oferta institucional satisfactoria y la sensación de abandono entre sus pobladores, quienes recuerdan con nitidez la tragedia que acabó con la actividad social y económica en este caserío, habitado hoy por 36 familias.
Echavarría es una sobreviviente de la masacre. Cuando ocurrió la incursión al caserío estaba a 40 minutos de allí, con su familia, en la vereda El Diamante. Al escuchar la balacera y ver el humo de las casas incendiadas, huyeron hacia Puerto Valdivia, a más de cinco horas de camino, donde se refugiaron junto con decenas de personas que salieron de la zona para salvar sus vidas. Allí se quedó cerca de un mes.
“Cuando volvimos todavía echaban humo las casa. Al lado de la iglesia había un corral que tenía 20 marranos y estaba esa huesamenta ahí quemada, oliendo muy maluco”, recuerda la señora. De aquellos olores también tiene memoria Julio George, un campesino de la vereda Filadelfia: “Cuando llegamos del desplace era un solo olor a mortecina, no sabemos si de personas o de animales, eso fue muy miedoso”.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso le explicó a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que la incursión a este corregimiento había sido ideada por Carlos Castaño Gil desde 1996, pues consideraba que “esa era una zona donde permanentemente hacían retenes (la guerrilla) en la vía que conducía de Montería a Medellín y todos los secuestrados los metían ahí en el caserío de El Aro”.
Entre el 22 y el 31 de octubre, según cifras consolidadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, paramilitares del Bloque Mineros de las Auc asesinaron a 16 campesinos, desplazaron a más de 1.400 labriegos, secuestraron a 17 arrieros y hurtaron todo el ganado.
Quienes sobrevivieron a esa cruenta acción armada aún recuerdan la presencia de “un helicóptero amarrillo” durante la permanencia de los paramilitares en el caserío. Todos a una dicen que eso fue cierto y que en algún momento llegaron a pensar que los iban a socorrer, pero no fue así. “Les estaba ayudando a los `paras` mientras nos masacraban”, afirma un poblador de El Aro.
Lo que destruyeron
Han pasado 17 años y 6 meses de la cruenta incursión armada a El Aro, y aún se ven los daños. Muchas casas aún siguen sin reparar.
“Este pueblo antes era muy bueno, el campesino salía de las veredas, traía café, cerdos, maíz, frijol, todo para vender, se movía mucho el pueblo”, cuenta Echavarría al evocar el ambiente que se vivía antes de la incursión armada al caserío. La región también tenía una intensa actividad ganadera, de leche y de carne, lo que permitía una importante generación de ingresos. Al decir de algunos campesinos, El Aro era la despensa de Ituango.
“Antes de la masacre nosotros bajábamos aquí y esto era lleno de personas, lleno de mujeres, de muchachas, y de campesinos amigos, compartíamos una fiesta, de mucho ambiente”, afirma George con algo de nostalgia, pues la situación actual dista mucho de ese próspero pasado.
En El Aro sobresalieron por su solidaridad Marco Aurelio Areiza, el tendero del pueblo, y Modesto Múnera, presidente de la junta de acción comunal. Ambos trabajaban por la comunidad y ayudaban a quien bajara de las veredas al caserío. Los dos fueron asesinados en la incursión paramilitar del 22 de octubre de 1997.
Marco Fidel Gutiérrez, un labriego de la vereda Organí Alto, fue uno de los beneficiarios de la solidaridad que prodigaban Areiza y Múnera. “Marco Aurelio le compraba a uno el café, así estuviera destilando agua, y nos daba el mercado para pagárselo después, eso lo hacía con todos. Y Modesto nos daba posada a los campesinos que nos quedábamos a pasar la noche de sábado a domingo, si éramos muchos nos arreglaba las camas con costales”.
Aicardo George, de la vereda Filadelfia, también recuerda al tendero. “Nos ayudaba mucho. Traíamos café y lo compraba, traíamos frisol y lo compraba. Si el café estaba húmedo él mismo lo ponía a secar en el atrio de la iglesia, con tal de ayudar al campesino”. El aprecio que aún tienen a Marco Aurelio Areiza llevó a los pobladores a conservar su casa en madera, ubicada en uno de los extremos de plaza del caserío.
Pero llegaron los paramilitares y con la excusa de que allí se auxiliaba a la guerrilla, arrasaron con todo lo que encontraron, asesinando, violando, maltratando, a esta comunidad campesina. Julio George se duele aún de lo ocurrido: “Todos los que acabaron aquí no era gente mala, eran trabajadores, luchadora. Nadie era de grupos armados”.
Una vez pasó la demencial violencia por el caserío y los labriegos decidieron retornar, luego de un mes de “desplace”, como nombran ellos el desplazamiento forzado que enfrentaron, la vida les cambió radicalmente. Julio George asegura que después de esa incursión armada el caserío de El Aro, como punto de encuentro de los campesinos y centro de intercambio comercial, decayó mucho, pues las veredas y el mismo casco urbano, donde vivían 92 familias, quedaron desoladas.
“Las fincas de ganado se quedaron solas porque el ganado se perdió, todas las bestias se perdieron, entonces los dueños de esas fincas que tenían platica se fueron de la región y dejaron esas fincas por ahí perdidas, entonces nos quedamos sin dónde jornalear para conseguir la comida”, relata este campesino.
¿Y qué pasa ahora? “Si salen con dos o tres cargas de frijol o maíz es mucho, porque no hay quién los compre, es que no hay plata para comprar eso”, afirma Rosalba Echavarría. “Aquí la gente ya no viene porque es muy escaso el comercio, no tiene todos los artículos completos para hacer un mercado. El campesino prefiere bajar a Puerto Valdivia, Briceño y Santa Rita”.
Hay domingos, dice la gente en este caserío, que solo se ven deambulando por sus callejuelas a Joaquín Echavarría y a Juancho Torres, dos ancianos que no recuerdan su edad, “pero que han sido de toda la vida de El Aro”.
Florece la hoja de coca
En las riberas del río Cauca, cerca al desembarcadero que lleva a El Aro, se observan pequeños cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
Fabio, un joven de 17 años, quien nació pocos meses después de la masacre, ha escuchado de lo ocurrido por boca de sus padres, pero le ha tocado afrontar todas sus consecuencias, entre ellas la soledad y las pocas oportunidades de trabajo.
“Esto por aquí es muy solo, si viene un domingo, alcanza a ver por ahí cinco personas. La única vez que se ven muchachos más que todo es cuando nos arreglamos para ir a jugar futbol a la cancha”, detalla el joven y agrega que muchos de los que han vuelto recogieron sus cosas y se volvieron a ir. ¿A qué se dedica Fabio? “Yo soy raspachín. Por aquí la única empresa que se mueve son los palos de coca. Por eso es que la gente no se queda”.
Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito florecieron en las veredas de El Aro pocos meses después de la incursión paramilitar como una medida desesperada, dicen los labriegos, para recuperar los bienes perdidos.
“Aquí no se tapa nada”, asegura Abel*. “Coca hay y es que de ¿qué va a vivir la gente si no hay una finca para trabajar? Hay una cantidad de muchachos que son los que raspan la hoja de coca, si esos jóvenes no estuvieran entretenidos aquí raspando esa hoja de coca, estarían en un grupo armado haciendo más violencia”.
Los cultivos llegaron a la región por influencia de que los venían prosperando en las montañas del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, una región vecina a El Aro. Del corregimiento El Doce llegaron las primeras semillas y quienes la sembraron dicen que en ese proceso nada tuvo que ver la guerrilla. En la zona se siembra la hoja de coca Cuarentana y Peruana Blanca.
“Eso es cosa que no se tapa, poquita coca hay, pero sí hay. Y ahí ganamos todos: yo no siembro, pero mi vecino si, entonces yo voy y trabajo en eso por un jornal, o le vendo la comida, todos nos estamos sirviendo de eso, si a nosotros nos acaban esos trabajos, quedamos jodidos, aguantando hambre”, afirma Norberto*, un cultivador de la hoja.
Si bien se recurrió a estos cultivos considerados ilícitos como una medida de emergencia, su permanencia por más de 15 años se ha debido a otros factores que tienen impacto en la región, como el aislamiento en el que viven y la llegada del proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el río Cauca a la altura del puente Pescadero, jurisdicción de Ituango, y que tiene influencia en nueve municipios más. Las obras implican a El Aro.
“Con ese proyecto nos quitaron la posibilidad de pescar en el río, porque ya no se puede; tampoco nos dejan buscar oro, que era lo que hacíamos para conseguir la comida”, relata Abel. ¿Entonces qué hacemos, nos dejamos morir de hambre?”.
Hace tres semanas, llegaron a la zona funcionarios del gobierno nacional a ofrecerles la posibilidad de sustituir los cultivos de uso ilícito e inscribirse en el programa Guardabosques, como una estrategia para que abandonen la ilegalidad en la que están. En algunas veredas no ven viable esta iniciativa, entre otras razones por factores económicos.
Olivia*, una mujer que posee varios entables de procesamiento de la hoja, reconoce que los 3 millones anuales que le ofrece el programa Guardabosques no se equipara con las ganancias que obtiene del “otro trabajo”, como lo llama ella. Y hace cuentas.
“Me ha tocado ver en Ituango campesinos que se dejaron convencer que erradicaran, pero fueron a cobrar los 250 mil pesos que les pagan cada mes; primero, les dijeron en el banco que se día no pagaban, y los costos para bajar al pueblo son más altos que lo que reciben. Un flete en mula de mi vereda a Santa Rita vale 80 mil pesos, más la comida y dormida en Santa Rita, más el transporte a Ituango, y dormida y comida allí. Usted sale de la vereda a cobrar y antes queda debiendo”, afirma la mujer.
Lo que ha generado la ausencia del Estado en el pasado y la llegada con programas poco rentables es una gran desconfianza entre el campesinado, que se ha larvado durante 17 años y seis meses. “Cualquier producto legal no tiene precio, y el ilegal tiene guerra. En esas condiciones, ¿podemos confiar en el Estado?”, se pregunta Oliva.
“Hidroituango no ayuda”
Los arrieros de El Aro esperan prontas soluciones de EMP. Las afectaciones por las obras viales que llevan al sitio de la futura central de generación de energía los tiene afectados. Foto: Juan David Restrepo O.
El otro problema que enfrentan en El Aro es la construcción de Hidroituango, que ha tendido una frontera hacia el río Cauca que impide no solo la pesca y la minería artesanal, sino complica el trabajo de la arriería, tan enquistado en estas agrestes montañas. Los límites los marcan las obras de una carretera de 37 kilómetros que se viene construyendo entre Puerto Valdivia y la presa de la futura hidroeléctrica con el fin de entrar por allí maquinaria pesada.
Marcelino Barrera, uno de los arrieros de este corregimiento, cuenta que en Puerto Valdivia había tres pesebreras donde podía dejar sus mulas mientras hacía sus negocios en el lugar. “Si uno se iba a quedar de un día para otro, ahí se podían quedar las bestias con buena comida, con buena melaza”.
Al puerto llegaban los arrieros con maíz, frijol y yuca, y de allí subían mercados, abonos y cualquier encargo que les hicieran en el caserío y veredas lejanas. El negocio, en términos concretos, era medianamente rentable para los seis arrieros que tiene El Aro.
“Pero resulta que EPM (Empresas Públicas de Medellín, dueña de Hidroituango) compró los predios donde estaban las pesebreras para echar por ahí la carretera y nos quedamos sin dónde guardar las mulas”, detalla Barrera. “Por el momento no nos han ofrecido soluciones”.
Si bien hay días que los dejan transitar por la vía en construcción, hay otros que no y eso encarece el tránsito de mercancías. “Cuando cierran la vía, solo podemos bajar hasta Organí Bajo, donde llega la lancha, y debemos enviar y recibir las cosas por río, lo que encarece el flete y entonces no ganamos nada”, precisa el arriero.
Los problemas comenzaron en enero de 2014, cuando cerraron las pesebreras. “Se ha hablado con EPM en agosto y septiembre para ver cómo nos van a reparar. Esa es la duda que tenemos y que hasta el momento no nos aclaran. Prometieron visitarnos y aún no llegan”, se lamenta Tulio Mejía, otro de los arrieros.
“Consejo comunal”
Él es Joaquín Echavarría, uno de los sobrevivientes de la masacre. Dicen en el caserío que es de las pocas personas que se ve deambulando un domingo.
Todas sus carencias fueron expuestas el pasado 9 de abril a una comitiva encabezada por los presidentes del Tribunal Superior de Medellín, John Jairo Gómez, y de la Sala de Justicia y Paz de ese tribunal, Rubén Darío Pinilla quienes viajaron hasta el lugar para conmemorar allí el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Justo a ellos llegaron el alcalde de Ituango, Jaime Montoya, y el secretario de Gobierno departamental, Santiago Londoño. (Ver: El Aro honra a sus víctimas)
Si bien este encuentro con las víctimas de El Aro se planeó para reconocer los crímenes cometidos en su contra, la comunidad se tomó la palabra para hablar de sus necesidades y de su abandono. Ante ellos pasaron Dilian Giraldo, Marta Posso y Nicolás Zapata, quienes esbozaron sus más apremiantes necesidades y se centraron en el fortalecimiento del centro de salud y de la escuela, de proyectos productivos y de la legalización de sus predios, todos ellos considerados baldíos de la Nación, pero ocupados hace décadas por los labriegos.
Lo paradójico es que por esta masacre la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano el 1 de julio de 2006 por su omisión en la protección de esta comunidad y ordenó reparar a las víctimas, pero eso tampoco se ha visto.
Cuenta Rosalba Echavarría que una vez llegaron al caserío unas personas a reparar las casas que habían sido quemadas, 42 en total, pero no acabaron: “las dejaron empezadas, y a todos no les dieron el mejoramiento de vivienda, la mayoría de la plata se la llevó el contratista”. Por su parte Aicardo George recuerda que en algún momento les dieron cinco kilos de semillas de maíz, pero nada más: “ya no nos volvieron a ayudar con nada. Ni el gobierno ni la alcaldía”.
Pese a que en el diálogo con las autoridades judiciales, municipales y departamentales no obtuvieron razones concretas de sus quejas, estos campesinos no pierden la fe en el futuro. “Para volver a esa tranquilidad, tenemos que reconstruir el tejido social, bregando a entrelazarnos con las comunidades para salir más y unirnos con ellos para ver si juntos podemos salir adelante”, afirma Julio George, quien insiste en que en ese esfuerzo debe acompañarlos el Estado, para no sentir tanto abandono y soledad.
(*) Nombres modificados por solicitud de las fuentes
