La afirmación está contenida en una decisión de segunda instancia en la que se condena a dos comerciantes de Ituango por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El alto tribunal también señaló a la Fuerza Pública y a diversos sectores sociales y económicos de integrar esa alianza.
No una, sino dos y tres veces, el Tribunal Superior de Medellín afirmó que “las Fuerzas Militares, de Policía, de Seguridad, la Gobernación de Antioquia, grupos de ganaderos, comerciantes, industriales y muy buena cantidad de personas que fueron víctimas de las acciones de la guerrilla, se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a esos grupos insurgentes”.
Tal señalamiento está incluido en la sentencia de segunda instancia, fechada el 25 de noviembre de 2017, pero dada a conocer ayer, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación presentado por los abogados de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, comerciantes de Ituango, Antioquia, quienes fueron condenados a 30 años de prisión como coautores del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 28 de febrero de 1998 en su oficina del centro de Medellín. (Descargar sentencia)
Al abordar el contexto histórico que rodeó el crimen de Valle Jaramillo, el magistrado ponente, Óscar Bustamante, consideró “muy importante establecerlo para entender las motivaciones” de ese asesinato, perpetrado por sicarios de la banda La Terraza, siguiendo órdenes de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Tras detallar que en los últimos sesenta años la influencia de grupos subversivos, de ideología de izquierda, “han subsistido a pesar de la terminación de la guerra fría entre los Estados dominantes”, lo que ha generado muerte y dolor en gran parte del país, estableció que sus estrategias, tanto militares, como económicas y políticas, han sido “dominar territorios extensos” en los cuales asentaron su poder “para tener secuestrados, como también para la producción de sustancias narcóticas, medio que ha servido para financiar los altos costos de sostenimiento”.
Siguiendo esa reflexión, el ponente de la sentencia aseguró que, en el departamento de Antioquia, para 1995, se presentó “una propuesta muy radical y de mano fuerte en contra de la guerrilla [que] fue liderada por el entonces gobernador de Antioquia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, pero fue toda una organización de la cual participaron otros estamentos, tanto económicos, industriales, militares, cívicos, etc.”. Su visión sobre este fenómeno llevó a magistrado a determinar que “se tiene la creencia que fue un solo estamento, el militar, pero es calculado error para evitar responsabilidades”.
Con base en pruebas allegadas al proceso contra los hermanos Angulo que provienen de los tribunales de Justicia y Paz, en los que se juzgaron a centenares de paramilitares, la sentencia precisó que los grupos de autodefensas “estaban comprometidos, como aparato armado, a hacer el ‘trabajo sucio’ […] es decir, aquel trabajo que no lo podían hacer los otros gremios, ni las instituciones estatales, ni las militares, no los organismos, ni los gremios privados”.
Panorámica del corregimiento El Aro, de Ituango. Foto: Juan Diego Restrepo E.No obstante, a paramilitares y a sus colaboradores los unía un fin común: terminar con la guerrilla. “Cada uno apoyaba y daba su parte, ya sea el económico, el político, el de inteligencia, el de apoyo militar, el de manejo de medios de comunicación, etc. El narcotráfico privado fue bienvenido en la idea de financiar la guerra”, conceptúo el alto tribunal.
Una de las estrategias para atacar a la guerrilla, particularmente a las Farc, era socavar su apoyo social y económico, con lo que sería más vulnerable. La sentencia consigna que ese tipo de acciones hacían parte de la llamada “guerra sucia”, en la que “imperaban las ejecuciones fuera de combate de quienes eran considerados miembros, auxiliadores, colaboradores o simpatizantes” de las organizaciones subversivas. De acuerdo con lo registrado en la decisión, si bien las “labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Policía y de Seguridad, lo mismo que la de los mismos grupos de Autodefensas, cumplían su papel, en una buena cantidad de situaciones ellos no fueron objetivos en la selección de personas ‘amigas’ de las Farc, que eran ultimadas”.
En esa línea de reflexión aparecen entonces aquellos activistas que comenzaron a denunciar ese tipo de alianzas ilegales, entre ellos Valle Jaramillo, quien alertó a las autoridades regionales sobre la llegada de grupos paramilitares a su tierra natal, Ituango. Su clamor fue recogido en una entrevista que, en 1996, le concedió al diario El Colombiano, de Medellín: “Desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador Álvaro Uribe (1995-1997), lo señaló de “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia.
Al respecto, el Tribunal Superior de Medellín aseveró que en ese ambiente de mediados de la década del noventa “resultaba inconveniente para los intereses de los aliados contra la guerrilla que se supiera de esa alianza, era inaceptable desde todo punto de vista que ello se diera a conocer en los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, al fin y al cabo se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, incluso verdaderos genocidios, a la vez que delitos ordinarios”.
Es por ello que el alto tribunal consideró que todos esos delitos “comprometen penalmente no sólo a sus autores materiales, sino también a quienes son parte de esa organización, incluyendo a sus aliados”.
El drama de Ituango
En abril de 2015 la comunidad instaló esa cruz para honrar la memoria de las víctimas de la masacre cometida el 22 de octubre de 1997. Tiene 15 tornillos y cada uno representa a una víctima. Foto: Juan David Restrepo O.Valle Jaramillo no escatimó tribuna pública para alertar sobre la tragedia que se cernía sobre su pueblo natal. Apeló a diversos medios para advertir que grupos paramilitares estaban confinando a los campesinos en sus veredas, impidiéndoles comprar sus alimentos en el pueblo. También estaban siendo masacrados, sin que las autoridades reaccionaran los protegieran.
Uno de los más duros cuestionamientos que hizo este defensor de derechos humanos lo consignó en una declaración que rindió ante un fiscal regional el 6 de febrero de 1998, tres semanas antes de su muerte: “Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”. (Leer más en: Jesús María Valle, abogado asesinado en 1998)
Una de las mayores tragedias que vivió esta región fue la masacre de El Aro, perpetrada por comandos de las Auc entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, que dejó 15 personas muertas, cientos de desplazados y un caserío a medio destruir por el fuego. Sus pobladores aún luchan por superar esas cicatrices. (Leer más en: En El Aro luchan contra el abandono y la soledad)
Oriundos también de Ituango, los hermanos Angulo, sentenciados a 30 años de cárcel por el crimen de Valle Jaramillo, tuvieron una activa participación, según el Tribunal Superior de Medellín, en el direccionamiento de las acciones de grupos paramilitares en su pueblo. La sentencia fue reiterativa en señalar que ambos comerciantes, además de ser narcotraficantes, apoyaron sin ambages a esas fuerzas irregulares: “prestaron sus res dencias, facilitaron armas y vehículos, realizaron pagos mensuales a los miembros de la organización, tenían el control contable de los gastos de ese grupo en el municipio”.
Esas alianzas fueron consolidando un dramático panorama de vulneración de derechos humanos en Ituango que fue destacado en la sentencia: “Desde el año 1995, finales, todo 1996, 1997 y parte de 1998, la estrategia militar en el mencionado sector se mantuvo por parte de las Autodefensas, los homicidios selectivos fueron aumentando, insistimos con la ayuda de las Fuerzas Armadas, de Policía, Das, Gobernación de Antioquia, y las Convivir de ese sector y las familias influyentes de la región”.
Ante las constantes denuncias de Valle Jaramillo sobre lo que ocurría en su pueblo, la decisión constató que sus súplicas expuestas ante Uribe Vélez y sus subalternos, así como ante la IV Brigada del Ejército, comandada en aquel tiempo por el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, fueron desestimadas: “La respuesta obvia fue evasiva, de tomadura de pelo, de no pararle atención, pues como se probó con el tiempo, estas entidades estaban aliadas con los grupos de Autodefensas”.
Respaldo institucional
El Tribunal cuestiona el rol de varias dependencias gubernamentales durante los hechos de violencia ocurridos en Ituango en los 90. Foto: archivo Semana.Uno de los aspectos relevantes descritos en la sentencia está relacionado con el apoyo que los hermanos Angulo recibieron de sectores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Medellín. Según el magistrado ponente, “tenían expedientes penales e informes de policía respecto a lo ocurrido en el municipio”.
Expedientes judiciales que hacen parte de este proceso dan cuenta de informes de policía judicial que relataban cómo los Angulo llegaban con expedientes a las reuniones con paramilitares. “Días antes de la muerte del defensor Jesús María Valle Jaramillo se presentaron dos reuniones en Medellín en las que estuvieron presentes los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, y Román Tapias, quienes con copia de un expediente que les llevaba en su contra la Fiscalía, analizaron la situación, ya que ellos estaban implicados en actividades paramilitares y debían tener mucho cuidado”.
Otra reunión, sostenida ocho días antes del crimen de Valle Jaramillo, fue reportada así: “Se cumplió otra cita con los hermanos aludidos y con la presencia de Jairo Castañeda y Román Tapias, donde se analizaron las declaraciones que Valle estaba dando públicamente sobre el compromiso de la familia Angulo con los paramilitares en Ituango y se acordó que había que tener mucho cuidado con ese doctor. En esa segunda reunión tenían copias de otros expedientes que les llevaba la Fiscalía”.
La sentencia también consignó que investigadores del DAS enviados desde Bogotá intentaron desviar las investigaciones contra los Angulo por el crimen de Valle Jaramillo: “También surge con suficiencia el hecho que existieron claros elementos en los cuales se desprende que el DAS tenía la voluntad de conocer la investigación e interferir en la misma”. Un dato adicional ofreció la decisión en ese sentido: “Era conocido en el medio la cercanía de Pedro Juan Moreno (para la época Secretario de Gobierno de Antioquia) con el director de la entidad (DAS) el doctor Mancilla”.
Ese respaldo institucional que garantizaba total impunidad, tal como lo detalló este portal en días pasados, también benefició al caballista, narcotraficante y confeso financiador de grupos paramilitares Santiago Gallón Henao, capturado recientemente en Cúcuta. (Leer más en: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)
Silenciar a Valle Jaramillo
El 27 de febrero de 2015, el hoy ministro del Interior, Guillermo Rivera, pidió perdón a nombre del Estado por el asesinato de Valle. Foto: Ricardo Cruz.De acuerdo con las pruebas evaluadas por el Tribunal Superior de Medellín, existía un alto interés del secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, de silenciar al defensor de derechos humanos. “Fue el principal promotor de ese hecho, reiteramos, en la idea de impedir que se diera a conocer la alianza entre los mandos institucionales y de Autodefensas. A más por cuanto eran también responsables de la cantidad de homicidios y desplazamientos y en general de la ejecución de la política orientada al exterminio de las guerrillas, sus simpatizantes y auxiliadores”.
Pero los conceptos de alto tribunal no quedaron allí. Sus reflexiones ahondaron en el papel de la administración departamental: “Fueron los funcionarios de la Gobernación quienes más influyeron en la decisión de Carlos Castaño de dar la orden de muerte, ello para evitar que se descubriera la alianza que existía”.
A juicio del magistrado ponente, “los funcionarios de este ente territorial operaban en forma armónica, no era una actividad aislada de un funcionario particular, sino, repetimos, como parte de su lema de acción política. Las cartas, las actas de reuniones, los oficios enviados, las comunicaciones de todo orden muestran una idea de la indiferencia de lo denunciado y de conocimiento de lo que realmente estaban haciendo las Fuerzas Militares con las Autodefensas”.
Retomando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Nación en noviembre de 2008 por el crimen de Valle Jaramillo y las masacres de El Aro y de La Granja, ocurrida el 11 de julio de 1996, el tribunal consideró que estudiadas las pruebas “en forma coordinada e integral indican con suficiencia la probable responsabilidad de los agentes del Estado que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.
Por todas estas razones, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue al senador, expresidente y exgobernador Álvaro Uribe Vélez; al general Carlos Alberto Ospina, comandante para aquella época de la IV Brigada; al entonces comandante del Batallón Girardot, coronel Germán Morantes Hernandez; y a varios oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía.
Esta compulsa de copias se suma a la proferida en febrero de 2015 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que valoró el testimonio de una víctima de la incursión paramilitar a El Aro, quien el 25 de septiembre de 2014 acudió a ese tribunal para denunciar que durante la incursión armada los paramilitares habrían recibido apoyo del helicóptero de la Gobernación de Antioquia. (Leer más en: El Aro: la masacre por la que ordenan investigar a Álvaro Uribe)
“Como lo hemos manifestado hasta la saciedad, existe un patrón en todas las masacres ocurridas por las Autodefensas en ese tiempo, la alianza con las Fuerzas Militares es indiscutible, son los mismos líderes de la organización paramilitar quienes la confirman, lo dicho además es concluido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ese apoyo hubiese sido imposible cometer los homicidios selectivos, hacer incursiones armadas y masacres, el sólo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento, de no combatirlos como esa su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y, por supuesto, con los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la Gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango”, concluyó la sentencia del Tribunal Superior de Medellín.
