En diálogo con VerdadAbierta.com, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) cuestionó la manera como altos oficiales han sido investigados por esos hechos y se declaró en alerta por las decisiones que tome la JEP. También se refirió a su más reciente informe sobre la violencia que vive el municipio de Tumaco, Nariño.
José Miguel Vivanco llegó esta semana a Colombia para llamar la atención sobre las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en Tumaco, en la costa pacífica nariñense. En un informe sobre la situación, que fue elaborado en terreno, HRW documentó más de 120 hechos victimizantes presentados en ese municipio desde mediados de 2016, entre los que se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas y reclutamiento forzado. La organización reconoció, además, que “muchos abusos no se denuncian, en parte debido al férreo control social que imponen los grupos armados en barrios vulnerables y comunidades rurales”. (Lea aquí el informe)
Además de referirse a los grupos armados ilegales que existen en la zona, surgidos de la extinta guerrilla de las Farc, HRW llamó la atención por la impunidad que cobija los crímenes cometidos por esas estructuras, que asoció a “la cantidad insuficiente de jueces, fiscales e investigadores que están a cargo de estos casos en Tumaco”. Asimismo, declaró que “las instituciones del gobierno local presentan problemas crónicos de mala gestión y corrupción”. (Lea más: A Tumaco lo agobian las disidencias de las Farc y el crimen trasnacional)
Con base en los resultados de su informe, Vivanco declaró que se requiere “un plan nacional de emergencia para Tumaco”, en el que se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud y a la educación, se fortalezca la justicia, se garanticen los servicios públicos y se ofrezca empleo de calidad. En una reunión privada con el presidente de la República, Iván Duque, también le pidió al gobierno realizar acciones humanitarias urgentes, como contruir un refugio para desplazados y atender adecuadamente a las víctimas de violencia sexual.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Vivanco comentó los hallazgos sobre ese informe. No obstante, se refirió extensamente al juzgamiento de militares por casos de ‘falsos positivos’, tanto en la justicia ordinaria como en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El tema ha sido constantemente monitoreado por HRW, que desde antes de la firma del Acuerdo Final de paz cuestionó duramente la manera como las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos pactaron el nuevo modelo de justicia transicional.
VerdadAbierta.com (VA): Tras la firma del Acuerdo de paz se han cometido graves violaciones a los derechos humanos en distintas regiones del país, entre ellas el norte del Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico. ¿Por qué decidió estudiar específicamente el caso de Tumaco?
José Miguel Vivanco (JMV): A Tumaco lo estamos siguiendo desde hace algún tiempo. Hicimos un informe en 2014 y lo que documentamos fue realmente alarmante desde el punto de vista de la presencia de grupos irregulares, incluyendo el récord deplorable (de violaciones de derechos humanos) que sufrió la población civil a partir del enfrentamiento entre las Farc y los Rastrojos por el control de Tumaco. Transcurridos cuatro años, quisimos hacerle seguimiento al informe y determinar hasta qué punto el acuerdo de paz había tenido un impacto favorable.
Colombia registra un descenso notable desde 2017 en el número de violaciones a derechos humanos, y no cabe duda alguna de que el factor que incide en eso es el acuerdo de paz con su desmovilización. Lamentablemente, Tumaco no hace parte de esa estadística y las cifras se mantienen altas, incrementándose incluso la violencia sexual o los asesinatos de defensores. Parte de la razón que explica esto son las deficiencias en la desmovilización de las Farc y obviamente la coca, porque Tumaco sigue siendo el mayor productor de Colombia.
Ojalá que este informe sirva para llamar la atención de una realidad que se agudiza y ojalá el gobierno adopte medidas más amplias, que no estén circunscritas solamente a la presencia de militares y policías. Eso ayudó inicialmente a incentivar capturas, pero evidentemente no ha tenido el impacto que se esperaba respecto a este fenómeno de violencia y de impunidad.
VA: El Estado ha respondido a la crisis que vive Tumaco con la creación de la campaña militar y policial Atlas. ¿Qué opinión le merece la prevalencia de la intervención militar en el puerto por sobre otras medidas, como el fortalecimiento de la justicia y la inversión social?
JMV: Nosotros no estamos en contra de la presencia militar y policial, pero es evidente que el fenómeno de Tumaco tiene que ver con falta de justicia, de servicios básicos, de protección a los campesinos que han optado por la sustitución de cultivos. Esto último es necesario para disminuir progresivamente el mercado de la ilegalidad, que es una fuente inagotable de recursos para estos grupos armados irregulares.
Nuestra propuesta no es cuestionar la presencia militar y policial: es muy probable que si se retirara la situación se agravaría aún más. Sin embargo, creemos que hay que entender que el problema no se resuelve solo con la captura de ‘Guacho’, ni tampoco con mantener militares y policías en la zona. (Lea más: Militarizar la frontera colombo-ecuatoriana, medida poco eficaz)
VA: Un equipo periodístico de VerdadAbierta viajó a finales de junio pasado a Tumaco con el fin de indagar por la situación de inseguridad que viven las comunidades afro e indígenas. Varios líderes contaron que integrantes de las comunidades han sido víctimas de hostigamientos, ocupación de bienes civiles, robos y estigmatización por parte de militares. ¿Su oficina ha tenido conocimiento de denuncias similares?
JMV: Sí, claro que sí. Hicimos varios viajes a Tumaco y producto de ello nos enteramos de serias denuncias de abusos cometidos contra la población por parte de policías y militares. Quizá el caso más serio es el de la masacre de siete pobladores por parte de la policía (en El Tandil). En esa oportunidad, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que la Fuerza Pública no tenía responsabilidad y que eran las disidencias de las Farc las que habían matado a estos campesinos. Finalmente, por la presión de la opinión pública, las denuncias de la sociedad civil y de los medios, se llegó a la conclusión que la responsable era la policía de la zona. (Lea más: Falta de claridad y múltiples versiones ensombrecen a Tumaco)
Así que los pobladores de Tumaco no están exentos de abusos por parte de la Fuerza Pública, pero el asunto que nos parece más grave son los constantes abusos y el ejercicio de dominación por parte de estos grupos irregulares armados. (Lea más: Indígenas Awá denuncian ‘falso positivo judicial’ en Tumaco)
Hablando de la JEP
VA: La JEP ha priorizado el caso de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, así como el de Urabá y el del norte del Cauca. ¿Cree que es acertada esa priorización regional?
JMV: Es absolutamente importante y acertada. La JEP puede hacer mucho por estas regiones, que son puntos neurálgicos de violencia y de abusos. Además, hay grandes similitudes entre estos lugares, especialmente desde el punto de vista de las víctimas, la indefensión de la población y la impunidad. Es probable que existan otros lugares que deberían ser objeto del mismo trato, pero asumo que son prioridades y que no se está excluyendo a otras zonas del país. (Leer más: La JEP le pone lupa a violencia que golpeó al norte de Cauca)
VA: La JEP también priorizó los casos de secuestro y de ‘falsos positivos’. Usted ha sido crítico de la manera como se juzgarán esos últimos delitos en la Jurisdicción. ¿Cómo ha visto el avance de esos procesos?
JMV: Hemos sido particularmente críticos de extender los beneficios de la negociación entre las Farc y el Estado colombiano a militares y policías involucrados en violaciones a derechos humanos. No entendemos por qué ese acuerdo, con todas las deficiencias y debilidades que tiene desde el punto de vista de la justicia, se extendió a agentes del Estado que hacen parte de una Fuerza Pública profesional, que no son milicias, sino funcionarios públicos que cometieron atrocidades y que deben ser investigados por la justicia ordinaria sin ningún tipo de beneficios o privilegios. (Lea más: ‘Falsos positivos’: “Son crímenes de Estado y no deben ir a la JEP”)
La única lógica que tiene la justicia transicional es que, a cambio de la entrega de armas, de la integración a la vida civil, el Estado se ve obligado a dar concesiones fuertes en materia de justicia (a los exguerrilleros). Pero que los militares hayan presionado para que esos beneficios se les extiendan a ellos me parece una simple extorsión y refleja la debilidad del gobierno democrático del presidente (Juan Manuel) Santos para frenar esa presión militar. Ahí hay un problema que no tiene justificación, salvo un criterio de pragmatismo político, en el que uno asume y entiende que el gobierno civil es objeto de extorsión por parte de estos militares en servicio activo y pasivo, encabezados principalmente por esta entidad llamada Acore (Asociación Colombiana de Militares Retirados).
Creemos que la instancia natural y lógica de investigación sobre ‘falsos positivos’ reside en la justicia ordinaria, que ha sido capaz de condenar a 1.300 soldados y oficiales de rango medio, principalmente. Aquí lo que ha quedado rezagado, por razones netamente políticas, es el juzgamiento de al menos 19 generales, que hasta ahora han sido intocables. Ahora, las reglas de juego, refrendadas por la Corte Constitucional, les permiten a estos generales acudir a la JEP, desafortunadamente. Entiendo que no podemos seguir litigando este punto, pero a lo que sí aspiro es que a los jueces de la JEP hagan un escrutinio riguroso, no solo exigiendo confesión, sino determinando caso a caso si tienen o no competencia. Si los crímenes que revisan no están relacionados con el conflicto armado, la instancia que debe investigar estos hechos es la justicia ordinaria. (Lea más: Con dudas de las víctimas, empieza proceso por ‘falsos positivos’ en la JEP)
Hay que recordar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra investigando preliminarmente a Colombia por ‘falsos positivos’. De tal modo que asumo y entiendo que la Fiscalía de la CPI va a ir examinando cada una de estas decisiones de la JEP: la JEP está bajo la lupa en este punto. (Lea más: Caso de Chiquita Brands, bajo la lupa de Fiscalía de la Corte Penal Internacional)
VA: ¿Qué opinión le merece la manera como la JEP ha llevado a cabo las audiencias por ‘falsos positivos’?
JMV: Es indudable que, encabezados por (el general retirado Mario) Montoya, estos señores llegan allá y hacen una especie de show mediático, algo que daña la imagen de la propia JEP. Incluso, ha habido eventos donde los familiares se han retirado, porque no son serios. (Lea más: “Asistencia de general (r) Mario Montoya a la JEP fue decepcionante”)
Si de lo que se trata es de incrementar la legitimidad de la JEP ante la opinión pública, no ayudan esas audiencias, porque es innecesario y no tiene ningún sentido que vaya uno de estos señores acompañado de abogados y realice una especie de show protocolario, en algo procesal, elemental, donde no hay una discusión sobre el fondo del tema. Esos trámites se pueden hacer perfectamente en privado y creo que la JEP deben modificar sus protocolos para evitar que esto se siga produciendo. Pero este es un problema secundario. Lo principal es examinar cada caso y, si no hay competencia, enviarlo a la justicia ordinaria.
VA: Actualmente, la Corte Constitucional estudia una demanda presentada por dos organizaciones defensoras de derechos humanos contra el artículo de la Ley de Procedimiento de la JEP que ordena la suspensión del juzgamiento de militares y policías hasta tanto se cree un procedimiento más benéfico para ellos. ¿Qué decisión cree que debería tomar la Corte?
JMV: Aquí hay dos problemas: el artículo de la Ley de Procedimiento frena las investigaciones en la JEP y la Ley Estatutaria de la JEP frena las investigaciones en la Fiscalía. Nosotros no podemos ser imparciales frente a esto y hemos presentando intervenciones a la Corte Constitucional, diciendo que estas dos normas lo que hacen es crear un limbo, en el cual las investigaciones quedan frenadas por lo menos un año y medio, que es el periodo que establece la Ley de Procedimiento. Esto es casi un escenario perfecto para los generales responsables por ‘falsos positivos’, lo cual es absolutamente inaudito. Lo que esperamos, obviamente, es que la Corte lo declare inconstitucional. (Lea más: En medio de incertidumbre, expediente contra general Torres llega a la JEP)
VA: ¿A qué cree que obedece la insistencia del Centro Democrático para modificar la JEP con el fin de beneficiar a militares y policías?
JMV: (El expresidente y senador Álvaro) Uribe en esto ha sido muy consistente, porque para él lo que es cuestionable y criticable del acuerdo de justicia son las concesiones en materia de sanciones a las Farc, pero no tiene inconveniente en darles a los militares beneficios exactamente del mismo tipo que él critica. Uribe ha luchado durante toda su vida política porque los altos mandos que puedan estar siendo investigados por violaciones a derechos humanos no rindan cuentas respecto a estos hechos. El Centro Democrático está matriculado en esa opción y va a seguir insistiendo en que estos generales no rindan cuentas e incluso más: es muy probable que la pretensión final sea que los generales reciban beneficios a cambio de nada.
Militares cuestionados
VA: Usted también ha sido crítico de las reiteradas decisiones del Congreso de ascender a oficiales investigados por ‘falsos positivos’. ¿Por qué cree que no han tenido eco sus advertencias?
JMV: Tanto durante el gobierno de Santos como en el gobierno actual, el Ministerio de Defensa ha ignorado las investigaciones y las denuncias creíbles que existen contra estos altos oficiales por sus roles en las brigadas que cometieron ‘falsos positivos’. El Ministerio entiende que, en la medida en que estos militares no sean condenados, es factible seguir ascendiéndolos. Estamos ante una especie de diseño de impunidad perfecto, porque lo que hacen (los militares) es asegurarse de que las investigaciones en la Fiscalía no avancen y, como no hay acusación ni condena, los ascensos pueden continuar.
Con esto, el mensaje que se le envía a las Fuerzas Militares es que, si los abusos han sido cometidos por altos mandos, ellos no van a rendir cuentas. Lo más pernicioso de todo esto es que hay una especie de reacción corporativa, en la que la institución militar acoge, protege y garantiza el éxito profesional de altos oficiales, a pesar de que los antecedentes demuestren que tuvieron responsabilidades en esas brigadas. El daño que se le hace a la institución militar es incalculable, muy grave, y la deja atada a un pasado de abusos.
Lo que hace falta en Colombia es cerrar esas etapas oscuras: la de los ‘falsos positivos’ y también aquella en que militares y paramilitares actuaban en conjunto para reprimir. Lo mejor que se puede hacer es apartar esas manzanas podridas, cooperar con la justicia y, en función del principio de responsabilidad de mando, evitar que estos militares sigan beneficiándose de sus carreras.
VA: Recientemente, usted cuestionó la decisión de una jueza de obligar al representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a retractarse de denuncias sobre presunta connivencia entre militares y “paramilitares” para cometer violaciones a los derechos humanos. De quedar en firme esa decisión, ¿qué precedente sentaría para la defensa de derechos en Colombia?
JMV: Es inadmisible que la jueza haya ordenado que el representante de la Comunidad de Paz sea encarcelado por negarse a retractarse de sus afirmaciones. Las obligaciones internacionales de Colombia prohíben imponer sanciones penales por opiniones que son de interés público y obviamente son de ese interés las denuncias sobre supuesta connivencia de miembros de la Fuerza Pública con grupos sucesores del paramilitarismo. Que se encarcele a ese líder sería un retroceso en materia de libertad de expresión, porque generaría incentivos perversos para que otros líderes sociales tuvieran temor de hacer denuncias. (Lea más: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)
En una democracia, los jueces y los fiscales deberían agradecer y celebrar que líderes de la sociedad civil se atrevan a denunciar hechos tan graves como ese. Las denuncias de los periodistas o los líderes deben ser siempre bienvenidas, porque son la manera como sociedades con instituciones débiles logran impulsar investigaciones judiciales.
