Nuevas capturas y condenas a importantes caciques políticos demuestran que el proceso goza de nuevo de buena salud tanto en la Corte como en la Fiscalía.
En medio de la crisis por el derrumbe de las pirámides, los aterradores falsos positivos del Ejército, la recesión económica que amenaza al mundo, el triunfo de Barack Obama, la explosión social del país, y el ‘sí pero no’ de la reelección, el tema de la para-política parecía estar agonizando. Los embates del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia, y las decisiones contradictorias que había tomado la Fiscalía meses atrás, dejaron la sensación de que la para-política empezaba a agonizar. Sin embargo, la semana anterior la justicia tomó nuevos bríos. Por un lado, la Corte Suprema condenó a los senadores Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales, ambos firmantes del Pacto de Ralito, en el que líderes de las autodefensas y varios políticos del Caribe se comprometieron en el año 2001 a “refundar la patria” y crear un “nuevo pacto social”. Al mismo tiempo, la Fiscalía capturó al ex senador Luis Alberto Gil, principal líder del movimiento Convergencia Ciudadana. También llamó a indagatoria a dos ex representantes a la Cámara de ese movimiento José Manuel Herrera y Alfonso Riaño, así como al ex gobernador de Santander, el oficial retirado de la Policía Hugo Aguilar.
Las decisiones tomadas tanto por la Corte como por la Fiscalía son trascendentales, pues había una enorme expectativa sobre ambos casos. Al final, el mensaje de la justicia es claro: las alianzas con paramilitares no se pueden ver como pecados veniales de los políticos, que representan nada más y nada menos que la institucionalidad del país.
La Corte Suprema de Justicia resolvió con la sentencia de la semana pasada uno de los casos más difíciles que tenía en su poder: el de Juan Manuel López Cabrales. Este reconocido cacique liberal de Córdoba es uno de los pocos congresistas investigados que no pertenecen a la coalición del gobierno, sino a la oposición. La Corte lo condenó a 74 meses de cárcel por concierto para delinquir agravado, muy a pesar de que López había sido un duro crítico de las autodefensas y que intentó demostrar que asistió a la reunión de Ralito bajo coacción y para abogar por su vida, pues Salvatore Mancuso lo había declarado objetivo militar. Sin embargo, sus actuaciones posteriores a la firma del pacto lo incriminaron.
Por un lado, el mantener en secreto el pacto, tal como lo requería el propósito expansivo de los paramilitares, y sobre todo, el hecho demostrado que durante el lapso que su hermano Libardo López fue gobernador de Córdoba, Salvatore Mancuso mantuvo a su cuñado Manuel Troncoso como cuota de poder en la secretaría de Salud del departamento. Es decir, aunque en su fuero interno López Cabrales no quisiera vincularse a los paramilitares, terminó por acceder a sus pretensiones, y por esta vía ayudó a consolidar el poder criminal de estos grupos. La Corte no tuvo atenuantes con López, pues su tarea es juzgar los actos y no las intenciones de los congresistas. Adicionalmente, la Corte concluye que aunque López tenía diferencias con Mancuso, gozaba de buenas relaciones con la ‘Casa Castaño’. Es decir, que sus problemas eran apenas con un sector de las autodefensas.
Similar análisis hizo la Corte sobre Reginaldo Montes, condenado a 72 meses de prisión, quien aseguró que firmó el Pacto de Ralito bajo coacción y temiendo por su vida en caso de no hacerlo. La Corte consideró inaceptable que el congresista mantuviera en secreto el pacto, que no pidiera protección de las autoridades del nivel central, y que posteriormente el congresista tuviera otras reuniones con paramilitares en Canalete, donde se habrían hecho nuevos pactos políticos. Todo ello, según los jueces, contribuyó a consolidar el proyecto paramilitar.
Cabe destacar que la Corte ha valorado siempre como gravísima la firma del Pacto de Ralito. Para el alto Tribunal, una conjura para “refundar la patria” pone en grave riesgo la seguridad de la Nación y del Estado. Pero esta consideración no quiere decir que la mera asistencia o firma conviertan en cómplices a algunos. La Corte, por ejemplo, absolvió a José de los Santos Negrete cuando pudo comprobar que en su caso la firma del pacto no tuvo consecuencias de beneficio ni para él ni para las autodefensas, y que su presencia allí fue prácticamente casual.
El otro proceso que se aceleró la semana anterior fue el adelantado contra el senador Luis Alberto Gil y varios miembros más de Convergencia Ciudadana. No existía explicación para que durante un año la pesquisa sobre Gil y sus copartidarios se hubiese estancado, pues se sabía que había nutridos testimonios y pruebas en su contra. Las suspicacias sobre la inoperancia de la Fiscalía empezaron a circular, y existía el temor de que se vencieran los términos -como ya ha ocurrido en otros casos- y el proceso se cayera por este motivo. No obstante, hace cerca de un mes el fiscal Mario Iguarán le dio un timonazo a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte, retiró a los funcionarios cuestionados, y es así como se desatrancó el proceso contra Gil y se produjo su captura y las de sus aliados.
El caso de Gil es muy importante porque abre las puertas para conocer todo lo que ocurrió en Santander y en el Magdalena Medio. Convergencia Ciudadana es un movimiento que había crecido como ningún otro en los últimos años por sus muy cuestionados vínculos con los negocios de la salud. La hegemonía en ciertas zonas se había logrado, al parecer, gracias a pactos electorales, económicos y burocráticos con el Bloque Central Bolívar. Las pruebas contra Gil incluyen varias reuniones con Ernesto Báez y Julián Bolívar, y cartas en las que se les rinden cuentas sobre elecciones a los jefes paramilitares.
Según un informe reciente de Claudia López y la Corporación Nuevo Arco Iris, estas decisiones contradictorias se deben principalmente a que la Fiscalía no tiene un equipo especializado de tiempo completo para la para-política, como sí lo tiene la Corte. Según López, los fiscales están más expuestos a la presión política si actúan solos y no en equipo. O simplemente hay diversos criterios para valorar los hechos. Por ejemplo, algunos fiscales, en contravía del criterio de la Corte, no han encontrado delito alguno en la firma del Pacto de Ralito, y han absuelto por lo menos a un congresista con este argumento.
En todo caso, mientras unos son capturados, otros empiezan a recuperar la libertad por pena cumplida, como le ocurrió hace una semana al ex senador Dieb Maloof. La pregunta es si quienes gozan nuevamente de la libertad han visto realmente disminuir su poder político construido en alianza con criminales de guerra, o si regresan a sus casas a retomar el timón de la política local, cuyos ingredientes mafiosos continúan vigentes.
