La Corte Suprema de Justicia condenó a seis años a los senadores cordobeses Juan Manuel López y Reginaldo Montes por firmar el polémico pacto de Ralito. La Corte los encontró culpables por sus nexos con grupos paramilitares en el departamento de Córdoba.
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Ex senador Reginaldo Montes. Foto: Semana – Sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra los ex senadores Juan Manuel López y Reginaldo Montes |
En su sentencia, el alto tribunal consideró que, en el caso de López Cabrales, la evidencia del acuerdo político se vio reflejada en la designación posterior de un cuñado del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, llamado Manuel Troncoso, como secretario de Salud en la gobernación del departamento de Córdoba.
López Cabrales tendrá que pagar 6 años y dos meses como condena por el delito concierto para delinquir. Antes de ser condenado por la Corte Suprema a este senador liberal se le consideraba uno de los mayores caciques electorales de todo el país.
Reginaldo Montes entre tanto tendrá que pagar 6 años de cárcel también por haber firmado el polémico pacto de Ralito.
Varias cuestiones relevantes están contenidas en la sentencia condenatoria a los congresistas Montes y López, por el delito de concierto para delinquir:
El análisis de la Corte niega el “espíritu filantrópico o bondadoso” del pacto de Ralito. Si bien nada dice de promover grupos ilegales, los asistentes que deberían representar la institucionalidad, no debieron comprometerse a “refundar la patria” por fuera de la política de Estado. La reunión, al ser convocada por un grupo armado ilegal se traduce en una estrategia de las autodefensas dirigida a “conferirle contenido político a una acción armada”.
De este modo el Pacto de Ralito: “corresponde a un quehacer y a una estrategia de las autodefensas empecinadas en lograr acuerdos con la clase política para impulsar la expansión de sus acciones y de allí que los convidados no fueran ciudadanos del común sin posibilidades de agenciar en ese propósito, sino personas con capacidad para actuar ante instancias del orden nacional o con posibilidad de hacerlo – como de hecho lo hicieron Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriella –, pero sobre todo con poder para influir en la vida de la región, propiciando de esa manera que el paramilitarismo hiciera posible su pretensión de incidir en las políticas públicas”. Y más aún dice la Corte: “consensuar con las autodefensas para refundar la patria, significa promover la acción del paramilitarismo por fuera de una política de Estado”.
Como antecedente la Corte deja claro que: “no todo acuerdo con las autodefensas implica el compromiso de favorecer electoralmente a determinado candidato, aún cuando por lo general algunos de los pactos políticos traducen ese propósito”.
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| Ex senador Juan Manuel López. Foto: Semana |
La Corte desestima el argumento de los acusados que dijeron “desconocer el contenido del documento”. Otros congresistas asistentes y los propios comandantes paramilitares corroboran que el texto sí se leyó. Y afirma: “Tanto fue conocido, que la confidencialidad que se menciona en el texto se cumplió: la gran mayoría calló y muchos no hablaron del tema por años, ni aún después de que el senador Miguel Alfonso de la Espriella , uno de los signantes del manifiesto, diera a conocer lo sucedido en entrevista concedida al Diario “El Tiempo”, publicada el 26 de noviembre de 2006” . Ante lo dicho por la defensa de López en términos de que Cesar Gaviria y Horacio Serpa conocieron lo sucedido, se prueba que esto es parcialmente cierto pues solo conocieron lo expuesto por López en relación a las gestiones “para salvar su vida”, pero no del contenido del pacto.
Para la Corte no existió prueba de que existía una situación de riesgo objetivamente verificable (concurrieron libremente), al momento de ser convocados a la reunión.
El pacto de Ralito
El pacto de Ralito fue suscrito por cuatro ex jefes paras, dos ex gobernadores, cinco ex alcaldes, seis ex congresistas y siete líderes regionales, entre los que se encontraba Pineda. Todos ellos, excepto los jefes paras, fueron llamados a indagatoria desde el 20 de marzo por la Fiscalía General, órgano competente para investigar a quienes ya perdieron su fuero de congresistas.
El 28 de marzo de 2007 la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los cinco parlamentarios firmantes del acuerdo de Ralito entre los que se encuentran, William Montes, Reginaldo Montes, Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella y José de los Santos Negrete.
La ex congresista Eleodora Pineda admitió haber asistido a la reunión, pero insistió en la versión de su ex colega en cuanto a que el encuentro fue para impulsar el inicio de los diálogos de paz. Pineda, quien sorprendentemente sacó como candidata a la Cámara 82.082 votos en Tierralta (Córdoba), asegura que tal éxito se debe a que en este municipio ella alcanzó una silla en el Concejo municipal un año antes, gracias a los 748 votantes que apoyaron su candidatura. ¿Cómo se explica que en dos años sus votantes hayan aumentado en 2.170%
Al senador Miguel Alfonso de la Espriella, reelegido en los comicios del 2002, le pasó algo similar, pues su concentración electoral estuvo en Valencia, Tierralta, SanAntero y Pueblo Nuevo, también en el departamento de Córdoba, una basta zona donde se movía ampliamente el Bloque Catatumbo comandado por Salvatore Mancuso.
En su momento, la analista Claudia López, quien conoce de cerca el mapa político de Colombia, sostuvo que el acuerdo firmado en esa reunión buscaba consolidar el apoyo en torno a un solo proyecto nacional para salvarse de cualquier castigo trascendental si prosperaba el proceso de paz. “Los ‘paras’ necesitaban un status de negociación y evitar presiones para la extradición, por eso tomarse el Congreso era lo más importante. Se reunieron para armar una estrategia política nacional porque ya la regional no funcionaba mucho y lo hicieron en ese lugar porque allí tenían más influencia”, dice López, quien agrega que esos mismos acuerdos se hicieron en Antioquia, los Santanderes, Meta y Casanare.
Con el acuerdo de Ralito, el país entendió por qué durante las crisis del proceso de desmovilización los paramilitares reclamaban el cumplimiento de los compromisos de Santa Fe de Ralito. Mientras el país pensaba que la alusión era exclusivamente a la mesa de negociación instalada por el gobierno en ese corregimiento de Córdoba, más de un congresista debió entender con claridad el mensaje: había que sacar adelante propuestas como una ley con penas blandas para los miembros de las autodefensas que dejaran las armas para cumplir con la promesa de ayudarlos. Con razón desde el inicio mismo de las desmovilizaciones se habló sobre cartas marcadas por parte de las autodefensas.
Con López Cabrales y Montes ya son 6 los políticos cordobeses condenados por haber firmado el pacto político con los paramilitares en el corregimiento de El Caramelo de Tierralta.
