Víctimas reclamantes fueron golpeadas y amenazadas por cuatro encapuchados que se identificaron como ‘autodefensas’, quienes los conminaron a abandonar el predio. La disputa por esa finca ha dejado 15 muertos en doce años. Ahora se enfrentan al Estado.
Manuel Castro Arrieta, Manuel Castro Ramírez, Eneida Ramírez y Juan Moguea denunciaron ante la Fiscalía de Sincelejo las agresiones cometidas por presuntos miembros de grupos criminales sucesores del paramilitarismo. Las víctimas del ataque son labriegos que retornaron en 2007 a la Finca La Alemania, de San Onofre, Sucre, luego de haber sido desplazadas por paramilitares a finales de la década del noventa.
El ataque ocurrió la semana pasada en la residencia de Eneida Ramírez. Dos de los campesinos fueron golpeados con la cacha de un revolver y los cuatro atacados fueron amarrados mientras robaban sus pertenencias.
Los hombres armados, quienes manifestaron ser de ‘las autodefensas’, “tomaron la ropa del cuarto y nos la tiraron en la cara, diciéndonos que nos iban a matar si no abandonábamos la finca, nos advirtieron que no podíamos gritar y que cuidado con avisar a la comunidad o colocar denuncia”.
El relato fue consignado en la denuncia presentada, bajo la gravedad del juramento, ante investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en la capital sucreña.
Los campesinos retornados venían siendo hostigados días atrás, sobre todo en horas de la noche. “Nos acosaron tirando piedras a la casa donde se reúne la comunidad y de la señora Eneida, partiendo tejas de eternit y maderas”, aseguraron los denunciantes.
Ante la Fiscalía, las víctimas explicaron que hace un mes se reunieron con miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para exponer la situación de riesgo que estaban enfrentando. Para ese momento, alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales que estaban deteniendo de manera ilegal a las personas de la región y solicitaban su documento de identidad para verificar los nombres en sus listas y permitirles el paso.
Uno de los afectados en esos retenes fue Yorki Herrera, hermano de Prisciliano, un socio de la finca La Alemania asesinado por paramilitares el 8 de agosto de 2000 a quien acusaron de ser “informante de la guerrilla”.
“Muchas veces las autoridades no creen que existen esos grupos. Ellos alegan que esos grupos son delincuencia”, se quejó Narciso Torres, secretario de la Empresa Comunitaria La Alemania, y agregó que la situación se ha venido deteriorando en los últimos seis meses con la presencia de hombres armados y el incremento de los hostigamientos contra algunos integrantes de la comunidad.
Hace unos días funcionarios de la Defensoría del Pueblo estuvieron en La Alemania y participaron en una reunión junto con miembros de la Fuerza Pública y la Personería de San Onofre. “La Policía ha estado pendiente de quienes tenemos medidas de protección”, reconoció Torres, sin embargo, los labriegos solicitaron mayor presencia de los agentes en la región para proteger a las comunidades.
Lucha por la tierra
La historia de la finca La Alemania está llena de detalles trágicos, pero también de acciones de resistencia campesina. Este predio de 556 hectáreas, en pleno corazón de la región de los Montes de María, fue adjudicado y titulado en 1997 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) a 52 familias congregadas en la Empresa Comunitaria Alemania.
El predio también era del interés del jefe paramilitar de la zona, Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, el sanguinario comandante del Bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien apeló al terror para hacerse a esa propiedad. El primer homicidio se registró el 27 de septiembre de 1998. Hombres bajo su mando asesinaron a Nilson Herrera.
Con esas acciones, alias ‘Cadena’ pretendía intimidar a los pobladores de La Alemania. Sumo a ello, sendas amenazas durante 1999, pero ante la resistencia campesina, acudió a las armas y el 30 de marzo de 2000 un grupo de paramilitares, siguiendo sus órdenes, ingresó al predio y acribilló a Vidal Martínez, Oscar Martínez y Orlando Fernández.
A raíz de estos crímenes se produjo el desplazamiento del 80 por ciento de los habitantes de La Alemania y veredas aledañas, lo que le dejó el camino despejado a alias ‘Cadena’ para instalarse en esa finca e instalar allí uno de los campamentos paramilitares más macabros de las Auc en los Montes de María.
Lo que vino después fue un ataque sistemático contra quienes ejercían algún tipo de liderazgo campesino para reclamar la propiedad y que la ocuparan las 52 familias beneficiadas por el Incora en 1997. Entre 1998 y 2010, fueron asesinados 15 personas. (Leer más en: La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre)
Se cree que algunas de las personas ligadas a La Alemania y que hoy se encuentran desaparecidas, podrían estar inhumadas en una fosa común dentro del predio, razón por la cual el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), solicitó el pasado 30 de agosto medidas cautelares a la JEP para que proteja la finca La Alemania hasta que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inicie sus labores humanitarias en el sitio. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)
El proceso de retorno de los labriegos comenzó en 2006 y se intensificó en 2007. La ilusión era recuperar las tierras y retomar sus actividades agropecuarias, pero además del acoso de hombres armados, se encontraron con un escenario desconcertante: el embargo del predio por parte de la Caja Agraria.
Resulta que, tras la adjudicación, las 52 familias firmaron en marzo y noviembre de 1998 tres pagarés A favor de la Caja Agraria, que en total suman 398 millones de pesos, uno de ellos, de 257 millones correspondía al pago del predio adjudicado.
No obstante, dos de esos documentos, por un valor de 141 millones de pesos, fueron fraudulentos, pues fueron firmados a nombre de la comunidad por dos personas que no las representaban en ese momento.
A la par que los paramilitares bajo el mando de alias ‘Cadena’ atacaban a los pobladores de La Alemania, la Caja Agraria instauró el 4 de septiembre de 2001 una demanda ejecutiva ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo en contra de la Empresa Comunitaria La Alemania y otros ciudadanos para que pagaran las deudas adquiridas. El 10 de ese mismo mes la finca fue embargada.
Para frenar esa medida administrativa, los campesinos interpusieron desde 2007 diversas acciones judiciales alegando que la falta de pago se debió a que para la fecha del embargo estaban en situación de desplazamiento forzado y bajo amenazas, por lo que solicitaron de manera reiterada que se cancelara el remate de la propiedad. No obstante, las decisiones de los tribunales fueron adversas.
El caso llegó a la Corte Constitucional y tras evaluar lo acaecido con las familias de La Alemania, ordenó suspender las medidas de embargo de manera temporal hasta tanto se dirima de manera definitiva la disputa por el predio y el pago de las deudas contraídas.
Sin embargo, aunque ya no deben pagar por los préstamos del proyecto productivo y ganadero adquirido antes del desplazamiento forzado, sí deben pagar los 257 millones de pesos, una deuda que se les dificulta pagar a las familias campesinas pues sus bajos ingresos no les alcanza, según dicen, ni siquiera para consumir las tres comidas diarias.
Líderes, en riesgo
A la presión que significa tener una deuda de esa magnitud, se suman la situación de riesgo que se vive en los Montes de María. Las amenazas y persecución se han extendido a varios líderes sociales, razón por la que salieron a marchar el pasado 29 de octubre.
“En los últimos meses hemos recibido múltiples amenazas de muerte y lo que es peor, algunos los han estado esperando en la vía que conduce a la montaña con el fin de asesinarlos y no es justo que en un posacuerdo y después de más de 50 años de conflicto se siga estigmatizando y persiguiendo a las personas que hemos luchado por el desarrollo de nuestras comunidades”, aseguró la asamblea de líderes en un comunicado entregado a las autoridades tres días antes de la movilización.
El 7 de octubre pasado, el labriego Yari Arroyo fue intimidado y golpeado por personas armadas cerca al centro recreacional Vancouver, en Carmen de Bolívar. Fue confundido con Jorge Montes. Al mostrar su documento de identidad, fue dejado en libertad.
Montes es un líder campesino de la zona de la alta montaña del Carmen de Bolívar, coordinador del proceso pacifico de reconciliación e integración de la zona de alta montaña. En diversas declaraciones, ha reiterado que los procesos jurídicos en su contra son montajes judiciales.
Montes fue condenado a 39 años de prisión por delitos como homicidio, secuestro y desplazamiento tras comprobarse su supuesta pertenencia a la extinta guerrilla de las Farc; sin embargo, el movimiento político Farc negó sus vínculos con la guerrilla.
En su defensa también salió Todd Howland, entonces representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien destacó su labor como líder social y defensor de derechos humanos: “Su caso junto al de muchos otros líderes indebidamente condenados por ejercer sus derechos generarán una nueva reflexión sobre el rol de la administración de justicia en el marco del conflicto y sobre los daños derivados”. (Leer más en: Esperamos que muy pronto el defensor Jorge Montes sea liberado y reparado)
Montes salió hace un año de la cárcel al firmar compromiso con la JEP, pero su situación de riesgo se agrava cada día. Actores armados han realizado detenciones a personas de la comunidad preguntando por el líder social y, de acuerdo con vecinos del sector, la residencia de Montes ha sido frecuentada en la mañana por personas armadas.
Por ello la agresión ocurrida hace pocos días en la casa de Eneida Ramírez no es un hecho aislado y, al parecer, hace parte de una estrategia para atemorizar a quienes pretenden consolidar de proyecto de vida en unas tierras que el Estado les adjudicó, pero que la guerra se las arrebató.
Artículo escrito en colaboración con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
