No alcanzaron los paramilitares a desmovilizarse en esta región antioqueña, cuando ya algunos de sus integrantes se rearmaron y el terror volvió a ser el amo del territorio.
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| Caucasia es el epicentro de una guerra de herederos de las Auc que se siente en todo el Bajo Cauca antioqueño. Foto Juan Diego Restrepo E. |
“La desmovilización no sirvió para nada”, afirma Felipe*, un administrador de fincas del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, refiriéndose al proceso de dejación de armas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “El 90 por ciento de los desmovilizados que conozco regresaron a la guerra y mire cómo nos tienen, de trasteo, porque aquí no se puede vivir”.
Felipe habla mientras su esposa Gloria* termina de empacar los pocos bártulos que quedaron por fuera de cajas y costales. Al día siguiente abandonaron el pueblo y se trasladaron a Tarazá, donde viven sus hijos. Se van por las amenazas que han recibido desde que reclamaron unas tierras que les expropiaron hombres del Bloque Central Bolívar de las Auc en 2000. También porque no han podido ver a sus hijos, pues los grupos armados ilegales prohíben los viajes frecuentes entre un municipio y otro en esta zona de Antioquia. Quienes los hacen son considerados sospechosos.
Para salir de Cáceres, Felipe tuvo que hablar con el jefe urbano de ‘los Rastrojos’, quien tiene la potestad de permitir o no la salida de los pobladores. También tuvo que conversar a un jefe de ‘Las Águilas Negras’ en Tarazá, para que lo dejaran llegar sin ningún problema. Ambos grupos están enfrentados desde hace varios años y cada cual controla de manera estricta los territorios que domina.
“Así están las cosas en el Bajo Cauca –se lamenta el labriego. Estamos en una tierra donde las leyes son las del más fuerte y la del silencio. Aquí vivimos rodeados de unas bandas emergentes que tienen todo el poder”.
¿Pero quiénes tienen tanto poder y han aterrado los últimos tres años a Felipe, a su esposa y a más de 250 mil habitantes que tiene el Bajo Cauca antioqueño? Se trata de aquellos hombres armados que se quedaron en los territorios conquistados a sangre y fuego por los paramilitares de antaño, y heredaron sus prácticas de terror, sus negocios, su injerencia en gobiernos locales y sus armas. Con esa herencia de sangre han vuelto a reclutar a muchos desmovilizados de las viejas estructuras de las Auc que se habían comprometido a dejar las armas bajo los acuerdos con el Gobierno Nacional firmados en julio de 2003.
Desde 1998 los bloques paramilitares Mineros y Central Bolívar asolaron esta subregión antioqueña, y de manera paralela, persiguieron a las guerrillas y consolidaron sus estrategias de narcotráfico. También tuvieron influencia en el Bajo Cauca antioqueño, el ‘Bloque Héroes de Tolová’, el ‘Frente Mojana’ y la llamada ‘Casa Castaño’.
La presencia de esa fuerza paramilitar se debía a cuatro razones: combatir a las guerrillas del Epl, las Farc y el Eln que extorsionaban y secuestraban; hacerse a una tajada de los ricos negocios de la zona: oro, ganadería, madera, y por supuesto, al más lucrativo de todos, el de la producción de coca. En esa zona, cuando llegaron las Auc, había extensos cultivos de hoja de coca, profusión de entables parapreparar clorhidrato de cocaína y facilidades de exportación ilegal del alucinógeno por su cercanía al mar Caribe. Crecieron gracias a la crónica debilidad institucional, a la complicidad de actores locales y al terror a sus armas.
Una vez desmovilizadas las Auc, proceso finalizado en agosto del 2006, comenzó la disputa entre aquellos que no aceptaron desmovilizarse y que decidieron reorganizarse para mantener buena parte de las estructuras criminales y continuar con el control de recursos naturales, políticos, militares y estratégicos que tenían. Estos tenían base en la explotación minera, la compra-venta de minas de oro, el narcotráfico, la extorsión, el despojo de tierras, el cobro de vacunas, el contrabando de gasolina y los retenes en las carreteras veredales.
Quienes conocen la región dicen que la nueva guerra se inició en enero de 2008: “Para esa época comenzaron a enfrentarse dos grupos, la banda de ‘Don Mario’ y un grupo que organizó alias ‘Sebastián’, un ex integrante del ‘Bloque Central Bolívar’”, dijo un periodista que ha recorrido el Bajo Cauca.
Ambas organizaciones estaban lideradas por dos de los herederos de las Auc. De un lado, alias ‘Don Mario’, cuyo nombre real es Daniel Rendón Herrera, hermano de Fredy (‘El Alemán’), quien comandó el ‘Bloque Élmer Cárdenas’ en el Urabá. Una vez esta estructura abandonó las armas, en agosto de 2006, Rendón montó una fuerza ilegal no sólo para copar los espacios que dejó su hermano, sino para expandirse hacia buena parte de Antioquia y el norte del país.
En Caucasia ha cogido fuerza la versión no confirmada oficialmente según la cual alias ‘Don Mario’ le “compró” el monopolio de los negocios criminales en parte de la zona del Bajo Cauca y del sur de Córdoba a Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, quien comandó el Frente Mojana de las Auc.
Las huestes de alias ‘Don Mario’ llegaron al Bajo Cauca procedentes del norte de Urabá antioqueño, donde gestó su proyecto de expansión criminal. Conocidos inicialmente como ‘Los Traquetos’, esta organización armada ilegal pasó a llamarse ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, para luego conocerse como ‘Los Urabeños’, quienes actúan en alianza con otras estructuras conocidas como ‘Águilas Negras’ y ‘Renacer’ en diversas regiones del país.
Su enemigo fue alias ‘Sebastián’, cuyo nombre real es Ángel de Jesús Pachecho Chancí, forjado en las filas del ‘Bloque Central Bolívar’, que creó y comandó Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Sabía dónde quedaron las caletas de armas, municiones y conocía los negocios ilegales y se dedicó a rearmar un grupo que continuara con el dominio en los territorios dejados por sus antiguos compañeros de armas y a ampliar su radio de acción para controlar áreas estratégicas para el tráfico de drogas y la explotación minera.
“Ellos lideran unos grupos que se disputan dos corredores esenciales para el narcotráfico”, explica el periodista consultado.“De un lado, la ruta que va de Caucasia hacia el Sur de Bolívar atravesando El Bagre, Zaragoza y Segovia; del otro, la que lleva al Nudo del Paramillo, y por allí hacia el sur de Córdoba”. Mientras que por la primera se llega al río Magdalena, desde donde se puede acceder a los puertos marítimos de los departamentos de Atlántico y Magdalena; por la segunda se llega a los puertos de Sucre y Córdoba sobre el mar. Ambas rutas son clave para la exportación de cocaínaa los mercados internacionales.
“Cuando estos dos grupos comenzaron la guerra, se decía que eso era un problema entre ellos y la gente desestimó el asunto, pero esa confrontación creció y aparecieron nuevos grupos”, explica el periodista. Llegaron a la subregión ‘Los Paisas’, un brazo armado de la llamada ‘Oficina de Envigado’ de la facción que domina Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, otro de los herederos de las Auc; ‘Los Rastrojos’, que fueran el brazo armado de un jefe del narcotráfico en el Valle; y una disidencia del Bloque Mineros conocida como ‘Águilas Negras’, que comanda Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, un ex paramilitar que estuvo al lado de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, quién fue el jefe de las Auc en el municipio de Tarazá y buena parte de la zona cordillerana del Bajo Cauca.
De acuerdo con defensores de derechos humanos que solicitaron la reserva del nombre, la confluencia de grupos armados ilegales en una zona relativamente pequeña derivó en que unos se aliaran con otros, pero también se recrudecieron las batallas entre otros. “Alias ‘Sebastián’ se unió a ‘Los Rastrojos’ y a ‘Los Paisas’. A la banda de ‘Don Mario’, que ahora se conoce como ‘Los Urabeños’, se aliaron los ex integrantes del bloque Mineros, quienes se conocen como ‘Águilas Negras’”. Las autoridades calculan que podría haber por lo menos mil hombres en armas.
Las primeras alertas institucionales al respecto las dio la Defensoría del Pueblo. En dos informes de riesgo de 2007 y 2008 describió lo que se venía incubando en esa subregión de Antioquia.
De acuerdo con el Informe de Riesgo N. 023-07, “tras el proceso de desmovilización del Bloque Mineros y del Bloque Central Bolívar grupos armados ilegales que se conformaron con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, entre las que se encuentran las autodenominadas ‘Águilas Negras’, están relevando el poder hegemónico de las autodefensas del Bajo Cauca Antioqueño, haciendo uso sistemático de las mismas prácticas intimidatorias del paramilitarismo, que irrumpen violentamente en la cotidianidad de las veredas y corregimientos de Cáceres regulando la vida económica, política y social. Es posible que no se tenga que hablar de nuevas estructuras sino de un reciclaje o de una nueva versión de las mismas que ya actuaron allí”.
Al año siguiente, en un segundo informe de riesgo, el N. 016-08, la Defensoría analizó la situación de los municipios de Briceño y Valdivia, en el Norte, y de Tarazá, en el Bajo Cauca, y alertó sobre “reductos no desmovilizados de las Auc, miembros desmovilizados del Bloque Minero y Bloque Central Bolívar y narcotraficantes, que conformaron grupos armados ilegales pos desmovilización de las Auc con el objeto de consolidar lo adquirido, representado en grandes extensiones de tierra, apropiación del recurso minero y control sobre actividades del narcotráfico”.
Documentos de análisis realizados en 2009 para la Presidencia de la República definieron estos nuevos grupos como “fuerzas más o menos estructuradas de antiguos integrantes de organizaciones armadas ilegales y algunos grupos emergentes, y están presentes en toda la zona. Tienen diversos modos de operación, que incluyen servicios permanentes o temporales de control territorial y de rutas, asesinatos por contrato o ejecución de acciones delictivas por iniciativa propia. Con frecuencia protagonizan enfrentamientos por el control de negocios ilícitos y el dominio territorial”.
Tales análisis coinciden con lo consignado en el II Informe Nacional de Desmovilización, Desarme y Reinserción de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en el que se confirma la presencia de grupos rearmados en el Bajo Cauca antioqueño: “Si bien se desarticularon las estructuras de las Auc, perviven con particular fuerza expresiones residuales del paramilitarismo y diversos grupos armados ilegales y bandas mafiosas y delincuenciales, por lo regular estrechamente ligados al narcotráfico”.
Esta guerra ha tenido diversos impactos, uno de ellos es el económico. Felipe tiene claro el problema: “Afortunadamente estaba pagando arriendo, porque donde la casa fuera propia sería un problema”. Y para sustentar las consecuencias que ha tenido la confrontación expone dos ejemplos: “Hace seis años me ofreció un señor una casa en Caucasia por 120 millones de pesos y sabe por cuánto me la volvió a ofrecer hace dos meses, por 40 millones. En Tarazá, propiedades de 100 millones de pesos las están dejando a 15 millones. Y no hay quién las compre”.
Lo que relata este administrador de fincas lo refrendan los comerciantes de todo tipo de negocios, quienes también han salido perjudicados. Uno de ellos señala que “muchos cerraron sus locales y se fueron, no aguantaron el ritmo de las extorsiones y las amenazas. Los que nos quedamos tratamos de aguantar, pero es difícil, hay mucha presión. Y nadie quiere invertir en Caucasia”.
Basta visitar en la noche la llamada zona rosa de Caucasia, en la avenida Pajonal, para apreciar el impacto de la guerra. Allí se concentran discotecas, bares y restaurantes que antes del 2008 vivían una época de esplendor económico derivado del narcotráfico. “Pero desde enero de ese año, la situación cambió radicalmente. La afluencia de público se fue reduciendo y muchos negocios tuvieron que cerrar”, dice un administrador. Esa situación también se vive en los municipios de Tarazá, Cáceres y Nechí.
Este comerciante indica que todo se debe al miedo generalizado de la gente. Y es que existen motivos de peso para sentir zozobra: durante el 2010 se registraron más de 70 atentados con granadas de fragmentación y explosivos en Caucasia y Tarazá. “Se lanzaron contra negocios donde se presumía que había integrantes de una u otra banda. Además, contra casas de familia”, precisa el periodista, quien fue víctima de uno de esos ataques por sus constantes denuncias.
Los homicidios en esa subregión antioqueña 2008 y 2010 se han mantenido en niveles muy superiores a los de años atrás. Según la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, en el 2007, antes de iniciada la confrontación, se presentaron 121 asesinatos en los seis municipios del Bajo Cauca; en el 2008, esa cifra se incrementó a 232. Desde el 2009 han comenzado a disminuir los homicidios, de 220 ese año a 200 en 2010.
Pero la guerra desatada en el Bajo Cauca hace parte de las disputas que los herederos de las Auc han librado en diversas regiones del departamento, incluido el Valle de Aburrá. Voceros de una organización no gubernamental que trabaja en Caucasia promoviendo la defensa de los derechos humanos han advertido desde el año pasado las conexiones criminales de esta ciudad con la capital antioqueña.
“Muchos de los sicarios que actúan en el Bajo Cauca vienen de Medellín. Allá los entrenan y los envían a trabajar en nuestros pueblos –afirma uno de los directivos de esta organización. Varios de esos jóvenes se regresan a la ciudad luego de hacer ‘el trabajo’, pero otros se quedan y se incorporan a las organizaciones de uno u otro grupo. Es un reclutamiento constante”.
Al Bajo Cauca llevan a los que se “destacan” en las calles de Medellín. “A quienes son muy buenos acá los ascienden y los llevan a Caucasia a trabajar allá”, afirma una fuente de los integrantes de bandas de la ciudad que han sido cooptadas por alias ‘Valenciano’, quien fue cercano al ex paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
Alias ‘Valenciano’ tiene sus intereses en el Bajo Cauca. Suintención es fortalecer las rutas del narcotráfico hacia la costa norte que antes tenía alias ‘Don Berna’. Pero, para lograrlo y, además, para soportar las arremetidas de la gente de alias ‘Don Mario’ y los ex integrantes del Bloque Mineros, ha hecho alianzas con ‘Los Rastrojos’. “De ahí que necesite gente con experiencia”, dijo un joven, quien pidió no ser identificado.
Para contrarrestar la criminalidad en el Bajo Cauca, la Presidencia de la República creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, mediante el Decreto 2374 del 1° de julio del 2010, que inicialmente operará por un año y que permite “la creación de jueces de garantías con competencia regional y nacional, se designan funcionarios con competencia nacional por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Judicial y DAS, y se autorizan los ajustes presupuestales y apoyos logísticos necesarios para su funcionamiento”.
De acuerdo con el Secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, la estrategia es la adecuada porque “promueve el trabajo interinstitucional de los organismos de seguridad y de justicia, el cual, creemos firmemente, ayudará a dar solución al problema de seguridad del Bajo Cauca antioqueño”.
No obstante, la estrategia parece ser insuficiente. Al respecto, la Defensoría del Pueblo llamó la atención en su Informe de Riesgo N. 023-07: “El escalonamiento del conflicto armado, el narcotráfico, la escasa inversión social y productiva y la pobreza en que se encuentran sumidos los pobladores específicamente los del sector rural, son factores constitutivos de un ambiente social explosivo, cuya única forma de control no puede ni debe ser exclusivamente el fortalecimiento de la fuerza militar del Estado en la región, sino que ello debe comprometer a un conjunto de instituciones estatales que brinden una respuesta integral en materia social, económica y humanitaria”.
Para atacar los problemas sociales, la Gobernación de Antioquia creó el Centro de Coordinación Regional para el Bajo Cauca como estrategia de consolidación de la seguridad, a través de los cuales se impulsan planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, así como proyectos de sustitución de cultivos de hoja de coca.
Pero Felipe no cree mucho en estas acciones institucionales. “El Bajo Cauca tiene un atraso de 40 años –dice—. Es una zona minera y ganadera, pero con muy poca ayuda. Faltan programas agrarios y los que traen no los enseñan bien. Mucha gente ha perdido con el cacao porque no lo ha sabido cultivar. ¿Entonces qué pasa? Llegan los señores narcotraficantes y ofrecen plata para trabajar en ilegalidades y la gente acepta porque nadie se deja morir de hambre”.
Otro aspecto de la institucionalidad que le preocupa a Felipe es la relación de la Policía con los grupos criminales. Según él, hay sectores permeados por la ilegalidad: “A los policías les pagan un sobresueldo. Y se lo digo consciente de lo que le estoy diciendo. Llevo diez años viviendo en Cáceres y he tenido algunos policías muy confidenciales. Uno de ellos me decía que quién no va a querer un sobresueldo. Varios de ellos cuidan a los señores que están por ahí”.
Al igual que este administrador de fincas, pocos en la población los que confían en las autoridades. Incluso el documento preparado por analistas para la Presidencia de la República reconoció que la “protección policial tiene debilidades”, entre otras razones por “desconfianza de los ciudadanos”.
Felipe y su mujer saben muy bien quién heredó el poder de las Auc. “No fue el Estado, de eso estoy seguro”, afirma el hombre. Por eso tuvieron que pedirle permiso a uno de los jefes urbanos de ‘Los Rastrojos’ para que los deje trastearse hacia Tarazá, donde otro comandante los autorizó a llegar. Esas son las lamentables herencias que deja la guerra en el Bajo Cauca.
(*) Nombre cambiado por razones de seguridad
