En medio de un panorama incierto, miles de campesinos que abandonaron sus veredas desde hace una semana y se congregaron en albergues del casco urbano están siendo instados por el gobierno nacional a volver a sus parcelas. Sin embargo, reclaman garantías reales y duraderas para retornar. Disputas territoriales, actividades mineras y una supuesta connivencia del Ejército con grupos paramilitares estarían detrás del desplazamiento masivo.
Una ola de invierno y de violencia azota a Ituango. Vías destruidas, escasez de alimentos y albergues hacinados hacen parte del panorama que se vive a raíz de la doble tragedia en este municipio del norte de Antioquia. Mientras algunos pobladores están afectados por las lluvias, otros tuvieron que abandonar sus parcelas luego de recibir amenazas por parte de un grupo armado ilegal.
La dinámica del conflicto armado ha cambiado desde la firma del Acuerdo de Paz. Líderes sociales locales indican que después de ese pacto, rubricado en noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones, se evidencia mayor violencia por cuenta de la presencia y disputas entre disidencias de las antiguas Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), los llamados ‘Caparrapos’ y, posiblemente, el Eln.
De este nuevo desplazamiento masivo se ha responsabilizado a las disidencias del Frente 18 de las extintas Farc; no obstante, entre la comunidad hay muchas dudas, no solo sobre el origen de la amenaza que generó el éxodo, sino también sobre las razones que podría tener para causar el desplazamiento de por lo menos 4.099 personas y 1.600 familias de 31 veredas.
Exigencias urgentes
El gran dilema de los desplazados es escoger entre huir para proteger su vida o permanecer para asegurar su futuro. Así lo describe Miguel Zabala, presidente de la vereda El Cedral: “Se quedaron como dos o tres personas, los que tienen animalitos, por no dejarlos solos, porque de eso viven. Es la única forma de sobrevivir y no quedarse sin nada. Si se van, los animales se pierden y mueren de hambre”.
Pero la realidad es que en las veredas afectadas se les permitió quedar a algunos adultos mayores, personas en condición de discapacidad y cuidadores. Los demás se vieron obligados a emprender camino hacia la cabecera urbana de Ituango y hacia el vecino municipio de Peque, con muchas dificultades.
Quienes contaron con suerte se transportaron en buses escalera puestos a disposición por parte de los mismos pobladores. Pero otros tuvieron que recorrer trayectos extenuantes, caminando hasta 6 horas desde las veredas más alejadas del casco urbano, como El Olivar, El Berraco, El Herrero y El Mandarino, en el corregimiento de La Granja.
Para Nubia Ciro, socióloga y lideresa social, “no ha habido un despliegue de la institucionalidad para asegurar que el desplazamiento se pueda hacer con condiciones dignas, o sea, acompañando los enfermos por lo menos de una misión médica, transporte efectivo, digno para la gente”.
Marcela*, otra lideresa, denuncia que el Ejército Nacional impidió el paso de buses a la vereda de Santa Lucía y, posteriormente, el alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, justificó el hecho diciendo que se había imposibilitado ofrecer el servicio de transporte por falta de presupuesto y porque los conductores tenían miedo.
A esto se suma que las vías de acceso a Ituango están obstruidas por derrumbes ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días. El gobierno nacional y organizaciones sociales han logrado organizar vuelos en helicóptero para transportar ayudas, pero eso no es lo único que las personas desplazadas necesitan. Esperan saber qué soluciones a largo plazo les ofrecerán para regresar a sus veredas y permanecer allí con la seguridad de que no serán desarraigados nuevamente.
“Di instrucciones de reforzar con tropas en Ituango y sus veredas aledañas. Vamos a garantizar el retorno de la población a sus lugares de origen. La Fuerza Aérea continuará trasladando ayuda humanitaria a la zona y habrá Consejo de Seguridad en el lugar”, declaró el pasado 27 de julio, casi que orgulloso de su labor, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.
Un día después, el ministro del Interior, Daniel Palacios, habló con los líderes de Ituango. Aunque no se conocen los detalles del encuentro, se presume que el motivo era reafirmar la información ya dada por Molano. El hecho está generando indignación en las comunidades, que expresan con insistencia que más que un acompañamiento temporal del Ejército en las carreteras, se necesitan soluciones duraderas.
A todo eso se suma la presión que se estaría ejerciendo desde la institucionalidad para que los líderes campesinos firmen un documento donde admitan que el desplazamiento fue causado por una confrontación armada y no por amenazas, según cuenta Ciro.
Una fuente que pidió la reserva del nombre cuenta, además, que al parecer la Policía Nacional está aprovechando que las veredas están despobladas para adelantar labores de erradicación manual de cultivos de hoja de coca: “Nos dimos cuenta de eso luego del accidente ayer de un helicóptero porque era de personal para erradicación”.
Las autoridades informaron que a eso del medio día de ayer un helicóptero UH-60L Black Hawk, de matrícula PNC 0609, perdió estabilidad y debió aterrizar de emergencia en la vereda Santa Lucía. A bordo iban cuatro tripulantes y 15 uniformados pertenecientes a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural adscritos al comando de Policía de Caucasia quienes, según un comunicado oficial, harían parte del dispositivo de seguridad de Ituango.
El defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, se ha acercado más que otros funcionarios al sentir que hay en el municipio: “Al dialogar directamente con los desplazados pude evidenciar las distintas dificultades y sus preocupaciones. Con nuestros funcionarios tendremos presencia permanente para escucharlos y atender sus peticiones, junto a otras entidades, y así encontrar soluciones a esta emergencia”.
No obstante, habrá que esperar algunos días para evaluar si verdaderamente se pondrán en práctica acciones acordes con el discurso de Camargo, pues en febrero de este mismo año 508 campesinos también fueron desplazados y, según contó el líder campesino Mario*, el gobierno nacional se comprometió a brindarles protección y nunca lo cumplió.
Los hechos se acumulan unos a otros, sin que existan soluciones efectivas. En junio del año pasado, 93 firmantes del Acuerdo de Paz que iniciaron su proceso de reincorporación a la vida civil en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del corregimiento de Santa Lucía, se vieron obligados a abandonar la región porque no tenían garantías de seguridad. (Leer más en: “Campesinos de Santa Lucía, en Ituango, también son colombianos”)
Es por ello que los ituangüinos vienen pidiendo con insistencia una implementación efectiva del Acuerdo de Paz; en particular, lo referido al desarrollo del Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones. La iniciativa está a cargo del Ministerio del Interior, pero lo que evidencia el recrudecimiento de la violencia en este municipio del norte antioqueño es que solo quedó plasmada en el papel. Mientras, los habitantes siguen temiendo por sus vidas.
Las condiciones indispensables para que los campesinos regresen y mantengan una vida digna son múltiples. En un intento por hacerse escuchar, los presidentes de las veredas desplazadas expresaron, a través de un comunicado, sus solicitudes. Entre ellas está el fácil acceso a las ayudas humanitarias y a medios de transporte durante el retorno, así como la protección de zonas donde hay minería ilegal y la creación de planes que prevengan nuevos hechos de desplazamiento.
De la misma manera, exigen que se analicen de forma constante las violencias latentes en Ituango, se brinden apoyos económicos para promover la reactivación de las actividades agrícolas y se implementen programas de salud, educación y mejora de infraestructura a lo largo de todo el municipio. (Descargar Comunicado)
Reconfiguración de la guerra
“El desplazamiento se hace a través de una llamada a las juntas de acción comunal, incluso un rumor, una razón de una vereda a la otra. Muchas veces ni siquiera se especifica el actor armado. Vos no vas a encontrar ni un mensaje, ni un panfleto, absolutamente nada frente a las amenazas. Pero este miedo se ha capitalizado tanto, que prima el valor de la vida sobre eso y la gente sale inmediatamente”, explica Ciro a VerdadAbierta.com.
Por su parte, Marcela asegura que en todas las veredas no hubo una forma concreta de dar a conocer la amenaza y que si bien se piensa que llegó de las disidencias de las Farc, es posible que los grupos armados ilegales que hacen presencia en algunas de las zonas desplazadas sean diferentes.
“No se entiende muy bien este desplazamiento”, dice esta lideresa y agrega con algo de expectativa y preocupación que “no en todos los lugares desde donde está saliendo la gente hay presencia del mismo actor o ni siquiera hay actores. Es un asunto complicado de entender. Es posible que sea una forma distinta de guerra que nosotros no conocemos”.
Entre las comunidades desarraigadas existen varias explicaciones sobre por qué se dio este nuevo desplazamiento y la mayoría de ellas apuntan a disputas territoriales. Se escuchan rumores de que el objetivo es hacer que la Fuerza Pública entre a las zonas deshabitadas y confronte al grupo armado ilegal considerado como enemigo para, de esa forma, ganar ventaja en el dominio territorial.
También se dice que las disidencias sólo permitirían el regreso de los campesinos hasta que el Ejército Nacional combatiera a los ‘Gaitanistas’, con quienes, según denuncias conocidas por este portal y replicadas por lideresas locales, estaría desarrollando actividades en conjunto.
Ciro cuenta que “se han recibido denuncias por parte de la comunidad de nuevamente la connivencia entre miembros del Ejército y miembros de las Agc, que se ha visto reflejada en la omisión de acciones contra el grupo ilegal (…) Algunos campesinos incluso expresaron claramente que el Ejército estaba atacando conjuntamente con las Agc a las disidencias del Frente 18”.
Aunque son conjeturas, lo cierto es que las comunidades de zonas que aún no han sido desplazadas, es decir, de los corregimientos de Santa Rita y de El Aro, temen ser las siguientes víctimas. Según Marcela, la misma situación se vive en la vereda Palo Blanco, una zona que fue de las primeras en las que se asentaron estructuras paramilitares después de firmado el Acuerdo de Paz y donde al parecer aún ejercen control sin contención alguna.
Allí se han iniciado trabajos de exploración minera y de compra de tierras. Los campesinos aseguran que no les están cobrando ‘vacunas’. Desde la perspectiva de Mario, los paramilitares no piden dinero u otras pertenencias porque buscan ganar confianza y apoyo.
“A mí eso me cuestiona. ¿Entonces, de qué están viviendo o qué es lo que están cuidando?”, se pregunta Marcela, intuyendo que los paramilitares sí están involucrados en actividades mineras y por ello no recurren a las extorsiones.
Ciro afirma que desde finales de 2016 los paramilitares hicieron reuniones con varias juntas de acción comunal para informar que querían captar rentas de los cultivos de los campesinos, pero que su principal finalidad era garantizar la entrada de multinacionales mineras a Ituango, para lo que necesitarían sacar a las disidencias del Frente 18.
En efecto, en un mapa construido por el Movimiento Ríos Vivos, se evidencia que hay solicitudes de títulos mineros en casi todo Ituango y que las zonas estratégicas mineras están en el corregimiento de La Granja y en la cabecera municipal. Además, que hay tres títulos mineros vigentes en el municipio: entre las veredas El Socorro y Conguital; entre las veredas Maniceros, La Maria y el Tejar; y entre en la vereda Las Aguitas y el municipio de Briceño, Antioquia.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo en su Informe especial Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo, publicado en 2018, indica que en el nordeste de Ituango no solo hay facilidad para llevar a cabo explotaciones ilegales de oro sino también para consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico. Ambos factores llevan a disputas territoriales que dejan, inevitablemente, a la población civil en medio de la guerra.
Lo más alarmante de este desplazamiento masivo es que con anterioridad se advirtieron los riesgos que corrían los ituangüinos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) estableció en uno de sus informes que no hay suficiente presencia de la institucionalidad civil para prevenir los peligros expuestos en Alerta Temprana 004-2020, emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo el 24 de enero de 2020.
En esa Alerta se explica que, en Ituango, la dinámica de expansión, confrontación interna e intenciones de control por parte de grupos armados ilegales podría conformar un escenario de violencia mucho más intenso que antes y afectar a la población civil, tal y como se vive ahora.
Para entonces se advirtió que los grupos armados ilegales que hacían presencia en diversas zonas rurales del municipio se fortalecieron militarmente por su cercanía a actividades económicas ilegales transnacionales. Las Agc lograron conformar un corredor que les permitía movilizarse desde el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca, hasta el municipio de Peque, en Antioquia. Mientras el Frente 18 aseguró un corredor para trasladarse entre Briceño e Ituango.
Aunque desde la Defensoría no se tiene un mapa en el que se muestren las ubicaciones de los grupos armados para 2020 y 2021, los que hay desde 2016 hasta 2019 evidencia que las zonas ocupadas por ellos cambian drásticamente año a año, lo que sin duda tiene a las comunidades rurales en medio de una disputa que las autoridades civiles, miliares y de policía no logran contener con eficacia.
*Nombres cambiado por razones de seguridad
