En lo que va transcurrido del año han sido asesinados tres líderes cívicos y comunitarios de la ciudad, cuyos casos, según organizaciones sociales, han quedado en la impunidad por retraso en los procesos y manipulación de la información frente a los implicados.
El asesinato del líder social de la comuna 6, Juan David Quintana Duque, el pasado 21 de mayo, prendió las alarmas ante la constante zozobra bajo la que viven los defensores de derechos humanos en la capital antioqueña. Al crimen se suman los del profesor Luis Fernando Wolff Isaza, impulsor del Frente Amplio por la Paz y Viviana Agudelo Zapata, edil de la Junta Administradora Local del corregimiento San Antonio de Prado, en lo que va transcurrido del año.
La trayectoria de este líder se inició en las comunas de la ciudad, donde desde temprana edad participó activamente en las juntas de acción comunal y en la organización juvenil. Hasta diciembre del año pasado trabajó como promotor de lectura en varias bibliotecas públicas, pertenecía al grupo Núcleo del Pensamiento y era integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Aburra.
Desde hace años la presencia e incremento de las bandas criminales, Bacrim, y de los grupos armados ilegales que operan en las comunas de Medellín ha modificado la manera en que se desarrollan las actividades de los activistas de derechos humanos, pues como varios lo mencionan “la presencia de actores armados ha generado intimidación frente a nuestra actividad, pues no es fácil señalar con palabras a quien te amenaza con un arma”.
Afirman los compañeros de Juan David que en meses pasados venía realizando una serie de denuncias frente a la posible incidencia de grupos armados ilegales en el manejo del presupuesto participativo en algunos sectores de Medellín, lo cual a juicio de las organizaciones sociales es la causa del asesinato. No obstante no había recibido ninguna amenaza.
Por su parte, la Fiscalía ha señalado que el asesinato corresponde a un posible “ajuste de cuentas” de las bandas delincuenciales contra Juan David. De igual manera, señala la entidad, que los asesinatos pasados contra el profesor Luis Fernando Wolff y la edil Viviana Agudelo Zapata corresponden a situaciones alejadas de sus actividades o por motivos políticos.
Sin embargo, como en su oportunidad lo señalaron las organizaciones sociales, en ambos casos las trayectorias en formación comunitaria y política generan dudas entre muchos de sus colegas. Uno de ellos dice que: “Por la manera en que han sido asesinados, armas de alto calibre, en algunos casos con silenciador, y las circunstancias de los hechos no es descabellado afirmar que son crímenes políticos”.
“Pareciera que la respuesta de las autoridades fuera sistemática, para todo dicen que son hechos aislados, por ejemplo dijeron que lo del Wolff fue un intento de robo, cuando ni robo hubo, lo dejaron ahí en el carro, lo mismo ahora con Juan David” señala un vocero de la Asociación de Profesores de Antioquia, quien además afirma que el llamado es a que las autoridades sean diligentes con el proceso.
Ante la situación, organizaciones sociales a nivel nacional han pedido en su más reciente comunicado, fechado el 26 de junio, que se presente un plan de atención y evaluación del riesgo al que están expuestos los defensores por las labores realizadas, exigiendo que se les brinden garantías para poder continuar con las actividades. (Ver comunicado)
“Si bien es cierto que en la ciudad se ha reducido el número de homicidios, y han salido buenas cosas por parte de la administración local, no se pueden desconocer estas noticias por tratar de no afectar la imagen de la ciudad” aseguró integrantedel Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. Además de ello señala que lo que se debería recibir por parte de las entidades gubernamentales es el acompañamiento y no estigmatización.
Por ahora ninguno de los tres crímenes se ha podido esclarecer, por parte de las autoridades se hace reiterativo en mencionar que ninguno tiene que ver con circunstancias políticas y aducen a que está en curso las investigaciones pertinentes. Por su parte las organizaciones sociales esperan que en lo que quede del año se resuelva los casos y se dignifique el buen nombre de los asesinados.
