Las confesiones de los desmovilizados han permitido la ubicación de 217 fosas comunes. El proceso para identificar plenamente las víctimas es dispendioso y exigente.
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| Dos de los siete hijos de Isidro Castañeda, al lado de la urna con los restos de su padre, entregados por la Fiscalía. Foto: Hernando Herrera/Llano 7 días |
Los hijos y esposa de José Juan Isidro Castañeda llevaron elrecuerdo más reciente de su padre al cementerio de Villavicencio. Él es una de las cientos de víctimas de las autodefensas del Bloque Centauros en los Llanos Orientales.
La travesía que hicieron desde el Guaviare en medio de penurias y dificultades económicas, tuvo una sola razón: protegerse de las amenazas que aún pesan sobre la familia. Por eso María del Carmen Zuleta (*) prefirió recibir los restos óseos de su esposo en la capital del Meta.
Sin importarle tener que acudir a la caridad pública para cunplir la cita que le pusieron a ella y cinco familias más en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio, María del Carmen Zuleta salió de las instalaciones con la urna que contenía los restos de su esposo, y la tranquilidad de saber que ya podía sepultarlo.
La verdad que ya presentían, y ratificada con las confesiones de los paramilitares desmovilizados, les dejó el sabor amargo de la certeza de la muerte de su padre y esposo, pero también alejó por siempre la incertidumbre sobre su paradero. Desaparecido desde el 2003, ahora podrán abordar el duelo de su muerte. Cinco años atrás fue imposible.
Cuando María del Carmen quiso regresar a su casa en el Guaviare, a los pocos meses de la desaparición de su esposo, no pudo quedarse.
“Los niños empezaron a llamarlo como si él estuviera aún en la casa”, relató una de las funcionarias de la Sub-unidad de Apoyo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, que brindó asistencia psicológica a estas familias para recibir los restos óseos de sus seres queridos.
Entrega de restos
Ceremonias como la cumplida en la mañana del 24 de febrero en presencia de autoridades locales, completa una de las fases del proceso de Justicia y Paz. Así lo explicó Nolberto Suárez, fiscal encargado de la Unidad de Exhumaciones en el Meta, Guaviare y Casanare.
De acuerdo con el registro que lleva esta Unidad, en estos tres departamentos se han encontrado un total de 217 fosas comunes, de las que han exhumado 267 restos óseos. Pruebas científicas de ADN ratifican que las urnas contienen los restos óseos de los familiares de las víctimas que ingresan al programa de Justicia y Paz a reclamar sus derechos, como víctimas del conflicto armado que ha vivido Colombia.
Del total de 267cuerpos exhumados en Meta, Guaviare y Casanare, 39 han sido identificados plenamente. Aún queda pendiente saber a qué personas corresponden 13 cadáveres, exhumados en el Meta.
Para agilizar el proceso es muy importante contar con los relatos de los familiares de las víctimas, para confrontar estas historias con las versiones entregadas por los paramilitares desmovilizados, dijo el fiscal Nolberto Suárez, e hizo un llamado para que los familiares se acerquen a las instalaciones de la Unidad de Justicia y Paz en las diferentes seccionales de la Fiscalía.
Derechos de víctimas
Los familiares de las víctimas de los paramilitares tienen derecho a reclamar a los desmovilizados la reparación por el daño causado.
En este proceso, los abogados de las víctimas acreditadas ante Justicia y Paz “realizan el avalúo de daños y perjuicios, para el trámite de la reparación”, dijo Elba Beatriz Silva Vargas, fiscal quinta de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
La reparación, una de las últimas instancias del proceso que llevó a la desmovilización de grupos paramilitares en el país, quedará definida por los magistrados de conocimiento. Para ello es necesario cumplir con los pasos previos previstos en la Ley 975 de Justicia y Paz.
“Una vez entregados a sus familiares los restos de las víctimas que los postulados a Justicia y Paz han reconocido como crímenes cometidos por ellos, nos queda ir ante el magistrado de control de garantías para hacer la imputación de esos hechos”, dijo la fiscal Elba Beatriz Silva Vargas.
En caso de que los magistrados de control de garantías admitan la solicitud hecha por la Fiscalía, la siguiente etapa es formular los cargos ante los magistrados de conocimiento, en donde la Fiscalía hace un recuento de los procesos de Justicia y Paz. Reconstruir la memoria histórica, responsabilidad de la Fiscalía, es otra de las prioridades de la Ley de Justicia y Paz como instrumento para garantizar la no repetición de hechos similares.
(*) Nombre cambiado por seguridad de la víctima.
Publicado en El Tiempo. 03/03/2009
