Desde finales de la década del ochenta hasta ahora, el desplazamiento por razones del conflicto ha sido constante en la vida cotidiana de una de las comunas más populosas de Medellín.
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| El informe sobre la comuna 13 contribuye a conocer lo ocurrido allí entre 1980 y 2010. |
La comuna 13 de Medellín, situada en las laderas occidentales de la ciudad, ha padecido los estragos de la guerra urbana como ninguna otra en el departamento y el país, lo que ha significado para cientos de sus pobladores vivir en desplazamiento continúo.
Para conocer a profundidad este fenómeno del conflicto, el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) y la Corporación Región se dedicaron durante varios meses a estudiar este fenómeno social y sus hallazgos quedaron registrados en el libro Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra, que fue presentado en Medellín durante la celebración de la Semana por la Memoria.
Uno de los hallazgos de este trabajo es que el ejercicio de la memoria que se ha tratado de hacer en este sector de la ciudad se adelantó “en medio de la continuidad de críticas situaciones de vio-lencia y violaciones a los derechos humanos que siguen generando desplazamiento forzado y otras formas de victimización”.
No obstante esas dificultades, el resultado conseguido permitió establecer que en las últimas tres décadas se han presentado “asesinatos selectivos, amenazas, masacres, enfrentamientos, órdenes de desalojo y detenciones arbitrarias”, como parte de “los métodos de terror empleados por todos los actores armados”, lo que impactó de manera significativa a cientos de pobladores de la comuna 13, contribuyendo al desplazamiento forzado.
Cifras del informe indican que entre 1980 y 2009 un total de 3.503 personas, que conforman 832 hogares, se vieron forzadas a dejar sus lugares de residencia como resultado de estos desplazamientos urbanos. “Para el año 2002, fue la Comuna más expulsora de Medellín y en lo sucesivo seguirá siendo la primera o segunda comuna que reportó más desplazamientos forzados en la ciudad”, precisa el documento.
Si bien hay una continuidad del fenómeno del desplazamiento en razón del conflicto armado, lo que deja claro el informe es que los actores armados, sobre todo los de carácter ilegal, no han sido los mismos durante estos años. La investigación arroja varios momentos claves para entender este fenómeno.
Primero, las milicias
Pobladores consultados por los investigadores en talleres de memoria realizados durante el 2010 narraron cómo fue aquella época en la que comenzaron a llegar las milicias a la comuna: “fuimos descubriendo que llegaba gente rara pero nosotros inocentes todo el mundo […] y después nos dimos cuenta que era de la guerrilla”, relató una mujer. Inicialmente, la comuna 13 estuvo bajo el control de grupos armados ilegales tales como Milicias América Libre, Milicias Populares de Occiden¬te y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).
“Esto significó para la población el sometimiento al control miliciano por cerca de una década”, advierte el informe. “La inserción de estas milicias en la comuna 13 se da en un período de auge y expansión del fenómeno miliciano en la ciudad, el cual estuvo ligado al concepto de autodefensa (limpieza social) contra delincuentes y bandas delincuenciales en los barrios. El accionar de las milicias fue inicialmente percibido como garan¬te de seguridad por los habitantes de los barrios”.
Los testimonios recogidos por los investigadores relacionan la presencia de las milicias con un ambiente de inseguridad en las calles de la comuna, reflejado en robos, asaltos, violaciones, aumento de expendios de droga y po¬pularización del consumo de ‘bazuco’. Los milicianos llegaron con la promesa de seguridad: “lo pri¬mero que hicieron fue una reunión con banderita y todo y los ma¬nes encapuchados y enfierrados [portando armas] ahí explicando qué iban a hacer en el barrio”.
La cruzada contra la delincuencia se convirtió en mecanismo de control social y factor generador de desplazamiento forzado de personas y familias enteras “señaladas de ser presuntos delincuentes, que huyeron tras el asesinato de al¬gunos de sus miembros o que explícitamente fueron conminadas al destierro”, advierte el informe.
El accionar de las milicias, que no sólo hicieron control social sino que se involucraron con las comunidades en la solución de con¬flictos familiares y vecinales, así como en actividades recreativas, generó acep¬tación social e hizo que personas del mismo barrio se vincularan a ellas. Según un testimonio, “muchos de las milicias [guerrilleras] y de los capos [miembros de los CAP] terminaron siendo también los que eran los vecinos y los que habían sido también compañeros de nosotros, los mismos que estudiaron conmigo desde chiquitos, los que trabajaron conmigo”.
Luego las guerrillas
Las guerrillas del Eln y las Farc llegaron a la comuna a finales de la década del noventa. Su presencia en esta zona de la ciudad hacía parte de su estrategia de expansión en zonas urbanas que, por condi¬ciones de marginalidad, podían ofrecer una base social y, a la vez, un entorno territorial para establecerse. “Una ventaja comparati¬va para su inserción en la comuna 13 fue el hecho de reconocerla como un lugar donde la presencia miliciana había generado cierta familiaridad de la población con los grupos armados y sus discur¬sos antiestatales”, afirma la investigación.
Para esa época, algunos milicianos se habían desmovilizado en 1994 bajo los acuerdos alcanzando por el gobierno del presidente Cesar Gaviria; otros se integraron al Eln y a las Farc; y algunos más continuaron con los Cap.
Al inicio de la década del dos mil, las facciones insurgentes pretendían, desde algunos sectores de la ciudad, emprender acciones de guerra de mayor envergadura, la obtención de recursos eco¬nómicos a través del secuestro y la extorsión, apoyo logístico para sus hombres en las áreas rurales y el reclutamiento de efectivos para brindar apoyo a los frentes que venían operando en el Oriente antioqueño y habían logrado avances en el control de territorios de importancia estratégica tanto económica como militar.
En esa época, los grupos guerrilleros controlaban las relacio¬nes que establecían los pobladores, en especial sus líderes, así como el uso de los espacios públicos y la entrada y salida de quienes no eran de la comuna. Un joven consultado por los investigadores así describió la situación: “nos tocó muchas veces negociar con ellos cosas, por ejemplo, la entrada al barrio de las personas de afuera de las organizaciones sociales”.
Llegaron los ‘paras’
Los excesos cometidos por las facciones insurgentes contra las comunidades, y sus acciones cada vez más arriesgadas en la ciudad, como la del secuestro y los retenes nocturnos en vías públicas, los pusieron en el blanco de los grupos paramilitares que para finales de la década del noventa venían en expansión.
La llegada del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) fue explicada por el exjefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias ‘don Berna’, quien dijo que obedeció a las demandas de “todas las clases industriales, comerciantes, ciudadanos, ya que la guerrilla prácticamente se estaba apoderando de la ciudad y era necesario contrarrestar el terrorismo, secuestro y otras actividades de organi¬zaciones como las Farc, el Eln y las milicias. El comandante Castaño dio las órdenes para que se enviaran acá a Medellín”.
Además, el dominio sobre Medellín fue un objetivo del proyecto contrainsurgente dada su localización estratégica conectada con corredores territoriales de dominio paramilitar que abarcaba amplias áreas del departamento de Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar.
El Bloque Metro contó con el apoyo, aceptado o forzado, de diversas bandas delincuenciales que ejercían desde la década de los ochenta algunas zonas de la ciudad. Su acción urbana duraría poco, pues rencillas internas del comandante de esta estructura paramilitar con algunos sectores de las Auc acabó en una guerra con el Bloque Cacique Nutibara de las Auc.
Las incursiones paramilitares, sumadas a las acciones de las guerrillas y las milicias, ocasionaron una disputa abierta por el domi¬nio del territorio, la población y sus recursos. “Asesinatos selectivos, amenazas, masacres, enfrentamientos, órdenes de desalojo y detenciones arbitrarias hicieron parte de los métodos de terror empleados por todos los actores armados con un impacto significativo en el aumento del desplazamiento forzado”.
Desde agosto de 2002 tuvo especial importancia la Fuerza Pública. Por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se inició la recuperación de la comuna 13. Tal reacción del Gobierno nacional fue interpretada por los analistas que prepararon el informe como “una oportunidad para mostrar resultados en la aplicación de la estra¬tegia de seguridad democrática, centrada en la lucha contra la amenaza terrorista asociada con la guerrilla en una ciudad que, como Medellín, había jugado un papel importante en su elección como presidente y en un clima de polarización política y de recha¬zo a la guerrilla”.
La operación más determinante bajo esa nueva política de seguridad se ejecutó entre el 16y el 19 de agosto de 2002. Se conoce como la Operación Orión y fue una acción militar urbana de grandes proporciones y sin antecedentes en el país que incluyó el uso de ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores.
Las guerrillas fueron desalojadas de la comuna 13 y se consolidó el proyecto paramilitar, impulsado en el 2003 por el Bloque Cacique Nutibara de las Auc. “Entre el 2003 y el 2006 el desplazamiento forzado en la comuna 13 está directamente relacionado con el dominio paramilitar alcanzado después de la Operación Orión y con los procesos de desmovilización”, advierte el documento, que indica que tal hegemonía permitió una disminución de personas desplazadas en este sector de la ciudad: de 1.259 desplazadas en 2002 se pasó a 294 en el 2003; 215 en 2004; 161 en 2005; y 169 en 2006.
En tiempo presente
La tendencia a la disminución de las cifras del desplazamiento forzado cambió en el año 2007, cuando se observan aumentos significativos. Las causas, según el informe del área de Memoria Histórica, continúan atadas para esa época, “al accionar de los actores ar¬mados, en particular al de los desmovilizados pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara, quienes recurren a métodos de intimi¬dación y de terror para ejercer su dominio, impedir el retorno de la guerrilla y propiciar una expansión de actividades delictivas en la comuna”.
Durante los años siguientes, los incrementos fueron en ascenso y, según lo resalta el documento de Memoria Histórica, basado en información de la Alcaldía de Medellín, “la situación del desplazamiento forzado intraurbano ha sido la más crítica del país” y se presume que su causa obedece a “la intensificación de la disputa entre di¬versos grupos armados por ejercer el dominio del narcotráfico y de actividades ilegales”.
Tal conflictividad fue reseñada en el informe, en el que se resaltó que “el peso de la violencia y del miedo en el que aún hoy vive la población marca los relatos y establece una suerte de continuidad (estamos vi¬viendo lo mismo) en la que es difícil establecer matices o identificar los cambios que, en efecto, han sucedido”.
Además esa crítica situación “generó dificultades en la realización del trabajo de documentación porque debido a la presencia de grupos armados y al control que imponen sobre la población y el territorio no fue po¬sible acceder a determinados lugares e implementar el diseño meto¬dológico tal cual se tenía previsto. A la vez, la presencia tangible de la violencia y de situaciones de riesgo para los habitantes de la Comuna 13 tuvo implicaciones directas en el ejercicio de memoria realizado”.
Pese a todo, los investigadores indicaron que el trabajo rea¬lizado “logró generar un espacio de reflexividad y reinterpretación colectiva sobre lo sucedido” en la comuna 13, una zona en la que el desplazamiento forzado, tal como quedó demostrado, vive en un constante desplazamiento forzado.
