El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia decidió devolverles 700 hectáreas a ocho familias despojadas por el Bloque Córdoba de las Auc. Los magistrados negaron las pretensiones de quien fuera la esposa del exjefe paramilitar, así como de la Sociedad Inversiones Y&R SAS S.A., que se oponían a la restitución.
El municipio de Tierralta fue escenario en 2001 y 2003 del Pacto y el Acuerdo de Ralito. El primero fue la alianza entre las Auc y políticos para lograr representación política local y nacional; y el segundo, la negociación para desmovilizar al grupo armado ilegal. Foto suministrada Unidad de Restitución de Tierras.
Una sentencia reciente del Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia devela la forma como Salvatore Mancuso despojó a campesinos en Tierralta, Córdoba. Según el fallo, entre 1995 y 1999 el exjefe paramilitar presionó a los parceleros para que le ‘vendieran’ las fincas, que luego ‘legalizó’ con escrituras para ponerlas a nombre de una sociedad de propiedad suya y de su esposa. “Acudió a las figuras jurídicas por conducto de intermediarios o testaferros para transferir los bienes a favor de una Sociedad y así tratar de ocultar las tierras despojadas, acudiendo al engrosamiento de tierras”, indica la sentencia.
El fallo negó además las pretensiones de Martha Elena Dereix Martínez y Gloria Yulieth Cardona Tirado, quienes en los registros públicos aparecían como propietarias de las tierras reclamadas por los campesinos y se opusieron al proceso de restitución. Dereix Martínez es la exesposa de Mancuso y, según explicó durante el juicio, tras la liquidación de la sociedad conyugal recibió estas tierras. Más tarde estas fueron compradas por Inversiones Y&R, representada por Cardona Otero.
Tanto Dereix Martínez como Cardona Otero insistieron en que “actuaron de buena fe”. La primera indicando que no tuvo conocimiento sobre las personas a las que Mancuso les compró esos predios, y porque cuando la Fiscalía 38 de Justicia y Paz comenzó un proceso contra su exesposo ella entregó mil 288 millones de pesos y “todos los bienes en los que él tuvo injerencia con fines de reparación”. Por su parte, Cardona Otero señaló que cuando compraron las tierras en el folio “no se advirtió ninguna situación anómala”.
Al respecto, los magistrados les recordaron que no basta “la buena fe” y que en los procesos de restitución los opositores deben probar la “la buena fe cualificada”, que según la Corte Constitcional exige “conciencia y certeza”, y a Dereix y Cardona les faltó diligencia en la adquisición de tierras a víctimas del conflicto armado.
En su decisión, el Tribunal ordena cancelar todas las transacciones que existen sobre los folios de los predios, para que estos vuelvan a nombre de los campesinos, y ordena a diferentes instituciones otorgarles garantías para su permanencia en el territorio. A la Unidad de Víctimas le pide establecer una ruta especial para su atención; a la Unidad de Restitución que postule a las familias a subsidios de vivienda ante el Banco Agrario y les formule proyectos productivos acordes con la vocación de uso potencial del suelo. A la Alcaldía de Tierralta le exige garantizarles acceso permanente y prioritario a la educación primaria y secundaria, y al Servicio Nacional de Aprendizaje Córdoba, capacitación técnica y proyectos para la generación de empleo.
¿Tierra Santa?
Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar del Bloque Calima y Córdoba de las Auc, purga una pena de 15 años en Estados Unidos. En el proceso de Justicia y Paz en Colombia entregó un listado de bienes para reparar a las víctimas, pero en este no incluyó a Tierra Santa. Foto: archivo Semana.
La historia de despojo ocurre en Tierralta, un municipio a dos horas de Montería, la capital de Córdoba. Según documenta la sentencia, en 1995 Rubén Darío Obando Martínez, un ganadero y director de la Convivir El Amparo, buscó a los dueños de la finca El Cairo diciéndoles que tenían que venderle, que pagaba a 700 mil la hectárea. Los reclamantes relataron que Obando era conocido por ser “un trabajador de Mancuso” y que por miedo decidieron entregar la finca.
Para 1995 Salvatore Mancuso ya había ingresado a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu), utilizando para ello una cooperativa de vigilancia y seguridad, conocida como Convivir Nuevo Horizonte. Desde 1981 estaba casado con Martha Elena Dereix Martínez, hija de Luis Dereix Conrad, dueño de tierras en Montería derivadas de la Martha Magdalena, la gran hacienda que dio origen a las tierras del Sinú. En el juicio, Dereix contó que juntos administraron la finca La Capilla, en Montería, una herencia de su padre. (Lea: La ‘contra-reforma agraria’ de Mancuso)
Según el fallo, Mancuso instaló su ‘centro de operaciones’ en la finca El Cairo y ese mismo año, en 1995, buscó a los dueños de La Unión, un predio colindante de 58 hectáreas. “Un día llegó el señor ese Mancuso y le dijo a mi compañero que tenía una suma ahí para él por la finca, que era recibir ese dinero que le ofrecían o nada, mi compañero duró un tiempo conversando con ese señor porque no quería vender la tierra, pero al final le tocó aceptar por tantas presiones y por el medio que genera ese daño en la zona, además que ya estaba todo lleno de paramilitares”, relató una víctima en el juicio.
La Unidad de Restitución de Tierras, que documentó el caso, encontró que las fincas El Cairo y La Unión pasaron de los campesinos a nombre de Luz Amparo Martínez García, mamá de Rubén Darío Obando Martínez, señalado de haber sido cómplice de Mancuso. En la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 contra cuatro desmovilizados del Bloque Córdoba de las Auc, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín señaló que contra Obando cursaban cinco investigaciones, cuestionando el porqué todas seguían en etapa preliminar en la Fiscalía Segunda Seccional.
Mientras dos familias habían sido forzadas a vender sus tierras, los paramilitares seguían teniendo más presencia en la zona. Para 1996, Mancuso encabezaba la Compañía Córdoba, que tras la confederación de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 1997 pasó a llamarse Bloque Córdoba. Según el Registro Único de Víctimas, entre ese año y 1999 del municipio fueron desplazadas 2 mil 900 personas. (Ver tabla de desplazamiento)
“Desde 1996 se incrementaron las masacres principalmente en Tierralta, recordándose la ocurrida en Saiza en julio de 1999 cuando las autodefensas [Bloque Bananero] asesinaron a 13 personas y eso ocasionó el desplazamiento de cerca de 500 familias. Asimismo, en la vereda Naín las autodefensas masacraron a 11 personas y un añomás tarde a otros 11 campesinos a orillas del río Sinú”, narra la sentencia.
Los pocos campesinos que resistían a la crudeza de la violencia terminaron despojados en 1999. Durante el proceso de restitución, las víctimas contaron que Mancuso los citó a una reunión en El Cairo, la finca arrebatada en 1995 a otra familia: “Eso era una base militar, eso usted veía gente armada por todos lados […] Era él [Salvatore Mancuso] el que mandaba, los paramilitares eran los que mandaban en esa época. Imagínese que el día que yo fui a la reunión entonces había como cinco anillos de seguridad para llegar allá… nos citaron allá para las ventas, para el despojo porque yo no llamo a eso ventas sino despojo: estas tierras fueron despojadas a presión”.
Los campesinos se refirieron a las fincas Leticia, El Topacio, La Trinchera y Las Pirámides, que tuvieron que ‘vender’ tras la reunión a la que fueron obligados a ir. “Yo no quería vender mi tierra ya que de allí salía el sustento de mi familia y más aún que este señor estaba dando muy poco dinero por esta tierra, pero teniendo en cuenta que este señor Salvator, jefe paramilitar, me dio temor de no vender mi tierra, y measusté al ver a este hombre armado y sabiendo que maneja muchos hombres armados (sic)”, dijo un campesino durante el juicio.
En sus relatos, las víctimas coincidieron que Mancuso delegó a Aram Assías Solar para concretar las “compras” de las tierras, yendo predio por predio y haciendo los trámites ante la Notaría Única de Tierralta. “Todo el mundo sabe y no debemos esconder que Aram Assías también era el testaferro de Salvatore Mancuso, y en muchas oportunidades presionaba era a mi papá, un anciano que tenía en ese entonces 74 años”, indicó un parcelero.
Lo anterior fue confirmado en la Sentencia de Justicia y Paz del Bloque Córdoba, que indica que Aram Assías hacía parte del grupo urbano de las Auc en Tierralta y encargado de la estructura financiera.
Entre el 16 de septiembre y el 21 de septiembre de 1999, las fincas despojadas en 1995, más las cuatro de la reunión de El Cairo, fueron tranferidas en la Notaría Única de Tierralta a nombre de la Sociedad en Comandita Mancuso Dereix CIA. Dos meses después, el 22 de noviembre, la Sociedad englobó las 700 hectáreas en un solo predio al que bautizaron Tierra Santa.
Las transacciones
Mancuso durante la desmovilización del Bloque Catatumbo. Foto: archivo Semana.Salvatore Mancuso se desmovilizó como jefe del Bloque Catatumbo el 10 de diciembre de 2004 y del Boque Córdoba, el 18 de enero de 2005 en Santafe de Ralito, corregimiento de Tierralta. Siendo para la época uno de los máximos jefes de la cúpula de las Auc, comenzó a confesar sus crímenes el 19 de diciembre de 2006. Como parte de los requisitos para ser cobijado con los beneficios de Justicia y Paz, como recibir una pena máxima de 8 años de prisión, el exjefe paramilitar debía entregar bienes para reparar a las víctimas. Aunque entregó 25 predios, la mayoría de ellos en Tierralta, entre estos no incluyó “Tierra Santa”. (Ver listado de bienes)
Durante el juicio de restitución, Martha Elena Dereix Martínez le dijo a los magistrados que estuvo casada con Mancuso desde 1981 hasta 1998, y que en la liquidación de la sociedad conyugal acordaron que se le entregarían a ella 300 millones de pesos. “Posteriormente, Salvatore Mancuso celebró un negocio de ganado con Aram Assías y este le pagó con unas tierras, las cuales Mancuso le entregó a ella como forma de pago del acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal”, indica el fallo.
Dereix aseguró que fue así como ella terminó recibiendo los predios englobados en Tierra Santa y que para hacerlo, en 2002 la Sociedad en Comandita Mancuso Dereix y CIA se transformó en Sociedad Ganadería El Cairo Ltda, insistiendo en que desconocía a quién su exposo le había comprado esas fincas, “ya que el señor Aram Assías le llevaba la escrituras y en algunas ni siquiera fue personalmente a las notarías y los predios los recibía su trabajador de confianza Manuel Cabadia”.
Entre 2004 y 2006 se hizo la desmovilización de las Auc en país bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Para la época Tierra Santa seguía a nombre de la Sociedad Ganadería El Cairo. Dos años después, estas cambiaron de dueño. El 22 de enero de 2008 la Ganadería El Cairo le vendió las tierras a Wilmar de Jesús Cardona Tirado en una compraventa celebrada en la Notaría Tercera de Montería. Para ese año, la prensa nacional registró el asesinato de Aram Assías Solar, ocurrido en Tierralta. En mayo, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos a rendir cargos por delitos asociados al narcotráfico, por los que fue condenado a 15 años de prisión. (Lea: Mancuso, condenado a 15 años en Estados Unidos)
El predio Tierra Santa fue transferido por última vez, en 2010, cuando Wilmar de Jesús Cardona se lo vendió a Inversiones Y&R, que tiene como representante legal a su hermana Gloria Yulieth Cardona Tirado. El negocio fue registrado en la Notaría Cuarta de Medellín. Según el Registro Único Empresarial (RUE), Inversiones Y&R es una empresa dedicada a las “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”.
Aunque la representante legal le dijo a los magistrados que “la adquisición de los predios provenía de una transacción efectuada por unos señores finqueros, quienes siempre adujeron haber adquirido el inmueble en la licitud y con las solemnidades dela compraventa”; el Tribunal concluyó que “la opositora no actuó con diligencia mediante averiguaciones juiciosas a las autoridades, medios de comunicación y vecinos de la zona, máxime cuando las condiciones de violencia en Tierralta han sido un hecho notorio, una región azotada por diversos grupos armados de hace más de cuatro décadas”.
La sentencia proferida por el Tribunal de Restitución de Medellín es la segunda por Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que pone al descubierto los despojos perpetrados por Salvatore Mancuso en Córdoba. La primera fue la del Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Montería, que documentó cómo el exjefe paramilitar desplazó a los campesinos de El Levante, una parcelación en la vereda Tres Piedras, en Montería, para apropiarse de sus tierras. (Lea la sentencia aquí)
En febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón a las víctimas del caso Tulapas, en la región del Urabá. Este había sido negado en primera instancia por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín (Lea: En Tulapas, Urabá antioqueño, sí hubo despojo: Corte Suprema de Justicia).
