El dinero del banano sirvió para financiar la guerra

La vivida por los sindicalistas en Urabá parece una historia de terror, escrita con sevicia y favoreciendo la impunidad… Apenas uno de los jefes paramilitares ha reconocido algunos crímenes, pero organizaciones sociales y líderes de la región dicen que los muertos se cuentan por centenares.

El único consuelo que le queda a Martina es que su “muchacho” no murió arrodillado sino que corrió para intentar salvarse, aunque las balas lo alcanzaron en medio de las matas de banano.

De los dos trabajadores bananeros asesinados el 22 de abril de 2004, Elkin de Jesús Escobar López, un dirigente sindical, de 29 años, perteneciente a Sintrainagro, fue el único que corrió cuando vio que entre los hombres que los hicieron bajar del bus en que iba estaban alias El Tigre y San Pedro.

“No corrió porque debía algo o estaba en malos pasos; corrió porque quiso salvar su vida”, pues ambos jefes paramilitares eran los encargados del exterminio de los dirigentes de izquierda en la región.

“Cuando ellos llegaban; por ejemplo, a Turbo, venían en una camioneta blanca, creo, y el que se subiera a esa camioneta era hombre muerto. Con decirle que al carro ese le decíamos Camino al Cielo”.

Con esa imagen, Antonio recuerda a su compañero “de lucha” en el sindicato, un joven entusiasmado por las reivindicaciones obreras, que murió víctima de señalamientos infundados, “solo por el hecho de que se atrevió a enfrentar a los patronos”.

Antonio, quien pidió omitir su apellido, es un ex directivo de Sintrainagro, exiliado durante un tiempo fuera del país y ahora, “en uso de buen retiro”, con un bajo perfil y ganándose la vida como comerciante informal en las transitadas calles de Medellín.

“Ese día también mataron a Gustavo Alberto Gutiérrez López, primo de Elkin”, cuando ambos iban en un bus con destino a su lugar de trabajo: una finca bananera ubicada en zona rural de Turbo.

“No, no los dejaron llegar… Los mataron en la carretera”, cuenta Martina, al explicar que supo, por terceras personas, “que los hombres pararon el bus, hicieron bajar a los muchachos y la emprendieron contra quienes ellos decía que eran guerrilleros”.

Con un “jamás” sentencia lo equivocado que estaban los asesinos y repite en cada sentencia que “fue un error, un inmenso error”, por el que solo pide un reconocimiento público, “para que le devuelvan la dignidad a mi Elkin”. “Nos acabaron a bala y quienes se quedaron tuvieron que volverse patronista”, agrega Antonio, que hace más de 10 años no se asoma por Urabá. “Lo único que sé es que las cosas cambiaron y cambiaron mucho”.

Aunque Antonio insinúa que el sindicato cambió su filosofía, “porque fue colonizado por las autodefensas”, uno de los directivos actuales de Sintrainagro dice que esa es otra de las falacias que se han tejido en torno del gremio, “solo por el hecho de que ahora enfocamos nuestra lucha por la vida institucional, por las vías civilizadas, sin llegar a las vías de hecho”.

Advierte que los objetivos son los mismos: la lucha por las reivindicaciones sociales de los trabajadores y elevar su nivel de vida, en condiciones dignas.

El anonimato ha salvado a Antonio. Por eso, se mantendrá así, porque no cree en el arrepentimiento de los ex jefes paramilitares “ni en las palabras de HH cuando pide perdón por los errores cometidos”.

Velosa García pidió ha pedido perdón de manera pública y de forma reiterada en las diligencias de versión libre, en las que, además, ha contado detalles de ese arrinconamiento contra los sindicalistas.

“En 1995, yo personalmente realicé reuniones en las fincas El Retorno y Los Bongos, obligando a la gente a que laborara, impidiéndole hacer paros para sus reclamos laborales”, agregó Velosa García ante la Corte.

Con las acciones de las autodefensas, muchos de esos dirigentes quedaron tirados en las zanjas de arrastre del banano, con un tiro en la cabeza por su condición de supuesto “guerrillero o colaborador de la guerrilla”, el pretexto que utilizaban los homicidas para acabar con quienes ellos denominaban de manera imprecisa y arbitraria: “objetivo militar”.

Por ahora, de lo confesado por el arrepentido paramilitar, la Fiscalía ha documentado elementos probatorios que demuestran la muerte violenta de 19 sindicalistas en Urabá y la de 13 dirigentes de la Unión Patriótica (UP), también en esa región antioqueña, aunque el ex jefe paramilitar advirtió que tiene una lista de más confesiones que sumarían otros 88 crímenes de dirigentes obreros.

Adicional a los crímenes de Elkin y Gustavo, Velosa García reconoció que el 25 de marzo de 1996, hombres bajo su mando y haciéndose pasar como milicianos de las Farc, llegaron a la finca La Teca, en la vereda Churidó, de Apartadó, de donde obligaron a salir a la gente para que asistiera a una reunión.

Pese a la negativa de Gustavo Antonio Vargas Úsuga, dirigente de Sintrainagro, y a los ruegos de Rosmira del Socorro Guisao Castro, quien les imploró que, por sus tres hijas, nada le hiciera, ambos recibieron varios disparos de arma larga y luego de muertos, uno de los paramilitares le cortó el cuello a la mujer.

Esa lista de dirigentes asesinados por el bloque Bananero aparecieron también Luis Álvaro David Olivero, Jairo Alberto López Manco, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Luis Antonio Espitia González, Arcesio Gallego Lozano, Misael Antonio Moreno Córdoba, Rogelio Mosquera Palacio, Ángel Huberto Zabala Bejarano, Dayro Darío Pérez Negrete y Elías García Díaz.

“A medida que fuimos tomando control sobre esta zona, todos los beneficios laborales (en educación, salud, vivienda y transporte) se fueron perdiendo, por lo que creo que nuestro accionar sí perjudicó al empleado bananero y benefició enormemente a los empresarios”, sostuvo Velosa García.

El trato

Aunque las autodefensas “justificaron” esas muertes bajo el esquema de la lucha contrainsurgente, en ese contexto aparece un elemento que las justicias colombiana y estadounidense tratan de resolver: la participación de los empresarios bananeros en los homicidios de los sindicalistas y la financiación que les brindaron a los grupos armados.

Para Agudelo, en este aspectos hay quehacer claridad sobre el papel que cumplieron la Convivir Papagayo y la empresa Chiquita Brands.

Dice que Papagayo se constituyó, en su momento, como una cooperativa de vigilancia legal, supervisada por la Superintendencia de Vigilancia, como lo permitían unos controvertidos decretos que les dieron vida institucional.

Uno de los mayores promotores de las Convivir fue el entonces gobernador de Antioquia, el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, que justificó su presencia en Urabá ante la presión de los grupos armados contra los empresarios bananeros.

Agudelo recuerda que todas las empaquetadoras y comercializadoras de banano, y no solo Chiquita Brands, acordaron con Papagayo un pago de tres dólares por caja exportada a cambio de que les brindara seguridad.

Agrega que otra cosa es lo que, en el pasado, hizo esta multinacional, que pagó vacunas a las Farc, cuando ejercía el dominio en la zona, y luego a las autodefensas, con el único y aparente objetivo de que la dejaran trabajar en la región.

El enredo en toda esta historia es que con Chiquita y Papagayo aparece un hombre que sabe los intríngulis de cómo se dio ese trato, pero que hasta ahora poco ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos: Raúl Hazbun, alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, quien se desmovilizó el 14 de noviembre de 2004, como el comandante del bloque Bananero en Apartadó.

HH le dijo a Verdad Abierta que Hazbun era el encargado de hacer el puente entre la convivir Papagayo y las autodefensas y de coordinar la misión de “prestar seguridad” a la empresa Bandex, filial de la multinacional en Colombia.

“No recuerdo bien si a finales de 1995 o principios de 1996, aparece el señor Raúl Hazbun y le propone a los Castaño implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero”, agregó el ex jefe paramilitar ante la Corte.

Es ahí cuando aparecen las Convivir como la herramientas para “legalizar” esas ayudas y que, a juicio de Velosa García, fueron creadas en Urabá “para recaudar ese dinero”, recursos que luego sirvieron “para nuestro crecimiento y accionar militar;” pues con ellos las autodefensas pagaban a sus integrantes y “compararon armas, municiones y material de intendencia”.

Es decir, que Hazbun, quien también se ha negado a reconocer los crímenes que cometió con ocasión de su militancia en el grupo armado, apareció con una doble condición: de un lado, la de un reconocido empresario bananero y, de otro lado, la de un temido comandante paramilitar.

Ambas cosas eran ciertas, de modo que lo que se pregunta la justicia es hasta qué punto los empresarios que financiaron Papagayo no sabían que ese dinero iba a parar a las arcas de las Auc y, de paso, a pagar o financiar las acciones de ese grupo: asesinatos, desplazamientos, exilios, reclutamiento forzado, desapariciones…

“Soy un convencido de que son más responsables estas personas (los empresarios bananeros), que nos utilizaron buscando beneficios económicos, que nosotros que hicimos la guerra, convencidos de una causa”, concluyó Velosa García ante los magistrados.

La Fiscalía calcula que los empresarios bananeros le dieron a Papagayo unos 4.600 millones de pesos, recursos sobre los cuales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, existen indicios de que se destinaron para incrementar el conflicto en la región.

La justicia estadounidense se pronunció ya sobre este hecho y condenó Chiquita a pagar una millonaria multa, tasada en 30 millones de dólares, una vez que sus directivos aceptaron los tratos con las autodefensas.

Ante la decisión de la justicia estadounidense, La Fiscalía General de la Nación le pidió al gobierno de ese país que entregue el monto de la multa para indemnizar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia y, de paso, extradite a sus directivas para que respondan en Colombia por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Quiénes son

La justicia estadounidense proceso y multó a Cyrus Freidheim, Roderick M. Hills, Robert Olson, Morten Arntzen, Jefrey D. Benjamin, Robert F. Kistinger, James W. Fischer, Carl H. Linder, Keith Linder, Steve Warshaw, David J. Ocleshaw, Durk I. Pager, Jaime Sierra, Steven Stanbrook, Fernando Aguirre, Hill Albrinck, Cyrus F. Freidheim Jr., Mario Méndez, Bill Tsacalis y Alejandro Bakoczy.

Todos trabajaron para la empresa entre el primero de enero de 2001 y el 31 diciembre de 2004, en cargos como la Presidencia y algunas vicepresidencias, pero en la casa matriz de esa compañía, ubicada en Cincinnati, Ohio.

Estos directivos confesaron que no solo sabían que sus directivas en Colombia tenían dudosos tratos con los grupos armados en Colombia sino que orientaron esas “negociaciones”.

Los directivos aceptaron que le pagaban a las Auc por medio de la creación de falsas cuentas de contabilidad, al utilizar la figura del incremento salarial a sus empleados en Colombia.

La legislación estadounidense prohíbe a sus nacionales hacer cualquier tipo de tratos con grupos considerados por el Departamento de Estado de ese país como terroristas y las Auc están en esa lista desde el 10 de septiembre de 2001.

 

El estudio de la ENS señala que las transacciones con las Autodefensas se dieron en una época de “violencia cruda y dispersa”, que coincidió con el gobierno de Andrés Pastrana, en el cual aparece un crecimiento desbordado en los indicadores de violaciones y un aumento vertiginoso de los homicidios y el desplazamiento contra los sindicalistas.

 

Luego vino otro período, entre 2003 y 2006, que para la ESN, coincide a su vez con el primer gobierno del presidente (Álvaro) Uribe, que presenta “un escenario de cambios estratégicos en las modalidades de violencia, caracterizado particularmente por el descenso en las estadísticas de homicidios y un amplio despliegue publicitario de las cifras”.

 

El directivo sindical y Agudelo indican que la violencia en Urabá hoy es más soterrada, pero igual, porque aún hay presencia de grupos armados, violaciones a los derechos humanos y señalamientos por la labor de quienes defienden los intereses de los sindicalistas.

 

Y Velosa García insiste en que no solo las autodefensas sino quienes las apoyaron y usufructuaron de sus “guerra” deben responder ante la sociedad y están en la obligación de reparar a las víctimas.

La esquina roja 

El remoquete de “Esquina Roja” se lo ganó Urabá por la estela de muertes que dejaron las diferentes manifestaciones violentas del conflicto armado interno que permearon y afectaron a todos los estamentos sociales de esa región agroindustrial.

Los finales de los años 80, toda la década del 90 y parte de la actual estuvieron signados por la desinstitucionalización, la poca o precaria presencia del Estado y la presión armada de los grupos que se alternaron la lucha por ese dominio en ese lapso y contribuyeron a escalar el conflicto.

 

El término “población civil” para señalar a la mayoría de las víctimas se acuñó para designar que en medio de las balas, los juicios sumarios y las estigmatizaciones cayeron campesinos, comerciantes, trabajadores formales e informales, transportadores, dirigentes políticos, autoridades, indígenas, representantes de la Iglesia Católica, amas de casa, estudiantes, líderes veredales y barriales y; por supuesto, sindicalistas, que vivieron su propio calvario y cuya historia merece quedar en los anales de la infamia de esa confrontación.

Un estudio de la Escuela Nacional Sindical (ENS) registra, de 1991 a 2007, 8.231 casos de violaciones a los derechos humanos contra sindicalista, discriminados en 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 529 detenciones, 192 atentados, 208 hostigamientos, 159 secuestros, 137 desapariciones, 37 casos de torturas y 34 allanamientos.

Parte de esta cifra las puso el gremio sindical en Urabá que, como ningún otro, sufrió los embates violentos de quienes vieronun peligroen su labor, como la guerrilla, las autodefensas, miembros de organismos de seguridad, algunos empresarios bananeros y hasta las multinacionales.

 

En muchas ocasiones, los trabajadores bananeros y sindicalistas formaron el sánduche en la presión de uno y otro grupo armado e, incluso, de estos con o contra los organismos de seguridad del Estado.

 

Primer capítulo

 

La década del 80 estuvo marcada por los conflictos laborales, dice Mario Agudelo, ex guerrillero del Epl, ex dirigente político del Partido Comunista y luego de Esperanza Paz y Libertad; ex alcalde de Apartadó, ex Diputado a la Asamblea de Antioquia y un exiguo conocedor de esa realidad.

 

“Podíamos contabilizar hasta 200 paros por la intransigencia de los empresario bananeros”, debido a que, por la misma ausencia del Estado, “en esa zona ni siquiera se aplicaba el Código Sustantivo del Trabajo”, por lo que los trabajadores bananeros peleaban por derechos que, de suyo, ya tenían adquiridos, “como el pago del dominical y las horas extras laboradas o por contar con una jornada de ocho horas y no de 20, como era la costumbre”.

 

Producto de esa lucha y de la influencia de movimientos sociales y del proselitismo político de la guerrilla –acepta el dirigente- se vivieron largas jornadas zozobra y tensión, “como los paros cívicos de los años 81, 84 y 88”.

La agudización de ese conflicto terminó a finales de los 90 con una gran golpe con las masacre de Honduras y La Negra, perpetrada por las autodefensas que comandaba Fidel Castaño y que venían procedentes del Magdalena Medio, donde nación el paramilitarismo, a principios de la década del 80.

La madrugada del 4 de marzo de 1988, unos 30 hombres entraron armados de fusil a ambas haciendas, sacaron a varios trabajadores, los obligaron a ponerse en fila india y luego les dispararon, en medio de sus familiares y a pesar de los gritos de clemencia de mujeres y niños.

 

Agudelo reconoce que en su vida subversiva “combinamos todos los métodos de lucha” y, de ahí, la labor política del Epl en las fincas bananeras, presencia que le permitió al grupo ilegal cooptar a casi el 60 por ciento de la militancia en una de las dos agremiaciones de trabajadores que existían a finales de los 80: Sintagro y Sintrabanano, fusionadas años después.

 

Ambos sindicatos eran manejados políticamente por el Epl y las Farc, pero ese trabajo –cuenta el dirigente- se extendía a otras labores de penetración, “como la presencia en los barrios populares y de invasión”.

 

Tras la desmovilización del Epl,el 20 de enero 1991, las cosas cambiaron porque, si bien los trabajadores empezaron a “civilizar sus relaciones con los empresarios bananeros y las condujeron por el camino de la regularización”, muchos de ellos sufrieron luego los embates de la guerrilla. “Podríamos decir que hasta mediados de los 90 murieron unas 600 personas”, cuenta Agudelo, en alusión a que “tanto las Farc como los disidentes del Epl nos declararon ‘traidores’ y emprendieron una campaña de exterminio contra nosotros”.

 

Muchas de las víctimas fueron trabajadores bananeros, en razón a que el Epl, que luego se transformó en la legalidad en partido político, contaba con una vasta base social y de apoyo en las fincas y campamentos bananeros.

 

Mientras las Farc y la disidencia del Epl arreciaban su conflicto y dejaban decenas de muertos en las fincas, la labor de las autodefensas en estos primeros años del 90, solo se limitó a cuidar algunos predios en el Norte de Urabá y Córdoba, “pues sus jefes, Fidel y Carlos, estaban dedicados combatir a su enemigo en Medellín: Pablo Escobar”.

 

Después la confrontación cambió y se agudizó entre paras y guerrilla y, aunque en principio se dio a cuenta gotas, después hubo graves y violentos hechos que despertaron el interés nacional sobre lo que estaba sucediendo en la región.

 

Uno de ellos ocurrió en el barrio de invasión La Chinita, de Apartadó, el 23 de enero de 1994, cuando un grupo de guerrilleros de las Farc y disidentes del Epl entró al caserío, disparó de forma indiscriminada contra los militantes de Esperanza Paz y Libertad (esperanzados), quienes celebraban los resultados obtenidos en las elecciones para Congreso. 35 personas murieron acribilladas.

 

La de La Chinita fue el inició de una especie de “ping pong” macabro, pues las posiciones se radicalizaron y muchos de los desmovilizados empezaron a aliarse con las autodefensas para enfrentar las agresiones guerrilleras.

 

En adelante, cuando la guerrilla cometía una masacre en una finca bananera de influencia política de los esperanzados, las autodefensas respondían con otra en un predio de influencia de las Farc. Así se contabilizaron matanzas como las de El Aracatazo, aunque ocurrió en un bar, Bajo El Oso, Osaka y muchas otras más.

 

Cambio de tercio

 

Con la llegada de la nueva ofensiva paramilitar a mediados de los 90, se incrementaron las masacres de trabajadores sindicalizados. Foto El Heraldo

Con ese pulso de fuerza entraron a escena, a mediados de los 90, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) -la génesis de lo que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Y entraron con una intención política y militar, orquestada por los hermanos Castaño Gil: arrebatarle el poder de la guerrilla sobre algunos sectores sociales, entre ellos, los sindicatos y las fincas bananeras.

 

A la estrategia de secarle el agua al pez (matar cualquier persona que tuviera contacto con la guerrilla), los Castaño Gil mezclaron también varios métodos de lucha: las amenazas, los desplazamientos, las vacunas y la cooptación de las Convivir, en ese momento, legales.

 

Para emprender esa empresa contaron, según confesiones de muchos jefes desmovilizados, con la colaboración de comerciantes y empresarios bananeros que financiaron el accionar paramilitar para hacerle frente, en especial, a las Farc.

 

Para Agudelo, la intención de las Accu no fue acabar como tal con el movimiento sindical sino que en la estrategia de atacar a todo lo que oliera a izquierda o guerrilla “se llevaron a algunos trabajadores, que consideraban cercanos a las Farc”.

 

Es verdad -agrega el dirigente- que en distintas ocasiones entraron a las fincas, mataron a muchas personas e, inclusive, obligaron a la gente a trabajar, “pero fue más bien un asunto que arreglaban algunos empresarios o administradores con los autodefensas para que les cuadraron un problema en una finca”.

 

El estudio de la ESN señala que en el periodo comprendido entre 1995 y 1997, que lo llamó Balas que reinstalan el fantasma fundacional, “presenta una agudización del conflicto de disputa territorial en la región de Urabá y la masacre de múltiples sindicalistas agrarios, en una violencia marcada fuertemente por la acción violenta de grupos guerrilleros y paramilitares”.

Parte de esa historia, con su visión sobre los hechos, la viene contando en las diligencias de versión libre, Ever Velosa García, alias HH o Carepollo, el desmovilizado jefe del bloque Bananero, de las Auc.

Detrás de las confesiones de Velosa García, sobre la forma como las autodefensas sometieron al sindicato bananero, se esconde también una trama que deja mucha muerte y, de paso, una estela de impunidad.

 

“Sí realizamos acciones militares que beneficiaran la producción bananera, impidiendo que se realizaran paros laborales y presionando a los empleados de las bananeras para que trabajaran bajo amenazas”, dijo el ex jefe paramilitar el 15 de abril de 2008, cuando compareció ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan las relaciones de algunas multinacionales con las autodefensas en Urabá.

 

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