En una carta enviada al presidente Santos varios paramilitares recluídos en la cárcel de Itagüí dicen que sus abogados renunciaron porque “antisociales de cuello blanco” los quieren silenciar.
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| En la cárcel de máxima segurida de Itagüí conviven ex paramilitares con ex miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ en una tensa calma. |
Siete exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) recluidos en el patio número uno de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí denunciaron en carta al presidente Juan Manuel Santos su crítica situación, pues desde el viernes pasado se quedaron sin abogados debido a la renuncia de sus apoderados, quienes aseguraron no tener condiciones de seguridad para seguir con su trabajo.
La situación descrita por los ex miembros de las Auc se agravó el pasado 5 de mayo cuando fue asesinado en el municipio de Bello, Antioquia, el abogado Edquir José López Londoño, quien hasta hace un mes defendía en los tribunales de Justicia y Paz a Raúl Hasbún Mendoza, empresario bananero y ex jefe del Frente Arlex Hurtado de las Auc. Tal circunstancia llevó a su actual abogado a renunciar el pasado viernes en plena versión libre del exparamilitar, sustentando su dimisión en la difícil situación de seguridad que viven los juristas.
“En nombre y representación de la comunidad de Justicia y Paz de la cárcel de Itagüí denunciamos una vez más el sistemático exterminio de desmovilizados de las desaparecidas Autodefensas Campesinas y la consiguiente violación del derecho a la vida de sus hijos y familias, asimismo la infame persecución criminal contra los abogados de los miembros representantes”, aseveran en su misiva al Presidente de la Republica los exjefes paramilitares Raúl Hasbún Mendoza, Fredy Rendón Herrera, Rodrigo Pérez Alzate, Iván Roberto Duque, Arnubio Triana Mahecha, Álvaro Sepúlveda y Jorge Iván Zapata Laverde.
“Señor Presidente en el día de hoy se presentó la renuncia masiva de los abogados encargados de la defensa técnica de todos los desmovilizados del pabellón uno de la cárcel de Itagüí”, le informan a Santos los excomandantes de diversos frentes y bloques de las Auc. “Los juristas argumentan carecer de la garantía del derecho a la vida para el ejercicio libre de su profesión. Consideran que el precio de asistir a quienes estamos comprometidos con la verdad no puede ser el de su propia vida, y menos pagar con este derecho inalienable el silencio que pretenden imponer los antisociales de cuello blanco”.
En la carta enviada al Presidente Santos, los ex miembros de las Auc dicen que “no existe otra razón para semejante aniquilación que el paso de la cuenta de cobro por nuestro compromiso con las víctimas, la justicia y la sociedad ante quienes hemos descorrido el velo de la verdad histórica, con la consecuente afectación para quienes pretenden aún resguardarse en la impunidad”.
En sus últimas líneas, los exparamilitares expresaron su confianza en el Presidente de la República, esperanzados en que él sería el garante constitucional “de los derechos de la vida y la paz”.
Situación crítica
Operadores judiciales que siguen de cerca los procesos de Justicia y Paz advirtieron de los inconvenientes de este nuevo obstáculo para el desarrollo de las versiones libres de Justicia y Paz y en general de todo el proceso que deben seguir los postulados que esperan beneficios de la Ley 975.
“La falta de abogados impide que los postulados de las antiguas Auc puedan tener una defensa técnica”, aseguró un funcionario que pidió la reserva de la identidad. “No se puede adelantar ningún tipo de audiencia si no tienen abogados que los representen”.
Lo que se viene observando, explicó un abogado cercano a los ex jefes paramilitares es que pese a las confesiones entregadas a los fiscales de Justicia y Paz, “la justicia como tal no ha sido efectiva en la persecución de aquellos que se lucraron del proyecto paramilitar y hoy permanecen en la sombra con mucho dinero y mucho poder”.
Por tal razón, este abogado, quien también solicitó no ser identificado, lanzó críticas a la llamada justicia ordinaria, encargada de adelantar los procesos penales contra aquellos que son señalados en los distintos escenarios de Justicia y Paz como aliados o beneficiarios de los paramilitares. “Mientras no se persiga a los terceros implicados en el proyecto paramilitar serán muy vulnerables aquellos postulados de las Auc que han hablado de quienes los apoyaron financiera y políticamente”, aseveró el jurista.
Una situación que tiene inquietos a los ex jefes paramilitares firmantes de la carta al Presidente de la República es la llegada al penal de Itagüí en las últimas semanas de varios hombres de la llamada ‘Oficina de Envigado’ capturados en diversas regiones de Antioquia y del país en los últimos años.
La presencia de ex jefes de esa banda, que por varios años estuvo al servicio del paramilitarismo a través de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada bajo el mando del confeso narcotraficante y ex inspector de las Auc, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, está siendo interpretada como un modo de presión hacia los ex jefes paramilitares.
“En Justicia y Paz se ha hablado de diversas personas que en el pasado hicieron parte de la ‘Oficina’ y que aún permanecen en la sombra, protegidos por la impunidad. Lo que creemos es que trasladaron a varios integrantes de esa estructura para atemorizar a los exparamilitares y callarlos”, indicó una abogada cercana a los exjefes de las Auc.
Otra abogado llamó la atención sobre la supuesta decisión del Gobierno Nacional de trasladar a los miembros de las llamadas ‘bandas criminales emergentes’ a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. “Eso fue lo que se dijo hace varios meses y no se entiende cómo los de la ‘Oficina’ están en Itagüí. Ese tipo de decisiones gubernamentales no son claras”, dijo.
Hay tres hechos recientes que llaman la atención de las personas que son cercanas a los ex integrantes de las Auc. “Hace un mes retuvieron y torturaron a un hombre de confianza de los postulados de las Auc que están en Itagüí. Era el que les hacía algunas diligencias en la calle. La golpiza lo obligó a abandonar la ciudad”.
El segundo caso, ocurrido hace varias semanas, involucró a una persona cercana a los exparamilitares. “Se trata del esposo de la señora que les cocinaba a ellos. El hombre fue asesinado”, dijeron las fuentes consultadas, sin que hasta el momento se sepa por qué.
El tercer caso tiene relación con registros arbitrarios que hace varios meses realizaron las autoridades carcelarias en algunas celdas del penal en Itagüí, aspecto que fue calificado como de “hostigamiento” por algunos reclusos.
Si bien hasta el momento no hay investigaciones que aclaren lo ocurrido en esos casos, las fuentes consultas advirtieron que están generando mucho temor entre los excomandantes de las Auc, quienes con evidentes signos de preocupación están lanzando alertas desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para evitar que sean acallados y las verdades que están diciendo, sobre todo aquellas referidas a los que patrocinaron, impulsaron y se lucraron del proyecto paramilitar, no sean reveladas y continúe prevaleciendo la impunidad.
