La Corte Suprema de Justicia recibirá para finales de este mes la declaración de ‘Jorge 40’ en el juicio al ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, y a mediados de septiembre escuchará a Salvatore Mancuso en el juicio al ex senador antioqueño Mario Uribe.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia tenía programado recibir la declaración del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ dentro de juicio que se adelanta al ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila Armenta por nexos con paramilitares. Sin embargo, por aparentes problemas logísticos, la audiencia no se pudo llevar a cabo.
Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema logró reprogramar la recepción del testimonio del ex jefe paramilitar para el próximo 30 de agosto en horas de la mañana por videoconferencia desde Estado Unidos.
De igual forma, el Alto Tribunal fechó para el próximo 15 de septiembre a las 9 de la mañana una nueva audiencia en el juicio al ex senador antioqueño y primo del ex presidente Uribe, Mario Uribe, en la que declarará igualmente desde Estados Unidos el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Lo último del juicio contra Mario Uribe
En audiencia celebrada el 12 de julio de este año, el ex senador antioqueño se declaró inocente de los cargos que lo vinculan con paramilitares. Aunque admitió que se reunió en una oportunidad con Salvatore Mancuso en compañía de Eleonora Pineda, negó cualquier nexo con las Auc.
En su primer día de audiencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe, negó cualquier tipo de vínculo con grupos paramilitares que delinquieron en el norte del país, dentro del marco del juicio que se le adelanta por el delito de concierto para delinquir agravado.
El ex senador antioqueño aseguró que no hizo ningún tipo de acuerdo ni con paramilitares del Bloque Norte de las AUC ni con la ex congresista Eleonora Pineda, condenada en 2007 por sus vínculos con paramilitares.
Uribe Escobar descalificó los testimonios de ex paramilitares como alias ‘Pantera’ y ‘Gomelo’, así como el del testigo clave de la parapolítica alias ‘Pitirri’, y calificó como “confusas” las declaraciones dadas porMancuso en las que afirma haberse reunido con Uribe Escobar en más de una oportunidad y de haber firmado pactos con él. “Al proceso han llegado incluso testimonios de personas con las que nunca he tenido que ver” explicó el ex congresista.
Uribe Escobar admitió sin embargo haberse reunido en una ocasión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a mediados de 2002, con posterioridad a las elecciones de Congreso y meses antes a las elecciones para Presidente. El ex senador señaló que la reunión se dio cerca de Montería y de manera “sorpresiva”, por iniciativa de Eleonora Pineda.
Según el ex senador, en esa reunión, de corta duración, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de “utilizarlo” por sus vinculos familiares como enlace frente al entonces candidato a la presidencia y gran opcionado a ganar. Uribe Escobar dijo que le respondió al ex paramilitar “de manera cortés”, pero que rechazó su propuesta. “Discutimos rápidamente… quería convertirme en enlace con el próximo presidente de la República… quería que yo le sirviera de enlace. No acepte ese encargo.”
“No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada… después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortes que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí”.
Según Uribe Escobar, las acusaciones de Mancuso en su contra son motivadas por su intención de vincular a un gran número de políticos con el paramilitarismo en lo que denominó en algún momento como “el tsunami político”. Para el ex congresista, el objetivo de Mancuso con esto era provocar un quiebre en la política que permitiera un “beneficio jurídico para todos los involucrados”.
“Jamás tuve relación alguna con Salvatore Mancuso, con las autodefensas, con Carlos castaño o con sus autodefensas, en general, no tuve relaciones ni pactos con las autodefensas. No les debo un voto ni una ayuda, tampoco hice ninguna gestión por ellos. Fui el ponente de la Ley 975. Jamás me reuní con paramilitares ni con sus enviados, no acepte comunicaciones… no conozco Santa fe de Ralito ni hice parte de las expediciones de acercamiento con los paramilitares. Nada les debo ni ellos nada me deben” aclaró Uribe.
El ex senador también señaló que como parte de las contradicciones de los testimonios de los paramilitares se menciona una reunión que tuvo con Carlos Castaño en 2000. En esa oportunidad, explicó el ex congresista, se reunió en Santa Rosa (Sur de Bolívar) con el ex jefe máximo de las AUC en compañía del Procurador y del Defensor del Pueblo de ese momento, para interceder en la liberación de ocho congresistas que habían sido secuestrados por los paramilitares. “Fue la puerta de entrada para la liberación de los congresistas”.
Respecto a su relación con la ex congresista Eleonora Pineda, Uribe Escobar señaló que sus encuentros se resumieron en dos eventos públicos celebrados antes de las elecciones para Congreso de 2002 en los municipios de Sahagún y Montelibano. El ex senador negó haber celebrado acuerdo alguno con la ex senadora de Córdoba asegurando que “es imposible pactar con quien no se conoce”.
De hecho, en algún momento de la audiencia, Uribe negó haber tenido conocimiento en 2002 de los vínculos de Pineda con los grupos paramilitares. Sin embargo, momentos después, Uribe aceptó que pudo haber “pecado por omisión” al no haber denunciado a Eleonora Pineda y a Mancuso por los indicios que existían de sus vínculos con el paramilitarismo.
En palabras del ex senador, el error consistió en no haber entendido el fenómeno paramilitar en ese momento en sus justas dimensiones, tal y como se entiende hoy. “Pude haberme equivocado, la visión de las autodefensas es peor hoy que la que se tenía en ese entonces… fue una omisión y pude haberme equivocado”.
Uribe es congresista desde 1986 como miembro del directorio liberal de Antioquia. Fue miembro de la comisión primera de senado y Cámara, y en la comisión quinta de senado hasta 2006. Fue elegido igualmente senador para el periodo 2006-2010, pero renunció a su curul en octubre de 2007 por la investigación que se adelantó por sus presuntos vínculos con paramilitares. El 24 de febrero de 2010 la Corte Suprema profirió resolución de acusación en contra del ex senador.
Lo último del juicio contra Dávila Armenta
En audiencia celebrada el pasado 21 de julio de este año, El ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila, negó los nexos con paramilitares del Bloque Norte de las AUC, así como de haber participado presuntamente en varias reuniones con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo.
José Domingo Dávila Armenta dijo que no participó en la reunión que convocaron los paramilitares y que terminó en la firma del llamado ‘Pacto de Chivolo’ en el cual se apoyó su candidatura a la gobernación en 2001. También negó cualquier nexo con Hernán Giraldo, ex jefe del Bloque resistencia Tayrona de las AUC.
Sobre la reunión de Chivolo, celebrada en 2000 y en la que paramilitares al mando de ‘Jorge 40’ y líderes regionales definieron la candidatura de ‘Chelo’ Dávila a la gobernación, el ex gobernador aseguró que se enteró de la reunión a través de una publicación del diario Hoy Magdalena y que ninguno de sus colaboradores participó de esa reunión.
“No acepté ese apoyo político porque no participé en esa reunión ni tuve contacto con los que la organizaron… juro por Dios y por mi familia que no tuve conocimiento de esa reunión” manifestó el acusado.
Según Dávila, esa reunión y la firma posterior del ‘pacto’ no tuvo ningún impacto en los resultados electorales de 2001. Recogiendo algunos testimonios de testigos de esa reunión, Dávila señaló que ninguno de los asistentes fue obligado finalmente a votar por él a pesar del presunto consenso y apoyo generado alrededor de su candidatura. “Ni mi votación se disparó después de esa reunión ni disminuyó la del otro candidato a la gobernación… no hubo variación en las expectativas de voto” aseguró Dávila.
El ex gobernador afirmó que su elección como gobernador de Magdalena fue producto de una coalición política fuerte que lo respaldó desde el principio y que lo hizo merecedor de la “simpatía de la gente en Magdalena”. “Estaba seguro de mi triunfo…habíamos logrado captar la simpatía de los habitantes de Magdalena” manifestó.
Dávila rechazó igualmente las acusaciones que lo ubican en reuniones con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo. Aunque aseguró que nunca conoció al ex comandante paramilitar, Dávila hizo referencia a una reunión con líderes comunitarios en septiembre de 2000 celebrada cerca de Santa Marta, en la que fue avisado de la llegada de Hernán Giraldo y por lo cuál, según él, se retiró del evento inmediatamente. Igualmente, Dávila citó algunas declaraciones de Hernán Giraldo en justicia y paz en las que el ex paramilitar que niega cualquier tipo de acuerdo o encuentro con él.
Dávila Armenta se refirió también a su relación con el ex congresista Jorge Castro Pacheco, condenado por parapolítica, de quién dijo era amigo y quien presuntamente lo respaldó durante su campaña a la administración. “Él me apoyó pero políticamente era poco lo que él me podía ayudar” señaló.
Enmarzo de este año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para juzgar a funcionarios públicos que renunciaron a su investidura y en este caso, dio vía libre para el inicio del juicio contra el ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, actualmente procesadopor el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley.
El Alto Tribunal negó los pedidos de nulidad hechos por la Procuraduría y la defensa de Dávila Armenta en cuanto a la inhabilidad jurídica del Tribunal para juzgar al ex gobernador. La Corte aseguró que como ‘instancia superior de la justicia ordinaria’ está facultada para juzgar a este tipo de funcionarios cuyo cargo se presume fue “usado como medio y fin” para alcanzar objetivos políticos en asocio con grupos armados ilegales.
La Corte Suprema aceptó como pruebas los testimonios del ex jefe del Bloque norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, además del de otros desmovilizados del Frente Resistencia Tayrona y de la banda ‘Los Rojas’ que delinquieron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre ellos están, Adán Rojas Mendoza y Rigoberto Rojas Mendoza.
Dentro de las pruebas exigidas por el Alto Tribunal se encuentra también el traslado de las declaraciones hechas por el ex jefe del Frente Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo ante la Unidad de Justicia y Paz, así como las de Franklin Lozano, ex diputado de Magdalena, firmante del Pacto de Chivolo y actualmente testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación.
