La sala penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Incoder revocar los títulos fraudulentos de 36 predios en Chivolo, en el centro de Magdalena, que estaban en manos de testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
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‘Jorge 40’ nunca quiso devolverle las tierras a los campesinos. Fotomontaje VerdadAbierta.com |
El Alto Tribunal le dio 30 días al Incoder para revocar los títulos de predios que fueron entregados por el Instituto a testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, por abandono y devolvérselos a los campesinos despojados por los paramilitares (ver la sentencia).
Los magistrados consideraron que había una falsa motivación en las razones invocadas por el Incoder para reasignar los predios entre 2002 y 2003. La Corte ordenó compulsar copias a un fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta.
También resaltó que el Incoder y la Fiscalía 22 de la Unidad de Antiterrorismo “no están cumpliendo cabalmente sus deberes”, pues a pesar de las pruebas aportadas por Justicia y Paz y la confesión de ‘Jorge 40’ de haber robado estas tierras, no emprendieron ninguna acción para devolvérsela a sus dueños e investigar a los testaferros del jefe ‘para’.
Añadió que el Incoder y la Fiscalía tienen que actuar pues”no resulta admisible que servidores públicos de cualquier orden obstruyan el cumplimiento de los fines de la Ley 975 (de Justicia y Paz)”.
El caso ya había sido presentado en julio de 2010 ante un magistrado de Justicia y Paz en Barranquilla, que se abstuvo de tomar la decisión de restituir las tierras. La Corte dijo que “el juez tiene el deber constitucional y legal de imponerle coactivamente a los morosos el cumplimiento de sus obligaciones, porque de lo contrario (…) Justicia y Paz no podrá alcanzar sus metas”.
Lo que abre las puertas para que los Tribunales de Justicia y Paz puedan ordenarle al Incoder, u a otras instituciones del Estado, anular decisiones administrativas y así devolverles las tierras a los campesinos.
Historia del despojo
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló en la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Les revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
Escudados por las armas de ‘40’, llegaron Augusto ‘Tuto’ Castro, Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco Pacheco alias ‘Don Armando’, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias ‘Doña Sonia’ o ‘La Sombrerona’ y Ómar Montero Martínez alias ‘Codazzi’ intimidando a los campesinos y obligándolos a vender sus parcelas por precios irrisorios.
“Los campesinos eran señalados como colaboradores de la guerrilla y empezaron a recibir ofertas por sus tierras de hombres de ‘Jorge 40’”, dice uno de los campesinos despojados entrevistados por VerdadAbierta.com.
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto yLa Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chivol, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de ’40’. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios.
Deicy Jaramillo, fiscal 3 de Justicia y Paz, la Procuraduría, el Proyecto de Tierras de Acción Social, la oficina nacional de Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) apelaron la decisión, que fue juzgada en última instancia por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la atribución ilegal de tierras a testaferros de ‘paras’, decisión que abre la posibilidad que miles de hectáreas que campesinos consiguieron a través del Incora y que fueron despojados bajo la figura del abandono vuelvan a sus dueños originales.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
