En su duodécima edición, fueron reconocidas las luchas de una mujer por los derechos de las comunidades negras de Chocó y de otra contra la desaparición forzada. También procesos colectivos como el de una fundación de Arauca en pro de las víctimas del conflicto armado; y también el de una organización afro que lucha por los derechos de ese pueblo originario y por la paz. El galardón es otorgado por Diakonia y ACT Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia.
Mejor conocida como ‘Chava’, entre familiares, amigos y conocidos, es una lideresa de la subregión del San Juan, sur del departamento del Chocó. Es la primera mujer en ser Representante Legal del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el segundo más grande del todo el país, con 72 comunidades negras de cinco municipios chocoanos y uno más del Valle del Cauca, durante los periodos 2016-2019 y 2019-2023.
Por sus condiciones de liderazgo y conocimiento de la situación de las comunidades negras, el pasado 13 de mayo, durante la XIII Asamblea del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, fue elegida de manera unánime como la nueva coordinadora para el periodo 2023-2026.
La ‘Chava’, oriunda de un pequeño pueblo en las riberas del río San Juan conocido como Togoromá, ha dedicado su vida a proteger a las comunidades negras y sus territorios, afrontando los riesgos que ese tipo de compromisos genera ante grupos armados legales e ilegales.
Durante sus dos periodos como Representante Legal de ACADESAN, trabajó por el fortalecimiento organizativo, la defensa del territorio y los recursos naturales, la restitución de derechos territoriales y la protección de las comunidades, y los derechos de las mujeres.
La ‘Chava’ no ha vacilado en denunciar ante escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales las graves violaciones de derechos humanos que padecen las comunidades negras en el sur del Chocó. Su visión es fundamental para comprender las dinámicas de violencia que padecen sus pobladores.
La región del San Juan ha enfrentado una crisis humanitaria sin precedentes. Datos de ACNUR precisan que 7.436 personas han sido confinadas y 3.670 desplazadas, situación que se agudizó desde mitad de año 2021, cuando se rompió un acuerdo entre los actores armados ilegales.
Su liderazgo también ha sido clave en la construcción de propuestas de paz territorial como el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, el Pacto por la Vida y por la Paz y la Mesa Humanitaria del Chocó. Siempre que se trata de hablar de paz, derechos humanos e igualdad de género en este departamento, la ‘Chava’ ha estado presente con sus ideas e iniciativas.
Su voz llegó hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, donde intervino en octubre del año pasado, convirtiéndose en la primera mujer chocoana en hablar ante la comunidad internacional. En ese escenario internacional, no sólo se refirió a las 72 comunidades negras que representaba en ACADESAN, también aludió a las comunidades indígenas, campesinas y negras del país, sobre las cuales afirmó que están a punto de la “extinción física y social”. Por su valentía, en el Chocó la describen como “una mujer de hierro”.
Con su trabajo al frente de ACADESAN, que es apoyado y respaldado por una diversidad de organizaciones nacionales e internacionales, se han beneficiado por lo menos 5.712 hombres, 5.638 mujeres y 4.163 niños y niñas, que se agrupan en 1.255 familias que habitan en los municipios de Litoral del San Juan, Medio San Juan, Istmina, Nóvita y Sipí (Chocó) y en Buenaventura (Valle del Cauca).
El Consejo se articuló a espacios de trabajo conjunto entre los que se destacan la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, con el fin de aunar esfuerzos para darle mayor visibilidad a las realidades de las comunidades étnicas, además de hacer incidencia ante organizaciones nacionales e internacionales.
Si bien la ‘Chava’ no ha sido amenazada de manera directa, sus reflexiones en torno a la seguridad proponen que el mejor mecanismo de protección está en las comunidades, y es por esto que ha insistido en la necesidad de fortalecer las capacidades de los procesos organizativos para la gobernabilidad del territorio.
Además, considera que los mecanismos de protección establecidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP) no son medidas integrales, no se adaptan a los territorios y carecen de un enfoque diferencial. A su juicio, se requieren garantías desde las instituciones estatales para proteger a las comunidades expuestas a situaciones de riesgo.
Desde el 2015, esta organización viene realizando una labor de articulación de 13 organizaciones que representan al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Desde el derecho propio y el carácter autónomo de los pueblos étnicos, el CONPA es una instancia autónoma de diálogo político para exigir el derecho a la paz del pueblo afrocolombiano.
A través del diálogo y la reflexión, el CONPA responde a los nuevos desafíos de la construcción de la paz desde un enfoque colectivo y étnico-racial, contribuyendo a la formulación de propuestas y exigencias del pueblo afrocolombiano. Esas labores le exigen labores de incidencia a distintos niveles, empezando por el mismo movimiento afrocolombiano, con el fin de poner de acuerdo y de manera concertada los intereses de las comunidades negras.
Desde hace varias décadas el proceso organizativo afrocolombiano viene construyendo estrategias de reconocimiento de derechos e incidencia a nivel nacional e internacional, logrando, por ejemplo, la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, garantizando así una perspectiva de justicia y reparación de los daños históricos ocasionados a la población afrocolombiana.
Es por ello que el CONPA ha participado desde el 2018 en la discusión y elaboración de seis informes de seguimiento a la implementación del capítulo étnico, en esfuerzos conjuntos con diversas organizaciones sociales y étnicas.
El camino recorrido por este Consejo le ha permitido alcanzar un alto nivel de interlocución y de incidencia en diseño de políticas públicas y aprobación y promoción de marcos normativos que promueven la construcción de paz e integran las ideas del proceso organizativo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero en pro del disfrute de sus derechos, negados durante siglos.
El CONPA también ha jugado un papel importante en la incidencia, política, comunicativa, investigativa y jurídica ante organismos como la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin de poner en conocimiento las situaciones de riesgo y vulneración de los derechos humanos que enfrentan las organizaciones negras.
Además, hace seguimiento a la crisis humanitaria y situaciones de riesgo que padecen el pueblo negro. Sus análisis son consignados en los informes que produce cada año. Asimismo, acompaña y asesora jurídicamente a líderes y lideresas que son amenazadas en sus territorios.
Desde 2021, el CONPA impulsa la Cumbre Nacional del Pueblo Afrocolombiano. Allí se construye, junto con 123 Consejos Comunitarios, 243 organizaciones sociales, 15 instituciones estatales y 5 no gubernamentales, la hoja de ruta de las acciones que se deben seguir para fortalecer sus apuestas organizativas, sociales, políticas y socioeconómicas.
Ejercer la defensa del territorio ha expuesto a los líderes y lideresas a constantes situaciones de riesgos y amenazas. De hecho, varios de sus líderes y lideresas cuentan con esquemas de seguridad por parte de la UNP, y otros se encuentran en trámite, como el caso de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), donde la presencia de grupos armados en la zona es significativa.
Sin embargo, para el CONPA la protección va más allá. Por eso, desde su área de Protección y Autoprotección, desarrollaron el “Enfoque Global de Protección CONPA”, que abarca la complejidad de las dinámicas territoriales de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros a escala nacional. Y se trabaja para que el Estado tenga en cuenta estas formas propias de los pueblos étnicos a la hora de implementar las medidas de protección institucionales.
En esas estrategias, la Guardia Cimarrona se presenta como un eje articulador que acompaña la dinámica de protección colectiva y autoprotección; además, es concebida como una guardiana del territorio y también como garante de paz, aunque algunos sectores políticos la estigmaticen y la relacionen con grupos armados ilegales.
Es una organización de base que representa sectores campesinos, indígenas, estudiantiles, obreros y movimientos cívico-populares del departamento de Arauca. Cuenta con una trayectoria de 27 años en la defensa, promoción y formación en derechos humanos, derechos civiles y políticos, y en Derecho Internacional Humanitario.
Esta Fundación brinda seguimiento jurídico y político a situaciones de vulneración en derechos humanos y denuncia y visibiliza casos concretos; aporta a la construcción de la memoria histórica; gestiona la implementación de medidas de protección para el liderazgo social; acompaña a líderes y lideresas víctimas de judicializaciones y a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En el ámbito jurídico, ha representado a nivel nacional y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las víctimas de masacres en Arauca, la más destacada es la perpetrada en la vereda Santo Domingo, del municipio de Tame, tras el bombardeo de las Fuerzas Militares en hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 que dejaron por lo menos 17 personas muertas.
Asimismo, ha representado a la nación Uwa en su demanda ante la CIDH contra el Estado colombiano y la Occidental Petroleum Corporation (Oxy) por la violación al derecho a su territorio y a su cultura.
La Fundación hace parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, organización social que ha sido declarada objetivo militar por las disidencias de las extintas FARC que operan en territorio araucano en los últimos dos años. Además, está articulada a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y al Congreso de los Pueblos.
Esas alianzas le permiten desarrollar acciones de incidencia nacional e internacional para fortalecer la protección de las comunidades en alto grado de vulnerabilidad y riesgo en el departamento. La Fundación se ha convertido en la voz de Arauca en espacios como la Cumbre Campesina, en encuentros nacionales de defensores y defensoras de derechos humanos, y en convocatorias nacionales para la movilización social, permitiendo de esta manera lo que ocurre en su territorio.
La Fundación es reconocida por su trabajo de documentación y denuncia de la situación de derechos humanos a través del informe de derechos humanos que realizan anualmente. Se unen a ello su capacidad de litigio estratégico y defensa jurídica de defensoras y defensores de derechos humanos.
Sobresalen también sus gestiones e incidencia departamental y nacional para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, así como trabajo de reconstrucción de memoria histórica sobre la lucha por los derechos humanos en el departamento.
Para lograr sus objetivos, esta organización cuenta con el apoyo del Programa Colombia y Venezuela de la Federación Luterana Mundial, que recibe recursos de la Iglesia Luterana de América; Act Iglesia Sueca; Misión Evangélica de Finlandia y el Comité Nacional de la Federación Luterana Mundial en Alemania.
Desde julio de 2002, la Fundación ha sido objetivo de actores armados legales e ilegales. El costo ha sido alto, no sólo por las consecuencias de las falsas judicializaciones por cuenta de las autoridades, sino por la pérdida de vidas: por lo menos cinco de sus líderes más representativos fueron asesinados. Se trata de José Rusbell Lara (2002), Edward Alexander Vargas (2003), Rito Hernandez Porras (2003) y de José Abelino Pérez (2023).
La situación se ha agravado por cuenta de las disidencias de las antiguas FARC que operan en Arauca. Se destaca el carro bomba detonado en enero de 2022 frente la sede de la Fundación en el municipio de Saravena y del ataque con explosivos en octubre de ese año contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, de la que también hace parte el Movimiento de Masas del Centro Oriente de Colombia.
En un comunicado, las disidencias señalaron a la Fundación como una organización “orgánica” de la guerrilla del Eln que se dedica al trabajo de “espionaje y empadronamiento de la población civil para después asesinarlos”, lo que eleva los niveles de riesgo de sus integrantes. Esos señalamientos fueron tan graves que llevaron a varias organizaciones de derechos humanos de Arauca a emitir mensajes rechazando esa estigmatización y a llamar la atención del Gobierno Nacional para que tomara medidas con el fin de bajar el riesgo de líderes y lideresas en ese departamento.
Abogada y directora de la Fundación Nydia Erika Bautista. Se convirtió en defensora de derechos humanos en 1987, tras la desaparición forzada de su hermana a manos de miembros del Ejército Nacional y en honor a ella bautizó la organización que dirige. Ese doloroso hecho la llevó, como ella mismo lo dice, a “dejar sus tacones y el trabajo de secretaria” para convertirse en una activista de tiempo completo.
Exigir justicia le ha traído problemas con la Fuerza Pública y las amenazas han marchado de manera paralela a su activismo. Entre las más graves están las ocurridas entre 1992 y 1995, cuando presidió a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y exigía la eliminación del fuero militar en las investigaciones sobre desapariciones forzadas. En aquellos años, padeció señalamientos, hostigamientos y seguimientos constantes.
En declaraciones de prensa dadas en junio de 1992, el general del Ejército Harold Bedoya calificó a los miembros de Asfaddes como simpatizantes de la guerrilla; y en noviembre de 1993, su asamblea anual fue vigilada por miembros de la Brigada XX del Ejército, quienes, tiempo después, al ser detenidos por esas acciones, argumentaron estar en cumplimiento de sus deberes.
En 1997, Yanette y su familia se marcharon al exilio a raíz de las acciones de denuncia y búsqueda de la justicia que lideraba. En esa época, presidió la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, que agrupaba a 20 asociaciones de 11 países.
En el año 2001 su familia comienza a regresar de forma paulatina a Colombia. El 7 de agosto de 2002, su casa fue allanada por la Policía Nacional, cuando su hija y su nieta volvieron al país. Desde entonces, han padecido seguimientos, robo de información y vigilancia constante de hombres y carros extraños frente a sus casas.
A pesar de esos costos, esta lideresa ha trabajado por la búsqueda de desaparecidos. Actualmente, con la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC, documenta casos para que los familiares de los desaparecidos sepan qué pasó con sus seres queridos y puedan cerrar su duelo.
Desde la Fundación, creada desde el exilio en 2007, promueve la defensa de los derechos humanos, en particular de las víctimas de desaparición forzada y violaciones de derechos humanos conexas, como las detenciones arbitrarias, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad, violencia sexual en niñas y mujeres desaparecidas, y de familiares de víctimas que son vulneradas en su proceso de búsqueda.
Además, ha contribuido a posicionar el tema en la agenda de la comunidad internacional y la visibilización de las mujeres desaparecidas, niños, indígenas y afrodescendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Ese trabajo, que recibe el apoyo de diversas embajadas y agencias de cooperación internacional, beneficia de manera directa a 512 familiares de víctimas de desaparición forzada en los departamentos Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Casanare, Putumayo y Cundinamarca.
Su trabajo ha tenido incidencia en la expedición de algunas normas, entre ellas la Ley 589 del año 2000, que convirtió en delito la desaparición forzada; la Ley 1408 de 2010, para el homenaje y localización de víctimas de desaparición forzada; la Ley de Ausencia (que supera declarar muerte presunta a los desaparecidos); y en los contenidos sobre desaparición forzada de la Ley de Víctimas (1448 de 2011).
Durante las negociaciones de paz adelantadas en Cuba con la entonces guerrilla de las Farc, Yanette viajó a la isla del Caribe para plantear la importancia de la búsqueda de los desaparecidos. Su incidencia quedó reflejada en la norma que creó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
Ha liderado, además, la exigencia para que el Estado responda por la ausencia de políticas de búsqueda de más de 15 mil niñas y mujeres catalogadas como “desaparecidas sin información” en el Registro Nacional de Desaparecidos, por lo cual no son buscadas por las instituciones pertinentes, incluyendo este tema en varios Informes Alternos al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente, es la única organización que representa casos de desaparición forzada ocurridos durante las protestas en medio del paro nacional sucedidas en 2020 y 2021, con lo que contribuye a visibilizar el uso excesivo de la Fuerza Pública y graves violaciones de los derechos humanos cometidas por sus agentes.
